Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y a la valoración de la prueba; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 330/2023, declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental que presentó; y, determinó la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 45/2023, omitiendo valorar de manera objetiva los agravios expuestos, y, manteniendo su detención preventiva sin una debida fundamentación fáctica y jurídica, en contradicción con la jurisprudencia constitucional vigente, especialmente la SCP 0276/2018-S2, que establece que el riesgo de obstaculización no puede sostenerse en presunciones ni mantenerse de forma automática hasta contar con una sentencia ejecutoriada; manteniéndolo privado de libertad por más de un año, a pesar de la inexistencia actual de riesgos procesales y a la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas conforme al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 399/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1657/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57876-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 399/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Clemencia Ramírez Márquez en representación sin mandato de César Guaygua Mamani contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 20 de agosto de 2023, cursante de fs. 84 a 90, manifestó lo siguiente:
El 14 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, concluyendo con el Auto Interlocutorio 55/2022, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de cinco meses, señalándose audiencia para definir su situación jurídica para el 14 de junio de igual año. La audiencia fue suspendida por inasistencia de las partes procesales y posteriormente, el “17” de junio de 2022, nuevamente se suspendió dicha audiencia por problemas técnicos del Órgano Judicial y del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), sin fijarse nueva fecha, a pesar de consignarse la presencia del Fiscal de Materia, generando indefensión al no resolverse su situación jurídica.
Solicitó cesación de su detención preventiva mediante memorial de 11 de julio de 2022, señalándose audiencia para el 22 de ese mes y año. En dicha audiencia, el Juez de primera instancia señaló que su situación jurídica ya fue resuelta en una audiencia previa; ya que, en cumplimiento de la SC “740/2021”, correspondía remitir obrados al Tribunal tras la presentación de la acusación Formal 12/2022, disponiéndose la remisión de actuados y suspendiéndose la audiencia, lo que profundizó la situación de indefensión y vulneración de derechos fundamentales. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 45/2023 de 29 de marzo, rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva planteada al amparo del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando que la defensa no exhibió en audiencia virtual la documentación ofrecida como prueba para desvirtuar los riesgos procesales, a pesar reconocer que dicha documentación se encontraba en el cuaderno de control jurisdiccional. Esa decisión fue cuestionada por incurrir en incongruencia interna y falta de valoración probatoria; ya que, la normativa procesal penal y los protocolos de audiencias virtuales no exigen la exhibición en pantalla de la documentación previamente notificada a las partes procesales. El Auto Interlocutorio 45/2023, fue apelado y recayó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conformada por la Vocal hoy accionada, la cual, al emitir el Auto de Vista 330/2023 de 6 de abril, y resolver una posterior solicitud de aclaración, complementación y enmienda, sostuvo que subsistía el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, señalando la existencia de testigos pendientes de declaración en juicio oral público y contradictorio. Sin embargo, esa fundamentación fue considerada incongruente y ultra petita; ya que, la Acusación Formal 12/2022 acreditó la conclusión de la etapa investigativa y la realización de todos los actos investigativos mencionados en la Resolución primigenia, incluyendo la declaración de testigos. En consecuencia, la Vocal ahora accionada omitió valorar de manera objetiva los agravios expuestos, manteniendo su detención preventiva sin una debida fundamentación fáctica y jurídica, en contradicción con la jurisprudencia constitucional vigente, especialmente la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, que establece que el riesgo de obstaculización no puede sostenerse en presunciones ni mantenerse de manera automática hasta contar con una sentencia ejecutoriada; situación que, vulneró sus derechos, manteniéndolo privado de libertad por más de un año, a pesar de la inexistencia actual de riesgos procesales y a la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas conforme al art. 231 bis del CPP.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y a la valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se revoque el Auto de Vista 330/2023 de 6 de abril; y, en el plazo de veinticuatro horas, la Vocal hoy accionada emita un nuevo auto de vista, valorando cada uno de los agravios sufridos por el Auto Interlocutorio 45/2023 de 29 de marzo, sea disponiéndose una medida menos gravosa, cesando la privación de su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 94 a 97 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La presente acción de libertad cumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad; ya que, el Auto de Vista 330/2023 no admite recurso ulterior y no transcurrieron seis meses desde su emisión; b) Su detención preventiva se prolongó por más de un año y siete meses, convirtiéndose en una condena anticipada, en contravención de los arts. 23, 115, 116 y 125 de la CPE, la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y