Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al agua potable; así como al principio de igualdad; puesto que, a través de vías de hecho, el Directorio y Administración del Condominio Europeo -hoy accionados- procediendo al corte del servicio de agua potable en el Departamento de su propiedad 4-C, ubicado en el cuarto piso del referido bien inmueble, debido a la demora en el pago de sus obligaciones con dicho Condominio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; 2) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; 3) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; 4) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; 5) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; 6) Sobre el derecho de acceso al agua potable y alcantarillado sanitario; y, 7) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 55/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 36 vta. a 39 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con respecto al derecho de agua potable, disponiendo el cese inmediato del corte de suministro de agua potable al Departamento 4-C, cuarto piso del Condominio Europeo, debiendo el Directorio y la Administración del referido Condominio hoy accionados proceder a la inmediata reconexión de dicho servicio. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho de propiedad privada y al principio de igualdad, asi como en cuanto a la pretensión de pago de daños y perjuicios, la imposición de costas y costos, y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1655/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 56494-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 55/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 36 vta., a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lilian Bellot Soliz contra María Fátima Fuchtner Soruco, Presidenta; Erland Camacho Mansilla, Vicepresidente; Carlos Gerardo Cova Serra, Tesorero, Amanda Dupleisse, Vocal, todos del Directorio del Condominio Europeo y Juan Humberto Cortez Useda, Administrador del indicado Condominio.
La accionante, por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 17 a 23, manifestó lo siguiente:
El 9 de abril de 2011 adquirió el Departamento 4-C del cuarto piso, en el Condominio “EUROPEO”, por préstamo bancario; por lo que, desde hace doce años vive en dicho bien inmueble o lo cede en arrendamiento a fin de cumplir con sus obligaciones con el Banco Ganadero, y también el pago de los servicios básicos, expensas y otros. Durante todo este tiempo mantuvo una pacífica convivencia con los copropietarios, el Directorio y la Administración del citado Condominio Europeo; sin embargo, los últimos meses, tuvo algunos retrasos en el pago mensual de las expensas y consumo de agua potable, primero debido a la salud de su hermana, quien padeció cáncer de Colón, siendo trasladada a la República Federativa del Brasil, donde se produjo su deceso; motivo por el cual, tuvo que ausentarse cerca de ocho meses -noviembre de 2021 a mayo de 2022-, asumiendo gastos económicos por ello; y segundo, en enero de 2023, contrajo el Coronavirus (COVID-19), seguido de bronquitis aguda, que imposibilitó su retorno a sus actividades laborales con normalidad; por lo que, la falta de pago no fue por negligencia propia, sino por las razones señaladas. El 12 de abril de 2023, se consumaron las medidas de hecho, realizando el corte del servicio básico y elemental de agua potable, por parte de la Administración del Condominio Europeo, por orden de la Presidenta del Directorio, María Fátima Fuchtner Soruco, hoy accionada indicando el atraso de varios meses impagos de expensas y agua potable, pese a que indicó, que haría lo posible por cumplir con dichas obligaciones, solicitándole el restablecimiento del servicio de agua potable; ya que, tenía albañiles refaccionando su departamento, aclarando que el medidor del agua es común para todo el Condominio Europeo. El 12 de abril de 2023, la Administración le hizo llegar el Aviso Cobro de Expensas 04/2023 de 3 de igual mes, con el detalle de lo adeudado por expensas y servicio de agua potable, hasta el 30 de similar mes y año, en la suma de Bs8 70.-(ochocientos setenta bolivianos), con vencimiento de igual fecha; a pesar de que, el corte se dio antes del vencimiento del plazo indicado, sumándose a ello, la afectación también a su hijo menor de cuatro años que se encuentra a su cargo. Hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, continuaba sin contar con dicho servicio de agua potable, siendo vanos sus esfuerzos de conciliar con el Directorio ahora accionados.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al agua potable; así como al principio de igualdad; citando al efecto los arts. 20, 56.