B.IA.LEGAL

SCP 1653/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57824-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, al ser condenado a la pena privativa de libertad de seis años a través de la Sentencia 009/2023 de 19 de mayo, y encontrarse detenido preventivamente seis años y doce días, solicitó el 2 de agosto de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, se libre mandamiento de libertad en su favor; sin embargo, por la omisión y mal manejo administrativo de la Secretaria ahora coaccionada no logró obtener su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 1) La legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 4) Analisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 231/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Marcia Nina Rodriguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en referencia a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías para evitar mayor dilación en la definición de la situación jurídica de Bernardo Alarcon Santos, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Primero, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. Analisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1653/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57824-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 231/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Carlo Duran Lara en representación sin mandato de Bernardo Alarcon Santos contra Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Primero; y, Marcia Nina Rodriguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 1 a 7, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Bernardo Alarcón Santos -accionante-, por la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), fue detenido en celdas policiales desde el 2 de agosto de 2017 y recluido en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, desde el 8 del mismo mes y año. Posteriormente, en audiencia de procedimiento abreviado de 19 de mayo de 2023, se emitió la Sentencia 009/2023, condenandole a cumplir con la pena privativa de libertad de seis años, computables desde la ejecutoria, debiendo descontarse el tiempo de su detención por el delito de su condena; por lo que, a la fecha de presentación de la acción de libertad se encuentra detenido preventivamente seis años y doce días. En ese entendido, su detención se extendió doce días más al tiempo dispuesto en la Sentencia 009/2023, la cual a pesar de encontrarse ejecutoriada y presentar memorial el 2 de agosto de 2023, solicitó se libre mandamiento de libertad por cumplimiento total de la condena; empero, por omisión y un mal manejo administrativo de la Secretaria ahora coaccionada hasta el presente no logró obtener se libre su mandamiento de libertad, a causa de una dilación indebida de su situación jurídica.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, citando al efecto el art. 109 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la emisión de mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 36, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) A momento de someterse a procedimiento abreviado se encontraba privado de su libertad por cinco años y diez meses; b) Los funcionarios de apoyo jurisdiccional notificaron recién a las partes procesales con la Sentencia 009/2023 el 19 de junio de 2023, computándose desde esa fecha recién la ejecutoria; c) Al no hacer uso la víctima del recurso de apelación incidental, mediante memorial de 13 de julio de igual año, solicitó se ejecutoríe la referida Sentencia y se remita el proceso al juzgado de ejecución penal, conforme a procedimiento, señalando en el mencionado memorial que se encontraba a punto de cumplir el total de su condena; ya que, el Juez en suplencia legal dispuso que remita, al juzgado de ejecución penal, siendo que en el marco del art. 126 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se encuentra ejecutoriada la Sentencia 009/2023; d) El 2 de agosto del señalado año, evidenciando que el proceso aun no se remitió al juzgado de ejecución penal, solicitó se emita el mandamiento de libertad conforme a lo establecido por los arts. 115.1, 116 y 119.I de la CPE y 129.7 del CPP, que fue resuelto por la Secretaria ahora coaccionada, señalando que fue puesto en Secretaría de su despacho, el 8 del mismo mes y año, y en lo principal acúdase ante el juzgado de ejecución correspondiente; y, e) La Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y otras instancias se apersonaron ante el juzgado de ejecución penal a efectos de verificar el cumplimiento de la remisión del proceso; empero, dicha remisión fue omitida hasta el día de ayer -15 de agosto de 2023-, al continuar la Jueza hoy accionada, por inacción de la Secretaria ahora coaccionada, que argumenta, que al tratarse de un “proceso de violencia” y regir el principio de no formalismo; sin embargo, aquello no implica la vulnaración de derechos, al presente en su caso existe bastante retardación y mientras tanto continua recluido en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada y funcionaria de apoyo jurisdiccional

Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, en audiencia manifestó que: 1) Desconoce el decreto ahora cuestionado que fue emitido por la Secretaria de su despacho en cumplimiento de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; 2) Solicitó informe de los antecedentes y su Secretaria le manifestó que “hace tiempo” remitió los antecedentes ante el juez de sentencia penal; 3) Desde “mayo” de 2023, recién su persona esta realizando esas observaciones cuando debio efectuarlos en su oportunidad, existió dejadez y negligencia en la propia defensa; y, 4) Al emitirse un decreto existen recursos para impugnar dicho decreto, si no se esta de acuerdo con la misma; por lo tanto, no se agotó la vía ordinaria. Marcia Nina Rodriguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: i) Si bien en la Sentencia 009/2023, en en la cual se dispuso la notificación en el día, la misma debe ser labrada; ii) Existe solicitud de notificación a la víctima realizada el 26 y 29 de mayo de 2023, se ordenó se cumpla la referida notificación, efectuandose la misma el 31 de mayo del indicado año; iii) El 14 de junio del citado año, ingreso el memorial de ejecutoria que fue respondida, existiendo ya la ejecutoría; iv) Cumplió con todas las diligencias en los plazos en cuanto a la emisión del mandamiento de condena, se emitió oficios al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) como al juzgado de ejecución penal; v) El memorial les llegó en veinticuatro horas, el 3 de agosto de 2023 y el juzgado tiene veinticuatro horas para pronunciarse, realizándose la remisión el 4 de mismo mes y año, siendo el motivo para el decreto que emitió; y, vi) Si el accionante no estaba de acuerdo con el decreto que se emitió debió impugnar y agotar el principio de subsidiariedad, más aun cuando se encuentran en 16 del señalado mes y año, tiempo abundante para acudir ante el juez de ejecución o plantear recurso de reposición.

I.2.3. Resolución

EL Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 231/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40 vta., denegó la tutela solicitada, respecto a la Jueza hoy accionada y concedió con relación a la Secretaria ahora coaccionada, disponiendo se deje sin efecto el decreto de 8 de agosto de 2023, y se ponga en el día en conocimiento de la Jueza hoy accionada el memorial presentado por el accionante, debiendo el mismo resolver la situación jurídica del nombrado; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) La Jueza ahora accionada se encuentra de manera temporal asumiendo la suplencia legal del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, lo que conlleva que no tenga contacto directo con los expedientes y conforme al informe que emitió en audiencia también desconoce el memorial ingresado por el accionante; por lo que, se colige que ninguno de los actuados ingresó a despacho para que asuma una posición; puesto que, la autoridad judicial es director del proceso, la Jueza ahora accionada ejerce suplencia legal, donde debe recibir el apoyo del personal de apoyo jurisdiccional; b) Respecto a la Secretaria ahora coaccionada cuenta con legitimación pasiva, más aun cuando existe un decreto de 8 de agosto de 2023, que se pronuncia sobre una petición de mandamiento de libertad, por lo que si bien el art. 56.3 del CPP establece que es una función propia de los secretarios emitir decretos de mero trámite; empero, al ser la solicitud del accionante una que esta vinculada a un pedido de mandamiento de libertad que se encuentra vinculado a resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad vinculado a la autoridad jurisdiccional, no puede un funcionario de apoyo jurisdiccional negar o conceder la libertad de una persona al ser un acto estrictamente jurisdiccional; y, c) El decreto de 8 de agosto de 2023, vulneró el derecho a la defensa, seguridad jurídica y celeridad siendo que la misma debió ser resuelta por la autoridad judicial, la Secretaria ahora coaccionada asumió decisiones mas alla de sus funciones y que además no se encuentra conforme a los datos del proceso. En vía de complementación, el accionante a través de su representante sin mandato, pidió al Juez de garantías que se le facilite fotocopias legalizadas y en medio magnético la Resolución 231/2023 de la misma fecha, emitida para acudir ante el Consejo de la Magistratura. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, mediante Auto de igual fecha, exhortó a la Secretaria ahora coaccionada no incurrir en lo posterior, en dilaciones injsutificadas; más aun, cuando se trata de trámites y solicitudes vinculados al derecho a la libertad, caso contrario se remitirían antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, complementando de esa manera la Resolución 231/2023.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 44, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de ese mes y año, cursante a fs. 48; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia 009/2023 de 19 de mayo, emitida por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, en el que se declaró a Roberto Carlo Duran Lara -hoy accionante-, autor de la comisión del delito de abuso sexual, imponindole una pena de privación de libertad de seis años a cumplir en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz (fs. 18 a 25 vta.). II.2. Por memorial presentado el 13 de julio de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, el accionante solicitó la ejecutoria de la Sentencia 009/2023, y se remita el proceso al juzgado de ejecución penal (fs. 26 a 27), recibiendo en respuesta el decreto de 18 del mismo mes y año, emitido por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento, por el cual señaló que se remita conforme a derecho; ya que, conforme a lo previsto por el art. 126 del CPP se encuentra ejecutoriada la referida Sentencia (fs. 28). II.3. Cursa mandamiento de condena de 24 de julio de 2023, correspondiente al accionante (fs. 29). II.4. Mediante memorial presentado el 2 de agosto de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, el accionante solicitó se libre mandamiento de libertad (fs. 30 a 31), recibiendo en respuesta el decreto de 8 del citado mes y año, emitido por Marcia Nina Rodriguez, Secretaria del referido Juzgado -ahora coaccionada-, indicando que en mérito al memorial que antecede acúdase al juzgado de ejecución correspondiente (fs. 31 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, al ser condenado a la pena privativa de libertad de seis años a través de la Sentencia 009/2023 de 19 de mayo, y encontrarse detenido preventivamente seis años y doce días, solicitó el 2 de agosto de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, se libre mandamiento de libertad en su favor; sin embargo, por la omisión y mal manejo administrativo de la Secretaria ahora coaccionada no logró obtener su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 1) La legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 4) Analisis del caso concreto.

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad

La SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, establece que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo[8], que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional” (las negrillas son nuestras).

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, al respecto estableció: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Analisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, al ser condenado a la pena privativa de libertad de seis años a través de la Sentencia 009/2023 de 19 de mayo, y encontrarse detenido preventivamente seis años y doce días, solicitó el 2 de agosto de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, se libre mandamiento de libertad en su favor; sin embargo, por la omisión y mal manejo administrativo de la Secretaria ahora coaccionada no logró obtener su libertad.

De la revisión de antecedentes, se tiene que la Sentencia 009/2023, se declaró al accionante, autor de la comisión del delito de abuso sexual, imponiendole la pena de privación de libertad de seis años a cumplirse en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz (Conclusión II.1.); por lo que, por memorial presentado el 13 de julio de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, el accionante solicitó la ejecutoria de la Sentencia 009/2023, y se remita el proceso al juzgado de ejecución penal, recibiendo en respuesta el decreto de 18 del mismo mes y año, por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento, por el cual señaló que se remita conforme a derecho, ya que conforme a lo previsto por el art. 126 del CPP se encuentra ejecutoriada la referida Sentencia (Conclusión II.2.), ya que, se libró el mandamiento de condena de 24 de julio de 2023 (Conclusión II.3.),

Posteriormente, mediante memorial presentado el 2 de agosto de 2023, ante la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, el accionante Solicitó se libre mandamiento de libertad (fs. 30 a 31), recibiendo en respuesta el decreto de 8 del citado mes y año, emitido por la Secretaria ahora coaccionada, indicando que en mérito al memorial que antecede acúdase al juzgado de ejecución correspondiente (Conclusión II.4.).

Respecto a la Jueza ahora accionada

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, no existe legitimación pasiva si no se da la coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso esta acción de defensa, con quien efectivamente causó la supuesta vulneración a los derechos que se denuncia.

En ese sentido, esta acción tutelar fue interpuesta contra Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero; sin embargo, el accionante en su memorial de interposición de esta acción de libertad, no refiere ningún acto realizado por el mismo de forma particular que vulnere sus derechos y garantías constitucionales; puesto que, la Jueza ahora accionada informó que no se puso a su conocimiento el memorial de 2 de agosto de 2023 presentado por el accionante, extremo que es corroborado por el decreto que atendió dicho memorial, la cual esta firmada por la Secretaria ahora coaccionada; consiguientemente, se colige que la presente acción de libertad fue interpuesta contra una autoridad judicial que no cometió ninguna acción vulneradora de derechos alegada por el accionante; en ese entendido, la Secretaria hoy coaccionada carece de legitimación pasiva para ser accionada en esta acción de defensa, debiendo denegarse la tutela solicitada respecto a la misma. En relación a la Secretaria ahora coaccionada Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional subalterno en las acciones de libertad, concurre cuando a dicho funcionario se le atribuye el incumplimiento especifico de alguna de sus funciones o que hubiera inobservado o alterado una orden expresa del Juez de la causa.

Se tiene que, el accionante a través del memorial de 13 de julio de 2023, solicitó se ejecutorie la Sentencia 009/2023 de 19 de mayo, y se remita antecedentes ante el juzgado de ejecución penal, pedido que fue atendido el 18 de julio de 2023, por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinta de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primera, disponiendo que se remita el proceso al encontrarse ejecutoriada la citada Sentencia; sin embargo, no fue que, hasta el 4 de agosto de igual año, que el mismo fue remitido al juzgado de ejecución penal, de acuerdo a lo afirmado por la propia Secretaria ahora coaccionada en el informe emitido como efecto de la interposición de esta acción tutelar, posteriormente al pedido realizado por el accionante a través del memorial de 2 de agosto de 2023, donde solicitó se libre en su favor mandamiento de libertad, coligiendose que la remisión extrañada fue efectivizada por la presentación de este memorial, misma que fue atendida recién el 8 de agosto de ese año, luego de realizada la remisión, señalando que debía acudirse al juzgado de ejecución correspondiente, cuando si bien, evidentemente correspondia que el pedido de emisión de mandamiento de libertad debía ser realizado ante ante el juez de ejecución penal; no obsante, ante la falta de remisión del proceso ante dicha autoridad, hasta el 2 de agosto de 2023 -fecha de presentación de la solicitud de mandamiento de libertad-, situación aceptada por la propia Secretaria ahora coaccionada, no era posible realizar dicha solicitud ante esa autoridad jurisdiccional por parte del accionante.

Por otro lado, si bien de conformidad al art. 56.3 del CPP, se tiene establecido como una función propia de la o el Secretario de Juzgado, el: “Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia”; sin embargo, se debe tener en cuenta que toda solicitud implique la definición de la libertad de una persona, por su connotación de ninguna manera puede ser catalogada como un planteamiento de mero trámite, por tanto, no puede ser definido por una funcionaria de apoyo jurisdiccional (SCP 0361/2021-S3 de 14 de julio).

En ese entendido, al dilatar la remisión del proceso de forma superabundante, alrededor de medio mes -del 18 de julio al 4 de agosto de 2023-, cuando el accionante al realizar su solicitud de remisión refirió que esta a punto de cumplir el total de la condena que se le impuso en la Sentencia 009/2023 al estar detenido preventivamente cinco años, diez meses y diez días (fs. 26 vta.) y posteriormente cuando el nombrado solicitó mandamiento de libertad, siendo atendido negligentemente después de casi una semana -del 2 al 8 de agosto de 2023- hasta ejecutar la remisión al juez de ejecución penal, se incumplió la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, que dispone que todo trámite administrativo o judicial en el que se realice una solicitud en la que se encuentre involucrado la definición de la situación jurídica de una persona, tiene que ser tramitado con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, de lo que se concluye que, en el presente caso existió falta de celeridad para permitir que se resuelva la situación jurídica del accionante.

Asimismo, se continuó con el accionar ilegal, cuando la Secretaria ahora coaccionada se atribuyó funciones que la ley no prevé para ser ejercida por la misma, lo que ocacionó que se continue vulnerando el derecho a la libertad del accionante, al continuar alargando la indefinición de la situación jurídica del accionante a través de lo dispuesto en el decreto de 8 de agosto de 2023; por lo que, de todo lo antes descrito la nombrada adquirió legitimación pasiva para ser accionada a través de esta acción de libertad por inobservar una orden expresa del Juez de la causa y por ejercer funciones que no le corresponden, consecuentemente, debe concederse la tutela solicitada respecto a esta funcionaria de apoyo jurisdiccional.

Finalmente, es necesario aclarar que, conforme determina la jurisprudencia constitucional en la SC 0676/2005-R de 16 de junio, reiterada por la SCP 0456/2021-S4 de 27 de agosto, “...se concluye que el juez de ejecución penal es el encargado de la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas y, por lo mismo, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena…”, es el Juez de ejecución penal el que tiene competencia para emitir mandamiento de libertad por el cumplimiento de la condena; sin embargo, en este caso en particular, y para evitar mayores perjuicios, al haber dispuesto el Juez de garantías, corrigiendo procedimiento, sea el Juez de la causa quien conozca el pedido del accionante realizado a través del memorial de 2 de agosto de 2023, dicha orden será mantenida. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 231/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Marcia Nina Rodriguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en referencia a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías para evitar mayor dilación en la definición de la situación jurídica de Bernardo Alarcon Santos, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Primero, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1653_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 093a8f4e137f93d68afe816f413e7bf88bbea992d9fedfecd718966cb2684eec

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