B.IA.LEGAL

SCP 1652/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57788-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad ante las irregularidades en el procedimiento de aprehensión ilegal, procesamiento indebido y detención ilegal; puesto que, fue aprehendido a las 22:30 horas del 25 de mayo del 2023, de oficio, por un funcionario policial ante el supuesto delito de robo agravado sin que exista flagrancia, mandamiento de aprehensión, ni acta de intervención directa, disponiéndose en la audiencia de medidas cautelares celebrada el 27 de ese mes y año, su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días, fijándose audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de nulidad para el 13 de junio del mismo año, la misma que fue suspendida debido a que la Secretaria no pudo recuperar el audio de la audiencia de medidas cautelares para comprobar si el abogado de la defensa representó a los dos coimputados o solo al accionante e inclusive para remitir el mencionado recurso de apelación incidental al superior en grado, audiencia que reprogramada para el 16 de junio del señalado año; empero, al no haberse recuperado el citado audio, la Jueza ahora accionada resolvió dejar sin efecto la audiencia de medidas cautelares desarrollada el 25 de mayo de dicho año, sin anular el mandamiento de detención preventiva que emergió de aquella, señalándose una nueva audiencia de medidas cautelares para el 20 de junio de 2023, procedimiento irregular que lo mantiene por más de veintidós días indebidamente detenido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 18 de junio, cursante de fs. 53 vta. a 55 vta., pronunciada por Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho reparadora, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Fiscal de Materia y al Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, al carecer de legitimación pasiva conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 3° Exhortar al Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del Departamento de Santa Cruz, remitir junto a los actuados generados durante la tramitación de una acción de defensa, los antecedentes principales que originaron la interposición de una acción de libertad, a efectos de su revisión.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares
  3. III.3. Legitimidad pasiva en acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1652/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57788-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2023 de 18 de junio, cursante de fs. 53 vta. a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fidel Nilo Oliveira Rodríguez en representación sin mandato de David Alfonso Ruiz Guzmán contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; Carlos Rudy Parada Soleto, Fiscal de Materia y Leython Aquise Alanoca, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 27 de julio de 2023, cursante de fs. 31 a 36, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia telefónica de Mario Soria Galvarro Aguayo ante la sustracción de electrodomésticos de su domicilio, suceso acontecido a las 19:30 horas del 25 de mayo del 2023, fue aprehendido supuestamente de acuerdo con el Acta de Aprehensión Policial a las 22:30 horas, de igual fecha, cuando en realidad se lo detuvo ilegalmente a la 1:00 de la mañana del 26 de dicho mes y año, sindicado directamente por Leython Aquise Alanoca, Investigador de la FELCC y no por el denunciante, sin que tampoco exista un acta de acción directa por tratarse de un delito flagrante de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), como indica la Imputación Formal; ya que, en esa hora y fecha -19:30 horas del 25 de mayo del 2023- se encontraba en su trabajo como demuestran las cámaras de seguridad, lugar distinto a aquel donde sucedieron los hechos y en el que fue aprehendido, emergiendo la supuesta flagrancia del informe policial que indica que Limberg Gustavo Villarroel Herrera, codenunciado señaló su participación en el supuesto hecho al obligarle a decir nombres, sin individualizarlo y sin evidencias de su colaboración; puesto que, no se le encontró cargando objetos, recibiendo o vendiéndolos, ni fuera del domicilio donde ocurrieron los hechos, fugándose o que se lo persiguió como afirmó el referido co-denunciado en la audiencia de medidas cautelares, sin que puedan establecerse plazos y presupuestos para considerar la flagrancia, ni se hubiese exhibido al momento de su aprehensión ilegal mandamiento de autoridad competente fiscal o de control jurisdiccional, aspecto que no consta en el cuaderno de investigación, ni en el cuaderno de control jurisdiccional. Aclaró que no constituyen indicios, ni el Acta de denuncia, que propone aperturar un proceso penal al poner en conocimiento un supuesto hecho; menos aún, el Acta de Aprehensión Policial que se origina de un supuesto delito flagrante, lo que en el caso no existió; empero, determinó que se derive en una Imputación Formal sin observar los presupuestos exigidos por el art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, al haberlo aprehendido utilizando un Acta de Requisa Personal que no