el Código de Procedimiento Penal, dado que la detención preventiva es temporal y excepcional, no indefinida; c) El proceso cuenta con acusación Formal de 12/2022, el caso no es complejo, no existen múltiples víctimas ni imputados, y no se solicitó ampliación del plazo de detención preventiva; d) Asimismo, se denuncia falta de motivación e incongruencia en el referido Auto de Vista, al ampliar indebidamente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, incorporando testigos y fundamentos no contenidos en el Auto Interlocutorio 45/2022, a pesar que los actos investigativos ya concluyeron en la etapa preparatoria, lo cual vulnera la presunción de inocencia y el principio de legalidad; e) Se alegó jurisprudencia constitucional vinculante como ser la SCP “276/2018-S2” y se hizo mención al control de convencionalidad conforme al art. 410 CPE y al Pacto de San José de Costa Rica, destacando que nadie puede permanecer privado de libertad más allá de un plazo razonable; f) Cuenta con arraigo social y familiar, actividad lícita y no representa peligro procesal actual; y, g) En consecuencia, se solicita conceder la tutela, ordenar la emisión de un nuevo auto de vista conforme al bloque de constitucionalidad y disponer la cesación de su detención preventiva, aplicando medidas sustitutivas del art. 231 bis del CPP.
Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp cursante a fs. 92.
El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 399/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 98 a 101 vta., concedió la tutela solicitada, determinando dejar sin efecto el Auto de Vista 330/2023, disponiendo que la Vocal hoy accionada emita un nuevo auto de vista y sea en el plazo de veinticuatro horas; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante se encuentra sometido al proceso penal con Código Único de Denuncia 201502022108117 y, mediante Auto Interlocutorio 055/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento, dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de cinco meses, medida que “hasta la fecha” se entiende de la interposición de esta acción de libertad no cesó, vulnerando el derecho a la libertad del nombrado; posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto de ese departamento, mediante Auto Interlocutorio 45/2023, declaró improcedente la cesación de la detención preventiva del accionante, argumentando la falta de exhibición y valoración de pruebas en audiencia virtual; y, dicha decisión fue apelada, y confirmada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento mediante Auto de Vista 330/2023; 2) Se cuestiona dicho Auto de Vista por vulnerar el debido proceso y la congruencia, al introducir nuevos fundamentos para mantener la detención preventiva, específicamente al adicionar testigos con nombres y apellidos que declararían en juicio oral público y contradictorio, aspecto que no fue establecido en el Auto Interlocutorio 45/2023 que dispuso la medida cautelar; 3) Conforme a la jurisprudencia constitucional de la SC 1780/2003-R de 5 de diciembre y la SCP 0276/2018-S2, entre otras, en una solicitud de cesación solo pueden considerarse los motivos originalmente fijados para la detención y si esos fueron desvirtuados, sin incorporar nuevos elementos posteriores; y, 4) En consecuencia, la adición de nuevos riesgos procesales y testigos en el Auto de Vista 330/2023, constituye incongruencia y falta de fundamentación, vulnerando los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante decreto constitucional de 12 de diciembre de 2025, cursante a fs. 107, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de ese mes y año, cursante a fs. 111; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 45/2023 de 29 de marzo, emitido por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por el cual, declararon, improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva de Cesar Guaygua Mamani -hoy accionante-; ante lo cual, en el mismo acto procesal la defensa del nombrado formuló recurso de apelación incidental, conforme al art. 521 del CPP (fs. 60 a 62). II.2. Consta acta de audiencia virtual de fundamentación de apelación de medida cautelar de 6 de abril de 2023, en la cual Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- mediante Auto de Vista 330/2023, declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental presentado por el nombrado; y, determinó la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 45/2023; ante ello, el accionante solicitó aclaración, complementación y enmienda a esa decisión; empero, la referida Vocal declaró no ha lugar a su pedido (fs. 13 a 19).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y a la valoración de la prueba; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 330/2023, declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental que presentó; y, determinó la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 45/2023, omitiendo valorar de manera objetiva los agravios expuestos, y, manteniendo su detención preventiva sin una debida fundamentación fáctica y jurídica, en contradicción con la jurisprudencia constitucional vigente, especialmente la SCP 0276/2018-S2, que establece que el riesgo de obstaculización no puede sostenerse en presunciones ni mantenerse de forma automática hasta contar con una sentencia ejecutoriada; manteniéndolo privado de libertad por más de un año, a pesar de la inexistencia actual de riesgos procesales y a la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas conforme al art. 231 bis del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; ii) El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso; iii) La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, iv) Análisis del caso concreto.
