B.IA.LEGAL

SCP 1655/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de diciembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58081-2023-117-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante mediante su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la salud; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2023, el Juez demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cuando fue informado de su delicado estado de salud, respaldado por certificados médicos que demostró que no podía permanecer en altura debido a su hipertensión, el traslado desde Trinidad a La Paz representaba un riesgo para su vida, señalándose que la medida extrema no variaba, únicamente el lugar de cumplimiento en el Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad; ante ello, se pidió la concesión de la tutela y que la orden de su detención preventiva sea en el Centro Penitenciario de Mocoví de Trinidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 072/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 130 a 137, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto interlocutorio de 30 de agosto del 2023, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, únicamente respecto a la disposición relativa al lugar donde debe cumplir la detención preventiva. b) Que, la autoridad demandada o quien ocupe dicho cargo, emita nueva determinación sobre el lugar del cumplimiento de la detención preventiva, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no ha sido modificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La procedencia de la tutela del derecho a la vida por medio de la acción de libertad
  2. III.2. El derecho a la salud
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1655/2025-S3 Sucre, 16 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58081-2023-117-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 072/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 130 a 137, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yaskara Ariana Aponte Soria en representación sin mandato de Álvaro Chávez Arteaga contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 24 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito; se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; la autoridad fiscal y jurisdiccional fueron informadas que se encontraba delicado de salud, acreditado mediante certificaciones médicas que demostraron que no podía vivir en la altura debido a su hipertensión, y su traslado de Trinidad a la ciudad de La Paz pondría en grave riesgo su vida y podía ocasionarle la muerte; se señaló que la finalidad de las medidas cautelares impuestas no variaba mientras no fueran modificadas judicialmente y que podía cumplirlas en el Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad; y se garantiza su presencia en el juicio. Independientemente de la apelación sobre la decisión judicial de estar detenido preventivamente, se trata que se cumpla la medida extrema, pero en la ciudad de Trinidad, donde las condiciones climatológicas eran favorables para el control de su salud; los certificados médicos establecieron que padecía hipertensión arterial sistémica, miocardiopatía, enfermedad obstructiva crónica y síndrome coronario agudo, además de función sistólica preservada, disfunción diastólica grado I, insuficiencia mitral y HVI moderado, estas enfermedades requerían evitar presiones altas y estrés extenuante, por lo que la altura de la ciudad de La Paz complicaría gravemente su desmejorado estado de salud de manera peligrosa. El Juez demandado manifestó desconocer la documentación existente en el cuaderno procesal y de investigaciones, desacreditó los informes médicos que acreditaban el riesgo para la salud y vulneraban el derecho a la vida, y resolvió el traslado a la ciudad de La Paz sin considerar que dicha decisión podía provocar su fallecimiento.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció lesión de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la salud, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 1 de la Declaración de América de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 4.1 de la Convención sobre los derechos del Niño (CDN); y, 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que la orden de su detención preventiva sea en el Centro Penitenciario de Mocoví de Trinidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 31 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 117 a 129, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia de garantías ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Existen instituciones que forman parte del proceso principal, pero se presentaron ciudadanos que están apersonados que no han acreditado en representación de que institución se encuentran, no demostraron