refiere los objetos sustraídos, no aparece ni en el muestrario fotográfico tomado en el domicilio del denunciante y sin que exista flagrancia, privándolo de su libertad desde el 27 de mayo del 2023, fecha en la que se desarrolló la audiencia de medidas cautelares en la que se analizó e interpretó la inexistencia de flagrancia a efectos de definir su situación jurídica; empero, planteó un incidente de nulidad de imputación formal, la Jueza hoy accionada fijó audiencia para el 13 de junio del mismo año, la cual se suspendió, entre otros motivos, la Secretaria incumplió la instrucción de recuperar el audio de la audiencia de medidas cautelares de 27 de mayo del indicado año, para ser remitido en recurso de apelación incidental a la Sala Penal de turno. Instalada la nueva audiencia de medidas cautelares señalada para el 16 de junio de 2023, ante el informe de la Secretaria de no haber sido encontrado el audio de la mencionada audiencia, se resolvió dejar sin efecto la audiencia de medidas cautelares de 27 de mayo de ese año, fijándose una nueva para el 20 de junio de igual año, con la finalidad de resolverla, por cuanto si dicha audiencia quedó sin efecto y sin resolverse la probable autoría, también debió quedar sin efecto la medida extrema de detención preventiva; sin embargo, no se anuló el mandamiento de detención preventiva que emergió de aquella audiencia de medidas cautelares, situación que generó una detención y privación de libertad ilegal, ante el procedimiento irregular que no se enmarca en la norma procedimental penal, ni constitucional, menos en convenios o tratados internacionales, encontrándose más de veintidós días indebidamente detenido y sin definir su situación jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad ante las irregularidades en el procedimiento de aprehensión ilegal, procesamiento indebido y detención ilegal; citando al efecto los arts. 126.III y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga el cese la persecución y procesamiento indebidos, se ordene su inmediata libertad; y, se ordene un proceso administrativo interno para el Investigador de la FELCC asignado al caso que generó la vulneración de sus derechos y que el Juez de garantías adopte todas las medidas respecto a su procesamiento y aprehensión ilegal.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 53 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia manifestó que: a) Ante la denuncia de una víctima adulta mayor enferma de cáncer, los funcionarios policiales aprehendieron al accionante al encontrarlo con los zapatos del denunciante, siendo ese uno de los elementos que consideró el Fiscal de Materia para presentar su Imputación Formal, llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que la defensa del accionante planteó un incidente por defectos absolutos; b) La Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del referido departamento, es nueva, desconoce el procedimiento y cómo manejar la grabadora, realizar un acta y el tiempo que tiene para remitir los recursos de apelación; por lo que, no puede pensar que de manera premeditada borró la grabación; ya que, no grabar fue un error involuntario de dicha funcionaria; por lo que, reproducir el audio, imprimir el acta y remitir el expediente al superior en grado, pretendiendo el abogado del accionante sacar ventaja de esos hechos, inclusive al indicar que no estaba asumiendo defensa por los dos imputados; c) Se señaló una nueva audiencia de medidas cautelares al haber afirmado la Secretaria que podía “rescatar ese audio”; empero, instalada la misma indicó que no lo tenía; no obstante, la audiencia de medidas cautelares se desarrolló con la presencia del Fiscal de Materia, emitiéndose el mandamiento de detención preventiva conforme a derecho, resultando atribuible a la Secretaria el aspecto referido al audio; d) Llevó adelante una audiencia de medida cautelar, no por existir una irregularidad, sino porque el audio fue borrado por la mencionada Secretaria, resolvió un incidente de Nulidad de Imputación Formal que planteó el accionante, sin que se trate de una nulidad, sino un error de forma; puesto que, se preguntó a cada uno de los abogados, resultando incomprensible la afirmación respecto a que se anuló la audiencia de medidas cautelares de “17 de mayo”, por existir irregularidades; y, e) Las autoridades hoy accionadas no vulneraron derecho alguno al realizar su trabajo, sin que hasta la fecha, por una cuestión formal no se cuenten con el audio de esa audiencia de medidas cautelares, lo que hace que se instale una nueva audiencia y considerar también el incidente planteado, sin que se hubiese agotado la vía; ya que, inclusive existe todavía un recurso de apelación pendiente de remisión. Leython Aquise Alanoca, Investigador de la FELCC, a través de su abogada defensora en audiencia manifestó que: 1) De acuerdo con el art. 295 del CPP, la FELCC es una Dirección Especializada de la Policía Boliviana encargada de la prevención, investigación de delitos y aprehensión de los presuntos responsables, recolección y búsqueda de evidencias y análisis técnico de las pruebas materiales, que debe