La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, señala que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”». En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (Las negrillas nos corresponden).
La SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, señala que: «“…Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…’”» (las negrillas nos pertenecen).
Con relación a la valoración de la prueba en acciones de libertad, la SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, señala que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y a la valoración de la prueba; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 330/2023 de 6 de abril, declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental que presentó; y, determinó la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 45/2023, omitiendo valorar de manera objetiva los agravios expuestos, y, manteniendo su detención preventiva sin una debida fundamentación fáctica y jurídica, en contradicción con la jurisprudencia constitucional vigente, especialmente la SCP 0276/2018-S2, que establece que el riesgo de obstaculización no puede sostenerse en presunciones ni mantenerse de forma automática hasta contar con una sentencia ejecutoriada; manteniéndolo privado de libertad por más de un año, a pesar de la inexistencia actual de riesgos procesales y a la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas conforme al art. 231 bis del CPP. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa Auto Interlocutorio 45/2023, por el cual, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, declaró improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; ante lo cual, en el mismo acto procesal la defensa del nombrado formuló recurso de apelación incidental, conforme al art. 521 del CPP (Conclusión II.1.). Asimismo, consta acta de audiencia virtual de fundamentación de apelación de medida cautelar de 6 de abril de 2023, en la que la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 330/2023 declarando la admisibilidad del recurso de apelación incidental planteado por el accionante; y, determinó la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmando el Auto Interlocutorio 45/2023; ante ello, la defensa del nombrado solicitó aclaración y complementación a esa decisión; empero, la referida Vocal declaró no ha lugar a su solicitud (Conclusión II.2.). Ahora bien, considerando que el accionante denuncia la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 330/2023 -ahora impugnado-, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados por el nombrado y que fueron consignados en el referido Auto y los fundamentos de la Vocal hoy accionada (fs. 15 a 17), siendo estos los siguientes: “… 4to. Que, la parte apelante, en la parte fundamental manifiesta que la resolución venida en apelación carece de fundamentación y falta de valoración de elementos de prueba trascendiendo el art. 124 de la ley 1970 vinculado esencialmente a elemento de congruencia interna omisiva, puesto que los fundamentos que se presentó en la audiencia de detención preventiva está vinculada al art. 239 num. 1 y 2 del CPP y correspondía al tribunal A quo, hacer una valoración integral. 4.1. Al respecto, se debe señalar que cuando la parte impugnante denuncia falta de fundamentación a una resolución jurisdiccional, debe demostrar de manera expresa y objetivamente que clase de fundamentación adolece la resolución, si es una falta de fundamentación fáctica, falta de fundamentación descriptiva, falta de fundamentación jurídica o falta de 000015 fundamentación intelectiva, y establecer en que parte de la resolución apelada existe ese defecto, y cuando hablamos falta de valoración de elementos de prueba, necesariamente también debe de demostrar objetivamente, que reglas de la sana critica, prevista en el art. 173 del CPP, habría vulnerado la Autoridad A quo, es decir, la lógica, la experiencia común o la psicología, situación que no ha fundamentado la parte apelante, consecuentemente aducir de manera genera falta de fundamentación y falta de valoración de los elementos de prueba, no es suficiente para considerar un agravio. 5to. Asimismo, la parte apelante señala que el Juez A-quo no ha valorado correctamente la documentación presentada en audiencia respecto al certificado de permanecía, asimismo, señala que no se ha valorado el certificado emitido por el secretario del Tribunal de Sentencia 4° de la ciudad de El Alto, asimismo, se hace mención que no se habría valorado una Acusación Fiscal presentada por la parte imputada en fotocopias legalizadas. 5.1. Al respecto, se debe considerar que de la revisión del legajo del recurso de apelación incidental, si bien cursa a fs. 67 un certificado de permanencia y conducta signada con el CERT. N.