B.IA.LEGAL

SCP 1651/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57784-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y a la dignidad; puesto que, dentro del caso con signado con CUD 7011020122302713, brindó su declaración informativa en calidad de sindicada. Posteriormente la Comisión de Fiscales le hizo conocer que se encontraba aprehendida en aplicación a lo establecido por el art. 226 del CPP, luego en audiencia de 24 de mayo de 2023, celebrada por la Jueza ahora accionada, solicitó se declare ilegal su aprehensión; posteriormente, planteó recurso de apelación incidental, el cual se encuentra pendiente de resolución. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 30 vta. a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos expuestos en este fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1651/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57784-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 30 vta. a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wendy Miriam Rodríguez Quinteros en representación sin mandato de Patricia Piedades Suárez Barba contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 13 a 17 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Patricia Piedades Suarez Barba -accionante-, por la presunta comisión de delitos financieros, previsto y sancionado en el art. 363 quater inc. b) del Código Penal (CP), refiere que “el día xxxxx” fue notificada por la Comisión de Fiscales, dentro del caso con Código Único de Denuncia (CUD) 7011020122302713, la mencionada Comisión de Fiscales le dio a conocer que se encontraba aprehendida en aplicación a lo establecido por el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), notificándola con una “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023, la indicada Comisión de Fiscales le hubiese imputado formalmente pidiendo audiencia de aplicación de medidas cautelares contra su persona -detención preventiva-; en consecuencia, el 24 de citado mes y año, se instaló la audiencia con ese objeto ante la Jueza ahora accionada, a quien solicitó por medio de su abogado, que declare ilegal la aprehensión impuesta por la señalada Comisión de Fiscales; citando al efecto los arts. 54.1 y 279 del CPP; así como, a la SCP 0578/2021-S4 de 21 de septiembre. En audiencia de aplicación de medidas cautelares, la accionante indicó que la “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023, emitida y ejecutada por la Comisión de Fiscales contra su persona no respetó la exigencia prevista por el art. 226 del CPP, señalando que: a) El Ministerio Público debe responder estricta y rigurosamente a lo determinado por el referido artículo; b) El citado artículo exige dos requisitos para que el Ministerio Público aprehenda a un ciudadano, el primero es la probabilidad de autoría, respecto de la cual “…me protesté y protesto absolutamente inocente y que en el plazo de la etapa preparatoria no se podrá vencer en mi contra la presunción de inocencia” (sic); y, c) El otro requisito indispensable refiere a que pueda fugarse, ocultarse o ausentarse del lugar donde se desarrolla el proceso (peligro de fuga) o que pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, la cual no solo no estaba fundado en la “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023; asimismo, luego de argumentar que tendría acreditado el trabajo en la referida Resolución Fiscal, menciona que no la tendría y que por ello materializaría lo previsto por el art. 234.2 del CPP. Menciona también con relación al peligro para la sociedad que por el solo hecho de que su persona tuvo un “‘alto cargo ejecutivo’”, no se puede inferir que generó peligro para la sociedad y que la “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023; indicó que existe peligro de obstaculización, sencillamente porque tienen actos de investigación pendientes, y que encontrándose en libertad podría suprimir, ocultar, destruir y/o falsificar los elementos de prueba; no existiendo precisión en ese aspecto, con relación al art. 235.2 de dicha Resolución Fiscal solo expresaría “elucubraciones” sin contenido racional para llegar a la conclusión de que puedo influir en otras personas. La Jueza hoy accionada no valoró el tema de riesgos procesales en audiencia; ya que no puede adelantarse a ello; por lo que, declaró infundado el “recurso” de ilegalidad de la aprehensión, tomando en cuenta que se cumplió con los parámetros de lo establecido por el art. 226 del CPP. Así también dicha Jueza no comprendió la arbitrariedad en la que incurrió al no declarar ilegal la aprehensión por la fiscalía; ya que, no solo fue mediante expresiones equivocadas sino con omisiones, y esa ausencia de pronunciamiento no fue un descuido o actitud culposa, sino totalmente dolosa, porque para darle la oportunidad de que se pronuncie, su abogado, pidió en vía de complementación, volviendo a evadir ese aspecto dicha Jueza sin pronunciarse.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y a la dignidad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se declare ilegal la aprehensión contra su persona emitida por los “LOS FISCALES”.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Decidió retirar la presente acción de libertad; puesto que, existe una presión mediática y pública respecto al caso que actualmente pidió el control jurisdiccional la cual se basa en la SCP 0578/2021-S4 de 21 de septiembre; 2) En “…la presente acción de Libertad hemos puesto XXX a la resolución que cursan a la presente acción de libertad…” (sic) por dos razones, por una omisión que no es error de taipeo, es una omisión cometida por la Jueza de control jurisdiccional y es un quebrantamiento establecido por los arts. 54.1 y “274” del CPP; ya que, tanto el mandamiento de aprehensión como la declaración informativa fueron efectuadas el 24 de mayo de 2023; 3) No se realizó la trascripción del acta de audiencia y esta no fue remitida conforme lo dispone el art. 251 del CPP, teniendo un retraso de más de quince días en la remisión de antecedentes, con distintos disimulos; 4) Al momento que se efectúa la aprehensión no ha podido comprehender de manera cierta el por qué se la privó de libertad por que no existía una relación lógica cabal y ética uno respecto de los riesgos de posibilidad probabilidad de autoría y segundo respecto del porque ella “…estaba siendo conducida privada de su libertad…” no habiendo generado duda de riesgos procesales; por lo que adjuntó, el acta de media cautelar la cual transgrede el principio de “omnes faboris”; puesto que, está bajo el cuidado de su madre que tiene una arteriosclerosis severa, quien se encuentra consternada por la situación en que se encuentra; 5) Se planteó recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas al amparo del art. 251 del CPP, mismo que debió ser decretado en su momento y tiempo oportuno, ya que desde el 24 de mayo de 2023 pasaron más de quince días y la accionante se encuentra en zozobra de la tutela judicial que pueda determinar respecto de su aprehensión; y, 6) La presente acción de libertad se basa en la jurisprudencia constitucional que fue mencionada bajo los principios constitucionales regidos por los arts. 54.1 y 279 del CPP, así como en su condición de mujer e hija; ya que, actualmente tiene la tutela de su madre situación que no ha sido considerado por la jueza; por lo que “…en virtud a ello pido se declare ilegal la presente acción de libertad no consumándose el retiro de la presente acción…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 17 de junio de 2023, cursante a fs. 25, manifestó que: i) En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra la accionante, en la cual los Fiscales de Materia conforme a procedimiento y con las atribuciones que ejercen, procedieron a la aprehensión conforme establece el art. 226 del CPP, poniendo a conocimiento de su autoridad, la imputación formal y resolver la situación jurídica de la imputada accionante, que se encuentra en calidad de aprehendida; ii) En audiencia de 24 de mayo de 2023, la abogada de la accionante planteó incidente de ilegal aprehensión declarándose la misma infundado, recurrible al dictarse un auto; empero, el abogado no presento ningún recurso de apelación tal cual se evidencia en el acta de “fs. 586 a 605”; y, iii) Con relación a que “…no se tiene el numero registrado, la accionante y su abogada en representación tiene que tener conocimiento COMO ABOGADA que las atribuciones son especificas en los cargo que uno desempeña…”, en ese entendido sus actuaciones se enmarcaron en lo dispuesto por la ley; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada y se multe a la accionante, al no tener asidero legal alguno la acción de libertad interpuesta.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 30 vta. a 32, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Los arts. 23 y 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal y que ésta solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, normas constitucionales que guardan relación directa con lo dispuesto por el art. 115 de la misma Norma Suprema. Por su parte el art. 125 de la CPE, faculta a interponer acción de libertad a toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad. Asimismo, la SC 0264/2012 de 4 de junio establece los casos específicos en los cuales procede la acción de libertad; b) Con relación a la acción de defensa se apertura la vía constitucional cuando existen actos lesivos vinculados a la libertad como el de existir absoluto estado de indefensión que en el caso no concurre; ya que, de la revisión del cuaderno procesal se tiene a “fs. 586 a fs. 605 Vlta.” el acta y resolución de aplicación de medidas cautelares de 24 de mayo de 2023 en el que se dispuso la medida excepcional de detención preventiva a la accionante, en la que la defensa de la accionante cuestionó la legalidad de su aprehensión por parte del Ministerio Público que fueron resueltos por la Jueza hoy accionada disponiendo nuevamente la medida extrema de detención preventiva de la accionante; en esa misma audiencia la defensa de la nombrada planteo recurso de apelación incidental, misma que fue concedida por la Jueza ahora accionada disponiendo la remisión de los actuados correspondientes ante el Tribunal de alzada, verificado ese extremo se puede establecer que no existe absoluto estado de indefensión; y, c) En cuanto al incidente de nulidad de imputación formal presentada en forma posterior a las medidas cautelares se tiene un procedimiento establecido en la ley el cual le corresponde a la citada Jueza; también se planteó recurso de apelación incidental que está pendiente de resolución; en consecuencia, no se han agotado los medios idóneos para la apertura de la vía constitucional, citando para ello la SCP 0045/2021-S2 de 15 de abril; por lo que, en base a ello se debe agotar los medios idóneos en la jurisdicción ordinaria y no pretender su tutela en ámbito constitucional cuando los reclamos no fueron activados oportunamente; por cuanto, no se puede ingresar al fondo; ya que, existe un recurso de apelación incidental pendiente de resolución.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión de plazo para emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 del citado mes y año, cursante a fs. 41; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN

ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023; emitida por Julio Cesar Porras Velarde, Fiscal de Materia, disponiendo la aprehensión de Patricia Piedades Suarez Barba -hoy accionante- (fs. 2 11 vta.). Asimismo a partir de la intervención de las partes procesales en audiencia de consideración de esta acción de libertad, conforme al Acta de la referida audiencia y lo verificado por el Juez de garantías.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y a la dignidad; puesto que, dentro del caso con signado con CUD 7011020122302713, brindó su declaración informativa en calidad de sindicada. Posteriormente la Comisión de Fiscales le hizo conocer que se encontraba aprehendida en aplicación a lo establecido por el art. 226 del CPP, luego en audiencia de 24 de mayo de 2023, celebrada por la Jueza ahora accionada, solicitó se declare ilegal su aprehensión; posteriormente, planteó recurso de apelación incidental, el cual se encuentra pendiente de resolución. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas

La SCP 0395/2022-S1 de 3 de junio, reiterando el entendimiento de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto que de lo contrario, se crearía una disfunción procesal opuesta al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.

Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y a la dignidad; puesto que, dentro del caso con signado con CUD 7011020122302713, brindó su declaración informativa en calidad de sindicada. Posteriormente la Comisión de Fiscales le hizo conocer que se encontraba aprehendida en aplicación a lo establecido por el art. 226 del CPP, luego en audiencia de 24 de mayo de 2023, celebrada por la Jueza ahora accionada, solicitó se declare ilegal su aprehensión; posteriormente, planteó recurso de apelación incidental, el cual se encuentra pendiente de resolución. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023, emitida por Julio César Porras Velarde, Fiscal de Materia, por la que dispuso la aprehensión de la accionante.

En ese entendido, en el presente caso, del confuso memorial de interposición de la acción de libertad, se tiene que el accionante pretende se declare ilegal su aprehensión, en virtud a que considera que en el momento que se efectúo la aprehensión no se generó duda acerca de los riesgos procesales; por lo que, adjuntó, la “RESOLUCIÓN FISCAL FUNDAMENTADA DE APREHENSIÓN ART 226 DEL CPP” (sic) de 22 de mayo de 2023, que vulnera el principio de “omnes faboris”, posteriormente planteó recurso de apelación incidental contra las medidas cautelares impuestas al amparo del art. 251 del CPP, mismo que debió ser decretado en su momento y tiempo oportuno; ya que, desde el 24 de ese mes y año -audiencia de medidas cautelares-pasaron más de quince días y la accionante se encuentra en zozobra de la tutela judicial que pueda determinar respecto de su aprehensión.

En consecuencia, en razón a lo antecedido el accionante, presentó incidente de nulidad de imputación formal a las medidas cautelares, mismo que tiene un procedimiento establecido en la ley el cual le corresponde a la Jueza hoy accionada; de la revisión del cuaderno procesal se tiene a “fs. 586 a fs. 605 Vlta.” el acta y resolución de aplicación de medidas cautelares de 24 de mayo de 2023, en el que se dispuso la medida excepcional de detención preventiva a la accionante, en esa misma audiencia la defensa de la nombrada planteó recurso de apelación incidental, misma que fue concedida por la Jueza hoy accionada, disponiendo la remisión de los actuados correspondientes ante el Tribunal de alzada, el cual se encuentra pendiente de resolución; en consecuencia, no se agotaron los medios idóneos para la apertura de la vía constitucional; activó de manera simultánea la jurisdicción ordinaria y sin que esa estuviera resuelta acudió a su vez a la presente acción de defensa con la finalidad que también se analice las disipaciones de esa determinación; por dichos aspectos y de conformidad al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional no es posible atender una solicitud cuando se activan dos vías de forma paralela; entonces, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede atender tal determinación a efectos de evitar una disfunción procesal, resultando aplicable la subsidiariedad excepcional por vías paralelas, debiendo el Tribunal de alzada previamente resolver el recurso de apelación presentado por la accionante, solo en caso de que el accionante considere de que en la jurisdicción ordinaria no se hubiesen restituido las formalidades acusadas de inobservadas e incumplidas con la consecuente vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, se puede activar recién la jurisdicción constitucional, procurando la restitución de los citados derechos fundamentales y garantía constitucional; actuar de contrario generaría la desnaturalización de la esencia y finalidad de la acción de libertad, razón por la que no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada por la accionante, debiéndose denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 30 vta. a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos expuestos en este fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1651_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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