B.IA.LEGAL

SCP 1655/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57868-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la celeridad; puesto que, se atribuye a los ahora accionados una actuación dilatoria en la tramitación de la causa penal que sigue contra Humberto López Miranda -su ex pareja-, que habiéndose emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, la Fiscal de Materia hoy coaccionada no procedió a diligenciar la notificación oportuna con la misma a través de la Oficina de Servicios Comunes, provocándose dilación en la tramitación y, no obstante planteó objeción al rechazo de denuncia, tampoco fue remitida “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-; sin embargo, se reiteró mediante escritos el 17 y 24 de ese mes y año, omisión que beneficia de manera parcializada al denunciado y, no considera su condición de mujer víctima, sin que el Juez ahora accionado ejerciera un efectivo control jurisdiccional de la causa, el Comandante de la Policía Boliviana y el Director General de la FELCN, tramitaran la denuncia disciplinaria activada contra el procesado, demostrando una falta de acción ante las amenazas de muerte contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Las atr…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, debiendo la Fiscal de Materia remitir en el plazo de cuarenta y ocho horas la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, a la Oficina de Servicios Comunes para su diligenciamiento; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Álvaro José Álvarez Griffiths, Comandante de la Policía Boliviana, José Gregorio Illanes Rivero, Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, respecto a los derechos a la vida y a la integridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1655/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57868-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato Giorgina Sandra Torrez Quiroz contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; Álvaro José Álvarez Griffiths, Comandante de la Policía Boliviana; José Gregorio Illanes Rivero, Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y, Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 30 de junio de 2023, cursante de fs. 63 a 72 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Humberto López Miranda -su ex pareja-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), habiéndose emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, la Fiscal de Materia ahora coaccionada, no procedió a diligenciar la notificación oportuna con la misma, por medio de la Oficina de Servicios Comunes -instancia encargada de garantizar el cumplimiento de las formalidades legales-, generándole un profundo temor a su vida y seguridad ante amenazas recibidas de su ex pareja en su condición de policía, quien expresó “que la mataría”, provocándose dilación en la tramitación de la causa que sigue. Ante la falta de notificación y dándose por notificada con la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023, el 12 de mayo de 2023, planteó objeción a la citada Resolución de Rechazo de Denuncia, respondiéndose mediante decreto de 13 de ese mes y año, haciendo mención de la necesidad de remitir los antecedentes a la Fiscalía Departamental de la Paz y cumplir formalidades legales, sin que “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- dicha remisión no fue cumplida por parte de la Fiscal de Materia ahora coaccionada; asimismo, no remitió a la Oficina de Servicios Comunes, no obstante se reiteró mediante escritos de 17 y 24 de ese mes y año, omisión que beneficia de manera parcializada al denunciado y, no considera su condición de víctima. El 29 de mayo de 2023, ante la demora incurrida por la Fiscal de Materia hoy coaccionada, solicitó al Juez ahora accionado realice el respectivo control jurisdiccional, quien el 12 de junio de ese año, procedió a conminarla, la citada Fiscal de Materia respondió que no se hubiese realizado las respectivas notificaciones por parte de la Oficina de Servicios Comunes, reconociendo los aspectos denunciados. Así también, a pesar de presentar denuncia disciplinaria contra el procesado, esta fue ignorada, develando la ineficacia del sistema, provocando que elevara quejas formales y escritas ante el Director General de la FELCN hoy coaccionado; y el Comandante de la Policía Boliviana ahora coaccionado; sin que las mismas fueran respondidas, demostrando una falta de acción ante las amenazas de muerte contra su persona. Por último, solicita se abstraiga de la subsidiariedad excepcional aplicable a la acción de libertad, por tratarse de una víctima de violencia, conforme estableció la SCP 0414/2019-S3 de 12 de agosto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la celeridad; citando al efecto los arts. 8, 15 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) El resguardo de su vida y protección de sus derechos como víctima de violencia doméstica, conminando a la Fiscal de Materia ahora coaccionada para remitir las notificaciones a la Oficina de Servicios Comunes y los antecedentes al superior jerárquico y, se envié a proceso disciplinario y penal por retardación de justicia por su actitud negligente; b) La implementación de medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar, debiendo realizarse una investigación minuciosa de los hechos denunciados en el proceso penal con una pronta resolución, actuando la citada Fiscal de Materia de manera diligente e imparcial ante las amenazas de muerte y peligrosidad del procesado; y, c) Se realice una investigación exhaustiva y objetiva sobre los hechos denunciados en el proceso disciplinario, incluyendo la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades policiales, con el fin de identificar a los responsables y promover el acceso a la justicia, debiendo imponerse sanciones y acciones disciplinarias tanto al denunciado como a cualquier funcionario involucrado en la omisión de dar respuesta adecuada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 30 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 83, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Las denuncias de amenazas de muerte de su ex pareja -denunciado en el proceso penal-, fueron de conocimiento del funcionarios policiales ahora accionados el 15 de junio de 2023, sin obtener respuesta alguna, a pesar que se trata de su derecho a la vida que se encuentra en peligro; y, 2) La demora por parte de la Fiscal de Materia hoy coaccionada de no actuar con diligencia en la remisión de las notificaciones con la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 a la Oficina de Servicios Comunes, le provocó un profundo temor, que al encontrarse el proceso en etapa investigativa recibió constantes amenazas de su ex pareja que es funcionario policial, sin que en plazo aproximadamente de tres meses se remita la objeción a dicha determinación, manifestándole que no podía efectuarse la notificación, indicándole que vuelva, a pesar que recibió conminatoria de la autoridad de control jurisdiccional, existiendo incluso una diligencia de medida de protección, la cual no fue homologada por el Juez hoy accionado.

