B.IA.LEGAL

SCP 1658/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57904-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la Jueza hoy accionada omitió aplicar lo dispuesto por el art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173; ya que, no se pronunció de manera precisa en cuanto al plazo de los noventa días de detención preventiva que dispuso mediante el Auto Interlocutorio 51/2023 de 27 de abril, cuando el mismo hasta la interposición de la acción de defensa venció hace quince días; además, tampoco hubiese respondido a las solicitudes de cesación de la detención preventiva que presentaron; sin embargo, mediante decreto de 9 de agosto de 2023, la citada autoridad judicial señaló audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La acción de libertad innovativa; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 26-23 de 13 de agosto de 2023, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad en sus modalidades de acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva de los accionantes, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Exhortar a Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en el marco de sus competencias y en futuras actuaciones vinculadas a las solicitudes de audiencia de cesación de la detención preventiva conforme prevé el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal, proceda con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal, bajo responsabilidad. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica de los accionantes

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1658/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57904-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26-23 de 13 de agosto de 2023, cursante de fs. 172 a 176, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mariano Medina Calderon y Robin Oscar Justiniano Merubia en representación sin mandato de Juan Ricardo Mertens Olmos y Jorge Arturo Chávez Vargas contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 12 de agosto de 2023, cursante de fs. 79 a 84 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) contra sus personas por la presunta comisión del delito financiero de uso indebido de influencias para otorgación de crédito, previsto y sancionado por el art. 363 inc. b) quater de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-, por “auto” -Auto Interlocutorio 51/2023-de 27 de abril de 2023, la Jueza hoy accionada dispuso la aplicación de la detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días; es decir, que la revisión de esa determinación debió ser el 28 de julio del referido año; no obstante, la misma fue apelada mereciendo el Auto de Vista de 19 de junio de ese año, que declaró admisible y parcialmente procedente, entre lo dispuesto mantuvo el referido plazo.