° 66/2022 suscrita por la División de Filiación de la Dirección den Centro de custodia Patacamaya, que da cumplimiento a requerimiento fiscal de la Dra. Ximena Morales y certifica que el señor Cesar Guaygua Mamani con cedula de identidad 7035030 L.P. ingreso al Centro de custodia en Patacamaya el 19 de enero de 2022 con mandamiento de detención preventiva mediante Resolución N°55/2022 de fecha 14 de enero de 2022 expedido por el Dr. Rene Eduardo Foronda Escobar Juez de Instrucción y Anticorrupción y Contra la violencia Hacia la Mujer 3° de la ciudad de El Alto, dentro del proceso seguido por el Ministerio Publico por la presunta comisión del delito de Violación, Por consiguiente, se tiene una permanencia en el Centro de Custodia de Patacamaya a la fecha es de un (1)año, un (1) mes y dieciocho (18) días. Sin embargo, se debe considerar que con relación al certificado que ha sido supuestamente emitido por el Secretario del Tribunal, de la revisión del legajo del recurso de apelación incidental no cursa el mismo, respecto a la Acusación Fiscal si cursa la misma a fs. 10, 11 y 12 de obrados, al respecto si bien se evidencia la existencia de una acusación formal presentada por el Ministerio Publico mediante Resolución Nº 12/2022 de fecha 20 de junio de 2022 emitida por el Ministerio Publico en contra del acusado Cesar Guaygua Mamani por el delito de violación, por lo que se debe tener en cuenta la Sentencia Constitucional N° 1081/2022-S4 de fecha 19 de agosto de 2022 hace referencia claramente en las partes relevantes, que"... siempre y cuando dentro del término establecido para la detención preventiva el Fiscal de Materia no presente acusación, son los Jueces de Instrucción quienes son los competentes para el control de la investigación, por cuanto al haber mutado de etapa el proceso por existir acusación fiscal, ya no corresponde establecer el tiempo, por ende se entiende esta, como una acusación sobreviniente que, modifica la detención preventiva y procesal, pues ya se encontraría en una etapa de juicio, de ahí que no se considera el tiempo, en todo caso al cumplirse 90 días de la detención preventiva y estando ya en la etapa de juicio oral, este debe enfocarse en desvirtuar los riesgos procesales contenidos en el numeral 2 del art. 233 del adjetivo penal...” En el presente caso, se evidencia la existencia de una acusación formal emitida por el Ministerio Publico por lo que se debe tomar en cuenta esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por el cual nos señala claramente que presentada la acusación fiscal ya no procede la cesación a la detención preventiva solo por vencimiento de plazo de duración, sino que para lograr la cesación deben desvirtuarse los riesgos procesales, en el presente caso no se han desvirtuado los riesgos. 6to. Asimismo la parte apelante, señala que la Resolución N° 45/2023 emitido por el Tribunal de Sentencia Penal 4° de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en fecha 29 de marzo de 2023 señalo improcedente la cesación a la detención preventiva, sin considerar que su defendido no es un peligro para la víctima, ni para la sociedad. Al respecto como anteriormente se señaló la Sentencia Constitucional, es importante tomar en cuenta, que de acuerdo a la uniforme jurisprudencia constitucional, para la cesación a la detención preventiva se debe desvirtuar los motivos por los que se ha impuesto la detención preventiva y desvirtuar con nuevos elementos de juicio que desvirtúen tal situación, consiguientemente este Tribunal de Alzada acude a la resolución primigenia, en este caso a la resolución No. 55/2022 de fecha 14 de enero de 2022 emitido por el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 3° de la Capital Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en la cual de manera clara y expresa señala con relación al peligro efectivo para la victima refiriéndose al art. 234 núm. 7 del CPP e indica lo siguiente "...Que se debe considerar la Sentencia Constitucional N° 394/2018 del 03 de agosto que señala claramente que las autoridades fiscales y autoridades judiciales deben considerar en caso de violencia en contra de la Mujer para evaluar el de peligro de fuga que de la consideración de situación de vulnerabilidad y desventaja que se encuentra la víctima o la denunciante respecto al imputado, en la presente causa ha demostrado continuamente en cuanto al imputado le habría dado Coca Cola, supuestamente con algún elemento del cual la victima ha quedado inconsciente, el mismo le habría agredido sexualmente y con ello vulnera el derecho a la libertad sexual que toda persona tiene, toda vez que el mismo sin su consentimiento hubiera tenido relaciones sexuales, con ello se