Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante sin denunciar de manera expresa la vulneración de algún derecho, sino sólo incongruencia y dilación indebida por parte de la Jueza hoy accionada, señala que la mencionada Jueza: i) En ningún momento observó las copias de los depósitos realizados por asistencia familiar; sin embargo, requirió el original del último depósito contradiciendo sus propios actos; y, ii) Por su delicado estado de salud, solicitó mandamiento de libertad, habiendo adjuntado ya el depósito efectuado; no obstante dicha Jueza no providenció aquella petición de manera oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 385/2023 de 19 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1656/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57875-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 385/2023 de 19 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Samuel Tarifa Apaza contra Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 19 de agosto de 2023, cursante de fs. 27 a 35, manifestó lo siguiente:
En el proceso de asistencia familiar seguido contra su persona, se vulneraron sus derechos desde el primer depósito de asistencia familiar de 14 de marzo de 2022, y posteriores los cuales fueron presentados como descargo mediante memorial a la Jueza ahora accionada, quien nunca denegó los mismos y en los que se especificó el número de cuenta 1503700820 del Banco Nacional de Bolivia. Resulta incoherente que habiendo depositado la suma de Bs6 700.- (seis mil setecientos bolivianos 00/100 bolivianos), debidamente acreditados, la Jueza hoy accionada emita el decreto que señala: “…ADJUNTE EL ORIGINAL DEL DEPOSITO BANCARIO…” (sic), contradiciendo los decretos con anterioridad que fueron presentados y nunca observados. Se encuentra privado de libertad, hizo conocer a la Jueza ahora accionada que está delicado de salud; sin embargo, a pesar de proporcionarse un número de teléfono para conocer el estado del proceso y mantenerse en el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, hasta las 15:30 horas, no hubo ningún movimiento, sin que se le permita ver el expediente, ni se providencie la solicitud. Por lo que, interpone la presente acción de libertad por dilación indebida.
El accionante no menciona ningún derecho en particular; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga su libertad inmediata y se otorguen garantías unilaterales por la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 41, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que, fue conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, “el día viernes” realizó el depósito de Bs6 700.-, el cual fue observado por la Jueza hoy accionada.
Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) No fue notificada, por cuanto no cuenta con los antecedentes del proceso, solo un mensaje; por lo que, no se pudo hacer llegar el expediente; b) Como administradora de justicia realiza los decretos de todos los expedientes a su cargo, y el accionante actúa de mala fe, por cuanto se verificó incumplimiento de asistencia familiar; ya que, se actuó conforme al Código de las Familias y del Proceso Familiar, respecto de la liquidación; y en el presente caso, la parte contraria no observó la liquidación efectuada; por lo que, se expidió el mandamiento de apremio; c) El accionante manifiesta que existiría una incongruencia con relación a que anteriormente no hubiese observado que se adjuntaron váuchers en fotografías; empero, únicamente se cumplió con lo previsto por el art. 1311 del Código Civil; d) Evidentemente se presentaron fotocopias con diferentes depósitos, que fueron corridos en traslado y no fueron observados; sin embargo, en el presente caso al promediar entre las 10:30 a 11:00 horas, a través de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se ingresó el memorial el cual fue decretado requiriendo el original del depósito, para que la mencionada Jueza pueda determinar el justo pago, evitando una dilación al disponer el traslado; ya que, presentaron una captura de pantalla, ni siquiera en Formato de Documento Portátil (PDF), y extraña que ahora se presente el original en audiencia de acción de libertad; e) Como no se cuenta con los antecedentes, no se cuenta con el dato de cuánto es el monto de la obligación por la cual se expidió el mandamiento de apremio; por lo que, no se puede asegurar que el monto de Bs6 700.- cubra las obligaciones pendientes; y, f) Con relación a la salud, la negligencia del accionante no puede ser atribuida a su persona como Jueza; puesto que, si tenía aquellos problemas, tuvo que hacerlos conocer con anticipación, con la finalidad de tomar los recaudos de ley; sin embargo, a pesar de que el accionante tomó conocimiento de la liquidación sobre la aprobación de dicha liquidación y el mandamiento de apremio, no presentó ningún memorial, y recién en la fecha de interposición de la acción de libertad refiere aquellos problemas.
El Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 385/2023 de 19 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Por memorial de 18 de ese mes de 2023, el accionante adjuntó el depósito bancario; solicitando además, mandamiento de libertad, petición observada por cuanto no se adjuntó el depósito original; presupuestos que conllevan la activación de mecanismos internos dentro del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el cual establece que para los decretos de mero trámite, el “art. 368” establece el recurso de reposición contra decretos o Autos interlocutorios, para que las autoridades advertidas de su error puedan modificarlos o dejarlos sin efecto; 2) El accionante no hizo uso del recurso de reposición, en consecuencia no agotó los mecanismos internos para dar viabilidad a la acción de libertad; y, 3) La Jueza hoy accionada señaló que no fue notificada debidamente; sin embargo, consta la diligencia de 19 de igual mes y año, a las 11:52 horas, con la debida anticipación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 11 de diciembre de 2025, cursante a fs. 50 se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 24 del referido mes y año, cursante a fs. 54; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial digitalizado -sin fecha-, ante Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, Erick Samuel Tarifa Apaza -hoy accionante- presentó los depósitos de dinero de asistencia familiar (fs. 3). II.2. Por memorial presentado el 14 de junio de 2023, ante la Jueza hoy accionada, el accionante respondió a la liquidación efectuada (fs. 4 y vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 18 de agosto de 2023, ante la Jueza ahora accionada; en el que, el accionante adjuntó depósito bancario y solicitó mandamiento de libertad, e indicó que cuenta con un estado de salud delicado, adjuntando a tal efecto el Informe de síntesis de 21 de junio de igual año (fs. 13 a 20).