vínculo laboral, designación profesional ni facultad de representación estatal; b) Se cuestionó que la resolución de detención preventiva atentaba contra la vida y la salud del accionante, cuya finalidad era garantizar su sometimiento a todas las etapas del proceso penal, señaló que el régimen penitenciario funcionaba a nivel nacional y no alteraba el propósito de la medida, por lo que se solicitó su cumplimiento en el Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad, ya que la altura de la ciudad de La Paz agravaba su condición y podía causarle la muerte; c) La autoridad jurisdiccional señaló que el accionante residía en La Paz, hecho reconocido, pero éste renunció el 10 de abril de 2023 debido a complicaciones de salud iniciadas con hepatitis aguda; al enterarse del proceso penal, el 26 de junio del referido año, presentó memorial presentándose espontáneamente solicitando declarar en Trinidad por su condición cardíaca, y allí se recibió su declaración informativa porque se demostró que padecía hipertensión arterial sistemática, cuya elevación podía provocarle una embolia o su muerte, además de sufrir miocardiopatía; d) Se cuestiona la decisión de que la detención preventiva se cumpliera en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pues se consideró que atentaba contra la salud y la vida del accionante; la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0349/2021-S4 de 26 de julio, estableció que un certificado médico particular debía ser reconocido como legítimo sin requerir necesariamente la valoración de un médico forense, en virtud del principio de libertad probatoria; lo solicitado fue que la medida cautelar se ejecutara en un lugar adecuado, donde no se pusiera en riesgo su integridad ni su vida; y, e) La autoridad demandada y los terceros intervinientes interpretaron de manera incorrecta el principio de subsidiariedad, además que no es evidente que se requiriera una certificación médica avalada por un médico forense.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, a través del informe escrito de 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 106 a 108 vta. expresó: 1) En la gestión 2023, el accionante residía en la ciudad de La Paz, desempeñaba funciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y declaró oficialmente que habitaba en esa urbe; sin embargo, y contrariamente a la fecha adolece de una enfermedad; 2) En la audiencia de medidas cautelares se presentaron, a través de la gestora del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dos memoriales con prueba adjunta; sin embargo, no se incluyó ningún informe médico ni documento equivalente que permitiera establecer la enfermedad y valorarla en ese acto; conforme al protocolo de audiencias virtuales, la prueba debía ser ofrecida y producida en la audiencia, la defensa técnica señaló expresamente que la documentación fue acompañada al momento de la declaración informativa, motivo por el cual no se tuvo conocimiento del padecimiento médico; 3) Respecto al estado de salud del accionante, se mencionaron sus enfermedades, pero no se evidenció que fueran graves ni se respaldaron con documentación objetiva más allá del certificado médico, se entendió que en el Centro Penitenciario de la ciudad de La Paz no contaba con atención idónea y oportuna; sin embargo, en cada centro penitenciario existe un servicio médico disponible las veinticuatro horas, encargado de brindar asistencia básica y de urgencia; en caso de requerirse tratamiento especializado, corresponde al Director del establecimiento comunicarlo a las autoridades competentes, así también lo ha establecido en la SCP 0257/2012 de 29 de mayo; 4) En la audiencia de medidas cautelares, la defensa técnica interpuso recurso de apelación incidental, lo que generó la activación paralela de dos jurisdicciones sobre el mismo asunto, los argumentos planteados serán sujetos a debate en la audiencia de apelación, por lo que las vulneraciones denunciadas debían ser analizadas y resueltas por el Tribunal de apelación, dado que la justicia constitucional no podía emitir decisiones paralelas ni contradictorias a la justicia ordinaria; y, 5) El accionante no precisó la modalidad de su acción de libertad, ni acreditó el agotamiento de la subsidiariedad en la causa; la jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme que la vía adecuada para impugnar como en el caso en cuestión era el amparo constitucional, no obstante, cuando se demostró que las vulneraciones afectaron directamente la libertad física o de locomoción, la protección se materializó mediante la acción de libertad, siempre que el procesamiento indebido constituyera la causa inmediata de la restricción o supresión de esos derechos, previo cumplimiento de la subsidiariedad, sin que pudiera emplearse para subsanar la negligencia del accionante.