B.IA.LEGAL

SCP 1649/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54048-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la educación; y, a la permanencia; puesto que, el entonces Director ahora accionado, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 de 13 de mayo, ratificó su baja definitiva por insuficiencia académica al reprobar el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I, cuyas preguntas no se enmarcaban al Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 de 18 de noviembre, omitiendo dar respuesta a todos los agravios del recurso jerárquico y considerar los medios de prueba a partir de una valoración integral que eran conducentes a desvirtuar su sanción definitiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La motivación en la jurisdicción constitucional; 2) Sobre la valoración de la prueba, elemento del debido proceso. Jurisprudencia uniforme; 3) La congruencia como elemento del debido proceso; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación en la jurisdicción constitucional
  2. III.2. Sobre la valoración de la prueba, elemento del debido proceso.
  3. III.3. La congruencia como elemento del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1649/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54048-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Josué Orihuela Callisaya contra Augusto Juan Russo Sandoval y Ricardo Pérez Andrade, ex y actual Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la Universidad Policial (UNIPOL) “Mcal. Antonio José de Sucre”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 101 a 110 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mientras cursaba el Segundo Semestre del primer año de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), tras reprobar el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I con una nota de 34 puntos, el Consejo Académico por medio de la Resolución Administrativa (RA) 242/2021 de 6 de diciembre, dispuso su baja definitiva por insuficiencia académica; contra la cual, el 13 de igual mes de 2021, planteó recurso de revocatoria, reclamando la incorporación de cuatro preguntas ambiguas -1, 2, 3 y 18-, las que contravenían el Reglamento Estudiantil de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre” y la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 de 18 de noviembre, ratificándose su baja mediante RA 401/2021 de 17 de diciembre. Contra dicha determinación, formuló recurso jerárquico el 27 de enero de 2022, acompañando los medios de prueba pertinentes y ampliando sus reclamos en relación al incumplimiento del art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, que prohíbe plantear preguntas ambiguas en las evaluaciones escritas e inobservancia del art. 17 inc. b) del Reglamento de Evaluación de la referida Universidad Policial, debido a que en el acto de revisión de examen realizado el 26 de noviembre de 2021, no se le permitió revisar su evaluación de manera integral, menos registrar algún reclamo, siendo obligado a firmar el acta en señal de aceptación y conformidad; llegando a pronunciarse la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 de 13 de mayo, con carencia de los elementos de motivación, congruencia y valoración de la prueba del debido proceso, al cometer las siguientes ilegalidades: a) En ninguna de sus partes explicó de manera lógica y entendible los criterios vertidos que hacen a los agravios de su recurso, a pesar de que los argumentos legales y medios de prueba que desarrolló eran conducentes a demostrar a desvirtuar la imposición de su baja definitiva, motivos que lamentablemente no fueron considerados por el entonces Director ahora accionado, sin además hacer mención al valor que otorgó a cada medio de prueba, obviando realizar una valoración integral de los mismos; y, b) Su contenido omitió absolver sus reclamos referentes a su formación y permanencia vinculados al examen de segunda instancia y la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la educación; y, a la permanencia; citando al efecto los arts. 82.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 de 13 de mayo, debiendo emitirse una nueva resolución de recurso jerárquico de manera motivada, congruente y con valoración de la prueba presentada, así también que absuelva todos y cada uno de sus reclamos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 146 y 148 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando; manifestó que: 1) La Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, en ninguna de sus partes absuelve el reclamo de haberse incorporado en el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I cuatro preguntas ambiguas -1, 2, 3 y 18- y prohibidas en las unidades académicas de la UNIPOL, más al contrario emite como respuesta que su persona hubiese consentido actos y por ello no daría lugar a sus reclamos, admitiendo de manera tácita y reconociendo que no realizó ninguna valoración, cuando en virtud de la SCP 0114/2022-S3 de 24 de marzo, que analiza una problemática similar por actos consentidos, que ante la inexistencia de actos consentidos no podemos hablar de la improcedencia de la acción de defensa, de modo que dicha determinación no responde a sus reclamos presentados; y, 2) No se valoró ni menciono la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021, emitido por el Departamento Académico de la ANAPOL, es decir, que el entonces Director hoy accionado ha omitido su labor, afectando directamente su derecho a la educación y su permanencia previstos por el art. 82.I de la CPE.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Ricardo Pérez Andrade, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, mediante informe 03/2023 presentado el 3 de febrero de 2023, cursante de fs. 139 a 145, manifestó que: i) El accionante no justificó sus argumentos, siendo meras suposiciones, cuando debería exigir calidad en la enseñanza en la ANAPOL, advirtiéndose que ninguna de las preguntas 1, 2, 3 y 18 que reclama sean ambiguas, siendo formuladas de manera correcta en aplicación de la normativa interna; ii) El accionante al conocer los resultados del examen de segundo turno y semestre, tenía tanto la obligación como el derecho de solicitar la revisión de examen en el plazo de cuarenta y ocho horas en aplicación de la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 y el art. 17 del Reglamento de Evaluación de la UNIPOL, recurso que lamentablemente no lo activó, a objeto de reclamar los motivos que ahora trae a colación; por lo que, opera el principio de subsidiariedad en virtud del art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); además, al no efectuar el reclamo de forma oportuna, se establece que el accionante consintió el acto, aplicándose a tal efecto el art. 53 del mismo cuerpo legal; y, iii) La Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, se encuentra debidamente justificada y fundamentada, sin que se hubiese vulnerado los derechos a la educación y permanencia; puesto que, con la reprobación de la materia de Legislación Policial I, fue el propio nombrado quien limita su derecho a la educación por desinterés, quien tuvo muchas oportunidades para alcanzar el puntaje requerido. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada. Augusto Juan Russo Sandoval, ex Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: el accionante indicó que no respondió las preguntas porque las mismas eran ambiguas, realizando una alusión simple a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales sin aportar prueba objetiva para demostrar sus aseveraciones; además, una vez conocido el resultado de la prueba, debía activar el reclamo respectivo de manera inmediata, que al no hacerlo, constituyó un acto consentido, no siendo evidente que no se le hubiese permitido revisar el examen y hacer los reclamos pertinentes. Por lo que, habiéndose pronunciado resoluciones administrativas de primera y segunda instancia en cumplimiento de los protocolos académicos, no resultando evidente que su baja se haya dispuesto de forma directa.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, mediante Resolución 23/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 149 a 153, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, responde en los Considerandos II, III y IV, a los agravios presentado por el accionante, así con relación a la primera pregunta motivo de la impugnación, referente a identificar y nominar parte del uniforme diario, la cual el nombrado en etapa de formación tiene la obligación de conocer las prendas de vestir y accesorios del uniforme, no se trata de una pregunta ambigua, debiendo ser de conocimiento elemental del cadete; respecto de la segunda y tercera interrogante, que aluden a la formación profesional de los alumnos y la pregunta número 18, que refiere a un conjunto de agentes de autoridad, bajo la dependencia del Gobierno a cargo de mantener el orden público, tampoco se trata de preguntas ambiguas, siendo claras y puntuales; La Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, cumple con los requisitos de motivación y congruencia, que si bien no es ampulosa y resuelve de manera genérica, en el fondo responde a cada uno de los agravios deducidos en el recurso jerárquico; y, b) No fueron vulnerados los derechos a la educación y permanencia; ya que, el accionante no cumplió con los requisitos establecidos en la norma interna de carácter académico, cuya reprobación en la evaluación de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I, resulta de la aplicación de lo determinado por los arts. 24.1 inc. b) del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial y 13 inc. b) del Reglamento de Evaluación de la UNIPOL. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 156 a 157 vta., solicitó explicación respecto del contenido de las preguntas 1, 2 y 3 del examen de segundo turno de la materia de Legislación Policial I, con relación a que sus respuestas estuvieron bien hechas, estando claro el significado de la palabra definición en relación al concepto, cuando su contenido no cumple con los objetivos pedagógicos y recaen en interrogantes ambiguas que contravienen el Reglamento Estudiantil de la UNIPOL. Ocurre lo propio sobre la pregunta 18 que trancribe: “‘CONJUNUTO DE AGENTES DE LA AUTORIDAD, ARMADOS SIMPRE Y GENERALMENTE UNIFORMADOS, QUE BAJO LA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO TIENEN POR OBJETO MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, ES CONCEPTO DE”’ (sic), de cuya lectura no se tiene certeza de lo que requiere el docente, dando lugar a varias interpretaciones e induciéndose a error; puesto que, en virtud del art. 252 de la CPE, la Policía Boliviana depende del Presidente del Estado a través del Ministerio de Gobierno; por lo que, dicho contenido se aparta de la regulación del art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil y art. 20 del Reglamento de Evaluación, ambos de la UNIPOL; así como, de la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 y no observa el deber de motivación que prevé el art. 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y lo sentado por la SCP 0781/2010-R -no indica fecha-; también carece de valoración de los medios de prueba de descargo conforme exige la SCP 0114/2022-S3 de 24 de marzo. En merito a esa solicitud, los miembros de la Sala Constitucional, por Auto de 7 de febrero de 2023, cursante a fs. 158, declaró no ha lugar a la referida solicitud, señalando que los fundamentos referidos en la Resolución 23/2023 que emitió fue claro, preciso y concreto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 168, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 172; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de examen de segundo turno de la materia de Legislación Policial I de 24 de noviembre de 2021, rendido por Josué Orihuela Callisaya -hoy accionante-, en el cual se observa una calificación de 34/100 puntos, constando la leyenda de 29 de igual mes y año, de ratificación de esa nota por el docente de esa materia, en la cual cursa las firmas del docente y accionante (fs. 6 a 10). II.2. Consta RA 242/2021 de 6 de diciembre, pronunciada por el Consejo de la Academia Nacional de Policías; por la cual, se dispuso la baja definitiva del accionante por insuficiencia académica, que fue objetada el 13 de igual mes de 2021, mediante el recurso de revocatoria, la cual fue resuelta por dicha instancia por medio de la RA 401/2021 de 17 del mismo mes, confirmando la RA 242/2021 (fs. 3 a 4 vta. y 11 a 24). II.3. Por memorial presentado el 27 de enero de 2022, ante el Presidente del Consejo Académico de la ANAPOL, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la RA 401/2021 (fs. 28 a 35), dicho memorial mereció en respuesta la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 de 13 de mayo, emitida por Augusto Juan Russo Sandoval, ex Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre” -ahora accionado-, confirmando la determinación impugnada, “…ratificando su RETIRO DE LA UNIDAD ACADEMICA DE PREGRADO DEL SR. EX CABALLERO CADETE JOSUÉ ORIHUELA CALLISAYA, por insuficiencia académica por haber reprobado el examen de segunda instancia de la materia de Legislación Policial I…” (sic [fs. 37 a 43]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la educación; y, a la permanencia; puesto que, el entonces Director ahora accionado, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 de 13 de mayo, ratificó su baja definitiva por insuficiencia académica al reprobar el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I, cuyas preguntas no se enmarcaban al Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 de 18 de noviembre, omitiendo dar respuesta a todos los agravios del recurso jerárquico y considerar los medios de prueba a partir de una valoración integral que eran conducentes a desvirtuar su sanción definitiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La motivación en la jurisdicción constitucional; 2) Sobre la valoración de la prueba, elemento del debido proceso. Jurisprudencia uniforme; 3) La congruencia como elemento del debido proceso; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La motivación en la jurisdicción constitucional