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) El cese de los actos arbitrarios y abusivos por parte del directorio hoy accionados, disponiendo la inmediata reconexión del servicio básico de agua potable; b) La prohibición de incurrir nuevamente en medidas de hecho, debiendo acudir a la autoridad competente a efectos de hacer valer sus derechos; c) El pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia; d) La imposición de costas y costos a los ahora accionados; y, e) La remisión de antecedentes al Ministerio Público en caso incumplir la concesión de la tutela solicitada.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) El departamento 4-C del cuarto piso, en el Condominio Europeo estaría debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0091846 el 9 de abril del año 2011, dando cuenta del derecho propietario que le asiste sobre el mismo, a efectos de la legitimación activa; 2) Las medidas de hecho ejercidas por el Directorio y la Administración hoy accionados estarían plenamente demostradas mediante el Acta Notarial 180/2023 de 18 de abril, elaborado por la Notaria de Fe Pública Paola Regina Tuero Paniagua, quien se constituyó en el departamento ubicado en la avenida San Martín 1855 Equipetrol Norte UV 59, Manzana 27, Edificio Europeo, indicando de manera clara y precisa que el medidor de agua potable seria mancomunada y verificando que no había el servicio de agua en el Departamento 4-C del cuarto piso, haciendo constar igualmente que, el guardia de servicio mostró el medidor ubicado fuera del departamento, tenía quitada la llave de paso “manilla roja”, manifestando que ello fue ordenado por la Administración del Condominio, adjuntado fotografías a la referida Acta Notarial; 3) Las medidas de hecho están proscritas en la Sentencias Constitucionales 0297/2013-L de 6 de mayo, 1478/2012 del 24 de septiembre, 1679/2012 de 1 de octubre, 0517/2003 del 22 de abril, en el caso, el servicio del agua potable, no fue restringido ni cortado por los proveedores del Sanitario de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz -SAGUAPAC-, sino por el Directorio y la Administración ahora accionados, hecho que constituye una excepción a la aplicación de la subsidiariedad; por lo que, el control tutelar constitucional puede ser activado directamente; y, 4) Aclarando que, no solamente vulneraron el derecho al servicio elemental de agua potable de la accionante, sino también los derechos y garantías que tienen todos los niños y adolescentes, como el hijo menor de cuatro años.
Juan Humberto Cortez Useda, Administrador del Condominio Europeo, en audiencia, manifestó que: i) La accionante adeudaría el pago de ocho meses de agua potable y veintinueve meses de expensas, en cuanto al agua, habría un medidor principal que ingresa a todo el Condominio, pero individualmente cada departamento cuenta con medidores internos, lectura que realiza la Administración; pero quien, realiza el prorrateo es la empresa SAGUAPAC así como la cobranza, dividida entre todos; ii) Esa falta de pago crea “hueco”; ya que, son ocho meses impagos, pese a la suficiente tolerancia y ni hablar de los veintinueve meses de las expensas, puesto que los condominios no ganan por dicho concepto, sino que están destinados a cubrir los servicios de limpieza, vigilancia, mantenimiento, que beneficia a los que habitan en el mencionado Condominio: iii) No sería entendible, si el departamento hasta el mes pasado estuvo alquilado a un ciudadano ruso que pagaba el alquiler, la luz, el agua y expensas, entre otros, estos no ingresaron a la Administración del Condominio; ya que, cuando conversó con él inquilino -ciudadano ruso- expresó que efectivamente pagaba todo y no entendía; por qué, se lo molestaba; y, iv) Se conversó con la accionante para que hiciera su plan de pagos, lo que tampoco ocurrió. María Fátima Fuchtner Soruco, Presidenta; Erland Camacho Mansilla, Vicepresidente; Carlos Gerardo Cova Serra, Tesorero; Amanda Dupleisse, Vocal, todos del Directorio del Condominio Europeo, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 27, 29 y 31.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 55/2023 de 25 de abril, cursante de 36 vta. a 39 vta., concedió la tutela solicitada; de manera provisional, ordenando a la Administración y al Directorio hoy accionados, que de manera inmediata y en el plazo de veinticuatro horas de notificados con la presente resolución, restituyan la apertura o reconexión del agua potable, objeto de esta acción tutelar. Determinación asumida, bajo los siguientes fundamentos: a) Mediante Acta Notarial 180/2023 la notaria de fe pública, verificó la falta der servicio de agua potable en el Departamento 4-C del cuarto piso, del Condominio Europeo, hecho verificado con el guardia de dicho Condominio, quien mostró que el medidor ubicado fuera del departamento, tenía quitada la llave