actuar de manera eficaz, pronta y oportuna; 2) La investigación está a cargo de un Fiscal de Materia y el control jurisdiccional a cargo de una autoridad jurisdiccional, encontrándose en el cuaderno de investigación los elementos de convicción como son las actas de denuncia de oficio realizadas contra David Alfonso Ruiz Guzmán y Limber Gustavo Villarroel Herrera, actas de aprehensión que ejecutó en su calidad de funcionario policial, actas de requisa a los imputados, el Formulario de Antecedentes de David Alfonso Ruiz Guzmán cuyo alias es “el FLACO el NEGRO” quien indicó que no participó de los hechos, advirtiéndose del Sistema de Antecedentes de la FELCC que no es el primer acto en el que participó y que no actuó solo, sino con otras personas sustrayendo varios objetos de la casa del denunciante quien es un adulto mayor de ochenta y cinco años, enfermo de cáncer; y, 3) Existe una autoridad a cargo del control jurisdiccional, la cual resulta ser la competente para resolver las supuestas vulneraciones en las que incurre la Policía Boliviana tal cual prevé el art. 54 del CPP. Pide se deniegue o declare improcedente la tutela solicitada. Carlos Rudy Parada Soleto, Fiscal de Materia, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su citación cursante a fs. 39; al encontrarse en un “pueblito”, situación que impedía presentar su respectivo informe e ingresar a la audiencia virtual debido a que se encontraba sin señal, manifestó que se comunicaría con su Asistente para remitir el cuaderno de investigación.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 02/2023 de 18 de junio, cursante de fs. 53 vta. a 55 vta., concedió la tutela solicitada con relación a la Jueza ahora accionada, solo con respecto al tiempo que se excedió para señalar la nueva audiencia de medidas cautelares a efectos de definir la situación jurídica del accionante, disponiendo que la misma sea fijada en el término de veinticuatro horas o máximo al día siguiente de celebrada la audiencia de esta acción tutelar; y, la denegó con relación al Fiscal de Materia y al Investigador de la FELCC, hoy coaccionados, al ser el Juez de la causa quien debe definir si alguien incurrió en alguna irregularidad o no, en la aprehensión del accionante o en cualquier otra emergencia a suscitarse o surgir en la etapa investigativa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 59 se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 24 de igual mes y año, cursante a fs. 63; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Acta de denuncia de oficio y verbal formulada por Leython Aquise Alanoca, Investigador de la FELCC, -hoy coaccionado-consignándose como víctima de robo agravado a una persona de la tercera edad, de ochenta y cinco años, y enferma de cáncer terminal (fs. 16 y 17). II.2. Por Acta de Aprehensión Policial, ejecutada a las 22:30 horas, de 25 de mayo de 2023, contra de Limber Gustavo Villarroel Herrera y David Alfonso Ruiz Guzmán -ahora accionante- (fs. 18); Acta de Requisa Personal correspondiente al nombrado (fs. 19). II.3. Cursa Imputación Formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal de 26 de mayo de 2023, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de oficio contra el accionante, Limber Gustavo Villarroel Herrera y “otros” por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitando la detención preventiva del accionante y “otro”, por el plazo de ciento ochenta días, en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz (fs. 22 a 25 vta.). II.4. Consta Mandamiento de Detención Preventiva emitido el 27 de mayo de 2023, por Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada- contra el accionante- (fs. 28). II.5. Por Acta de Suspensión de Audiencia de Incidente de Nulidad de Imputacion Formal planteada por el accionante, de 13 de junio de 2023, ante la aclaración realizada por su abogado defensor quien indicó que asumió defensa solo por el nombrado, y no por el coimputado, instruyéndose la recuperación del audio de la audiencia de medidas cautelares para su verificación (fs. 26 a 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad ante las irregularidades en el procedimiento de aprehensión ilegal, procesamiento indebido y detención ilegal; puesto que, fue aprehendido a las 22:30 horas del 25 de mayo del 2023, de oficio, por un funcionario policial ante el supuesto delito de robo agravado sin que exista flagrancia, mandamiento de aprehensión, ni acta de intervención directa, disponiéndose en la audiencia de medidas cautelares celebrada el 27 de ese mes y año, su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días, fijándose audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de nulidad para el 13 de junio del mismo año, la misma que fue suspendida debido a que la Secretaria no pudo recuperar el audio de la audiencia de medidas cautelares para comprobar si el abogado de la defensa representó a los dos coimputados o solo al accionante e inclusive para remitir el mencionado recurso de apelación incidental al superior en grado, audiencia que reprogramada para el 16 de junio del señalado año; empero, al no haberse recuperado el citado audio, la Jueza ahora accionada resolvió dejar sin efecto la audiencia de medidas cautelares desarrollada el 25 de mayo de dicho año, sin anular el mandamiento de detención preventiva que emergió de aquella, señalándose una nueva audiencia de medidas cautelares para el 20 de junio de 2023, procedimiento irregular que lo mantiene por más de veintidós días indebidamente detenido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; iii) Legitimidad pasiva en acciones de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, establece que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras). La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, señala que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares

La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva. La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Legitimidad pasiva en acciones de libertad

La SCP 0111/2018-S4 de 10 de abril, hace referencia a la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, sobre esta temática y señala que: “ʽLa uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y 7 aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R´. Y por parte de este Tribunal, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0057/2016-S3, 0545/2016-S3 y 0823/2017-S3 entre otras” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad ante las irregularidades en el procedimiento de aprehensión ilegal, procesamiento indebido y detención ilegal; puesto que, fue aprehendido a las 22:30 horas del 25 de mayo del 2023, de oficio, por un funcionario policial ante el supuesto delito de robo agravado sin que exista flagrancia, mandamiento de aprehensión, ni acta de intervención directa, disponiéndose en la audiencia de medidas cautelares celebrada el 27 de ese mes y año, su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días, fijándose audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de nulidad para el 13 de junio del mismo año, la misma que fue suspendida debido a que la Secretaria no pudo recuperar el audio de la audiencia de medidas cautelares para comprobar si el abogado de la defensa representó a los dos coimputados o solo al accionante e inclusive para remitir el mencionado recurso de apelación incidental al superior en grado, audiencia que reprogramada para el 16 de junio del señalado año; empero, al no haberse recuperado el citado audio, la Jueza ahora accionada resolvió dejar sin efecto la audiencia de medidas cautelares desarrollada el 25 de mayo de dicho año, sin anular el mandamiento de detención preventiva que emergió de aquella, señalándose una nueva audiencia de medidas cautelares para el 20 de junio de 2023, procedimiento irregular que lo mantiene por más de veintidós días indebidamente detenido. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, ante la Imputación Formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal de 26 de mayo de 2023, realizada por el Fiscal de Materia hoy coaccionado (Conclusión II.3.), se llevó adelante la audiencia de medias cautelares en la que se dispuso la detención preventiva del imputado -accionante-, expidiéndose el respectivo Mandamiento de Detención Preventiva contra el nombrado, el 27 de igual mes y año (Conclusión II.4.); sin embargo, del Acta de Suspensión de Audiencia de Incidente de Nulidad de Imputación Formal planteado por el accionante de el 13 de junio de ese año, se constata que ante el informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto de la presencia del accionante y su abogado defensor, la Jueza ahora accionada afirmó que: “…yo no puedo decir que el abogado asumió la responsabilidad de ambos imputados, eso hoy dice el abogado, como no hay firma la firma de los imputados, señala que no asumió el patrocinio de los dos imputados. Eso será cuando se muestre el audio…” (sic [fs. 26]); por lo que, al no haber aclarado el abogado en ningún momento, que solo fue defensor del accionante, ante la duda generada y la información de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto a que el audio de la audiencia de medidas cautelares celebrada el 27 de mayo de 2023, se borró habiendo pedido a los funcionarios de Sistemas del Tribunal Departamental de Juticia de ese departamento, que lo recuperen, suspendió la audiencia y fijó su celebración para el 16 de junio de igual año (Conclusión II.5.). De acuerdo con el memorial de acción de libertad, instalada dicha audiencia en la fecha indicada, ante el informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, de no haberse “encontrado” el audio requerido, la Jueza hoy accionada dispuso dejar sin efecto la audiencia de medidas cautelares desarrollada el 27 de mayo de 2023, y señalar la realización de una nueva para el 20 de junio de ese año, con la finalidad de resolver la probabilidad de autoría e imponer la medida extrema de detención preventiva de concurrir los riesgos procesales; empero, no se anuló el mandamiento de detención preventiva que surgió de la audiencia de medidas cautelares dejada sin efecto, encontrándose el accionante detenido ilegalmente desde el 27 de mayo del citado año (fs. 34 vta.), actuación que es contraria