Sin embargo, el 26 de julio de 2023, el cuaderno de control jurisdiccional fue enviado a La Paz -ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz-para el trámite de un incidente de acumulación de procesos; no obstante, a una acción de defensa interpuesta fue remitido nuevamente a cargo de la Jueza ahora accionada. Además, solicitaron audiencia de cesación de la detención preventiva por “más de tres veces” y la Jueza hoy accionada al amparo del art. 235 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, está en la obligación de señalar de oficio la audiencia a objeto de determinar el plazo de la detención preventiva de sus personas, aspecto que no lo hizo hasta el momento -se entiende de la interposición de la acción de defensa-; sin embargo, a través del decreto de 9 de agosto de 2023, fijó audiencia de ampliación de la medida cautelar, sin cumplir con la obligación de revisión del citado plazo de noventa días que dispuso, encontrándose privados indebidamente de su libertad; puesto que, “VAN 15 DIAS”; y, tampoco se pronunció en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva. Asimismo, existía una audiencia señalada para considerar la situación procesal de sus personas, encontrándose -a la fecha de interposición de la acción tutelar- vencido el término de la detención preventiva; y, también existe una petición de cesación de la detención preventiva conforme al art 239.2 del CPP modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019; empero, la Jueza hoy accionada vulneró ese artículo y el art. 235 ter del referido Código modificado por la Ley 1173, porque no podía dejar de resolver dicho acto que trata sobre la libertad de una persona.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; citando en audiencia el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se constate que existe privación indebida por el plazo vencido hace quince días; b) Se verifique que no existe audiencia fijada para revisar el plazo de la detención preventiva; c) Se verifique que la Jueza ahora accionada “hasta ahora”-se entiende de la interposición de la acción tutelar- no señaló audiencia de cesación de la detención preventiva, a pesar que se pidió en más de “5” oportunidades; y, d) La citada autoridad judicial señale de manera inmediata día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva; y, “…consideración de mi situación procesal…” (sic), debiendo ordenar en el día a sus funcionarios de apoyo jurisdiccional, para que realicen las notificaciones y el oficio correspondiente vía WhatsApp.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 171 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El plazo de noventa días venció el 27 de julio de 2023; empero, la Jueza hoy accionada señaló audiencia para el 28 de igual mes y año, a las 10:00 horas, la cual no se efectuó porque el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido a La Paz; 2) Plantearon una acción de libertad y en la citada fecha, les concedieron la tutela solicitada, como fruto del fallo emitido se devolvió ese cuaderno a Santa Cruz; 3) De acuerdo al Informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarta del indicado departamento, se llevaron la sorpresa de que no existen sus “4” peticiones de cesación de la detención preventiva que fueron presentadas; no obstante, en una “resolución” señala que se considerará la ampliación de la detención preventiva para el 14 de agosto de igual año; 4) Ante las referidas solicitudes de cesación de la detención preventiva efectuadas al amparo del art. 239.1 y “2” del CPP, la Jueza ahora accionada tenía la obligación de primero fijar la audiencia para ese efecto al momento de la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y velar porque no se exceda el plazo que estableció; y, 5) Se reclama la privación indebida de libertad; puesto que, el plazo de los noventa días de la detención preventiva venció, y la referida autoridad judicial ni de oficio señaló audiencia para considerar ese aspecto, tampoco contestó a sus memoriales; por lo que, piden se conceda la tutela solicitada y se ordene a la citada autoridad judicial: i) Aplicar el art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173; ii) Que revise de oficio el cuaderno de control jurisdiccional y se pronuncie si van a continuar detenidos preventivamente o les otorgará su libertad; y, iii) Que responda a sus memoriales de solicitud de cesación de la detención preventiva y señale audiencia para ese efecto.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 13 de agosto de 2023, cursante a fs. 89 y vta., manifestó que: a) En cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el 26 de julio de ese año, a las 15:46 horas, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional en original del proceso penal en cuestión radicando su autoridad nuevamente el mismo el 8 de agosto de dicho año; b) El plazo de la detención preventiva dispuesto en audiencia de medidas cautelares personales de los accionantes conforme prevé el art. 233.3 de CPP modificado por la Ley 1173, fue de noventa días; además, también fijó la audiencia para resolver la situación jurídica de los nombrados para el 28 de julio del indicado año, a las 10:00 horas, así como alegan los mismos, quedando legalmente notificados en esa audiencia; empero, al remitir el citado cuaderno al indicado Juzgado imposibilitó que instale la citada audiencia; c) Aclara que la ampliación de la detención preventiva de los accionantes fue presentada por el Ministerio Público el “24 de julio del año en curso y se señaló audiencia para el 27 de julio del año en curso a horas 14:00…” (sic), que de igual modo no se pudo efectivizar; y, d) Es falso que no se hubiese señalado audiencia de cesación de la detención preventiva, porque se fijó para el 15 de agosto de 2023, a las 12:00 horas. En consecuencia, no se vulneró ningún derecho constitucional de los accionantes; más aun, se cumplió con los plazos procesales establecidos en la referida Ley, y el no llevar a cabo las mencionadas audiencias en las fechas fijadas, fue por el motivo explicado precedentemente, que no se le atribuye a su autoridad; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada y se les multe a los accionantes.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 26-23 de 13 de agosto de 2023, cursante de fs. 172 a 176, concedió en parte la tutela solicitada y ordenó a la Jueza hoy accionada que resuelva también la cesación de la detención preventiva de los accionantes el mismo día de la consideración de su situación jurídica; es decir, el 14 de ese mes de 2023, en horas de la tarde en cumplimiento del art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1226; bajo los siguientes fundamentos: 1) Por Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023, se dispuso la aplicación de la detención preventiva de los accionantes en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por un plazo de noventa días conforme al art. 233.3 del referido Código; 2) La Jueza hoy accionada remitió el cuaderno de control jurisdiccional en original ante la solicitud del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, con la finalidad de acumular el proceso penal; ya que, de antecedentes se tiene “…la nota de cargo de 08 de agosto de 2023 con cargo de recepción de 28 de julio de 2023…” (sic), encontrándose de igual manera pendientes la resolución de incidentes que no fueron tramitados, porque no contaba con el citado cuaderno; 3) Devuelto el cuaderno de control jurisdiccional, por decreto de 9 de agosto de 2023, la indicada autoridad judicial señaló audiencia para el 14 de igual mes y año, con el propósito de considerar la situación jurídica de los accionantes; y, por decreto de 11 de dicho mes y año, fijó audiencia de cesación de la detención preventiva de los nombrados para el 15 de igual mes y año; 4) La Jueza ahora accionada bajo el principio de celeridad, de oficio debió señalar audiencia dentro de las veinticuatro horas conforme prevé el art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173, fijando para el 14 del referido mes y año, la audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes; puesto que, la situación jurídica de los nombrados estuvo por “más de 10 días” pendiente de resolución y con audiencia ya señalada para el “28 de agosto” de 2023, lo cual no es atribuible a la citada autoridad judicial; ya que, se tramitó un incidente de acumulación de procesos; y, 5) El señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva de los accionantes, debió ser analizada el mismo día fijado para considerar la situación jurídica de los nombrados; debido a que, se tiene el cargo de recepción del memorial de solicitud de la cesación de la detención preventiva de 10 del indicado mes y año, a las 13:25 horas; por lo que, conforme lo establecido por el art 239 del mencionado Código, no se señaló la audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, correspondiendo la concesión de la tutela solicitada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, a través del decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 32 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de igual año, cursante a fs. 183; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 51/2023 de 27 de abril, emitido por Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, de audiencia de medidas cautelares, en el que dispuso la detención preventiva de Juan Ricardo Mertens Olmos y Jorge Arturo Chávez Vargas -ahora accionantes-, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días, señalando audiencia para resolver su situación jurídica el 28 de julio de 2023, a las 10:00 horas (fs. 36 a 42 vta.). II.2. Consta Auto de Vista 238 de 19 de junio de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en el que, declararon admisible y parcialmente procedente el recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 51/2023, entre lo dispuesto se mantuvo el plazo de noventa días de la detención preventiva de los accionantes (fs. 67 vta. a 76). II.3. Mediante memorial presentado el 17 de julio de 2023, ante la Jueza hoy accionada, los accionantes pidieron señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva de forma virtual (fs. 1 a 6).