de paso “Manilla Roja", conforme lo ordenado por la Administración del referido Condominio, constando muestrario fotográfico adjunto al acta notarial; b) Cursa el registro del derecho propietario de la accionante, la cédula de identidad de su hijo menor de edad, una captura de WhatsApp donde señala lo siguiente: “Fátima Fuchtner buenas tardes, seguimos esperando que las personas que nos deben en agua y tienen plan de pago y no lo han honrado. Se ha determinado lo siguiente: A partir del jueves a las 08:30 Deudores de agua se le cortará el medidor Plan de pago se le cortará el tag vehicular tendrán que llamar a los guardias para que ellos les abran" (sic); c) Consta, el certificado de óbito en la República Federativa del Brasil de Carmen Leny Bellot Solíz, un Aviso de Cobro de Expensas 04/2023 de abril, emitido por el Condominio Europeo; y, d) A la luz de la jurisprudencia constitucional ninguna persona y/o tercero interesado puede proceder de manera directa al corte de un servicio indispensable como el agua potable, sin seguir un procedimiento debido ante las instancias pertinentes que ordenen dicho extremo, advirtiendo en el presente caso, de que la accionante fue objeto de vías o medidas de hecho, al proceder al corte del servicio básico de agua potable, sin instaurar en su contra ante la instancia pertinente; para que, la misma proceda conforme a normativa al corte de dicho servicio básico, situación; por la cual, el derecho o el suministro de agua potable siendo interrumpido de manera arbitraria a través del corte de suministro.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Mediante decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 47, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 51; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta Notariada 180/2023 de 18 de abril, por Paola Regina Tuero Paniagua, Notaria de Fe Pública Nº 107, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, misma que da cuenta de la verificación efectuada en el Departamento 4-C del cuarto piso del Edifico Europeo, respecto a la falta de servicio de agua potable, en dicho bien inmueble, el cual viene acompañado del muestrario fotográfico pertinente (fs. 2 a 6). II.2. Consta Folio Real de 24 de marzo de 2023, registrado en la Oficina de DD.RR., bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0091846 correspondiente al Departamento 4-C, del cuarto piso en el Condominio Europeo, a nombre de Lilian Bellot Soliz (fs. 8). II.3. Cursa captura de imagen de 3 de abril de 2023, del mensaje enviado vía WhatsApp de María Fátima Fuchtner Soruco, Presidenta del Directorio del Condominio Europeo -hoy accionada- señalando: “Buenas tardes, seguimos esperando que las personas que nos deben en agua y tienen plan de pago y no lo han honrado. Se ha determinado lo siguiente A partir del jueves a las 08:30 Deudores de agua se le cortará el medidor Plan de pago se le cortará el tag vehicular tendrán que llamar a los guardias para que ellos les abran” (sic [fs. 10]). II.4. A través del Aviso de Cobro de Expensas 04/2023 de 3 de abril, del Condominio Europeo, del departamento 4-C de Lilian Bellot Soliz, -hoy accionante- se encuentran descritos los montos que adeuda por expensas y consumo de agua hasta enero de 2023, la suma de Bs8 70.- (fs. 14).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al agua potable; así como al principio de igualdad; puesto que, a través de vías de hecho, el Directorio y Administración del Condominio Europeo -hoy accionados- procediendo al corte del servicio de agua potable en el Departamento de su propiedad 4-C, ubicado en el cuarto piso del referido bien inmueble, debido a la demora en el pago de sus obligaciones con dicho Condominio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; 2) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; 3) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; 4) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; 5) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; 6) Sobre el derecho de acceso al agua potable y alcantarillado sanitario; y, 7) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0119/2018-S2 de 11 de abril y 0373/2018-S2 de 24 de julio -entre otras-, sistematizó y desarrolló el siguiente razonamiento: “La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa ‘…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o personas individuales o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: ‘…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir’. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1., expresó que la acción de amparo constitucional:
Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural”. En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida”. Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.
La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que:”… el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
…sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de ‘Estado de derecho’ o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, nace sepultando el modelo de ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.
En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ‘Estado de derecho legislativo’ o ‘Estado legal de Derecho’, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de El Fundamento Jurídico III.1, señala que: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 3 El Fundamento Jurídico III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.
Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ‘Estado constitucional de Derecho’, que es ‘…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación’, o en palabras de Prieto Sanchís ‘…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización’.
Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’ debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son: …i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE”.
En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012,“…entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece: El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en ‘el derecho protector de los demás derechos’ y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.
En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.
En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).
Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que ‘La función judicial es única…’ todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.
En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.
Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril- que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC)-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-. En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales”.
La SCP 0223/2024 de 17 de junio citando a la SCP 0091/2018-S2, reiterada por la SCP 0342/2018-S2 de 18 de julio, entre otras, establece que: “Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: i) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, ii) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: a) Preventiva y/o b) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los accionados y/o terceros interesados u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria; empero, no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los accionados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en Derechos Reales o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión, significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la vulneración irreversible e irreparable de los derechos fundamentales”.
La SCP 0223/2024 citando a la SCP 0091/2018-S2, reiterando el razonamiento de la SCP 0342/2018-S2, entre otras, señala que: “La jurisprudencia determina las siguientes sub reglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente accionados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. A lo anotado, corresponde señalar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece: Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina: La SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.
Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 14 La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.
La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el Fundamento Jurídico III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 15 SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4.
Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la “SCP 0211/2019-S2 de 10 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El art. 16.I de la CPE, reconoce que: ‘Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación’. A su vez, el art. 20 de la Norma Suprema dispone:
los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones” y su parágrafo III establece: “El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley (las negrillas son añadidas). El derecho al agua, de acuerdo a lo establecido en la SCP 1293/2015-S3 de 30 de diciembre, tiene una doble dimensión constitucional, tanto como un derecho individual fundamental como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo; asimismo, la referida SCP 0052/2012 de 5 de abril en el Fundamento Jurídico III.3, estableció que: por la naturaleza de este derecho en su ejercicio individual, no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de hecho en su uso racional como bien escaso por grupo social alguno -sea una comunidad campesina o sea una colectividad diferente- ni tampoco por persona particular (el subrayado y las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 0176/2012 de 14 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.3.1, señaló que: el derecho fundamental al agua se constituye en un derecho autónomo que vinculado al derecho de acceso a los servicios básicos, permite la configuración del derecho de acceso al agua potable (Preámbulo y art. 20.I y III de la CPE), que puede vincularse o relacionarse de acuerdo al caso concreto por el principio de interdependencia (art. 13.I de la CPE) al derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación adecuados, entre otros derechos individuales que tengan que ver con un nivel de vida adecuado y digno, lo que la Constitución denomina el ‘vivir bien’ como finalidad del Estado (preámbulo y art. 8.II de la CPE), o lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama el derecho al acceso a una existencia digna.