al principio de celeridad con el que debe ser tratada toda solicitud que tenga involucrado el derecho a la libertad; más aun, cuando de la imputación formal presentada por el Fiscal de Materia se advierte que se puso en conocimiento del Juez contralor de derechos y garantías que la imputación fue “CON APREHENDIDO” (fs. 25 vta.); en consecuencia, al conocer la Jueza hoy accionada las incidencias surgidas en la audiencia de medidas cautelares de 27 de mayo de 2023, ya sea porque la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento, es personal nuevo y no conoce el manejo del equipo para grabar la audiencia de manera adecuada o que sin intención hubiese borrado la grabación o por error no realizó la grabación respectiva, situación de la que pretende aprovecharse el abogado del accionante, en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, la mencionada Jueza informó que “…no se anuló absolutamente nada simplemente se le escucho a la secretaria en la audiencia que se señaló de que iba a rescatar el audio y no lo hizo (…) ya en la tarde hemos señalado otra audiencia y se le pregunto a los abogados de la parte imputada que tenía una abogada y el y ambos manifestaron su conformidad con la nueva fecha de audiencia porque si no existe el audio (…) hemos establecido volver a llevar la audiencia de medida cautelar no porque exista una ilegalidad de nuestra parte sino porque el audio lo borro la secretaria de manera accidental (…) lo que no es una nulidad es un error de forma realizado por la señora secretaria entonces vamos a subsanar ese error de forma es que se señaló y preguntó a cada uno de los abogados y lamentablemente no se no entiendo en que motiva a decir que se anuló o que hay irregularidad…” (sic [fs. 52]). En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo ideal de defensa ante dilaciones indebidas que evitan que la situación jurídica de un imputado sea resuelta, en observancia a las subreglas establecidas en relación con el principio de celeridad a efectos de considerar actos dilatorios que impiden establecer cuál es la situación jurídica de un imputado, considerando los antecedentes y la aprehensión de la que fue objeto el accionante, corresponde aplicar también en el presente caso la subregla que considera acto dilatorio el fijar la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, tomando en cuenta que la detención preventiva es una medida cautelar de carácter personal que restringe el derecho a la libertad; por lo que, fue de conocimiento de la Jueza ahora accionada que el accionante había sido aprehendido el 26 de mayo de 2023, y que al no contar con el audio de la audiencia de medidas cautelares desarrollada el 27 de igual mes y año, ya sea por descuido, negligencia o falta de conocimiento del manejo del sistema informático de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, personal subalterno que se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia, debió señalar día y hora de audiencia de consideración de la medida cautelar requerida por el Fiscal de Materia; más aun, cuando fue de su conocimiento que el accionante estaba en calidad de aprehendido, en procura de resolver su situación jurídica, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho reparadora, ante la vulneración a su derecho a la libertad, con la aclaración de que no se dispone su libertad; ya que, eso dependerá de la autoridad judicial competente. Para finalizar es necesario aclarar con relación al Fiscal de Materia y al Investigador de la FELCC, ahora coaccionados, carecen de legitimación pasiva, al no haberse demostrado que hubiesen intervenido en la decisión asumida en la audiencia de 16 de junio de 2023, y menos en la determinación de llevar adelante una nueva audiencia de medidas cautelares en una fecha posterior, actos que resultan ser vulneradores del derecho a la libertad que denunció como vulnerado, el que pretende le sea restituido, en del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de oficio contra el accionante, Limber Gustavo Villarroel Herrera y “otros” por la presunta comisión del delito de robo agravado, conforme se dejó establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela respecto de los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 18 de junio, cursante de fs. 53 vta. a 55 vta., pronunciada por Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho reparadora, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Fiscal de Materia y al Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, al carecer de legitimación pasiva conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 3° Exhortar al Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del Departamento de Santa Cruz, remitir junto a los actuados generados durante la tramitación de una acción de defensa, los antecedentes principales que originaron la interposición de una acción de libertad, a efectos de su revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1652_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2e6b82600643e5d1ab46b19d6cbc8fa65e49d96cfd5511683ca5f1f61cfdd5ec

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →