Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la defensa; puesto que, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, sin considerar que: i) La hoy tercera interesada en su recurso de apelación cambió su pretensión inicial, modificando la fecha en la que supuestamente hubiesen dejado de convivir, citando que fue el 19 de diciembre de 2019, ya no en la gestión 2020, extremo que hizo notar en la respuesta presentada respecto a ese recurso; sin embargo, no fue tomado en cuenta, provocándole su indefensión; ya que, no presentó pruebas en relación a esa fecha; ii) Se omitió su prueba testifical de descargo que señaló que la nombrada solo fue su enamorada, y que una de las testigos indicó que la hoy tercera interesada tuvo una relación amorosa con el que fue su esposo en la gestión 2018, ocasionando su divorcio; por lo que, dicho Auto de Vista carece de fundamentación y motivación; y, iii) Debieron limitarse a atender los agravios expuestos en apelación por la recurrente -hoy tercera interesada-; empero, se aumentó un agravio más respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia 62/2023 asumiendo nuevos criterios, concluyendo que existió la unión libre desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019, extremo sobre el cual no presentó prueba alguna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; par…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 082/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 254 a 258 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1651/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 56255-2023-113-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 082/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 254 a 258 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhon Pérez Huarachi contra Aidé Mamani Romay y Hernán Ocaña Marzana, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
El accionante, por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, cursante de fs. 159 a 163 vta., manifestó lo siguiente:
Silvia Doris Catari Ramos -hoy tercera interesada- presentó contra su persona una demanda de comprobación de unión libre o de hecho, la cual fue radicada en el Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, bajo el fundamento de que hubiesen sostenido un matrimonio de hecho desde el 25 de abril de 2010 hasta el 19 de diciembre de 2020; por lo que, al contestar la demanda negó dichos extremos; ya que, en ningún momento mantuvo dicha relación; puesto que, la nombrada solo fue su enamorada; en ese sentido, la Jueza del citado Juzgado estableció los puntos de hecho a probar, que se limitó a que la parte demuestre su pretensión y que su persona contrarreste la misma demostrando la inexistencia del matrimonio de hecho; por lo cual, en la audiencia preliminar ambas partes produjeron prueba testifical y documental, con todas sus incidencias y emergencias, emitiéndose Sentencia -62/2023 de 9 de marzo-declarando sin lugar e improbada la demanda principal. En ese sentido, la hoy tercera interesada interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de omisión de prueba de reciente obtención y la mala valoración de la prueba de descargo; por lo que, contestó solicitando se rechace dicho recurso por su manifiesta admisibilidad y ausencia de agravios; ya que, en su oportunidad no se reclamaron mediante un recurso de reposición bajo alternativa de apelación; puesto que, se generó la preclusión de dicho reclamo. Es así que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, revocando la Sentencia -62/2023-, declarando probada en parte la demanda, señalando que existió la unión libre entre la hoy tercera interesada y su persona, disponiendo en su punto 1 la notificación al Servicio de Registro Cívico (SERECI) para que procedan al registro de unión libre o de hecho desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019. Resulta que en el recurso de apelación la ahora tercera interesada cambió de pretensión inicial, en el sentido de que supuestamente hubiesen dejado de convivir el 19 de diciembre de 2019, modificando la fecha indicada de 19 del mismo mes de 2020, extremo que hizo notar en la contestación del recurso de apelación, viéndose afectado su derecho a la defensa; ya que, en su momento no se pronunció al respecto ni presentó la prueba correspondiente, habiéndolo hecho únicamente en relación a las fechas indicadas; empero, se emitió el Auto de Vista 162/2023, atendiendo la petición de la nombrada. En el Auto de Vista 162/2023, existió una mala apreciación de la prueba de descargo; por cuanto, a partir de las declaraciones de sus testigos Jhonatan Israel Torrez Pérez, Lucy Pérez Ríos y Mariela Pérez Huarachi, se tiene que la hoy tercera interesada solo fue su enamorada y que nunca sostuvieron una relación de concubinato, señalando Lucy Pérez Ríos que la ahora tercera interesada tuvo una relación amorosa con el que fue su esposo en la gestión 2018, motivo que ocasionó su divorcio; empero, dichos elementos no fueron valorados por los Vocales hoy accionados al emitir el citado Auto de Vista; solo se escuchó la postura de la ahora tercera interesada, afectándose su derecho al debido proceso por la omisión de su prueba, y por consiguiente la fundamentación y motivación del señalado Auto de Vista. Así también el Auto de Vista 162/2023 en su numeral III, señaló en cuanto al reclamo de la hoy tercera interesada respecto a que se omitió la admisión y valoración de la prueba, que conforme al art. 330 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- únicamente deben ser impugnadas mediante el recurso de reposición bajo alternativa de apelación y con efecto diferido; en consecuencia, ese reclamo carecía de asidero legal, porque era su deber impugnar las decisiones asumidas por la autoridad judicial respecto a la prueba; empero, de la revisión del acta de audiencia del expediente, no se advierte que la nombrada hubiese impugnado sobre las decisiones asumidas; por lo que, su derecho precluyó, no resultando viable hacer valer derechos que no fueron impugnados oportunamente. De igual manera, el Auto de Vista 162/2023, en la parte final de la parte considerativa, concluyó que la parte demandante -hoy tercera interesada-alegó haber convivido en unión libre con su persona desde el 25 de abril de 2010 hasta el 19 de diciembre de 2020, empezando a vivir en la casa de sus padres ubicado en la calle Arce entre Pagador y Soria Galvarro, luego en el departamento de su tía y por último se trasladaron a la misma casa de los padres de la nombrada, hasta que surgieron agresiones y tuvieron que separarse un 19 de diciembre de 2019, y lo asume como un hecho veraz, sin la prueba de cargo; cuando de la prueba testifical presentada -misma que ya fue mencionada- se tiene que nunca sostuvo ninguna relación de concubinato con la ahora tercera interesada, sino únicamente de enamorados; sin embargo, el Auto de Vista 162/2023 no explicó porque no se tomó en cuenta la prueba testifical y documental que produjo dentro del caso, vulnerándose