Por su parte, el art. 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), -de 20 de noviembre de 1989- reconoce: ‘Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud…’. Para el cumplimiento de lo anterior, se deben combatir las enfermedades y la malnutrición infantil en el marco de la atención primaria de la salud, mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y de agua potable salubre. En suma, el derecho al agua fue establecido taxativamente en la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, como un derecho humano autónomo que destinado al consumo humano, es un derecho fundamental, vital para el ejercicio de derechos inherentes al ser humano que vinculado al derecho de acceso a los servicios básicos, se configura como el derecho de acceso al agua potable. En este contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional; reconoció que además, constituye un derecho sobre el cual, se cimientan otros derechos del mismo rango constitucional, como los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas. Asimismo, de conformidad a las obligaciones adquiridas por el Estado boliviano es un elemento vital para asegurar la vigencia de los derechos inherentes al desarrollo de la personalidad del niño, en relación con una alimentación adecuada y la salud. En ese mismo sentido, en cuanto al corte de suministro de servicios, la SCP 0517/2003-R de 22 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, señaló:
La energía eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en los casos previstos por Ley, conforme expresa el art. 24.inc. c) de La Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, modificada por la Ley 2066, y el art. 59 de la LEc; en consecuencia, los propietarios de inmuebles u otras terceras personas no pueden cortar o amenazar cortar dichos servicios, menos utilizarlos como mecanismo de presión para obtener la ejecución de algún acto...”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al agua potable; así como al principio de igualdad; puesto que, a través de vías de hecho, el Directorio y la Administración del Condominio Europeo -hoy accionados- procediendo al corte del servicio de agua potable en el Departamento de su propiedad 4-C, ubicado en el cuarto piso del referido bien inmueble, debido a la demora en el pago de sus obligaciones con dicho Condominio. Identificada la problemática planteada y conforme a los antecedentes que informan el proceso; es necesario analizar la presente acción de defensa a la luz de los cuatro presupuestos que deben ser considerados a momento de verificar si evidentemente existieron medidas o vías de hecho conforme se tiene identificado del resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional sintetizado en el Fundamento Jurídico III.5. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Con relación al corte del agua potable En ese sentido, en relación al primer presupuesto relativo al principio de subsidiariedad y su prescindencia; en el caso concreto, no se advierte que la accionante hubiese activado un medio ordinario de defensa en resguardo de su posesión y vivienda familiar; sin embargo, ante la denuncia de medidas de hecho o actos cometidos en franca vulneración del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, esta acción tutelar puede ser activada directamente, para otorgarse una tutela definitiva en relación a la supresión del derecho de acceso a la justicia, y una tutela provisional en relación al derecho sustantivo en cuestión, en este caso el derecho al agua potable; por consiguiente, se tiene cumplido el primer presupuesto, al activarse la tutela constitucional prescindiendo del principio de subsidiariedad; ya que, lo que busca la accionante es la protección provisional de su derecho al servicio de agua potable en el Departamento que ocupa en el Condominio Europeo. En relación al segundo presupuesto relacionado a la legitimación pasiva, en el presente caso que presuntamente asumieron medidas de hecho responden a los nombres María Fátima Fuchtner Soruco, Presidenta; Erland Camacho Mansilla, Vicepresidente; Carlos Gerardo Cova Serra, Tesorero y Amanda Dupleisse Vocal, todos del Directorio del Condominio Europeo; Juan Humberto Cortez Useda, Administrador del indicado Condominio -hoy accionados- asumiendo este último, el derecho a la defensa en la presente acción de amparo constitucional. Constando que los otros accionados no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante de fs. 27,29 y 31. Respecto al tercer presupuesto relacionado al plazo de inmediatez, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la denuncia de la comisión de medidas de hecho, la acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; en el presente caso, conforme se tiene del Acta Notariada 180/2023 de 18 de abril de 2023 (Conclusión II.1.); el mismo que, da cuenta del corte del servicio de agua potable en el Departamento 4-C del cuarto piso donde vive la accionante, verificación efectuada un día antes de la presentación de la presente acción de defensa. En lo que respecta al cuarto presupuesto relacionado a la carga de la prueba a fin de demostrar el derecho de propiedad, en el caso que se examina, dicho derecho sobre el Departamento 4-C, se encuentra plenamente acreditado con el folio real expedido por Derechos Reales a nombre de Lilian Bellot Soliz (Conclusión II.2.); departamento que contaría con el servicio de agua potable a través de un medidor común y que cada departamento tendría un medidor interno, respecto al cual, presuntamente ejercieron las medidas de hecho el Directorio y la Administración hoy accionados.
Asimismo, resulta evidente la existencia de obligaciones pendientes de la accionante con el Condominio Europeo; vale decir, que adeuda pagos por diferentes conceptos a la Administración del Condominio; de ahí que la Presidente del Directorio de dicho Condominio, a través del mensaje enviado vía WhatsApp, le habría anticipado sobre las determinaciones de corte a los deudores (Conclusión II.3.); aspecto que corroborado en el Aviso Cobro de Expensas 04/2023 y otros; en el que, se encuentran descritas las obligaciones pendientes de la accionante por concepto de agua potable hasta enero de 2023, la suma de Bs8 70.-, por expensas comunes la suma Bs2 172 00.- (Conclusión II.4.). De las pruebas descritas, se concluye que existía un problema de incumplimiento de pagos por el servicio de agua potable y de expensas comunes del Departamento 4-C del cuarto piso, de propiedad de la accionante, en la suma Bs8 70.- debido a problemas familiares y de salud; por la que, habría atravesado la accionante. No obstante, pese a su predisposición de arribar a una solución amistosa, el directorio y la administración todos del Condominio Europeo ahora accionados procedieron al corte del suministro de agua potable en dicho bien inmueble, aspecto que quedó demostrado y refrendado en el Acta Notariada 180/2023.
De lo relacionado, se advierte que los ahora accionados en lugar de acudir a las instancias pertinentes a fin de lograr el cobro efectivo de las obligaciones pendientes de Lilian Bellot Soliz accionante, en el marco de sus Estatutos o la normativa que rige para este tipo de propiedades, optaron por asumir una medida de hecho de cortar el suministro de agua potable, afectando el derecho de acceso al agua potable de la accionante y de su hijo menor de edad que habitan en el mencionado Departamento 4-C del cuarto piso. Al respecto, conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1, 2, 3, 4 y 5 del presente fallo, la acción de amparo constitucional se justifica en medidas o vías de hecho, siempre y cuando los accionantes demuestren los actos vinculados a medidas o vías de hecho de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
Como en el presente caso, en el que a través de mensaje vía WhatsApp la Presidenta del Directorio del Condominio ahora coaccionada, comunicó a la accionante que se había tomado la determinación de proceder al corte del servicio de agua potable a los que adeudaban el pago de este servicio; aspecto que pone de manifiesto que se produjo la medida o vía de hecho. Al respecto, conforme el entendimiento del Fundamento Jurídico III.6., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda persona cuenta con el derecho de acceso al agua potable y alcantarillado sanitario como un derecho humano; por lo que, no puede ser restringido en su ejercicio individual o arbitrariamente ser suprimido mediante vías o medidas de hecho, ocasionando una flagrante vulneración del derecho básico al agua potable art. 20 de la CPE. En cuanto al argumento del Administrador del Condominio Europeo hoy coaccionado, de que la accionante adeuda por pago de agua potable ocho meses y de expensas comunes de más de veintinueve meses, entre otros, es importante recordar que la tutela concedida es de carácter provisional; hasta que la el directorio y la administración del referido Condomini, a través del proceso coactivo civil, proceda al cobro de lo adeudado por expensas comunes o se proceda al corte del servicio de agua potable a través de la entidad encargada de dicho servicio. Respecto a la presunta vulneración del derecho a la propiedad privada y al principio de igualdad Sobre el particular la accionante no desarrollo los argumentos fácticos y jurídicos de como hubieran sido vulnerados, limitándose a invocar con argumentos generales.
Lo propio con relación a la pretensión de pago de daños y perjuicios, la imposición de costas y costos, y la remisión de antecedentes al Ministerio Público cuando la propia accionante reconoció que por ciertos problemas personales y familiares que atravesó se retrasó en el pago de expensas comunes y por el servicio de agua potable, no pudiendo por ello pretender que el cobro que pretenda la entidad hoy accionada sea calificada como ilícita o delito. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 55/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 36 vta. a 39 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con respecto al derecho de agua potable, disponiendo el cese inmediato del corte de suministro de agua potable al Departamento 4-C, cuarto piso del Condominio Europeo, debiendo el Directorio y la Administración del referido Condominio hoy accionados proceder a la inmediata reconexión de dicho servicio. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho de propiedad privada y al principio de igualdad, asi como en cuanto a la pretensión de pago de daños y perjuicios, la imposición de costas y costos, y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El Fundamento Jurídico III.3. señala que: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son nuestras).
4 La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló que: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”. Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras.
5 La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el Fundamento Jurídico III.3, señaló que: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta
misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”. Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras.
7 Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.
8 El Fundamento Jurídico III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.
9 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.3, establece que: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”. La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.
11 La SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa.
12 La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”. En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación.
16 Fundamento Jurídico III.2, de la referida SCP 0517/2003-R de 22 de abril de 2003.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1655_2026-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): a6bdfb6527c8ade520a5384735ae14103076363ae7c20c2e241e7b2395d7257b
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