Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, el Juez ahora accionado no dispuso su notificación con el inicio de investigaciones, situación que le impidió ejercer medios de defensa; siendo que, tomó conocimiento cuando ya los plazos procesales vencieron, no por negligencia sino por falta de publicidad de los mismos.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de manera excepcional mantener invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1652/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54213-2023-109-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 22/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Wilson Ustarez Beltrán contra Nils Choqueticlla Callahuara, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro.
El accionante, por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 29 a 31 vta. manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, contra su persona por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del Código Penal (CP), el 11 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia, puso en conocimiento del Juez ahora accionado el inicio de investigación contra su persona, acto que no fue notificado para que pueda asumir defensa. Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia, se dirigió ante el Juez hoy accionado manifestando que desconocía la dirección de su domicilio, sin considerar que el inicio de investigación fue a querella del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; por lo que, se debió observar lo dispuesto por el art. 290.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -respecto al señalamiento de domicilio-. Al día siguiente, el mencionado Juez admitió dicha irregularidad obviando que su persona no tuvo conocimiento de las referidas actuaciones. El 9 de diciembre de 2022, un día antes del vencimiento del plazo establecido por el art. 300.1 del CPP el Fiscal de Materia, solicitó la complementación de diligencias policiales por el plazo de cuarenta días. Posteriormente, el 10 de igual mes y año, el Juez ahora accionado admitió la complementación de diligencias en aplicación del art. 54.1 del citado código; al término de sesenta días; otorgándole un plazo mayor al solicitado. En adición a ello, mediante Auto Interlocutorio 83/2023 de 27 de enero, fuera del plazo de complementación de investigaciones policiales se dispuso el allanamiento de la oficina jurídica en la que trabajó, vulnerándose de manera sistemática sus derechos a la defensa y al debido proceso. Todas esas actuaciones vulneraron lo dispuesto por el art. 301.2 del CPP; puesto que, tomó conocimiento del proceso cuando ya los plazos procesales para el planteamiento de cualquier recurso vencieron, no por negligencia sino por falta de publicidad de los mismos.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la Resolución de 10 diciembre de 2022, el Auto interlocutorio 83/2023 de 27 de enero y toda resolución fundamentada emitida por el Fiscal de Materia posterior a la mencionada Resolución; y, b) La nulidad de obrados hasta la notificación con la ampliación del plazo de la investigación preliminar comunicada por el Ministerio Público, debiendo el Juez hoy accionado emitir una nueva resolución acorde al art. 134 del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 57 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Hasta el momento de interposición de la presente acción de defensa nunca tuvo conocimiento del inicio de investigación por parte de la “autoridad jurisdiccional”; 2) El control jurisdiccional no es para el denunciado o el querellado sino para el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Constituye un derecho, una garantía de orden legal y de rango constitucional; ya que, está vinculado al derecho a la defensa; 3) Se debió advertir que la investigación emerge de una querella y que se tenía la exigencia de indicar la dirección del accionante; por lo que, se encuentran ante un acto defectuoso; 4) El 8 de diciembre de 2022, prestó su declaración informativa en sede fiscal dejando el croquis de su domicilio; puesto que, el Fiscal de Materia debió cumplir con el señalamiento de croquis y domicilio el 6 de noviembre de 2022, 5) El 9 de diciembre de igual año el Fiscal de Materia solicitó la complementación de diligencias al Juez ahora accionado por cuarenta días; no obstante, en vulneración al principio de congruencia externa se otorgó una ampliación de sesenta días; 6) El nombrado en respuesta a la solicitud del referido Fiscal de Materia, haciendo referencia a un auto inexistente, emitió el Auto Interlocutorio 83/2023 de 27 de enero, disponiendo el mandamiento de allanamiento con ruptura de candados, sin que se hubiese dispuesto su notificación, vulnerándose su derecho a la defensa; 7) La Resolución de 10 diciembre de 2022 y del mencionado Auto Interlocutorio vulneran su derecho a la defensa en razón a que en ese tiempo el señalado Juez ya conocía su domicilio; 8) Respecto a la subsidiariedad, el acto de comunicación con el inicio de investigación le generó al accionante la posibilidad de ejercer todos sus derechos; por lo cual, no aconteció en el presente caso; por lo que, el único mecanismo que le quedó fue que la acción de amparo constitucional. Asimismo, no se encuentra privado de libertad para interponer una acción de libertad; y, 9) Existe una “resolución fundamentada de aprehensión”, que refiere desconocimiento de su domicilio; ya que, es contradictorio; puesto que, ya lo conocían. Toda esa situación conlleva a que esté indebidamente procesado, vulnerándose sus derechos a la defensa y a la congruencia vinculada al debido proceso. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Fiscal de Materia solicitó se aclare si las resoluciones del Ministerio Público posteriores a 10 de diciembre de 2022, también serán declaradas nulas. En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, refirió que es el Juez de control jurisdiccional quien deberá determinar si algunos actos son válidos o no; por lo que, no pudo disponer la nulidad del acto investigativo.
Nils Choqueticlla Callahuara, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 41 y vta. manifestó que la acción de amparo constitucional no procede cuando existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, en el presente caso todos los hechos denunciados corresponden ser tramitados y resueltos en el ámbito ordinario; más aún, cuando se pide la nulidad de obrados, para el cual el código adjetivo prevé un régimen de nulidades que deben de ser activados vía incidente; por lo que, al no agotarse los recursos en la vía ordinaria debe denegarse la tutela solicitada.
Adhemar Wilcarani Morales, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de su representante legal, en audiencia manifestó que: i) Se debe considerar la subsidiariedad de la presente acción de defensa; ii) El accionante aún tiene la posibilidad de plantear los recursos correspondientes, una vez notificado con todas las resoluciones presuntamente ilegales; y, iii) El allanamiento -de la oficina jurídica perteneciente al accionante- fue en el mes de enero; por lo que, pasó un largo periodo de tiempo como para que el nombrado alegue que no podía acudir ante la autoridad jurisdiccional.
Fredy Gonzales Condori, Fiscal de Materia, manifestó que: a) En el momento de la declaración informativa tuvo conocimiento del inicio de la investigación, así como de los tipos penales motivo del proceso; b) Conforme al art. 60 del CPP, la finalidad de la notificación es dar conocimiento a las partes procesales en la que existe un proceso penal o que se emitieron resoluciones, bajo esos parámetros, el accionante tiene la vía expedita para formular los recursos pertinentes; y, c) Con relación a la ampliación de diligencias preliminares, al accionante le corresponde plantear un recurso de reposición.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 22/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 67 vta., concedió la tutela solicitada, anulando obrados hasta el Auto de 24 de febrero de 2023, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se debe considerar que el decreto de 12 de noviembre de 2022, dispuso la notificación a las partes con el inicio de investigaciones en cumplimiento del art. 314 del CPP, conminando al Ministerio Público a adjuntar el croquis del domicilio o certificación de Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) del accionante en el plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad; en ese sentido, el Fiscal de Materia a través del memorial presentado el 15 de mismo mes y año, señaló que cumplieron con lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional remitiendo el formulario de registro domiciliario; por lo que, indicó el desconocimiento de la dirección del accionante; a partir de ese elemento existió un descuido por parte del Juez hoy accionado; ya que, no hizo cumplir el plazo de veinticuatro horas, ni estableció el grado de responsabilidad en caso de incumplimiento; 2) Respecto a la complementación de diligencias dispuesta por sesenta días, dicha decisión debió estar justificada; puesto que, el Juez de la causa tiene la prohibición de inmiscuirse en actos de investigación, viciándose en consecuencia el plazo y la duración de la investigación preliminar; 3) No es razonable manifestar que el accionante tuvo conocimiento del proceso en sede del Ministerio Púbico; por ello, realizar un acto jurisdiccional, es decir convalidar una notificación que en los hechos no existe cuando no dio cumplimiento al art. 54 del CPP; 4) El mandamiento de apremio hizo alusión al Auto Interlocutorio de 30 de enero de 2023 ; por lo cual, no guarda relación con el Auto Interlocutorio 83/2023; 5) El Auto de 24 de febrero de igual año, señaló la notificación con carácter de conminatoria al Fiscal Departamental del mismo departamento, a objeto de que en el plazo de cinco días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar conforme al art 301 del CPP, cumplida esa determinación no se efectivizó resolución conclusiva alguna, quedando una vez más sin haberse notificado esa decisión al accionante; 6) El Juez hoy accionando emitió el Auto interlocutorio “2016/2023” por el cual declaró el incumplimiento de plazo por parte del Ministerio Público, disponiéndose la notificación al Fiscal Departamental de Oruro, a objeto de proceder con el cambio de Fiscal de Materia, mismo que no llega a constituirse en un acto superado; puesto que, fue emitido con posterioridad a la notificación de la acción amparo constitucional; y, 7) Corresponde reconducir los actuados del Juez de primera instancia porque evidentemente generó vulneración a los derechos del accionante; ya que, se acreditaron elementos que hacen a la nulidad procesal entre ellos, el principio de legalidad dispuesto por los arts. 251, 279 y 354 del CPP. 1.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo. Por decreto constitucional de 6 de abril de 2026, cursante a fs. 78, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 82; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 12 de noviembre de 2022, emitido por Nils por Coqueticlla Callahuara, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionado-, mediante el cual conminó al Fiscal de Materia para que adjunte el croquis con indicación de domicilio real o certificación de Jorge Wilson Ustarez Beltrán -hoy accionante-, en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro contra el nombrado por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes (fs. 5 a 6) II.2. Por memorial presentando de 15 de noviembre de 2022, ante el Juez hoy accionado, el Fiscal de Materia manifestó que desconoce la dirección del accionante (fs. 10), mereciendo como respuesta el decreto de 16 de noviembre de 2022, en el cual refirió, “se tiene presente” (fs.11). II.3. Consta decreto de 10 de diciembre de 2022, emitido por el Juez ahora accionado, señalando la complementación de diligencias al término de sesenta días debiendo el Fiscal de Materia emitir el requerimiento correspondiente, bajo alternativa de Ley (fs. 16). II.4. Cursa Auto Interlocutorio 83/2023 de 27 de enero, emitido por el Juez hoy accionado por el cual dispuso el allanamiento, requisa y posterior secuestro de cualquier objeto material que tenga relación con el delito investigado y sirvan para la averiguación de la verdad histórica de los hechos y correspondiente mandamiento de allanamiento (fs. 19 y vta. y 25).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, el Juez ahora accionado no dispuso su notificación con el inicio de investigaciones, situación que le impidió ejercer medios de defensa; siendo que, tomó conocimiento cuando ya los plazos procesales vencieron, no por negligencia sino por falta de publicidad de los mismos.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 1074/2025-S1 de 8 de septiembre, citando a su vez las Sentencia Constitucionales Plurinacionales 0682/2024-S1 de 28 de octubre y 0049/2019-S2 de 1 de abril, establece que: “La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: ʽLa Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Leyʼ; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: ʽLa Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazadosʼ (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone: I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirsede no otorgarse la tutela. El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad: …cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución. El principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada dentro del proceso judicial o administrativo, tal como lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo; empero, no se trata simplemente de un agotamiento formal; sino, se hace imprescindible el hecho de reclamar el supuesto acto lesivo que cause agravio a los derechos del accionante; en este sentido, la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1, señala que: …el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre). Dicho entendimiento fue confirmado en la SCP 0870/2013 de 20 de junio, que en su Fundamento Jurídico III.2, refiere: …En sede administrativa, el procesado o administrado, según sea el caso, deberá acudir con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional a la autoridad o persona que lesionó su derecho y en segundo término ante la instancia que pueda corregir la distorsión generada, a efectos de procurar la reparación de la lesión, indicando expresamente las supuestas transgresiones sucedidas. En consecuencia no se podrá reclamar vía acción de amparo constitucional, aspectos no reclamados en instancias ordinaria o administrativas previas. En suma, en mérito al principio de subsidiariedad, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria o administrativa, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través de la acción de amparo constitucional; dado que, les corresponde a los jueces y tribunales ordinarios y a las autoridades administrativas, reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados, en el mismo proceso judicial o administrativo a su cargo” (las negrillas nos corresponden).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; puesto que, en el proceso penal seguido a su persona, el Juez hoy accionado no dispuso su notificación con el inicio de investigaciones, situación que le impidió ejercer medios de defensa; siendo que, tomó conocimiento cuando ya los plazos procesales vencieron, no por negligencia sino por falta de publicidad de los mismos. De los antecedentes que motivaron la presente acción tutelar desglosados en el apartado II. (Conclusiones) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Publico a querella el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, contra el accionante por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, el Juez ahora accionado emitió los siguientes actuados; a) decreto de 12 de noviembre de 2022, que conminó a la Fiscal de Materia para que adjunte el croquis con indicación del domicilio real o certificación del accionante, en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad (Conclusión II.1.); b) Resolución de igual fecha; por el cual, ante el señalamiento del Fiscal de Materia de desconocimiento de la dirección del domicilio del accionante refirió “se tiene presente” (Conclusión II.2.); c) Auto de 10 de diciembre de mismo año, por el cual determinó la complementación de diligencias al término de sesenta días (Conclusión II.3.); y, d) Auto Interlocutorio 83/2023; por lo cual, dispuso el allanamiento, requisa y posterior secuestro de cualquier objeto material que tenga relación con el delito investigado y sirvan para la averiguación de la verdad histórica de los hechos y correspondiente mandamiento de allanamiento (Conclusión II.4.). Ahora bien, de la problemática planteada por el accionante se advierte que esta radica en la omisión del Juez hoy accionado de disponer la notificación con el inicio de la investigación, una vez conocida la dirección de su domicilio -mediante croquis-; por lo que, derivó en su falta de conocimiento oportuno de los distintos actos jurisdiccionales y por consiguiente, en la imposibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa. Así, a efectos de ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que establece el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional; es decir, su improcedencia cuando no se hubiesen agotado previamente los medios ordinarios de defensa, debido a que su finalidad es reparar las deficiencias de esa vía. En ese marco, una de las subreglas de improcedencia por subsidiariedad, en la acción de amparo constitucional se aplica cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la oportunidad de pronunciarse por falta de activación de los mecanismos de defensa, sea porque: 1) No se formuló oportunamente el recurso correspondiente, o 2) No se utilizó el medio previsto por el ordenamiento jurídico. En el presente caso, se advierte que el accionante sostuvo que el Juez ahora accionado, al emitir el decreto de 10 de diciembre de 2022, ya tenía conocimiento de su domicilio, en razón a que dos días antes presentó su declaración informativa ante el Ministerio Público, adjuntando incluso un croquis; sin embargo, a pesar de ello, no dispuso su notificación y continuó con la tramitación de la causa. Situación ante la cual, al no haber sido notificado, la única vía que le correspondía, fue la acción de amparo constitucional. Ahora bien, corresponde considerar que el sistema de recursos previsto en el Código de Procedimiento Penal comprende los recursos de reposición, apelación incidental, apelación restringida y casación, los cuales materializan el derecho a impugnar resoluciones judiciales no ejecutoriadas. Asimismo, los arts. 167 a 170 CPP regulan la corrección de la actividad procesal defectuosa; por lo cual, puede ser promovida por la vía incidental ante el juez de instrucción penal durante la etapa preparatoria, o ante el juez o tribunal de sentencia en el juicio oral, publico y contradictorio y en su caso, mediante el recurso de apelación restringida. En este marco, tales mecanismos deben ser activados con carácter previo; puesto que, únicamente ante su agotamiento se habilita la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional, para el análisis de actos u omisiones que pudieran implicar la vulneración de derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, si el accionante consideraba que, en el desarrollo de su proceso, se produjeron defectos en las actuaciones judiciales u omisiones procedimentales que le ocasionaron agravio, correspondía que impugnara dichas circunstancias ante el Juez hoy accionado, a efectos de que en esa vía se determine su procedencia o improcedencia, previa verificación de los hechos denunciados y la eventual configuración de un defecto procesal absoluto o relativo. En ese sentido si el accionante consideró que en el despliegue procesal de su causa se suscitaron defectos en actuaciones judiciales u omisiones de procedimiento que le causan agravio, debió impugnar dicha situación ante el Juez ahora accionado y será en esta vía donde se analizará la procedencia o no de lo alegado en base a su verificación y si se constituye en un defecto procesal absoluto o relativo a objeto de determinar lo que corresponda; es decir, que toda actividad procesal defectuosa debe ser resuelta intraproceso al ser el mecanismo idóneo e inmediato para una eventual corrección antes de ser interpuesto ese mecanismo de acción constitucional. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Dimensionamiento En el presente caso, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a momento de conceder la tutela solicitada dispuso la nulidad de obrados sin reposición hasta el Auto de 24 de febrero de 2023, inclusive. A raíz de ello este Tribunal Constitucional Plurinacional establece excepcionalmente que dichas determinaciones se mantengan firmes, siempre y cuando las mismas se hubiesen cumplido en virtud a la ejecución inmediata prevista por el art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), ello en previsión de lo dispuesto por el art. 28.II del mismo Código, a fin de evitar que los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional repercutan negativamente, sobre actos ya ejecutados. Este dimensionamiento responde a la necesidad de preservar la seguridad jurídica y garantizar que la jurisdicción constitucional cumpla su finalidad de protección efectiva de derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 58 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de manera excepcional mantener invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1652_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c98bc36490f547ff94b7faeadf1c34bf5659c707485bb2e0286488824b13642
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