el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; ya que, las autoridades judiciales están en la obligación de hacer conocer esos aspectos, para que el justiciable sepa con meridiana claridad porque se asumió una decisión en una forma o en otra. Finalmente, todo auto de vista debe limitarse a atender los agravios expuestos en el recurso de apelación; es decir, debe existir congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve; en el caso se tiene dos agravios identificados por la recurrente -hoy tercera interesada- en cuanto a la omisión de la prueba de cargo de reciente obtención y la mala valoración de la prueba de descargo, con los fundamentos que conlleva cada punto, pidiendo se declare con lugar y procedente su recurso de apelación; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista 162/2023, se advierte que los Vocales hoy accionados aumentaron un agravio más que no identificó la nombrada, respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la sentencia; en ese sentido, los Vocales ahora accionados, asumieron nuevos criterios y razonamientos concluyendo que existió la unión libre desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019; por lo que, dicha determinación no se circunscribe a los puntos cuestionados por la apelante, y al aumentarse ese agravio se lo dejó en indefensión; ya que, su persona contestó en base a los puntos que estableció la parte apelante y no tuvo oportunidad de contestarlo.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la defensa; citando al efecto los arts. 115.I y II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, debiendo los Vocales hoy accionados emitir un nuevo auto de vista según los antecedentes del proceso, la prueba de descargo, los fundamentos de la apelación y su contestación; b) Se deje sin efecto todos los efectos legales que devengan del mencionado Auto de Vista; y, c) Se notifique al SERECI del departamento de Oruro para que deje sin efecto cualquier trámite o registro que tenga dispuesto dentro del proceso familiar de comprobación de unión libre o de hecho seguido en su contra a instancia de la hoy tercera interesada, ordenado por los Vocales ahora accionados.
Celebrada la audiencia pública el 9 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 243 a 253, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Aidé Mamani Romay y Hernán Ocaña Marzana, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 9 de junio de 2023, cursante de fs. 171 a 173, manifestaron que: 1) Dentro del proceso de comprobación de unión libre o de hecho seguido por la hoy tercera interesada contra el accionante, se emitió la Sentencia 62/2023, declarando no ha lugar e improbada la demanda, la cual fue impugnada mediante recurso de apelación en el efecto suspensivo, emitiéndose el Auto de Vista 162/2023; 2) El accionante señaló la lesión de su derecho a la defensa; debido a que, en la apelación se cambió la pretensión inicial respecto a las fechas que hubiesen dejado de convivir, modificándose la misma de 19 de diciembre de 2020 a 19 del mismo mes de 2019; corresponde señalar que dicho argumento en nada generó agravio al accionante; puesto que, las manifestaciones efectuadas por la ahora tercera interesada permitieron realizar una revisión integral de la causa, de las pruebas y de las alegaciones de las partes en igualdad de condiciones, siendo impertinente el argumento referido al cambio de fechas; puesto que, nada de eso fue considerado en el citado Auto de Vista emitido, siendo que la fecha que se estableció como convivencia es desde el 25 de abril de 2010 al 3 del mismo mes de 2019; además, en base al principio dispositivo las partes pueden manifestar o solicitar lo que consideren; empero, será la autoridad judicial quien previa valoración objetiva de los hechos emita la resolución que corresponda, aspecto cumplido en la presente causa; 3) En cuanto a la omisión de la valoración de la prueba denunciada, dicha manifestación resulta carente de sustento, siendo que conforme a las facultades conferidas por ley, ese
“Tribunal” efectuó una valoración integral de las pruebas cursantes en obrados, con la finalidad de generar convicción en la decisión asumida, siendo pertinente referir que en las tramitaciones judiciales no pueden ambas partes tener resultados positivos a sus pretensiones, y serán las autoridades de primera instancia o en grado de apelación las que previa valoración de la causa revoquen confirmen o anulen obrados, conforme a la normativa que rige la materia; 4) En cuanto a la falta de fundamentación y motivación del referido Auto de Vista que emitieron, ese Tribunal de segunda instancia previa revisión de la causa, los argumentos de apelación así como de la contestación, contrastados con la resolución emitida por autoridad judicial, procedió a resolver el recurso interpuesto; no correspondiendo evidente que consideraron pruebas no admitidas, señalándose el art. 330 del CFPF, en sentido de que las partes afectadas por la no admisión de prueba tenían el momento procesal oportuno para reclamar su derecho, y que no se advirtió que la parte demandante hubiese impugnado respecto a las decisiones asumidas sobre las pruebas aportadas o producidas, lo que implica decir, al no haber impugnado con el recurso que franquea a las partes el art. 330 del CFPF, su derecho al reclamo precluyó; por lo que, se contrastaron los argumentos de las partes y la resolución de la Jueza de primera instancia, evidenciándose una carente fundamentación, al no haberse cumplido con lo razonado en la jurisprudencia constitucional; 5) El Auto de Vista 162/2023 estableció que no solo debe existir una vinculación sentimental o la intensión de una vida en común de una pareja, sino actos que permitan evidenciar la voluntad de adquirir de forma conjunta obligaciones y deberes como el caso de acceder a un préstamo de dinero, o el de adquirir deberes morales como el de apadrinar bautizos de niños y niñas, actos que denotan que el accionante y la ahora tercera interesada tenían un lazo equiparable a la unión libre; en consecuencia, para que no prospere lo alegado por la nombrada era deber del demandado demostrar lo contrario; empero, no lo hizo, al contrario se tiene un registro del 20 de enero de 2023, de una unión libre o de hecho con otra pareja, unión que data del 3 de abril de 2019, lo que de ninguna manera desvirtúo la convivencia, estabilidad, singularidad con la hoy tercera interesada; 6) Al emitir el citado Auto de Vista se explicó de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que llevaron a tomar la decisión de revocar la Sentencia “215/2021” -62/2023-, declarando probada en parte la demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho, no existiendo ninguna errónea aplicación de la norma, mucho menos vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, habiéndose explicado cada una de las alegaciones pertinentes expuestas por las partes con una correspondencia con la norma procesal señalada y los argumentos que la respaldan; y, 7) Por lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela.