El accionante sin denunciar de manera expresa la vulneración de algún derecho, sino sólo incongruencia y dilación indebida por parte de la Jueza hoy accionada, señala que la mencionada Jueza: i) En ningún momento observó las copias de los depósitos realizados por asistencia familiar; sin embargo, requirió el original del último depósito contradiciendo sus propios actos; y, ii) Por su delicado estado de salud, solicitó mandamiento de libertad, habiendo adjuntado ya el depósito efectuado; no obstante dicha Jueza no providenció aquella petición de manera oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, establece que: “El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’.
Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
En consecuencia, este entendimiento debe ser asumidos en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.
El accionante sin denunciar de manera expresa la vulneración de algún derecho, sino sólo incongruencia y dilación indebida por parte de la Jueza hoy accionada, señala que la mencionada Jueza: 1) En ningún momento observó las copias de los depósitos realizados por asistencia familiar; sin embargo, requirió el original del último depósito contradiciendo sus propios actos; y, 2) Por su delicado estado de salud, solicitó mandamiento de libertad, habiendo adjuntado ya el depósito efectuado; no obstante dicha Jueza no providenció aquella petición de manera oportuna. Ahora bien, previamente al efectuar la labor de revisión, de acuerdo con lo expuesto en audiencia y los pocos antecedentes que se adjuntan, se tiene que se emitió contra el accionante un mandamiento de apremio, que fue ejecutado el 17 de agosto de 2023, por incumplimiento en el deber de asistencia familiar; por lo que, al día siguiente -se entiende el 18 de ese mes y año- el nombrado realizó un depósito por la suma de Bs6 700.- a la contraparte en el proceso familiar, solicitando a la Jueza ahora accionada, libre el mandamiento de libertad (vinculado a la primera problemática); empero, además alegando que se encuentra con un estado de salud delicado (vinculado a la segunda problemática); ante lo cual la mencionada Jueza a cargo del procesos le solicitó el original del comprobante; ya que, el accionante sólo adjuntó una captura de pantalla. Respecto del primer punto que el accionante pone en consideración, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; por lo que, en situaciones de apremio en materia de asistencia familiar, deben agotarse previamente los mecanismos idóneos previstos en la norma, para acceder a la tutela dentro de las acciones de defensa previstos por la Ley Fundamental, caso contrario se estaría desnaturalizando el proceso ordinario; y en el caso concreto, se tiene que el accionante planteó su solicitud para acceder a su liberación, cumpliendo con el pago que debía (conforme señala la Jueza hoy accionada, tampoco se tiene certeza que la cantidad depositada sea el equivalente justo por el cual se emitió el mandamiento de apremio en primer lugar, dado que ninguna de las partes acreditó aquel monto); no obstante, la mencionada Jueza requirió el original del comprobante de pago con la finalidad de verificar indubitablemente que el mismo fue efectuado, tratando con ello de acelerar la tramitación de la liberación; y al respecto, se tiene que un mecanismo idóneo en el proceso familiar, es el recurso de reposición, previsto por el art. 368 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, que procede: “…contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto”. Este recurso, como una resolución rápida en contra de lo decretado por la autoridad jurisdiccional, tuvo que necesariamente ser activado de manera previa a intentar la vía constitucional; puesto que, se entiende que no requeriría el traslado sino el pronunciamiento inmediato de la Jueza ahora accionada ante la queja de la parte interesada sobre su determinación; en consecuencia, dado que no se puede desconocer el carácter subsidiario y excepcional de la acción de libertad, siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo a los procedimientos ordinarios, cuando existen medios ordinarios de defensa idóneos, eficientes y oportunos, los cuales deben ser agotados antes de recurrir a la tutela constitucional. En conclusión, pretender utilizar la acción de libertad como un mecanismo de defensa alternativo de la jurisdicción ordinaria, implicaría desnaturalizar el alcance del carácter subsidiario excepcional de esta acción de defensa, debido a lo cual el accionante al no agotar los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento procesal familiar, ocasiona que la presente acción de libertad deba ser denegada. Por otro lado, ante la segunda problemática propuesta, se tiene que el accionante denuncia a la Jueza ahora accionada por dilación indebida en el pronunciamiento respecto de su estado de salud; no obstante, aunado a lo anterior, debe considerarse que se entiende que la referida Jueza sí se pronunció de manera rápida ante el memorial, requiriendo el original del depósito bancario para proceder con lo solicitado; y por otro lado, la acreditación del presunto delicado estado de salud del accionante, se efectuó el 18 de agosto de 2023, y la acción de libertad se interpuso el 19 del mismo mes y año; es decir, que sobre esa solicitud expresa no se aguardó un lapso de tiempo razonable, sino que se buscaba una respuesta ipso facto por parte de la Jueza hoy accionada, lo cual no condice con lo que debe entenderse por dilación indebida en el caso de la acción de libertad, encontrándose la mencionada Jueza con la posibilidad de pronunciamiento en los días hábiles correspondientes y que no fue permitida por la interposición apresurada de la acción de libertad; empero, además debe considerarse que la documental adjunta para acreditar el supuesto delicado estado de salud del accionante, es un Informe de síntesis (Informe de prueba), en el que se presenta un resumen del historial clínico, valores y recomendaciones para “Erik Samuel Tarifa” ; por el cual, se respalda que no concurre la urgencia en el pronunciamiento de la Jueza ahora accionada. Por todo ello, se tiene que la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz, no incurrió en las conductas que el accionante estima vulneraron sus derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 385/2023 de 19 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1656_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 94ca18cf6fb6ece56ff891cab906bf6b37deb9d479c7760d2a2781aa5f75f02e
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