II.4. A través de memorial presentado el 25 de julio de 2023, ante la Jueza ahora accionada, los accionantes solicitaron modificación de la forma de audiencia presencial a virtual de la audiencia, que ya se tenía fijada para el 28 de igual mes y año, para examinar el cumplimiento de los noventa días (fs. 7 a 8). II.5. Por memorial presentado el 25 de julio de 2023, ante la Jueza hoy accionada, los accionantes pidieron señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP; ya que, por el estado de salud de la indicada autoridad judicial no se pudo llevar adelante la audiencia solicitada (fs. 9 a 10). II.6. A través del decreto de 9 de agosto de 2023, la Jueza hoy accionada señaló audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas, de manera virtual para los nombrados y presencial para los demás sujetos procesales (fs. 129). II.7. Por memorial presentado el 9 de agosto de 2023, ante la Jueza ahora accionada, el Ministerio Público solicitó señalamiento de audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes (fs. 142 y vta.); por lo que, la citada autoridad judicial emitió el decreto de 10 de igual mes y año, indicando estése al decreto de 9 de dicho mes y año (fs. 143). II.8. Mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2023, ante la Jueza hoy accionada, los accionantes denunciaron retardación de justicia y reiteraron “por quinta vez” su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva en amparo del art. 239.2 del CPP, de forma virtual (fs. 165 y vta.). Que mereció el decreto de 11 de igual mes y año, en el cual la citada autoridad judicial fijó audiencia para considerar dicha petición para el 15 del referido mes y año, a las 11:30 horas, de manera presencial para todos los sujetos procesales (fs. 166).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la Jueza hoy accionada omitió aplicar lo dispuesto por el art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173; ya que, no se pronunció de manera precisa en cuanto al plazo de los noventa días de detención preventiva que dispuso mediante el Auto Interlocutorio 51/2023 de 27 de abril, cuando el mismo hasta la interposición de la acción de defensa venció hace quince días; además, tampoco hubiese respondido a las solicitudes de cesación de la detención preventiva que presentaron; sin embargo, mediante decreto de 9 de agosto de 2023, la citada autoridad judicial señaló audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La acción de libertad innovativa; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: ‘“La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio-con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, citando a la SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reitera lo señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, y ésta a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: ‹‹“…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”›› (las negrillas nos corresponden).

III.3. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226

La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, señala que: ‘“…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1.Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.’ En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. (…) Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la Jueza hoy accionada omitió aplicar lo dispuesto por el art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173; ya que, no se pronunció de manera precisa en cuanto al plazo de los noventa días de detención preventiva que dispuso mediante el Auto Interlocutorio 51/2023 de 27 de abril, cuando el mismo hasta la interposición de la acción de defensa venció hace quince días; además, tampoco hubiese respondido a las solicitudes de cesación de la detención preventiva que presentaron; sin embargo, mediante decreto de 9 de agosto de 2023, la citada autoridad judicial señaló audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa el Auto Interlocutorio 51/2023 de 19 de junio de 2023, emitido por la Jueza hoy accionada, de audiencia de medidas cautelares, en el que dispuso la detención preventiva de los accionantes, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días, señalando audiencia para resolver su situación jurídica el 28 de julio de 2023, a las 10:00 horas (Conclusión II.1.); determinación que fue apelada y mereció el Auto de Vista 238, que mantuvo el plazo de noventa días de la detención preventiva de los accionantes (Conclusión II.2.). Asimismo, constan los siguientes memoriales presentados por los accionantes ante la Jueza ahora accionada, de 17 de julio de 2023, en el que solicitó señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; de 25 de igual mes y año, en el cual solicitaron modificación de la forma de audiencia presencial a virtual de la audiencia, que ya se tenía fijada para el 28 de dicho mes y año, para examinar el cumplimiento de los noventa días; de 25 del referido mes y año, en el que pidieron señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP; ya que, por el estado de salud de la indicada autoridad judicial no se pudo llevar adelante la audiencia solicitada; y, de 10 de agosto del indicado año, denunciando retardación de justicia y reiterando “por quinta vez” su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva de forma virtual, este último que mereció el decreto de 11 de igual mes y año, en el cual se fijó audiencia para considerar dicha petición para el 15 del referido mes y año, a las 11:30 horas (Conclusiones II.3., II.4., II.5.; y, II.8.). Así también, se tiene el decreto de 9 de agosto de 2023, emitido por la Jueza hoy accionada, señalando audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas, de manera virtual para los nombrados y presencial para los demás sujetos procesales; y, el memorial presentado por el Ministerio Público el 9 de ese mes y año, ante la citada autoridad judicial, solicitó señalamiento de audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes, que fue respondido por el decreto de 10 de agosto de 2023, indicando estése al decreto de 9 de dicho mes y año (Conclusión II.6. y II.7.). En el caso en análisis, se advierte que los accionantes exponen dos reclamos sobre las actuaciones efectuada por la Jueza ahora accionada dentro del proceso penal seguido en su contra; el primer reclamo, referente a que dicha autoridad judicial omitió cumplir con lo dispuesto por el art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173, al no pronunciarse en cuanto al plazo de su detención preventiva. Al respecto, si bien la indicada autoridad judicial fijó con precisión la duración del plazo de noventa días de la detención preventiva de los nombrados, y también señaló audiencia para el 28 de julio de 2023, con el propósito de que se resuelva su situación jurídica; no obstante, la misma no se pudo llevar adelante porque de acuerdo al Oficio 852/2023 de 26 de ese mes (fs. 122), el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido en original ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, para el trámite de un incidente de acumulación de procesos, que de acuerdo al Informe presentado en la acción tutelar, la Jueza hoy accionada señaló que ese cuaderno fue radicado nuevamente en su Juzgado el 8 de agosto de 2023; sin embargo, del mismo Informe se tiene que el Ministerio Público pidió la ampliación de la detención preventiva de los accionantes el “24 de julio del año en curso y se señaló audiencia para el 27 de julio del año en curso a horas 14:00…” (sic), corroborado ese actuado por el Informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz (fs.12), quien informó sobre las audiencias que se tenían programadas, entre ellas la “…ampliación de la detención preventiva…” (sic) de los nombrados fijada para el 27 de julio de 2023, que debido al citado incidente no fueron llevadas adelante. Informe conforme al cual la Jueza ahora accionada emitió el decreto de 9 de agosto de 2023, fijando audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas.

En consecuencia de lo expuesto, al existir la solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva efectuada el 24 de julio de 2023, por el Ministerio Público; es decir, antes al 28 de dicho mes y año, donde se tenía que resolver la situación jurídica de los accionantes, no resulta necesario fijar la audiencia de consideración de la situación jurídica de los mismos, en el marco de lo dispuesto por el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, motivo por el cual no corresponde dar curso al primer reclamo ni a la solicitud de señalamiento de la citada audiencia; por lo que, se debe denegar la tutela solicitada en cuanto a lo citado precedentemente al presente reclamo. Sin embargo, el Tribunal de garantías en la Resolución 26-23, concedió en parte la tutela solicitada disponiendo “…considerar la cesación de la detención preventiva de los accionantes el mismo día de la consideración de la situación jurídica de los mismos, es decir el día lunes 14 de agosto de 2023…” (sic), cuando el decreto de 9 de agosto de 2023, señaló audiencia de ampliación de la detención preventiva de los accionantes para el 14 de igual mes y año, a las 10:00 horas, lo que resulta totalmente diferente al petitorio de los mismos en cuanto a que se considere su situación jurídica conforme al art 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173; ya que, sobre entendió que dicha solicitud seria tratada en la ampliación de la detención preventiva, cuando debió aclarar que la solicitud de la audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes no era necesaria desarrollarse por la existencia de la solicitud de ampliación de la detención preventiva que fue anterior a la fecha de vencimiento del plazo de la detención preventiva conforme prevé el art. 239.2 del citado Código. En cuanto al segundo reclamo, los accionantes alegan que las reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva, no hubiesen sido respondidas por la Jueza ahora accionada; sin embargo, de la documentación adjunta al cuaderno de control jurisdiccional, y del contenido de los memoriales presentados el 17 y 25 de julio de 2023, se advierte que los mismos obtuvieron respuesta por la referida autoridad judicial; además, en cuanto al memorial presentado el 9 de agosto de ese año, se tiene que fue respondido por el decreto de 11 de igual mes y año, fijando audiencia para considerar dicha petición para el 15 del referido mes y año, a las 11:30 horas; incumpliendo lo establecido por el art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1226; puesto que, planteada la solicitud de cesación de la detención preventiva, la Jueza hoy accionada, debió señalar esa audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional. En el caso concreto, la Jueza hoy accionada incurrió en dilación indebida al sobrepasar el plazo dispuesto para ese efecto señalando audiencia para el 15 de agosto de 2023, vulnerando el principio de celeridad y el derecho a la libertad de los accionantes provocando una restricción indebida del citado derecho; puesto que, esa solicitud debió ser atendida con la mayor celeridad posible al encontrarse los mismos detenidos preventivamente; motivo por el cual, en el presente caso, corresponde aplicar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es tutelar derechos fundamentales desde una dimensión objetiva a efectos de evitar que en lo futuro, se reitere el indicado acto denunciado.

Bajo ese contexto, en el presente caso, es posible activar la acción de libertad traslativo o de pronto despacho e innovativa; ya que, la misma busca acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; pudiendo ser tutelada, incluso, cuando ésta ya cesó, a efectos de no dejar en la impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad, evitando que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones vulneratorias y dilatorias, que afectan y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros términos obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 26-23 de 13 de agosto de 2023, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad en sus modalidades de acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva de los accionantes, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Exhortar a Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, que en el marco de sus competencias y en futuras actuaciones vinculadas a las solicitudes de audiencia de cesación de la detención preventiva conforme prevé el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal, proceda con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal, bajo responsabilidad. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica de los accionantes

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1658_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 82916e1a1176d62d30c07ccf2fec5c9cb90dbc09731f882060d1607180697c9a

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