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Ministerio de Transparencia, a través su representante legal, en audiencia, refirió que: i) El accionante fundamentó su pretensión en la existencia de una audiencia de medidas cautelares, en la cual obtuvo una resolución emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de La Paz, en esa instancia interpuso apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante reiterada jurisprudencia, estableció que la acción de libertad tenía carácter de subsidiariedad extraordinaria y no podía tramitarse mientras permaneciera pendiente un recurso como la apelación incidental; y, ii) La SCP 0306/2019-S4 de 29 de mayo, determinó que no era posible acudir simultáneamente a una vía ordinaria y de manera paralela a una extraordinaria como la acción de libertad, al estar pendiente la resolución de la apelación incidental interpuesta, el caso no cumplió con los criterios ni con las reglas establecidas, para que proceda esta acción. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de su representante legal, en audiencia, refirió que: a) El accionante tuvo la oportunidad de presentar pruebas sólidas para desvirtuar los riesgos procesales, pero no lo hizo en el momento adecuado, cuando correspondía acompañar el certificado médico no lo hizo; interpuso recurso de apelación incidental, cuya resolución sigue pendiente, y en caso de que sus argumentos fueran válidos, el juez podría valorar las pruebas y acceder a su petición, siempre bajo el respeto a la normativa vigente, y no ha cumplido la subsidiariedad; y, b) En relación con su salud, se indicó que por la supuesta gravedad de su estado debía permanecer en el Centro Penitenciario Mocoví; sin embargo, el certificado médico de 1 de febrero de 2023 no acreditó ninguna enfermedad grave como la ahora sostenida, se destacó que trabajó en la ciudad de La Paz desde el 15 de octubre de 2021 hasta aproximadamente mayo de 2023 sin presentar problemas que le impidieran residir allí; además que los detenidos preventivos tienen amplias facilidades para ser trasladados a hospitales en caso de enfermedad, garantizando así su derecho a la vida y a la salud. La Procuraduría General del Estado, a través de su representante legal, en audiencia, refirió que: 1) El accionante interpuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 456/2023 de 30 de agosto, cuya resolución permanece pendiente; la SCP 401/2023 estableció que no era posible acudir a la jurisdicción constitucional mientras existieran recursos sin resolver, ya que ello constituía un impedimento para emitir decisiones y podía generar duplicidad de resoluciones entre ambas jurisdicciones, con el consiguiente riesgo de vulnerar el principio de seguridad jurídica; y, 2) El accionante podría solicitar en cualquier momento de la etapa preparatoria la modificación de la medida cautelar para cumplir la detención preventiva en su lugar de origen; también tiene la posibilidad de pedir salidas médicas con el fin de recibir atención de especialistas que considerara adecuados para proteger su vida y su salud; por otro lado, el certificado médico presentado no fue homologado por el Instituto de Investigaciones Forenses. Bladimir Bolívar Alvarado, Fiscal de Materia, en audiencia, refirió que: i) Se dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; solicitó la tutela de sus derechos a la vida, dignidad, libertad personal y salud, pidiendo cumplir la medida en el Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad; sin embargo, el derecho a la salud correspondía ser protegido mediante acción de amparo constitucional y no por acción de libertad, en este caso no se evidenció una privación indebida de su libertad, tratándose de un asunto complejo; ii) La defensa técnica interpuso recurso de apelación incidental, el cual va a ser resuelto en una Sala Penal respecto a los agravios derivados de la detención preventiva; pues no resultaba posible activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo propósito, ya que ello generaba disfunciones procesales; tampoco era procedente acudir a la acción de libertad cuando el ordenamiento jurídico preveía medios específicos de impugnación, solo una vez agotada la vía de defensa y persistiendo la lesión podía acudirse a la jurisdicción constitucional; y, iii) No se cuenta con una certificación que confirmara que su vida estuviera en riesgo, ni que justificara que su traslado a La Paz es peligroso para su vida; desde el 15 de febrero de 2021 trabajó en esa ciudad sin haber manifestado problemas de salud; en consecuencia, se consideró que no había afectación al derecho a la vida, su privación de libertad y locomoción estaba sujeta a la vía de apelación ya activada.