Silvia Doris Catari Ramos, a través de su abogado, en audiencia; manifestó que: i) Las resoluciones emitidas dentro del caso seguido por su persona contra el accionante generó efectos patrimoniales, teniendo a la fecha obligaciones adquiridas durante su relación, mismas que se deben cumplir; ii) La acción de amparo constitucional se sustenta en que aparentemente se hubiese modificado la pretensión principal de la demanda en la apelación y que el Tribunal de alzada hubiera incorporado un agravio que no se solicitó en apelación; al respecto se tiene que ello no es evidente; puesto que, en apelación señaló que la Sentencia 60/2023 pudo haberse dictado en forma parcialmente probada; ya que, si bien se modificó el tiempo de unión conyugal existente entre su persona y el accionante, fue por una prueba esencial que el nombrado adjuntó en cuanto a otra unión libre inscrita el 23 de enero de 2023, unión conyugal que supuestamente hubiese existido desde abril de 2019 hasta la indicada fecha de inscripción; modificación de tiempo que no cambió la pretensión principal que era el reconocimiento de unión libre, y eso es lo que se determinó en el Auto de Vista 162/2023, habiéndose modificado simplemente el tiempo de convivencia entre los nombrados; iii) Uno de los motivos por los que se rechazó la demanda principal fue que el accionante no tenía libertad de estado, una de las condiciones para reconocer lo que es la unión conyugal; sin embargo, el Tribunal de alzada evidenció con una certificación que el mismo adjuntó que su estado “no era libre a partir del 2019” (sic); iv) El accionante no demostró lo contrario a la demanda que presentó en su contra, arguyendo que únicamente era su enamorada cuya relación no fue continua por constantes exigencias y que vivió en la ciudad de Tarija hasta fines de enero de 2012, sin aportar ninguna prueba fehaciente al respecto, para finalmente tratar de desvirtuar con el registro de unión libre registrado el 20 de enero de 2013; este último aspecto que modificó de cierta manera la fecha de conclusión de la unión libre o de hecho que afirmó su persona en la demanda; es decir, sobre la finalización de 19 de diciembre de 2020, el citado Auto de Vista menciona que fue el propio accionante quien demostró la fecha de conclusión de una relación evidente, y como toda relación se deterioró al final, produciéndose una ruptura el año 2019; por lo que, se produjeron varios efectos jurídicos y que a la fecha tiene responsabilidades por deudas; motivos por los que se revocó parcialmente la demanda y se declaró en parte probada la misma, sin que se hubiese afectado la pretensión principal; v) También el accionante señaló que se hubiese incorporado un agravio que no se solicitó en la apelación; sin embargo, como apelante no denunció la falta de fundamentación y que la misma se dio en la omisión de valoración de prueba, lo que la parte accionante “…de manera oficiosa la están mencionado…” (sic); vi) En el Auto de Vista en cuestión se señaló el Auto Supremo “214/2015”, que refiere que los Jueces tienen la facultad privativa de apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según lo dispone el art. 1286 del Código Civil (CC); siendo evidente que la Jueza de primera instancia admitió la prueba, pero no la revisó porque no consideró que era relevante; los Vocales hoy accionados revisaron precisamente toda la prueba que se adjuntó por las partes para emitir el citado Auto de Vista; y, vii) Por lo expuesto pidió se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 082/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 254 a 258 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, disponiendo que los Vocales hoy accionados sin espera de turno emitan nuevo auto de vista tomando en cuenta los fundamentos expuestos en esa Resolución, así como todos los antecedentes del proceso; bajo los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista cuestionado mediante la acción de amparo constitucional que nos ocupa declaró probada en parte la demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho planteada por la hoy tercera interesada contra el accionante, disponiendo la notificación al SERECI para que por la sección correspondiente proceda al registro de la unión libre o de hecho de los nombrados, con fecha de inicio 15 de abril de 2010 y como fecha de conclusión 3 del mismo mes de 2019; decisión que habría vulnerado los derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; b) La nombrada en su apelación hizo referencia en cuanto a las pruebas de reciente obtención, señalando que la Sentencia 62/2023 carecía de fundamentación, motivación y congruencia; además, que tiene una valoración defectuosa y omisión indebida de la prueba, haciendo referencia al contenido de un Disco Compacto (CD) que no se habría valorado; c) A tiempo de contestar el accionante mencionó la pertinencia de las pruebas y la probanza del objeto del proceso, el tiempo del trato conyugal, la estabilidad, la continuidad y la singularidad, haciendo referencia a fotografías que no hubiesen sido presentadas en la demanda a pesar de que la hoy tercera interesada las tenía en su poder; así como; hizo referencia a la declaración de testigos; d) Del contenido del citado Auto de Vista se tiene que el mismo refiere los antecedentes del proceso, a la parte dispositiva de la sentencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación, citando varias disposiciones legales entre ellas los arts. 365, 370.I, 385 y 386 del CFPF y 63.II de la CPE. En su punto II con relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Sentencia 62/2023, debido a una valoración defectuosa y omisión indebida de la prueba, señaló que en la contestación el accionante no mencionó sobre su relación de concubinato con otra persona, quien el 20 de enero de 2023, realizó el reconocimiento de unión libre con Ruth Gabriela Delgado Gonzales, teniéndose que la citada Sentencia declaró improbada la demanda sin valorar las pruebas que demostraron fehacientemente la unión libre pretendida durante el periodo de 2010 al 2019; empero, hubo unión libre, asumiéndose no valorar las demás pruebas, cuando se pudo declarar probada parcialmente la demanda y señalar que dicha unión existió desde la gestión 2010 hasta el 2019 aceptando la reproducción del CD, de donde se evidenció la pedida de mano de parte del accionante a la ahora tercera interesada, observando que el sonido no era bueno, pues debió comprometerse a analizarlo conforme al principio de verdad material y dirección del proceso; sin embargo, la mencionada Sentencia señaló que el CD no pudo ser reproducido; ya que, el sonido no era bueno, no habiéndose valorado el mismo. También se citó la SCP 0171/2017-S3 de 13 de marzo, relacionado al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, para luego concluir que la estabilidad consiste en valorar diversos aspectos, como la edad de los convivientes, siendo que en el caso las partes procesales no eran adolescentes sino adultos que decidieron vivir en pareja e inclusive en la casa de los progenitores de ambos; debiéndose considerar que la unión libre o de hecho se presume salvo prueba en contrario conforme señala el art. 164 del CFPF; e) Era deber del demandado -accionante- demostrar lo contrario sobre las afirmaciones de la parte demandante -ahora tercera interesada-; puesto que, el hecho de que el nombrado registro el 20 de enero de 2023 una unión libre o de hecho con otra pareja señalando que esa unión data del 3 de abril de 2019, de ninguna manera desvirtúo lo manifestado por la nombrada con relación a los años anteriores; f) Los Vocales hoy accionados soslayaron un pronunciamiento incumpliendo que los órganos de justicia a través de los jueces en representación del Estado se encuentran obligados de acuerdo al art. 4 del CFPF a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando su integración, estabilidad, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y los derechos de todos los miembros; g) En el caso la parte demandante -hoy tercera interesada- no aportó prueba fehaciente que demuestre su pretensión; y, h) De los argumentos antes señalados, se tiene que si bien los Vocales ahora accionados se pronunciaron sobre los agravios expuestos por la parte apelante, no obstante, sus fundamentos no son claros y concretos, respecto a las pretensiones de ambas partes, lo que vulneró los derechos que refiere el accionante, no contándose con la suficiente fundamentación ni motivación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 31 de marzo de 2026, cursante a fs. 270, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 274; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, ante el Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Oruro mediante el cual Silvia Doris Catari Ramos -hoy tercera interesada-, presentó demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho, contra Jhon Pérez Huarachi -ahora accionante- (fs. 40 a 42). II.2. Por memorial presentado el 17 de enero de 2023, dirigido al Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, el accionante, contestó la demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho, ante la Jueza del citado Juzgado, solicitando se declare improbada la misma (fs. 52 a 54). II.3. Mediante Sentencia 62/2023 de 9 de marzo, la Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, declaró no ha lugar e improbada la demanda de comprobación de unión libre o de hecho, interpuesta por la hoy tercera interesada (fs. 99 a 101 vta.). II.4. Cursa, memorial presentado el 17 de marzo de 2023, ante la Jueza de la causa; por el que, la hoy tercera interesada formuló recurso de apelación contra la Sentencia 62/2023 (fs. 123 a 126). II.5. Por memorial presentado el 28 de marzo de 2023, ante la Jueza de primera instancia, el accionante contestó el recurso de apelación (fs. 129 y vta.). II.6. Consta Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, emitido por Aidé Mamani Romay y Hernán Ocaña Marzana, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionados-, que en grado de apelación, revocaron la Sentencia “215/2021 de 11 de noviembre” -62/2023 de 9 de marzo-, y deliberando en el fondo se declaró probada en parte la demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho incoada por la hoy tercera interesada, disponiendo: 1) La notificación a las Oficinas del SERECI, dependiente del Tribunal Departamental Electoral de Oruro para que por la sección correspondiente proceda al registro de la unión libre o de hecho de la ahora tercera interesada y el accionante, con fecha de inicio 25 de abril de 2010 y fecha de conclusión 3 de igual mes de 2019, con los efectos del art. 167 del CFPF; y, 2) Para el efecto por Secretaria líbrese la ejecutoria de ley (fs. 144 a 151).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la defensa; puesto que, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, sin considerar que: i) La hoy tercera interesada en su recurso de apelación cambió su pretensión inicial, modificando la fecha en la que supuestamente hubiesen dejado de convivir, citando que fue el 19 de diciembre de 2019, ya no en la gestión 2020, extremo que hizo notar en la respuesta presentada respecto a ese recurso; sin embargo, no fue tomado en cuenta, provocándole su indefensión; ya que, no presentó pruebas en relación a esa fecha; ii) Se omitió su prueba testifical de descargo que señaló que la nombrada solo fue su enamorada, y que una de las testigos indicó que la hoy tercera interesada tuvo una relación amorosa con el que fue su esposo en la gestión 2018, ocasionando su divorcio; por lo que, dicho Auto de Vista carece de fundamentación y motivación; y, iii) Debieron limitarse a atender los agravios expuestos en apelación por la recurrente -hoy tercera interesada-; empero, se aumentó un agravio más respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia 62/2023 asumiendo nuevos criterios, concluyendo que existió la unión libre desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019, extremo sobre el cual no presentó prueba alguna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, en cuanto a la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, establece que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,-porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación‛, o extiendo esta es, b.2) una ‘motivación arbitraria‛; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas‛.
b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. ‘La justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general ‘judicial, administrativa, etc.’ sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado). (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas‛, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume‛ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‘La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”’ » (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y a la defensa; puesto que, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 162/2023 de 10 de mayo, sin considerar que: 1) La hoy tercera interesada en su recurso de apelación cambió su pretensión inicial, modificando la fecha en la que supuestamente hubiesen dejado de convivir, citando que fue el 19 de diciembre de 2019, ya no en la gestión 2020, extremo que hizo notar en la respuesta presentada respecto a ese recurso; sin embargo, no fue tomado en cuenta, provocándole su indefensión; ya que, no presentó pruebas en relación a esa fecha; 2) Se omitió su prueba testifical de descargo que señaló que la nombrada solo fue su enamorada, y que una de las testigos indicó que la hoy tercera interesada tuvo una relación amorosa con el que fue su esposo en la gestión 2018, ocasionando su divorcio; por lo que, dicho Auto de Vista carece de fundamentación y motivación; y, 3) Debieron limitarse a atender los agravios expuestos en apelación por la recurrente -hoy tercera interesada-; empero, se aumentó un agravio más respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia 62/2023 asumiendo nuevos criterios, concluyendo que existió la unión libre desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019, extremo sobre el cual no presentó prueba alguna. Identificado como se tiene el asunto planteado, corresponde remitirnos a los antecedentes cursantes en obrados, a partir de los cuales se evidenció que la hoy tercera interesada presentó demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho, el 22 de noviembre de 2022, contra el accionante (Conclusión II.1.); por lo que, el 17 de enero de 2023, el accionante, contestó la demanda precedentemente citada, ante la Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, solicitando se declare improbada la misma (Conclusión II.2.); proceso que mereció la Sentencia 62/2023, dictada por la citada Jueza, declarándose no ha lugar e improbada dicha demanda (Conclusión II.3.).
En ese sentido, la hoy tercera interesada, mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2023, formuló recurso de apelación contra la Sentencia 62/2023 (Conclusión II.4.); siendo respondida por el accionante a través del memorial presentado el 28 de marzo de 2023 (Conclusión II.5.); recurso que fue resuelto mediante el Auto de Vista 162/2023, por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, revocándose la Sentencia “215/2021” -62/2023-, y deliberando en el fondo se declaró probada en parte la demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho incoada por la hoy tercera interesada, disponiéndose: i) La notificación a las Oficinas del SERECI, dependiente del Tribunal Departamental Electoral, para que por la sección correspondiente proceda al registro de la unión libre o de hecho de la hoy tercera interesada y el accionante, desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 de igual mes de 2019, con los efectos del art. 167 del CFPF; y, ii) Para el efecto por Secretaria líbrese la Ejecutoria de Ley (Conclusión II.6.). Ahora bien, corresponde considerar que la denuncia principal del accionante a través esta acción de defensa radica, en que los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de Vista 162/2023 hoy impugnado, sin la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; por lo que, ante ello, se tiene delimitado el punto a analizarse; en ese contexto, revisaremos la contestación del accionante al recurso planteado contra la Sentencia 62/2023, efectuado mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2023; por el cual, se señalaron los siguientes argumentos: a) Se entiende por sana crítica que todo Juez cuenta con la potestad de libre convicción para apreciar los elementos probatorios conforme a las reglas de la lógica, la experiencia, las ciencias y artes afines; debiéndose establecer la pertinencia de las pruebas para que sean conducentes a la probanza del objeto del proceso, que en ese caso era demostrar el tiempo del trato conyugal, la estabilidad, la continuidad y la singularidad; b) Al margen de que las conversaciones de WhatsApp vulneran su derecho a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas, son pruebas que no aportan a la pretensión de la demandante; por lo que, no se puede reclamar algo si no se demuestra de qué manera podría coadyuvar a su interés, el motivo por el cual las cree necesarias o importantes, para demostrar los requisitos sine quanum para la comprobación de la unión libre o de hecho, aspecto que no concurre en el presente caso; ya que, en su apelación se limitó a observar ese extremo, sin la mayor fundamentación; c) En cuanto a la prueba de reciente obtención, fotografías de las gestiones 2016 a 2020 y fotocopias de un contrato de 6 de enero de 2021, que no fueron admitidas; por lo que, señaló que la referida Jueza actuó injustamente al rechazarlas, considerando el art. 325.II del CFPF, establece evidentemente que se podrá admitir la prueba, después de haber presentado la demanda, cuando sea de reciente conocimiento u obtención; en el caso que nos ocupa, son pruebas que siempre estuvieron en poder de la demandante, quien se olvidó adjuntarlas a su demanda, no siendo de reciente obtención u conocimiento; por lo que, al no haberse admitido las mismas la nombrada debió impugnar dicha determinación; en consecuencia, no se puede presentar en esa etapa, pedir la revalorización de la prueba, más aun cuanto existe decisiones judiciales que fueron consentidas y ejecutoriadas; y, d) No se establecieron los requisitos que el ordenamiento jurídico familiar exige para determinarse la comprobación de la unión libre o de hecho que pretende la parte contraria.
En ese sentido, los Vocales hoy accionados al emitir el Auto de Vista 162/2023, señalaron que: 1) Respecto a que las pruebas que no hubiesen sido tomadas en cuenta por la autoridad judicial o fueron rechazadas por no cumplir con las formalidades de ley; se debe considerar que el art. 330 del CFPF establece que las resoluciones dictadas en el procedimiento sobre, producción, rechazo y diligenciamiento de prueba, únicamente podrán impugnarse mediante recurso de reposición y con efecto diferido; por consiguiente, los cuestionamientos que realiza la parte recurrente en su recurso de apelación carecen de asidero legal, porque era su deber impugnar las decisiones asumidas por la autoridad judicial en la audiencia celebrada a tiempo de considerar sobre la pertinencia, impertinencia, conducencia, inconducencia, necesaria o innecesaria, aceptando o rechazando la misma; teniéndose a partir de la revisión del acta de audiencia de fs. 87 a 98 vta. de obrados que la nombrada no impugnó sobre las decisiones asumidas en cuanto a las pruebas aportadas o producidas, lo que implica que al no haberse impugnado conforme a la previsión de dicha normativa su derecho al reclamo precluyó, al haber transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización del mismo, no pudiéndose hacer valer en apelación los derechos que no fueron oportunamente impugnados; 2) Con relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Sentencia con una valoración defectuosa y omisión indebida de la prueba; que en la contestación el demandado no mencionó sobre su relación de concubinato con otra persona, quien el 20 de enero de 2023 realizó el reconocimiento de unión libre con Ruth Gabriela Delgado Gonzales; por lo que, la “Sentencia es improbada con la demostración de unión conyugal del señor Jhon Pérez Huarachi, sin valorar las otras pruebas que demuestran fehacientemente la unión libre que pretende durante el periodo de 2010 al 2019; empero, como hay unión libre, se asume no valorar la demás pruebas, cuando pudo parcialmente declarar probada la demanda y señalar que corre desde la gestión 2010 hasta el 2019” (sic); que la Jueza aceptó la reproducción del CD que evidencia la pedida de mano efectuada por el accionante a la parte recurrente, observando que el sonido no es bueno, se compromete a analizarlo más tarde; empero, en la Sentencia señala que el CD no reproduce y el sonido no es bueno; por lo que, no se valoró, cuando conforme al principio de verdad material y la dirección del proceso, pudo pedir que se reproduzca el CD y se transcriba el mismo;
empero, no lo hizo, obviando un medio de prueba importante y suficiente para declarar probada la demanda; 3) Al no haberse valorado ni admitido la prueba de manera correcta se violó la previsión del art. 63 de la CPE; por cuanto, de haber revisado la documentación pudo identificar que se pidió el reconocimiento de la unión libre solo en determinado periodo en el cual se habrían adquirido bienes y deudas patrimoniales; 4) De la Sentencia impugnada se tiene que la autoridad judicial para asumir su decisión después de identificar los hechos probados y no probados de las partes, expuso que la “demandante refiere que su unión hubo empezado en fecha 25 de abril de 2010 y duro hasta la fecha 19 de diciembre de 2020, asimismo la parte demandada ha manifestado no ser cierto los argumentos expuestos y que jamás llegaron a convivir. Si bien se hubo demostrado por la parte demandante que cuenta ella con libertad de estado, asimismo que no tiene descendencia, empero la parte contraria ha demostrado que se encontraba viviendo en calidad de unión libre desde el año 2019 con la señora Ruth Gabriela Delgado Gonzales llegando a tener descendencia, asimismo con orden judicial se procedió al registro de esa unión, concluyendo que el demandado no cumple a cabalidad con el requisito de libertad de estado, asimismo tampoco se demostró una convivencia singular y única, ya que con las pruebas documentales no se ha establecido la convivencia como tal o imágenes que demuestre su convivencia como esposos, asimismo refieren los testigos de descargo que el señor Jhon Pérez Huarachi cuenta con unión libre registrada desde 2019 por lo que no hubo estabilidad, singularidad, convivencia en calidad de esposos con la ahora demandante, no se niega la existencia de una etapa de enamorados entre partes, empero refieren que nunca llegaron a convivir y que solo mantuvieron una relación sentimental empero antes del 2019…” (sic); a partir de lo se estableció que el razonamiento expuesto por la autoridad judicial no cumplió con la debida fundamentación y motivación, citando al efecto la SCP 0171/2017-S3; por consiguiente, en la Sentencia se expresaron razonamientos que no condicen con los antecedentes del proceso y en efecto para determinar que no existió o no se demostró una convivencia singular y única recurre a la orden judicial de registro de una unión libre del demandado, concluyendo; por lo tanto, que no se cumplió a cabalidad con el requisito de libertad de estado del nombrado, cuando el registro de la unión libre del mismo con Ruth Gabriela Delgado Gonzales tiene fecha de registro el 20 de enero de 2023, con fecha de unión desde el 3 de abril de 2019 “…y no es una inscripción por orden judicial conforme se aprecia a fs. 102 y 109 de obrados, sino voluntaria…” (sic); 5) La vinculación de hecho de las parejas conlleva la intencionalidad de una vida conyugal y eso se demuestra con una serie de actos que no solo son sentimientos, tales como el adquirir de forma conjunta obligaciones y deberes, por ejemplo como el acceder a un préstamo de dineros o el de adquirir deberes morales como el de apadrinar bautizos de niños y niñas, adquiriendo responsabilidad para los ahijados y su entorno familiar, extremo que solo asumen parejas que tienen intencionalidad de una vida conyugal; 6) El art. 63 de la CPE establece que las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, mantenidas por un hombre y una mujer sin impedimento legal producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellos; 7) La estabilidad consiste en valorar diversos aspectos, entre ellos la edad de los convivientes, teniéndose en el caso que las partes procesales son adultos que decidieron vivir en pareja inclusive en la casa de sus progenitores; por lo que, realizando una valoración y apreciación total de las pruebas pertinentes al caso, así como la declaración voluntaria de ambas partes, pretendiendo el demandado -accionante- desvirtuar la existencia de una unión libre, señalando que eran simples enamorados, por un determinado tiempo y no de forma continua, aseveración que no resulta suficiente, ya que la unión libre o de hecho por ley se presume, salvo que se pruebe lo contrario, tal como lo prevé el art. 164 del CFPF; en ese sentido, el nombrado debió demostrar lo contrario sobre las afirmaciones de la hoy tercera interesada; 8) El hecho del registro de 20 de enero de 2023 de una unión libre o de hecho con otra pareja, señalando que su unión data del 3 de abril de 2019, de ninguna manera desvirtúa lo manifestado por la parte demandante con relación a los años anteriores, sobre ese aspecto la autoridad judicial soslayó su pronunciamiento, incumpliendo que los órganos de justicia a través de los jueces en representación del Estado, se hallan obligados de acuerdo al art. 4 del CFPF, a proteger a las familias respetando su diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todos sus miembros; 9) En la unión libre o de hecho toda autoridad jurisdiccional al valorar la prueba debe basarse no solo en su sana critica sino en los principios de singularidad y estabilidad; y, 10) La hoy tercera interesada alegó haber convivido en unión libre con el accionante desde el 25 de abril de 2010 hasta el 19 de diciembre de 2020, empezando a vivir en la casa de los padres del accionante ubicado en la calle Arce entre Pagador y Soria Galvarro en el departamento de su tía, luego se trasladaron en la misma casa, al departamento de sus abuelos y después de algunos problemas se dieron una oportunidad y fueron a vivir a la casa de los padres de la hoy tercera interesada hasta que surgieron agresiones y tuvieron que separarse un 19 de diciembre de 2020; lo que fue negado por el accionante, arguyendo únicamente que era su enamorada, cuya relación no fue continua por las constantes desavenencias, indicando que vivió en la ciudad de Tarija hasta finales de enero de 2012, sin aportar ninguna prueba fehaciente, para finalmente tratar de desvirtuar con el registro de unión libre o de hecho inscrita el 20 de enero de 2023, con fecha de unión libre de 3 de abril de 2019, aspecto que modifica de cierta manera la fecha de conclusión de la unión libre o de hecho que afirma la hoy tercera interesada, es decir, sobre la finalización el 19 de diciembre de 2020; por lo que, corresponde resolver el recurso de acuerdo a lo determinado en el art. 386.I inc. c) del CFPF.
Respecto a la problemática identificada en el inc. a) Para resolver dicha problemática, con relación a la congruencia, corresponde considerar que el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, señala que el principio de congruencia fue desarrollado desde dos ámbitos; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizado y considerado por dicha autoridad. Ahora bien, el accionante denuncia que los Vocales hoy accionados no consideraron que en su respuesta al recurso de apelación hizo notar que se afectaban sus derechos al cambiarse en apelación su pretensión inicial, al modificarse la fecha en la que supuestamente hubiesen dejado de convivir, citando que fue el 19 de diciembre de 2019, ya no el 19 del mismo mes de 2020, sin que hubiesen presentado pruebas en relación a esas fechas; corresponde señalar que de la revisión del memorial presentado el 28 de marzo de 2023, ante la Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, cursante a fs. 129 y vta., mediante el cual contestó la apelación formulada por la hoy tercera interesada, no se advierte que el accionante hubiese hecho notar el aspecto extrañado mediante la acción de amparo constitucional, pues de su revisión no se advierte ningún argumento vertido respecto a que el cambio de fechas de la culminación de su convivencia afectaría la pretensión inicial de la demanda, lo cual hubiese afectado sus derechos; por consiguiente, no es evidente que el accionante hubiese reclamado dicho aspecto y que los Vocales ahora accionados no se hubiesen pronunciado al respecto o que no lo tomaron en cuenta; por lo que, no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento congruencia, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
En cuanto a las problemáticas identificadas en los inc. b) y c) El accionante denuncia que los Vocales hoy accionados al emitir el Auto de Vista 162/2023 mediante la presente acción de amparo constitucional, omitieron su prueba testifical de descargo que señaló que la hoy tercera interesada solo fue su enamorada, y que una de las testigos indicó que la ahora tercera interesada tuvo una relación amorosa con el que fue su esposo en la gestión 2018, ocasionando su divorcio; por lo que, dicho Auto de Vista carece de fundamentación y motivación; así como también, que dichas autoridades debieron limitarse a atender los agravios expuestos en apelación por la recurrente -hoy tercera interesada-; empero, aumentaron un agravio más respecto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia asumiendo nuevos criterios, concluyendo que existió la unión libre desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019, extremo sobre el cual no presentó prueba alguna.
Al respecto corresponde remitirnos a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; por cuanto, la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se actuó no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió y con relación a la motivación se estableció que puede ser concisa pero clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su determinación en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por cumplidas y que como un supuesto de motivación arbitraria se entiende cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso, que influye en la confiabilidad de los hechos probados capaces de incidir en los fundamentos de la decisión; concluyéndose que existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue o no valorado, para que se fortalezca o debilite las premisas sobre los hechos y la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o los motivos por los cuales se falla de una determinada manera, dichas normas se tendrán por vulneradas, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustenta; puesto que, el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
Ahora bien, a partir del Auto de Vista 162/2023, emitido por los Vocales ahora accionados, corresponde señalar que estas refirieron que: i) El accionante en su contestación al recurso de apelación no mencionó sobre su relación de concubinato con otra persona registrado el 20 de enero de 2023 con fecha de inicio el 3 de abril de 2019, extremo que no fue considerado en por la autoridad de primera instancia al emitir la Sentencia apelada, cuando bien pudo declarar parcialmente probada la demanda desde la gestión 2010 hasta la gestión 2019; ii) La Jueza de la causa aceptó la reproducción del CD presentado como prueba, donde se evidencia la pedida de mano efectuada por el accionante a la tercera interesada, observando que el sonido no era bueno; por lo que, lo revisaría posteriormente; empero, en la Sentencia señaló que dicho CD no reproduce y que su sonido no era bueno; por consiguiente, no fue valorado, cuando dicha autoridad conforme al principio de verdad material y la dirección del proceso pudo pedir que sea reproducido y se lo transcriba; sin embargo, no lo hizo, obviando un medio de prueba importante y suficiente que probó la demanda; no habiéndose valorado ni admitido la prueba de manera correcta, conforme a la previsión del art. 63 de la CPE; iii) En la Sentencia recurrida la autoridad judicial concluyó que se demostró por la parte demandante -tercera interesada- que ella contaba con libertad de estado y que no tenía descendencia; sin embargo, el accionante demostró que se encontraba viviendo en calidad de unión libre desde el 2019 con Ruth Gabriela Delgado Gonzales con quien tiene descendencia; por lo que, el accionante no cumplió con el requisito de libertad de estado; tampoco se demostró una convivencia singular y única; ya que, con las pruebas documentales no se estableció la convivencia como tal entre los nombrados; asimismo se tiene a partir de los testigos de descargo que el accionante cuenta con unión libre registrada desde 2019; por lo que, no hubo estabilidad, singularidad, convivencia en calidad de esposos con la ahora tercera interesada; sin negarse la existencia de una etapa de enamorados entre las partes; empero, nunca llegaron a convivir y que solo mantuvieron una relación sentimental antes del 2019. A partir de dicho razonamiento, los Vocales hoy accionados establecieron que la autoridad judicial no cumplió con la debida fundamentación y motivación al emitir la Sentencia recurrida, incumpliendo con la jurisprudencia establecida en la SCP 0171/2017-S3; sosteniendo que se expresaron razonamientos que no condicen con los antecedentes del proceso, concluyendo que no existió o no se demostró una convivencia singular y única a partir de la orden judicial de registro de una unión libre del accionante con otra persona; por lo que, no se cumplió con el requisito de libertad de estado; cuando el registro de la unión libre del mismo con Ruth Gabriela Delgado Gonzales fue registrado de manera voluntaria el 20 de enero de 2023, con fecha de unión libre desde el 3 de abril de 2019; iv) La vinculación de hecho de las parejas conlleva la intencionalidad de una vida conyugal demostrable de la adquisición de manera conjunta de obligaciones y de deberes, entre estos un préstamo de dinero o el de apadrinar bautizos de niños y niñas; v) El art. 63 de la CPE establece que las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, mantenidas por un hombre y una mujer sin impedimento legal producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellos. Así, la estabilidad consiste en valorar diversos aspectos, entre ellos la edad de los convivientes, teniéndose en el caso que las partes procesales son adultos que decidieron vivir en pareja inclusive en la casa de sus progenitores; por cuanto, realizando una valoración y apreciación total de las pruebas pertinentes al caso, así como la declaración voluntaria de ambas partes, pretendiendo el accionante desvirtuar la demanda de la nombrada señalando que solo fueron enamorados por un determinado tiempo y no de forma continua; aseveración insuficiente, ya que la unión libre o de hecho por ley se presume, salvo que se pruebe lo contrario, tal como lo prevé el art. 164 del CFPF; en ese sentido, el accionante debió demostrar lo contrario sobre las afirmaciones de la parte demandante; por lo cual, el registro de 20 de enero de 2023 de una unión libre o de hecho con otra pareja, la cual data del 3 de abril de 2019, de ninguna manera desvirtúa lo manifestado por la demandante -tercera interesada- con relación a los años anteriores, sobre ese aspecto la autoridad judicial soslayó su pronunciamiento, incumpliendo la previsión del art. 4 del CFPF; y, vi) En ese sentido, la demanda planteada por la hoy tercera interesada respecto al reconocimiento de unión libre o de hecho con el accionante desde el 25 de abril de 2010 hasta el 19 de diciembre de 2020, si bien fue negada por el accionante, arguyendo únicamente que era su enamorada, cuya relación no fue continua por las constantes desavenencias, indicando que vivió en Tarija hasta finales de enero de 2012, sin aportar ninguna prueba fehaciente; por lo que, a partir del citado registro de unión libre o de hecho se estableció que la fecha de conclusión de la unión libre o de hecho demandada por la hoy tercera interesada fue el 19 de diciembre de 2020. Por todo lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista 162/2023, no adolece de fundamentación y motivación; ya que, justificó por qué determinó revocar la Sentencia apelada y declara probada en parte la demanda judicial de comprobación de unión libre o de hecho incoada por la hoy tercera interesada contra el accionante y dispuso la notificación al SERECI para que por la sección correspondiente proceda al registro de dicha unión libre desde el 25 de abril de 2010 hasta el 3 del mismo mes de 2019; con base en la mencionada jurisprudencia constitucional y la normativa aplicable al caso concreto, explicando los motivos por los cuales baso su determinación en la prueba que no fue considerada por la Sentencia apelada, la cual se trata de un registro de unión libre del accionante con otra persona de 20 de enero de 2023, la cual data de 3 de abril de 2019; y concluyó que el accionante no demostró lo contrario de la demanda planteada en su contra, pese a la prueba presentada tanto documental como testifical remitiéndose a la determinación de primera instancia, limitándose a señalar que únicamente hubiesen sido enamorados; por consiguiente, se evidencia que los Vocales ahora accionados cumplieron con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 082/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 254 a 258 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1651_2026-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): f96f406f9abb979e45a8ce65425bb16f2ce03d11838c76b2279778fad4166cab
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