I.2.2. Informes de las autoridades accionadas

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) Es diferente la otorgación de medidas de protección conforme prevé el art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, para la cual tiene facultades el Ministerio Público frente a la regulación del art. “61”, que refiere a la solicitud de la ratificación de dichas medidas, no siendo evidente lo alegado por la accionante de que no se estaría velando por las mismas, que si bien el Ministerio Público presentó medidas de protección, no se solicitó su ratificación tampoco pidió audiencia a objeto de su verificación; por lo que, mal podría referirse que existiera incumplimiento de su parte; y, ii) En virtud del art. 267 del CPP, no puede realizar actuados investigativos ni el Ministerio Público podría efectuar actos jurisdiccionales, siendo una la vía jurisdiccional y otra la disciplinaria a la cual puede acudir la accionante con sus denuncias; de igual manera, en cuanto a las denuncias de la comisión de delitos, sin que se hubiese identificado en qué medida se hubiese transgredido sus derechos o qué acto fuera vulnerador del derecho a la vida, tampoco aclara a qué tipo de acción de libertad se refiere, instructiva, preventiva, reparadora o de pronto despacho. Con todo lo alegado, pide se deniegue la tutela solicitada. Álvaro José Álvarez Griffiths, Comandante de la Policía Boliviana, en audiencia manifestó que: a) Respecto de la alegación de la accionante de presentar memorial de queja el 15 de junio de 2023, según prevé el art. 18 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), dicho memorial se tramitó bajo el código 11310 en Inspectoría General, instancia que a través de Informe 181 -no indica fecha-, de Asesoría Legal, del cual tiene pleno conocimiento la accionante, el proceso disciplinario se encuentra con rechazo, cuyas instancias en virtud del art. 22 de dicha Ley, tienen autonomía funcional, sin que se tenga derechos vulnerados de la nombrada; y, b) La acción de libertad reconoce cuatro causales de procedencia, sin que concurriera ninguna de estas en la actuación que tuvo, actuándose con la debida diligencia; mas aun, si no se especifica cuáles los fundamentos que hubiesen vulnerado el derecho a la vida que alega. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada. José Gregorio Illanes Rivero, Director General de la FELCN, si bien su representante se conectó a la audiencia virtual, no fue considerada la intervención de su representante, al no acreditar representación en dicho acto procesal. Nidelka Alina Canaviri Ríos, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que su persona asumió funciones en el presente despacho desde el 9 de junio de 2023, no siendo evidente que hubiese emitido una resolución de rechazo de denuncia en abril de ese año, misma que fue emitida por la entonces Fiscal de Materia Lidia Yujra Reyes; contra la cual, la accionante planteó objeción, sin cumplir con los requisitos previstos en el art. 305 del CPP, no obstante ello procedió a efectuar las debidas diligencias de notificación, tal cual se hizo conocer al Juez de control jurisdiccional, solicitándose su diligenciamiento a la Gestora el 12 de junio de ese año cumpliendo sus obligaciones de diligenciar las notificaciones y remisión al superior en grado, sin que exista retardación de justicia, cuyas diligencias son de la misma fecha; asimismo, se respondió a la conminatoria del Juez a quo. Por lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 55/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta., concedió la tutela contra la Fiscal de Materia ahora coaccionada, disponiendo que remita en el plazo de cuarenta y ocho horas la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 a la Oficina de Servicios Comunes para su diligenciamiento y, se deniega con relación al Director General de la FELCN, Comandante de la Policía Boliviana y el Juez ahora accionado; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad contempla cuatro causales de procedencia para su interposición; 2) Cuando la vida esté en peligro, para lo cual debe existir un peligro inminente de dicha prerrogativa o a la integridad física, sin que en el presente caso se hubiese acreditado la misma, limitándose las abogadas de la accionante a señalar que correría riesgo dicha prerrogativa, sin arrimar documentación alguna que evidencie el riesgo o amenaza sufrida; 3) Que este ilegalmente perseguida por alguna autoridad o se hubiese librado orden de aprehensión, captura o detención al margen de los casos previstos por ley; en el caso de autos, no se evidencia que la accionante este procesada, sino más bien se constituye en víctima del proceso de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; 4) Que la accionante este indebidamente procesada; empero, en el presente caso, la nombrada refirió que presentó ante la autoridad de control jurisdiccional una solicitud de control jurisdiccional el 27 de junio de 2023, quien hubiese conminado en el plazo de cuarenta y ocho horas, su remisión al Fiscal Departamental de La Paz, a efectos de hacer conocer el accionar de la Fiscal de Materia hoy coaccionada de cumplimiento a los oficios bajo advertencia de remitir antecedentes ante la unidad disciplinaria para la apertura del proceso disciplinario o penal según corresponda, de lo que se establece que el Juez ahora accionado cumplió con su función de autoridad; 5) Que la accionante este indebidamente privada de libertad, sin que en el caso de autos concurra la misma, no encontrándose la nombrada privada de libertad, no existe ningún mandamiento de aprehensión en su contra; 6) Con relación a la citada Fiscal de Materia, esta no hubiese remitido la -Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023- a la Oficina de Servicios Comunes para la notificación respectiva, quien mediante memorial de 12 de junio de 2023, puso en conocimiento de la autoridad judicial ahora accionada que asumió el despacho desde el 9 de igual mes y año, de cuya revisión del cuaderno de investigación, se advierte que se emitió la citada Resolución de Rechazo de Denuncia en abril, sin que fuera notificada a ninguna de las partes a efectos de presentar objeción, que antes de remitir la causa al superior jerárquico, debe dar estricto cumplimiento al art. 305 del CPP, y no vulnerar derechos y garantías; empero, la citada Fiscal de Materia no presentó documentación alguna de la remisión de la referida Resolución de Rechazo de Denuncia a la Oficina de Servicios Comunes para la notificación respectiva, mas aun, reconoce que se emitió el rechazo de denuncia y, refiere que no fue notificada a las partes; y, 7) Con relación al Director General de la FELCN y al Comandante de la Policía Boliviana, según informe evacuado por sus abogados, fueron resueltas las peticiones presentadas por la accionante, y respecto de que el proceso disciplinario que instauró contra el procesado en su calidad de efectivo policial hubiese sido rechazado, la “resolución” que así, lo determina lo adjunta la accionante, sin que sobre dichas autoridades se advierte que hubiesen vulnerado derechos de la accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 98, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de ese mes y año cursante a fs. 102; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 11 de abril de 2023, ante Alejandro Gamboa Mendoza Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, Lidia Yujra Reyes Ortiz, Fiscal de Materia, presentó Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de ese mes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Giorgina Sandra Torrez Quiroz -ahora accionante- contra Humberto López Miranda por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica tipificada en el art. 272 Bis del CP (fs. 31 a 32 vta.).

II.2. Mediante memorial de -mayo de 2023- dirigido a la Fiscal de Materia, la accionante, planteó objeción contra la Resolución de Rechazo de Denuncia (fs. 22 a 25).

II.3. Consta Resolución de Rechazo de Denuncia de 19 de mayo de 2023, emitida por Jaime Cruz Rodrigo, Fiscal Policial, dentro del proceso disciplinario bajo la denuncia de la accionante contra Humberto López Miranda -denunciado en el proceso penal-, en la que rechaza la denuncia (fs. 48 a 52 vta.). Habiendo sido objeto de impugnación por la nombrada mediante memorial de 26 de igual mes y año, cursa Resolución Administrativa 018/2023 de 30 de ese mes, emitida por Henry Ontiveros Gambarte, Fiscal Departamental Policial Cochabamba, a través del cual, confirma la citada Resolución de Rechazo de Denuncia (fs. 41 a 46 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la celeridad; puesto que, se atribuye a los ahora accionados una actuación dilatoria en la tramitación de la causa penal que sigue contra Humberto López Miranda -su ex pareja-, que habiéndose emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, la Fiscal de Materia hoy coaccionada no procedió a diligenciar la notificación oportuna con la misma a través de la Oficina de Servicios Comunes, provocándose dilación en la tramitación y, no obstante planteó objeción al rechazo de denuncia, tampoco fue remitida “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-; sin embargo, se reiteró mediante escritos el 17 y 24 de ese mes y año, omisión que beneficia de manera parcializada al denunciado y, no considera su condición de mujer víctima, sin que el Juez ahora accionado ejerciera un efectivo control jurisdiccional de la causa, el Comandante de la Policía Boliviana y el Director General de la FELCN, tramitaran la denuncia disciplinaria activada contra el procesado, demostrando una falta de acción ante las amenazas de muerte contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, iv) Análisis del caso concreto

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, reiterando los razonamientos de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La 0207/2025-S1 de 25 de marzo, reiterando los entendimientos de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, precisó que: “En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero.

Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-

La SCP 0469/2024-S1 de 26 de agosto, establece que: “Según dispone el art. 15.III de la Constitución Política del Estado (CPE), es deber del Estado: ‘…el adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público o privado’.

En este orden el Estado, asumiendo como prioridad nacional la erradicación de la de violencia hacia las mujeres, promulgó la Ley 348, cuyo objeto es establecer medidas y políticas integrales de atención, prevención y reparación a las personas en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, bajo los principios de vivir bien, trato digno, igualdad, informalidad, atención diferenciada, especialidad, entre otros.

En este marco, el art. 61 de la Ley 348, establece que el Ministerio Público además de ejercer la acción penal pública en casos de violencia debe adoptar las siguientes medidas, entre otras:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

(…)

4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional’. Bajo este razonamiento, en el que se asumió como política con prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la Ley 348 dispone que las autoridades públicas que tienen conocimiento de este tipo de hechos, como ser las jurisdiccionales, el Ministerio Público y los miembros de la Policía Boliviana, deben regirse por los principios y garantías procesales de celeridad, imposición de medidas cautelares, protección, accesibilidad, verdad material, reparación y simplificar el procedimiento penal para delitos de violencia contra las mujeres, en el mismo sentido el art. 87 de la misma Norma, establece directrices en los procesos judiciales o administrativos relacionados a violencia de género, entre las que se encuentran: La Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia, obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la celeridad; puesto que, se atribuye a los ahora accionados una actuación dilatoria en la tramitación de la causa penal que sigue contra Humberto López Miranda -su ex pareja-, que habiéndose emitido la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, la Fiscal de Materia hoy coaccionada no procedió a diligenciar la notificación oportuna con la misma a través de la Oficina de Servicios Comunes, provocándose dilación en la tramitación y, no obstante planteó objeción al rechazo de denuncia, tampoco fue remitida “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-; sin embargo, se reiteró mediante escritos el 17 y 24 de ese mes y año, omisión que beneficia de manera parcializada al denunciado y, no considera su condición de mujer víctima, sin que el Juez ahora accionado ejerciera un efectivo control jurisdiccional de la causa, el Comandante de la Policía Boliviana y el Director General de la FELCN, tramitaran la denuncia disciplinaria activada contra el procesado, demostrando una falta de acción ante las amenazas de muerte contra su persona. De la documentación en calidad de prueba arrimada al proceso constitucional, referente a la causa penal seguida por la accionante contra Humberto López Miranda -su ex pareja- por el delito de violencia familiar o doméstica, se tiene Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023, emitida por Lidia Yujra Reyes Ortiz, Fiscal de Materia, disponiendo el rechazo de la denuncia; contra el cual, la aludida hubiese planteado objeción mediante memorial de -mayo de 2023- (Conclusiones II.1. y II.2.); así también consta, Resolución de Rechazo de Denuncia de 19 de mayo de 2023, dentro del proceso disciplinario bajo la denuncia de la accionante contra Humberto López Miranda, emitido por Jaime Cruz Rodrigo, Fiscal Policial, por medio de la cual rechaza la denuncia; y, en alzada Henry Ontiveros Gambarte, Fiscal Departamental Policial Cochabamba a través de la Resolución Administrativa 018/2023, confirmó la citada Resolución de Rechazo de Denuncia impugnada (Conclusión II.3.).

Antes de ingresar al análisis del presente caso, atendiendo los presupuestos de procedencia de la acción de libertad y, en virtud de la jurisprudencia constitucional que prevé la apertura y posibilidad de presentación directa en casos de constituirse como accionante una mujer víctima de violencia familiar y doméstica, la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, extendió tal flexibilidad, obviando los mecanismos de la vía ordinaria por no resultar efectivos en el establecimiento de medidas de protección a la misma y a fin de reforzar su protección jurídica, estableciendo la posibilidad de acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata, sosteniendo que: “…no es admisible invocar la causal de subsidiariedad, que en la tramitación de la acción de libertad constituye una excepción a la regla…”. Consecuentemente, en el presente caso, al constituirse la activante de la presente acción tutelar una mujer víctima de violencia, quien, a pesar de haber formulado objeción a la resolución de rechazo de denuncia, amerita emplear dicha flexibilización, apartándose no solo la subsidiariedad excepcional aplicable en la acción de libertad, sino también a ingresar al análisis de fondo del presente caso.

Ahora bien, efectuada dicha consideración necesaria para ingresar al análisis propiamente, amerita remitirse a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que precisa entre los tipos de acción de libertad a la traslativa o de pronto despacho -SC 0044/2010-R de 20 de abril-, con el objeto de acelerar los trámites judiciales o administrativos en casos de dilaciones indebidas por cualquier autoridad, precisamente en respeto de los derechos fundamentales y la concreción del principio de celeridad -entre otros-, definido este último como un elemento integrante del debido proceso, cuya observancia implica para toda autoridad el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones y, en cumplimento de los plazos establecidos en la norma; así, el art. 5.7 de la LOMP, prevé que el Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones.

En ese marco jurisprudencial, tal cual fueron delimitados los antecedentes remitidos a consideración, se deduce que los hechos denunciados tuvieron lugar dentro de un proceso penal instaurado por la accionante contra su ex pareja por el delito de violencia familiar o doméstica, en la que se hubiese dispuesto mediante Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, emitida por Lidia Yujra Reyes Ortiz, Fiscal de Materia, disponiendo el rechazo de la denuncia; al respecto, cabe aclarar que, si bien la Fiscal de Materia ahora coaccionada no suscribió dicha determinación, asumió el conocimiento de la causa el 9 de junio de 2023, sin que desde esa fecha hasta la activación de la acción de libertad hubiese remitido los antecedentes a la Gestora a objeto de su diligenciamiento, y si bien alega haber respondido mediante informe el 12 de ese mes y año, ante la autoridad de control jurisdiccional, esa data tampoco acreditó que ya hubiese remitido dichas diligencias de notificación a la pates, como evidencio el Juez de garantías que tuvo inmediación con el cuaderno de investigación, evidenciando la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 sin constar ninguna notificación a las partes, mucho menos ser remitida la objeción al superior jerárquico; de modo que, sin bien asevera haber diligenciado la misma, no remitió prueba alguna que así lo pruebe, advirtiéndose una actuación dilatoria contraria a su deber de cumplir la debida celeridad a efectos de la concreción de una justicia pronta y oportuna, en observancia y aplicación de lo sentado por la jurisprudencia constitucional precedentemente citada.

Por lo que, si bien en el caso presente caso no se trata de un privado de libertad como activante de la tutela, se constituye como accionante una mujer víctima de violencia que reclama justicia pronta o cuando menos dentro de un plazo razonable; cuya causa debió tramitarse con la debida premura, evidenciándose una actuación que se apartó de la previsión del art. 5.7 de la LOMP, que regula el principio de celeridad aplicable al ejercicio de sus funciones y atribuciones, ameritando se le conmine a emplear una debida diligencia y exhortarle a actuar con prontitud en la remisión de antecedentes de forma inmediata. Consecuentemente, la aludida incurrió en dilación en la tramitación y diligenciamiento de notificaciones como remisión de antecedentes de la objeción contra la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 en cuya causa la accionante se constituía víctima, provocando una demora innecesaria y con ello la irresolución de la causa, apartándose de sus atribuciones en la investigación de hechos de violencia de género en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, cuando debió observar sus actuaciones con mayor celeridad a objeto de salvaguardar los derechos de las mujeres en situación de violencia (Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional), circunscribiéndose en la protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, medio idóneo y efectivo del resguardo de la celeridad en el procedimiento, deviniendo en consecuencia en la concesión de la tutela solicitada respecto de los derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, la celeridad.

Con relación al Juez hoy accionado, a quien no se advierte una clara identificación como este hubiese transgredido los derechos alegados como vulnerados, quien por el contrario ante la solicitud de de control jurisdiccional el 27 de junio de 2023 que presentó la accionante, este conminó en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Fiscal de Materia hoy coaccionada remita los antecedentes al Fiscal Departamental, advirtiéndose que cumplió con su función de control jurisdiccional, sin que su actuación atentara los derechos que se pide tutela.

Con relación al Director General de la FELCN y al Comandante de la Policía Boliviana ahora coaccionados, tampoco se advierte como o en qué medida con su actuación hubiesen dilatado la tramitación del proceso penal que sigue al procesado, a quienes si bien se les atribuye no haber sancionado disciplinariamente al nombrado dentro de una denuncia donde también se constituyó como denunciante la accionante, según datos del proceso, existiría un proceso concluido en el que se dictó la Resolución de Rechazo de Denuncia de 19 de mayo de 2023, emitido por Jaime Cruz Rodrigo, Fiscal Policial, por medio de la cual rechaza la denuncia; y, en fase de impugnación por la accionante el Fiscal Departamental Policial Cochabamba emitió la Resolución Administrativa 018/2023, por la que confirma la citada Resolución de Rechazo de Denuncia impugnada (Conclusión II.3.); es decir, la denuncias vertidas sobre dicha actuación disciplinaria culminó con proceso, sin que se advierta las alegaciones que realiza la accionante atribuibles a los ahora coaccionados.

Respecto del derecho a la vida también denunciado como vulnerado, si bien este podría ser objeto de tutela a través de esta acción tutelar; sin embargo, del contenido de la demanda, no precisa argumento que refiera dicha vulneración, ni se advierte de las piezas procesales en obrados la acreditación alguna que evidencie su trasgresión; por cuanto, la sola enunciación de su transgresión, no resulta suficiente a objeto de crear convicción constitucional, siendo imprescindible demostrarse la existencia de un peligro real y latente que contenga certeza sobre su vulneración para su efectiva protección y, no limitarse a su enunciación, contexto insuficiente para crear convicción constitucional (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1278/2013 de 2 de agosto y 0019/2019-S2 de 15 de marzo, entre otras). Asimismo, sobre el derecho a la integridad, fue citado nominalmente, sin ninguna relación a los presuntos actos vulneratorios denunciados, tampoco demostró en qué medida y de qué manera se hubiesen transgredido, deviniendo en su denegatoria. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 89 a 92 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, debiendo la Fiscal de Materia remitir en el plazo de cuarenta y ocho horas la Resolución de Rechazo de Denuncia 55/2023 de 10 de abril, a la Oficina de Servicios Comunes para su diligenciamiento; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Álvaro José Álvarez Griffiths, Comandante de la Policía Boliviana, José Gregorio Illanes Rivero, Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, respecto a los derechos a la vida y a la integridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1655_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5a5c117e4dc79b743313c3d1715eec633d0edefc678e03b7c37b82ac02665c59

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