I.2.4. Resolución

Los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituidos en Tribunal de garantías, por Resolución 072/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 130 a 137, concedió la tutela solicitada, ordenando que la autoridad demandada, determine la detención preventiva conforme a los parámetros de ésta resolución, si es necesario en el centro de Rehabilitación de Varones Mocoví de ésta ciudad- Trinidad-, a cuyo efecto debe valorar la documentación presentada por el ; y ordena que se mantenga la medida cautelar determinada en el auto de “admisión” (sic) hasta que el Juez se pronuncie con relación a lo ordenado por éste Tribunal de garantías, “hasta en cuanto la Autoridad demandada dicte un nuevo Auto de forma inmediata dentro del plazo de 48 horas una vez notificada” (sic). Decisión asumida con base en los siguientes elementos: a) Refirió que el art. 125 de la CPE, tenía como finalidad esencial precautelar la vida y la libertad de las personas, cuando se encuentran ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas o privadas de libertad; el tribunal o juez de garantías, al conocer tales conculcaciones, debe tutelar la vida, cesar la persecución indebida, restablecer las formalidades legales o, en su caso, restituir la libertad del accionante; además de tratarse un mecanismo de defensa constitucional extraordinario, de carácter preventivo, correctivo y reparador, creado para garantizar de manera inmediata y efectiva la protección de los derechos fundamentales; b) En casos específicos, pueden ser tutelados mediante la acción de libertad, cuando se cuestiona el derecho a la salud vinculado con una determinación de una autoridad jurisdiccional, cuando se encuentra en riesgo el derecho a la vida como derecho fundamental; c) La SCP 0575/2016-S3 de 17 de mayo, señaló que la naturaleza del derecho a la vida exigía eliminar cualquier formalismo en su protección; en consecuencia, se reconoció la función protectora de la acción de libertad respecto a ese derecho cuando se solicitaba su tutela ante la jurisdicción constitucional; respecto al derecho a la salud vinculado al derecho a la vida, debía prevalecer lo dispuesto por los derechos fundamentales; d) El Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó de manera categórica que la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad no se aplicaba cuando se denunciaba la vulneración del derecho a la vida, señaló que su protección era prioritaria por constituir un bien jurídico esencial y fuente de los demás derechos, por lo que podía solicitarse de forma directa ante la jurisdicción constitucional sin necesidad de agotar previamente la vía ordinaria; e) En este caso, si bien se tiene un recurso de apelación incidental interpuesto; pero en esta acción no se analizan la medida impuesta como la detención preventiva, sino únicamente la decisión que dispuso su cumplimiento en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; el tribunal de alzada resolvería los aspectos específicos no cuestionados en la acción de libertad, de ejecutarse en La Paz, su vida estaría en riesgo por la afectación a su salud según los certificados presentados; f) En cuanto al carácter fundamental del derecho a la salud, se estableció que no implicaba únicamente estar libre de enfermedad, sino garantizar una existencia con calidad de vida, dicho derecho fue reconocido como esencial y estrechamente vinculado con la vida, la integridad personal y la dignidad humana; y, g) En este caso se presentó prueba que acreditaba el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, enfermedad obstructiva crónica y síndrome coronario agudo; con esa documentación, el Juez demandado tenía la obligación de actuar como garante de los derechos fundamentales, especialmente la vida y la salud; sin embargo, realizó una valoración subjetiva al señalar que el accionante había residido anteriormente en La Paz, sin otorgar la debida credibilidad a los certificados médicos, no correspondía basarse en elementos ajenos a la evidencia, pues debía considerar el riesgo demostrado en los documentos y las condiciones de altura que afectaban la salud del accionante; al no valorar correctamente la prueba, su decisión podía ocasionar un daño irreversible y poner en peligro la vida del afectado. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Viceministerio de Transparencia a través de su representante solicitó que: 1) En aplicación del art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se solicita complementación y enmienda, requiriendo aclarar si el certificado médico valorado por un galeno respecto a las anomalías de salud del accionante estaba adjunto o incorporado al cuaderno de investigaciones conforme al memorial de acción de libertad, o si dicha documentación fue presentada en otro proceso; y, 2) Solicito se pueda aclarar si de conformidad como estable el memorial de acción de libertad se señaló además que el accionante remitió como prueba un cuaderno de investigaciones ajeno al conocimiento de la autoridad jurisdiccional. También, en vía de aclaración, complementación y enmienda, la Procuraduría General del Estado, a través de su representante solicitó que: i) Pueda aclarar y precisar sobre qué elemento probatorio presentado ante su autoridad se concluyó que la hipertensión constituía una enfermedad letal, así como identificar los fundamentos utilizados para conceder la tutela; y, ii) Se ha dispuesto que el accionante cumpliera detención preventiva en el departamento del Beni; se solicita aclarar y complementar respecto a los actos investigativos pendientes en La Paz, como inspecciones técnicas oculares y registros, precisando bajo qué responsabilidad se asumirían los gastos; y se establezca si el accionante o el accionado presentaron documentación idónea que hubiera sido puesta en conocimiento del Juez demandado, ya que no se aportó prueba sobre la situación médica alegada. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el citado Tribunal de garantías en la resolución principal, cursante de 136 a 137, argumento que, conforme al art. 36.9 del CPCo: Respecto a la complementación, aclaración y enmienda al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: a) se refiere a la valoración de certificados médicos, sin embargo, la identificación de dichos documentos no forma parte de la acción de libertad, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento sobre ese aspecto; y, b) La autoridad demandada señaló la existencia de dos memoriales de apersonamiento acompañados de prueba literal, en los cuales no constaba ningún informe médico ni documento similar que acreditara el padecimiento alegado y que pudiera ser valorado en la audiencia de medidas cautelares, en caso de haberse faltado a la verdad, no correspondía que el Tribunal identificara en qué procesos se presentó dicha documentación. Respecto a la solicitud de la Procuraduría General del Estado: 1) El Tribunal de garantías estableció que no corresponde presumir la existencia de una enfermedad letal, lo relevante es asegurar la protección del derecho a la salud, cuya valoración debe realizarse de manera integral; en el caso concreto, se presentó documentación señalando que los certificados médicos ya fueron entregados a la autoridad demandada, en consecuencia, deben prevalecer los derechos de acceso a la salud y a la vida; y, 2) Sobre si los gastos de la investigación va a generar costos no corresponde pronunciarse porque no forman parte de la acción de libertad, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento sobre ese aspecto. El Tribunal complementó su resolución, indicando que el accionante permanece detenido en la FELCC de Trinidad y debe continuar en esa carceleta en cuanto se pronuncia la nueva determinación por parte del Juez demandado.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de éste Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Disco Compacto (CD) de grabación de la audiencia de consideración de medidas cautelares; en el que se hace referencia a los datos del caso, estableciéndose que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Álvaro Chávez Arteaga -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito; Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz -demandado-, emite el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2023, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de seis meses, y señala audiencia de consideración de cumplimiento de plazo el 30 de febrero de 2024; al verificarse los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previsto en los arts. 234.1,2 y 235.2 del CPP; por lo que al amparo del art. 251 del CPP interpone recurso de apelación incidental (fs. 28). II.2. Se cuenta con el Certificado Médico de 20 de mayo de 2023, emitido por Elvis Rodrigo Villegas Gómez en su calidad de médico cardiólogo, correspondiente al accionante; diagnosticando Hipertensión arterial esencial, VHI moderada, esclerosis aórtica leve; con pronóstico reservado (fs. 10).

II.3. Consta Certificado Médico de 22 de junio de 2023, emitido por Richard Luis Urquieta Cayoja, en su calidad de médico cardiólogo de la CNS, correspondiente al accionante; diagnosticando hipertensión arterial sistémica, miocardiopatía hipertrófica, enfermedad obstructiva crónica y síndrome coronario agudo, e Informe de Ecocardiograma de fecha 20 de mayo de 2023 (fs. 17 y 18). II.4. Cursa memorial de apersonamiento del accionante dirigido al representante del Ministerio Público y solicitud de recepción de su declaración informativa mediante cooperación, por motivos de salud, en el que explica que constantemente sufría desmayos por problemas de presión arterial que sufre (fs. 96).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante mediante su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la salud; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2023, el Juez demandado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cuando fue informado de su delicado estado de salud, respaldado por certificados médicos que demostró que no podía permanecer en altura debido a su hipertensión, el traslado desde Trinidad a La Paz representaba un riesgo para su vida, señalándose que la medida extrema no variaba, únicamente el lugar de cumplimiento en el Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad; ante ello, se pidió la concesión de la tutela y que la orden de su detención preventiva sea en el Centro Penitenciario de Mocoví de Trinidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La procedencia de la tutela del derecho a la vida por medio de la acción de libertad

La SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, reiterando el razonamiento establecido en la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, refirió que: «“‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”’ Del entendimiento jurisprudencial citado se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, por cuanto las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conferir la tutela solicitada» (las negrillas son nuestras).

Finalmente, cabe señalar que la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, refiriéndose al contenido esencial del derecho a la vida, señala que: “Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.). 2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.”

III.2. El derecho a la salud

La SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, determinó que: “Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud; así, en el ámbito de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el art. 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala que: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’.

En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: ‘La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la presencia de una patología de tal magnitud como las enfermedades terminales, por ejemplo, además de conducir a la muerte, desmejora la calidad de vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse’” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y a la salud; mediante Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2023, el juez demandado ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese a que fue informado de su delicado estado de salud, acreditado con certificados médicos, que su traslado desde Trinidad a La Paz implicaba un riesgo para su vida, la medida extrema no variaba, únicamente el lugar de cumplimiento en el Centro Penitenciario Mocoví de Trinidad. Antes de ingresar al examen de fondo, corresponde hacer referencia a la observación relativa al incumplimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Sobre ese aspecto procesal, cabe precisar que, si bien es cierto que el Auto interlocutorio que aplica detención preventiva es impugnable a través del recurso de la apelación incidental, conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP; y, que en el caso examinado, el peticionante de tutela hizo uso de ese recurso, el cual, al momento de la interposición de esta acción de tutela, no habría estado resuelto; empero, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional, cuando se trata de la protección del derecho a la vida, debe efectuarse la abstracción de la subsidiariedad excepción, tal como corresponde en este caso, puesto que el accionante denuncia la vulneración del indicado derecho. Consiguientemente, corresponde ingresar al examen de fondo.

En dicho cometido, se tiene que de acuerdo a los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que el Juez demandado, emitió el Auto Interlocutorio de 30 de agosto de 2023, ordenando la detención preventiva del imputado Álvaro Chávez Arteaga en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1,2 y 235.2 del CPP; al amparo del art. 251 del mismo cuerpo legal, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.). Por otra parte, en cuanto al estado de salud del imputado, hoy accionante, se ha presentado el certificado médico de 20 de mayo del 2023, que da cuenta que el peticionante de tutela fue diagnosticado con Hipertensión arterial esencial, HVI moderada; y Esclerosis Aeróbica leve; con pronóstico: “Reservado; y, la recomendación de extremar medidas orientadas y se indican más complementarios para descartar causas de HTA secundaria (Conclusión II.2); asimismo, el certificado médico de 22 de junio del 2023, expedido por el médico cardiólogo de la Caja Nacional de Salud, Richard Luis Urquieta Cayoja, quien señala que el peticionante de tutela tiene diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, miocardiopatía hipertrófica, enfermedad obstructiva crónica y síndrome coronario agudo; y, se recomienda cumplir con la medicación además del cambio de estilo de vida, no someterse a estrés extenuante (Conclusión II.3). Ahora bien, la autoridad demandada, en el Auto Interlocutorio de 30 de agosto del 2023, señala que “…con respecto al grave estado de salud que tuviera el ahora sindicado, no se tiene prueba algún producida para que pueda ser valorada”; asimismo, en su informe presentado en la presente acción de defensa, admite que, en la audiencia de consideración de la aplicación de medidas cautelares, se presentaron dos memoriales sin incluir informe médico ni documento equivalente que permitiera establecer la enfermedad y valorarla en ese acto. Como se advierte, se encuentra acreditado que la autoridad judicial demandada fue informada del grave estado de salud del imputado; por lo cual, independientemente de que en la referida audiencia de aplicación de medidas cautelares, no se hubiera presentado los informes o certificaciones médicas sobre la acreditación de las patologías que tenía el hoy accionante, al habérsele puesto en conocimiento de que el imputado padecía de enfermedades vascular, cardiacas y pulmonar, el Juez demandado, adoptando la posición de garante que les incumbe a los agentes estatales respecto de las personas privadas de la libertad personal, estaba en el deber de salvaguardar los derechos a la vida y a la salud del hoy accionante, al tener este la condición de privado de libertad; consiguientemente, tomando en cuenta que el encarcelamiento preventivo del imputado en un recinto carcelario situado en lugar diferente al habitad natural del imputado, como ocurre por ejemplo con una persona que habita en tierras con un relieve cercano a la altitud que debe cumplir la medida cautelar en un recinto penitenciario situado en lugares de altitud extrema, no puede ser dispuesta sin garantizar dichos derechos; la autoridad jurisdiccional demandada estaba obligada a prevenir los riesgos objetivos para la salud y la vida del privado de libertad; puesto que no es necesario que el daño se concrete, basta que el riesgo sea significativo, previsible y evitable; ya que, aun sin existir un daño actual, la imposición de condiciones ambientales extremas a un privado de libertad sin considerar que el mismo estaba cursando patologías vasculares, cardiacas y pulmonares; y, sin contar con un informe médico, sobre la conveniencia del traslado del imputado en esas circunstancias, la decisión de que la detención preventiva se cumpla en la ciudad de la Paz, constituyó en un trato incompatible con los derechos a la salud y a la vida del imputado Álvaro Chávez Arteaga, hoy accionante. En ese orden, toda vez que mediante certificados médicos aludidos se evidencia que el peticionante de tutela padece de enfermedades, vascular, cardiacas y pulmonar, la determinación de que su detención preventiva se cumpla en una ciudad de altitud como la ciudad de La Paz, siendo que el imputado se encontraba residiendo en un lugar de relieve cercano al mar, como es el caso del departamento del Beni, no podía ser determinada sin que previamente se efectué un examen médico sobre el impacto de los riesgos médicos previsibles derivados de la altitud, en el estado de salud en el que se encontraba el imputado al momento de disponerse su detención preventiva en la Cárcel de San Pedro de La Paz. Al no haberse procedido de esa manera, evidentemente, el Juez demandado, ha puesto en riesgo el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida del imputado Álvaro Chávez Arteaga, hoy accionante. Asimismo, se ha vulnerado el derecho a la libertad personal y a la dignidad del peticionante de tutela, puesto que al haberse puesto en riesgo sus derechos a la salud y a la vida, se ha agravado indebidamente las condiciones de la restricción de su derecho a la libertad personal, con lo cual, se ha desconocido que la aplicación de la detención preventiva, si bien restringe el derecho a la libertad personal, no implica la restricción de los otros derechos fundamentales -derechos a la salud y a la vida- que tiene por su condición de persona circunstancialmente privada de su libertad personal; razones por las cuales, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 072/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 130 a 137, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto interlocutorio de 30 de agosto del 2023, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz, únicamente respecto a la disposición relativa al lugar donde debe cumplir la detención preventiva. b) Que, la autoridad demandada o quien ocupe dicho cargo, emita nueva determinación sobre el lugar del cumplimiento de la detención preventiva, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no ha sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1655_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6148a2df5a17898f727f1ae5bf911212c88dac84913ff6ee956ce1560fe1dcbd

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →