B.IA.LEGAL

SCP 1653/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58104-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad; por cuanto habiéndose desarrollado el 22 de junio de 2023, la audiencia de consideración de la apelación incidental de medidas cautelares, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, transcurrieron aproximadamente un mes y cuatro días, sin que las autoridades demandas plasmaran en físico el Auto de Vista 461/2023, que confirmó el Auto Interlocutorio de primera instancia, ni remitieron el expediente al Juzgado de origen, dilación que le generó perjuicio, toda vez que no pudo presentar acción de amparo constitucional para recobrar libertad, por lo que solicita se conceda la tutela y se ponga a la vista la Resolución emitida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

REVOCAR en parte la Resolución 196/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 10 vta. a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del referido departamento y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que las autoridades demandas en el plazo de veinticuatro horas procedan devolver el expediente al Juzgado de origen, siempre y cuando no se hubiera realizado tal actuación. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura. 3° Exhortar a Cesar Daniel Yampara Laura, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Sentencia de Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del mencionado CORRESPONDE LA SCP 1653/2025-S3 (viene de la pág. 11).

departamento, constituido en Juez de garantías, aplicar los entendimientos de la presente Sentencia en casos similares que se sometan a su conocimiento; y, 4º Llamar la atención Cesar Daniel Yampara Laura, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió de base para su determinación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1653/2025-S3 Sucre, 16 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58104-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 196/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 10 vta., a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fidel Tomy Hegedus Tupa contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de julio de 2023, cursante de fs. 4 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, encontrándose privado de libertad; el 26 de mayo de 2023, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal de Guanay del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 207/2023, rechazó la solicitud efectuada, motivo por el cual apeló el Auto Interlocutorio referido supra. Una vez remitido el testimonio de apelación al Tribunal de alzada, las autoridades demandadas mediante Auto de Vista de 22 de junio de 2023, declararon infundado el recurso de apelación interpuesto, ratificando en consecuencia su permanencia en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que una vez concluida la audiencia sus abogados se apersonaron en reiteradas oportunidades a la referida Sala a efecto de recabar la Resolución en físico; empero, el personal de Juzgado les refirió que el acta aún no estaba transcrita, o que faltaba la firma, dejando transcurrir un mes y cuatro días, sin que las autoridades demandadas adjuntaran al expedienten la Resolución en físico, lo que derivó en que su proceso no sea devuelto al Juzgado de origen, situación que evitó que pueda recuperar su libertad a través de la presentación del recurso extraordinario del amparo de constitucional.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos, a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que las autoridades demandadas pongan a la vista la Resolución emitida el 22 de junio de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 10, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola solicitó se remita antecedentes al Concejo de la Magistratura con la finalidad de que se tramite las vías disciplinarias correspondientes.

I.2.2. Informe de los demandados

Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según informe leído en audiencia de garantías -no adjuntado en físico-, señaló que: Conforme lo esgrimido en la SC 0991/2001-R de 9 de julio, la legitimación pasiva debe ser entendida como la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causo la violación a los derechos y aquella contra quien se dirigió la acción, en el presente caso, no se llegó a establecer el vínculo que hubiera existido entre los presuntos derechos invocados por la parte accionante, y el actuar de su persona, razón por la cual carece de legitimación pasiva para ser demandada en la presente acción. Cesar Wenceslao Portacarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, según informe leído en audiencia de garantías -no adjuntado en físico-, señaló qué; a) El impetrante de tutela no especificó si su vida estuviera en peligro o si estaría ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad, no identificó de manera correcta el petitorio, no estableció el nexo de causalidad que se da entre la conducta del demandado y la supuesta violación de un derecho; y, b) La Auto de Vista 461/2023 de 22 de junio de 2023, se encuentra realizado -transcrito- listo para ser devuelto al Juzgado de origen, por lo que tomándose en cuenta que el referido proceso es de provincia -Guanay-se notificó al Juzgado para que proceda a recoger el testimonio en atención a que los Jugados de provincias tienen papeleta de ingreso y de salida para el recojo y entrega de expedientes.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en Suplencia legal del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del referido departamento, constituido en Juez de garantías, por Resolución 196/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 10 vta., a 11, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes argumentos: 1) A efectos de determinar la existencia de la dilación denunciada, previamente corresponde precisar que el funcionario responsable de remitir los antecedentes de los testimonios de apelación es el Secretario de la Sala y no los Vocales, ello conforme lo dispuesto por el art. 120 del Código Procesal Penal (CPP), motivo por el cual las autoridades demandadas carecían de legitimación pasiva; y, 2) Al advertirse la dilación denunciada, corresponde exhortar al Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz cumpla sus funciones conforme prevé la normativa señalada supra, disponiendo que el Secretario de la Sala en el plazo de setenta y dos horas se comunique con el personal de Guanay a efecto de remitir los antecedentes al referido Juzgado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fidel Tomy Hegedus Tupa -accionante-, por el delito de abuso sexual, el 26 de mayo de 2023, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 207/2023, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante, determinación que fue apelada (fs. 4 y vta.). II.2. Cursa providencia de 20 de junio de 2023, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de señalamiento de audiencia de consideración de apelación incidental para el 22 de junio de 2023 (fs. 3). II.3. Conforme acta de audiencia de acción tutelar, la autoridad demandada Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas informó que a esa fecha el Auto de Vista 461/2023 de 22 de junio, ya se encontraba realizado, listo para su devolución, motivo por el cual ya se coordinó con el Juzgado de Guanay para que sea procesada al recoger el expediente (fs. 10) hecho no acreditado de manera documental.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad; por cuanto habiéndose desarrollado el 22 de junio de 2023, la audiencia de consideración de la apelación incidental de medidas cautelares, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, transcurrieron aproximadamente un mes y cuatro días, sin que las autoridades demandas plasmaran en físico el Auto de Vista 461/2023, que confirmó el Auto Interlocutorio de primera instancia, ni remitieron el expediente al Juzgado de origen, dilación que le generó perjuicio, toda vez que no pudo presentar acción de amparo constitucional para recobrar libertad, por lo que solicita se conceda la tutela y se ponga a la vista la Resolución emitida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[D]e acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.3. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen

Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de resolver la apelación, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. establece que:

[E]l art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Entendimiento reiterado en la SCP 0227/2019-S2 de 10 de mayo.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2022, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Resolución de primera instancia manteniendo vigente la detención preventiva dispuesta en su contra, sin embargo pese a que transcurrió un mes y cuatro días las autoridades demandados no plasmaron el Auto de Vista en físico, ni devolvieron el expediente al Juzgado de origen, situación que evito que pueda presentar el recurso de amparo constitucional a efecto de recobrar su libertad.

En tal sentido, de la revisión de los antecedentes expuestos en las conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por el delito de abuso sexual, emergente del recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2023, las autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 461/2023, confirmando la Resolución de primera instancia, manteniendo en consecuencia subsistente su detención preventiva, hecho corroborado tanto por el impetrante de tutela como por las autoridades demandadas.

Asimismo, es necesario precisar que si bien Mario Helmer Laura Picavia, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandado- manifestó que la Resolución ya se encontraba transcrita empero que el expediente aun no fue devuelto al Juzgado de origen, se tiene que las autoridades demandadas no adjuntaron ninguna prueba objetiva que acredite lo señalado, por lo tanto, entre la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la apelación incidental en la que se emitió el Auto de Vista 461/2023 y la interposición de la presente acción de defensa -27 de julio-, transcurrieron treinta y cinco días, sin que la resolución emitida sea plasmada de manera física y consecuentemente sin que el expediente sea devuelto al Juzgado de origen, tiempo que excede ampliamente los plazos legales y excepcionales establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que establece que una vez resuelta la apelación; deberá remitirse el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, situación que no aconteció en el presente caso, en consecuencia conforme el desarrollo jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional dicho acto dilatorio se constituye en indebido e injustificado, más aun considerando que la devolución del expediente incidió directamente en la situación jurídica del privado de libertad del accionante; toda vez que conforme se manifestó el impetrante de tutela se vio impedido de activar los mecanismos que el considerara pertinentes para obtener su libertad.

Asimismo, es necesario precisar que, si bien la autoridad demandada informó que la Resolución ya fue transcrita, dicha afirmación conforme se señaló precedentemente no estuvo acompañada de prueba objetiva que permita su verificación, como ser una copia del Auto de Vista emitido o en su defecto alguna constancia de que se hubieren comunicado con el personal del Juzgado de Guanay a efecto de coordinar la remisión del expediente; en ese sentido, es importante considerar que el principio de verdad material exige que las decisiones jurisdiccionales se fundamenten en la realidad efectiva de hechos y no solo en declaraciones o formalidades aparentes: por lo que, en el caso concreto, la simple aseveración verbal de la autoridad demandada, no se constituye en prueba suficiente para acreditar que la Resolución ya hubiera sido transcrita en cumplimiento de su deber procesal. En tal sentido, la ausencia de constancia documental impide evidenciar que las autoridades demandadas cumplieron con su obligación judicial, aspecto que debió ser considerado por el Juez de garantías, quien dio por cierto lo aseverado por los Vocales demandados, sin que exista plena convicción de que el Auto de Vista emitido ya hubiera sido arrimado al expediente y que efectivamente se comunicaron con el personal del Juzgado de Guanay -Juez natural- a efecto de coordinar la entrega del mismo, motivo por el cual no puede aplicarse en el presente caso el precedente jurídico establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, toda vez que como se manifestó precedentemente, las autoridades demandadas no acreditaron de manera documental que el acto lesivo ya ceso.

Bajo esas circunstancias, se concluye que las autoridades demandadas, al no devolver los antecedentes del recurso de apelación conforme dispone el Fundamento Jurídico III.3, que señala que una vez resuelta la apelación; deberá remitirse el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, incurrió en una dilación indebida e injustificada, vulnerando los derechos constitucionales del accionante a la libertad, y al principio de celeridad, dilación que conforme se ha señalado en la línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en los casos de delitos de violencia sexual, no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, deber que tampoco fue observado, no obstante de tratarse de un caso de abuso sexual, que exige que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima una mujer.

En este contexto, corresponde la aplicación de acción de libertad traslativa y de pronto despacho, que abre su ámbito de protección cuando existen dilaciones indebidas en la tramitación de recursos que afectan la libertad, con la finalidad de restituir la celeridad del procedimiento, garantizando que el proceso se desarrolle sin dilación y la celeridad correspondiente, motivo por el cual en el presente caso, al haberse evidenciado una dilación indebida corresponde concederse la tutela impetrada.

III.5. Otras consideraciones

Finalmente, respecto a lo fundamentado por el Juez de garantías relacionado a que las autoridades jurisdiccionales carecían de legitimación pasiva debido a que el funcionario encargado de devolver el expediente era el Secretario de la Sala, se tiene que dicha autoridad omitió observar que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, si bien manifestaron que a la fecha de la celebración de la acción tutelar el Auto de Vista ya se encontraba transcrita y que su devolución ya fue coordinada; sin embargo, omitieron mencionar la fecha en la que se puso a la vista dicha Resolución para que el personal de apoyo jurisdiccional pueda dar cumplimiento a la devolución del expediente, en consecuencia como se señaló precedentemente no se adjuntó ninguna documentación que acredite dicho extremo, más aún cuando todas las autoridades jurisdiccionales en su calidad de directores del proceso, tienen el deber de velar de que sus determinaciones sean cumplidas dentro de plazos establecido a efecto de evitar dilaciones innecesarias, en consecuencia realizando el análisis previo correspondía al Juez de garantías a través de esta acción de libertad conceder la tutela impetrada a efectos de que los funcionarios encargados de dicha tramitación, actúen con la mayor celeridad en respeto de los derechos del accionante; por lo que, se le exhorta a las autoridades demandadas, así como al Juez de garantías que en casos similares, aplique los entendimientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

De otra parte, es menester recordar al Juez de garantías -suplente legal- que resolvió en primera instancia la presente acción de libertad, que conforme se establece en el art. 29 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referido a las reglas generales de tramitación de las acciones de tutela:

4. El expediente constará por escrito y estará integrado por:

a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad. b) El auto de admisión y las providencias que se emitan. c) Las notificaciones que correspondan. d) El informe o contestación a la acción. e) Los documentos que contengan elementos de prueba. f) El acta de audiencia.

g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa.

En ese orden, sobre la remisión de los antecedentes que deben ser enviados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por los Jueces y Tribunales de garantías; la jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de numerosos y uniformes fallos, respecto a que la determinación del Tribunal o Juez de garantías debe estar sustentada en los elementos de convicción presentados por las partes o respecto de los cuales tuvo conocimiento para fundar su decisión, los mismos que deben ser remitidos a esta instancia, para que este Tribunal pueda constatar los actuados que sustentaron el fallo del Juez o Tribunal de garantías venido en revisión.

Así la SCP 0087/2012 de 19 de abril, ha resaltado la importancia que conlleva esta obligación, manifestando:

[Q]ue todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática. En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma” (las negrillas corresponden). Revisados los actuados procesales se evidencia que no fue remitido ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, los informes emitidos por las autoridades demandas, así como la documentación que ha sido verificada por el Juez de garantías, y que le sirvió de base para su determinación; por lo que, se solicita que en lo posterior remitan a esta instancia constitucional todas las documentales arrimadas a la acción tutelar, conforme lo establece el art. 38 del CPCo. Finalmente, con relación a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, este Tribunal considera que no corresponde disponer lo solicitado, en el marco de las particularidades del caso en concreto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

REVOCAR en parte la Resolución 196/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 10 vta. a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del referido departamento y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que las autoridades demandas en el plazo de veinticuatro horas procedan devolver el expediente al Juzgado de origen, siempre y cuando no se hubiera realizado tal actuación. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura. 3° Exhortar a Cesar Daniel Yampara Laura, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Sentencia de Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del mencionado CORRESPONDE LA SCP 1653/2025-S3 (viene de la pág. 11).

departamento, constituido en Juez de garantías, aplicar los entendimientos de la presente Sentencia en casos similares que se sometan a su conocimiento; y, 4º Llamar la atención Cesar Daniel Yampara Laura, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió de base para su determinación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1653_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 056a4319e5447a87d950e8884e88265c5047f46bf3a7e3e32799876b9b1ccfcc

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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