considera un peligro efectivo para la víctima, por ello el art. 234.7 del CPP se encuentra acreditado... "Entonces, estos son los fundamentos por los que se ha dispuesto la existencia de este riesgo procesal, es decir que la autoridad A quo ha impuesto este riesgo procesal con un juzgamiento con perspectiva de género, toda vez que estamos tratando de hechos de violencia sexual a la mujer y menor que pertenece a un sector vulnerable de la sociedad y por lo tanto merece protección reforzada, consecuentemente, porque los fundamentos expuestos son con perspectiva de género y protección reforzada a la víctima, en consecuencia la autoridad A quo ha valorado correctamente dicho elemento. Asimismo, esta autoridad A quo administrando justicia ha tomado en cuenta que una mujer que cuando es víctima de hechos de violación se debe aplicar criterios diferenciados de género, con el motivo y propósito de radicar la violencia hacia la mujer y se debe tomar en cuenta su situación de vulnerabilidad y desventaja que tiene la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito y que no se debe llegar a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra este sector de la sociedad eso no es aumentar agravo, sino que más al contrario en este caso la autoridad A quo se está refiriendo al juzgamiento con perspectiva de género que la resolución primigenia le ha impuesto al imputado, por el hecho de que es víctima de violencia en este caso de Violación y la diferencia que existe entre la victima mujer con el agresor, por lo que este riesgo permanece, existe este riesgo procesal y se encuentra latente, en consecuencia, sus elementos de prueba que anteriormente ha señalado la parte apelante y que este Tribunal de Alzada lo ha admitido no desvirtúa para nada ese peligro efectivo para la víctima, al tratarse de un juzgamiento con perspectiva de género y cuya victima que es mujer, perteneciente a un sector vulnerable de la sociedad merece protección reforzada, por lo que, queda vigente este riesgo procesal, al respecto no existe agravio alguno. 7mo. Que, con relación a lo señalado por el apelante respecto al art. 235.2 del CPP manifiesta que no se habría valorado la existencia de la acusación. Al respecto ya se ha fundamentado anteriormente que en este proceso existe una imputación formal y esta acusación formal que se encuentra a fs. 10 a 12 del legajo del recurso de apelación incidental y tomando en cuenta según la SC 1081/2022-S4 de 19 de agosto de 2022 que señala que presentada la acusación ya no procede la cesación preventiva solamente por vencimiento el vencimiento plazo de duración, por lo que para lograr esa cesación debe desvirtuarse necesariamente los riesgos procesales, si bien en este caso señalan que se habría cumplido directamente el tiempo, sin embargo como señala esta Sentencia Constitucional necesariamente la parte apelante debe desvirtuar estos riesgos, aspecto que no ha concurrido en esta audiencia de apelación. Asimismo, se debe recordar el que el art. 29 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder ordenador Disciplinario en audiencias en materia penal señala claramente en la parte que los abogados intervinientes en audiencia a momento de invocar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria, constitucional o Convencional deben presentar dichos fallos en físico ante la autoridad jurisdiccional con el fin de generar en autoridad jurisdiccional convicción, en relación a esto, si bien la parte apelante ha señalado un sentencia constitucional, esta no es análoga, por lo que no puede ser tomada en cuenta. Debiendo considerar la Sentencia Constitucional N° 1081/2022-S4de fecha 19 de agosto de 2022, que reitero señala que cuando existe acusación ya no procede la cesación a la detención preventiva solo por el vencimiento del plazo, si no que para lograr la cesación deben desvirtuarse los riesgos procesales, aspecto que no ha ocurrido en el presente caso, más al contrario la autoridad A quo le manifiesta que no se ha desvirtuado este riesgo procesal, asimismo conforme la resolución primigenia y acusación se tiene que existen testigos con nombres y apellidos que deben prestar sus declaraciones en etapa de juicio, por lo que, no existe agravio alguno” (sic). Asimismo, en vía de aclaración, complementación y enmienda del Auto de Vista 330/2023, el accionante alegó contradicción interna, falta de valoración probatoria e incongruencia en la fundamentación de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sosteniendo que no se asignó valor a la prueba mencionada, que se confundió el vencimiento del plazo de la detención preventiva con la existencia de la acusación Formal; ya que, al haberse concluido la etapa preparatoria, ya no subsistía el riesgo de obstaculización, denunciando además vulneración al principio de presunción de inocencia y errores respecto a la condición de la víctima, así como la omisión de pronunciamiento sobre la cesación solicitada también al amparo del art. 239.1 del CPP. En respuesta, la Vocal ahora accionada por Auto de Vista 330/2023, cursante a fs. 19, declaró no ha lugar a la solicitud al considerar que el referido Auto de Vista contenía una fundamentación clara, coherente y suficiente, sin expresiones oscuras ni errores materiales u omisiones que ameriten aclaración o enmienda, precisando que la existencia de acusación formal y la etapa de juicio oral implican la presencia de testigos cuya declaración podría ser influenciada, manteniéndose vigente el riesgo de obstaculización conforme al art. 235.2 del CPP. A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por la Vocal hoy accionada, al emitir el Auto de Vista 330/2023, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa; empero, clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados. En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que la Vocal hoy accionada, al pronunciar el Auto de Vista 330/2023, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. precedente, debido a que desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos demostrados, la prueba presentada, y amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado lo siguiente: a) Cuando se denuncia falta de fundamentación de una resolución, el accionante tiene la carga de identificar de forma precisa el tipo de deficiencia alegada, sea fáctica, descriptiva, jurídica o intelectiva, así como señalar en qué parte concreta de la resolución se encuentra el defecto; de igual manera, si se alega una indebida valoración de la prueba, debe demostrarse objetivamente qué reglas de la sana crítica previstas por el art. 173 del CPP -lógica, experiencia común o psicología- fueron vulneradas, no siendo suficiente una alegación genérica para constituir agravio; b) Del análisis del legajo del recurso de apelación incidental, se constató la existencia de un certificado de permanencia que acredita que el accionante se encuentra con detención preventiva desde el 19 de enero de 2022; sin embargo, también se verificó que existe una acusación formal 12/2022 presentada por el Fiscal de Materia mediante Resolución N° 12/2022 de 20 de junio de 2022. En ese sentido, conforme a la SCP 1081/2022-S4, una vez presentada la acusación formal, ya no corresponde disponer la cesación de la detención preventiva únicamente por el vencimiento del plazo, siendo necesario desvirtuar los riesgos procesales, lo cual no ocurrió en el presente caso; c) En la Resolución primigenia 55/2022 de 14 de enero de 2022, se fundamentó la concurrencia del peligro efectivo para la víctima conforme al art. 234.7 del CPP, aplicando un juzgamiento con perspectiva de género y protección reforzada, en atención a la condición de vulnerabilidad de la víctima de violencia sexual y, dichos fundamentos se mantienen vigentes, no habiendo sido desvirtuados por los elementos presentados en la apelación incidental; y, d) Finalmente, la jurisprudencia alegada por el accionante no resulta análoga ni fue presentada conforme a lo dispuesto por el art. 29 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias en materia penal; en consecuencia, al no haberse desvirtuado los riesgos procesales ni acreditado vulneración alguna, se concluye que no existe agravio que amerite la cesación de la detención preventiva del accionante. A partir de lo expuesto, se advierte que la Vocal hoy accionada, al emitir el Auto de Vista 33/2023, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, de manera suficiente, explicó el accionante, que las denuncias de falta de fundamentación o valoración probatoria deben ser específicas y no genéricas; ya que, a pesar de acreditarse el tiempo de detención preventiva, la existencia de la acusación formal impide la cesación del accionante por mero vencimiento de plazo conforme a la SCP 1081/2022-S4 de 19 de mayo; que el peligro efectivo para la víctima fue debidamente fundamentado con perspectiva de género y no fue desvirtuado; y que, al no acreditarse vulneración ni desvirtuarse los riesgos procesales, no existe agravio que justifique la cesación de la detención preventiva, sin evidenciarse los agravios alegados por el accionante ni la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debiéndose denegar la tutela. En cuanto a la falta de congruencia alegada por el ahora accionante a través de su representante sin mandato, corresponde puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se tiene que toda resolución debe contener una correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes -se entiende los motivos de agravio expresados en la apelación, la respuesta otorgada por las otras partes y la resolución del inferior que se revisa-, los motivos y fundamentos con los cuales se resuelve la problemática, que deben conformar un todo bajo un análisis y valoración integral de la prueba vinculado al contexto fáctico que deriva en que el dictamen judicial resulte entendible en su totalidad, donde los razonamientos expresados por cualquier autoridad permitan comprender a cabalidad las razones por las que se asumió una determinada decisión, comprensión que puede ser vislumbrada desde el inicio hasta el final del fallo, guardando una lógica y razonada secuencia entre la parte considerativa, la identificación de los agravios, la valoración, la interpretación cabal de las normas y la decisión asumida. En ese marco, y considerando el reclamo formulado por la parte accionante, respecto a que la Vocal ahora accionada, al emitir el Auto de Vista 330/2023, emitió un fallo incongruente, debido a que se amplió indebidamente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP con fundamentos y testigos no previstos en la Resolución de primera instancia, a pesar de haberse concluido la etapa investigativa; del amplio contraste realizado precedentemente al analizar la fundamentación y motivación de la Resolución hoy impugnada; se tiene que, la Vocal ahora accionada, respondió que validando el razonamiento del Juez de primera instancia “…existen testigos con nombres y apellidos que deben prestar sus declaraciones en etapa de juicio; por lo que, no existe agravio alguno” (sic); puesto que, no se evidencia que el accionante delimitó otro agravio específico que no fue recibido pronunciamiento alguno; ya que, en este punto se vuelve a mencionar que el contexto del razonamiento de la autoridad judicial se efectuó dentro de un enfoque con perspectiva de género por el tipo del delito y la condición de la víctima, correspondiendo denegar la tutela también sobre este punto. Con relación a la valoración de la prueba, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.3. de esta Resolución constitucional, se tiene que por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla alegada; dado que, se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; empero, en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En ese entendido, se advierte que en el caso concreto, el accionante denuncia en su memorial de interposición de esta acción tutelar, que la Vocal ahora accionada no valoró adecuadamente la existencia de una acusación formal; y al respecto, se tiene que dicha autoridad judicial otorgó un valor a ese elemento probatorio, aclarando que “…Al respecto ya se ha fundamentado anteriormente que en este proceso existe una imputación formal y esta se encuentra a fs.10 a 12 del legajo del recurso de apelación incidental y tomando en cuenta según la SC 1081/2022-S4 de 19 de agosto, que señala que presentada la acusación ya no procede la cesación preventiva solamente por vencimiento el vencimiento plazo de duración; por lo que, para lograr esa cesación debe desvirtuarse necesariamente los riesgos procesales, si bien en este caso señalan que se habría cumplido directamente el tiempo; sin embargo, como señala esta Sentencia Constitucional necesariamente la parte apelante debe desvirtuar estos riesgos, aspecto que no ha concurrido en esta audiencia de apelación” (sic), de lo cual, se advierte que sí se otorgó un valor a la prueba extrañada pero fue en contraposición al argumento mencionado, lo que responde a una valoración integral de la situación fáctica y sus elementos, configurando la motivación del fallo, conforme se analizó precedentemente, debiendo denegar la tutela solicitada. Asimismo, en el caso concreto es importante resaltar una vez más que al tratarse de un proceso penal instaurado por la presunta comisión del delito de violación, la labor efectuada por la Vocal accionada es concordante con el cumplimiento de su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso, un enfoque interseccional; herramienta que conforme a lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre), considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3), entre otras; por lo que, al haberse evidenciado que el Auto de Vista hoy cuestionado, fue emitido en sin perder de vista dicho enfoque y que cuenta con la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 399/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 98 a 101 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1657_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5eb9938981d22a20a7c42d4a2f05cc73286e28528bd85d9911d8e92129727f17
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