La SCP 0060/2025-S1 de 10 de marzo, reiterando los razonamientos de la SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, establece que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación‛, o extiendo esta es, b.2) una ‘motivación arbitraria‛; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas‛. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación', debido a que ‘decidir no es motivar'. ‘La justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general ‘judicial, administrativa, etc.' sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…)

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente”’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas‛, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume‛ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‘La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”’ ».

III.2. Sobre la valoración de la prueba, elemento del debido proceso.

Jurisprudencia uniforme

La justicia constitucional delimita las atribuciones entre jurisdicciones respecto a la valoración de la prueba; así, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, señala que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). También se establecieron situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R de 12 de agosto, 0965/2006-R de 2 de octubre y 0662/2010-R de 19 de julio, entre otras, establece que: “…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). De igual manera, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son nuestras). Finalmente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, señala que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La congruencia como elemento del debido proceso

La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citada en la SCP 1033/2025-S1 de 29 de agosto, establece que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la educación; y, a la permanencia; puesto que, el entonces Director ahora accionado, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 de 13 de mayo, ratificó su baja definitiva por insuficiencia académica al reprobar el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I, cuyas preguntas no se enmarcaban al Reglamento Estudiantil de la UNIPOL y la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 de 18 de noviembre, omitiendo dar respuesta a todos los agravios del recurso jerárquico y considerar los medios de prueba a partir de una valoración integral que eran conducentes a desvirtuar su sanción definitiva. De los antecedentes remitidos a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tienen actuados procesales de la jurisdicción administrativa policial que emergieron de la impugnación mediante el recurso de revocatoria por el accionante el 13 de diciembre de 2021 contra la RA 242/2021, emitida por el Consejo de la Academia Nacional de Policías que dispuso su baja definitiva por insuficiencia académica al haber reprobado el examen de segundo turno de la materia de Legislación Policial I con una calificación de 34/100, la cual fue resuelta por esa instancia mediante la RA 401/2021, confirmando la RA 242/2021 (Conclusiones II.1. y II.2.); contra la cual, fue activado el recurso jerárquico por el nombrado el 27 de enero de 2022, siendo resuelto por el entonces Director ahora accionado a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, confirmando la determinación impugnada y ratificando el retiro del accionante de la UNIPOL (Conclusión II.3.).

Con carácter previo a ingresar al análisis del presente caso, cabe referirse a lo manifestado por los Directores hoy accionados, respecto de que correspondería aplicar a la problemática el presupuesto de actos consentidos, dando lugar a la improcedencia de la presente acción tutelar en el marco del art. 53.II del CPCo; sin embargo, considerando que para constituir un acto consentido se debe observar subreglas, como el hecho de que el accionante hubiese tenido conocimiento de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales y no interponer dentro del término legal ninguna acción de defensa para tratar de restituir los mismos y que se ha conformado con dicho acto o lo hubiera admitido por manifestaciones concretas de su voluntad -SCP 2070/2012 de 8 de noviembre-; en el caso de autos, no se evidencia dichos extremos; puesto que, lo que denuncia el accionante es el contenido del examen de segundo turno por el que reprobó la materia Legislación Policial I, que fue el sustento de la RA 242/2021, emitida por el Consejo de la Academia Nacional de Policías para darle la baja definitiva, sin que el nombrado hubiese tenido conocimiento previo de la presunta ambigüedad de las preguntas ni hubiera optado por su inacción posterior a rendir el mismo, sino que fue justamente el motivo de los recursos de revocatoria y jerárquico; por lo que, no podría operar la figura de actos consentidos en el presente caso. Asimismo, resulta pertinente aclarar que en virtud de la configuración procesal de la acción de amparo constitucional -subsidiaria-, la revisión en sede constitucional de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones que fueran objeto de cuestionamiento -en el presente caso dentro de un proceso administrativo policial-, se realiza a partir de la última decisión pronunciada; es decir, la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022; en razón de que, esta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, ello con la finalidad de que la jurisdicción constitucional evite ingresar a invadir la competencia de otras jurisdicciones en la revisión de lo obrado como si fuera una instancia más dentro de ese proceso -SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo-. Efectuada dichas puntualizaciones, en atención al objeto procesal que nos ocupa, amerita abordar el análisis, verificando si la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022 se pronunció en el marco del debido proceso o con carencia de alguno de sus componentes invocados, debiendo para ese efecto sintetizar los argumentos cuestionados por el accionante vía recurso jerárquico, para luego proceder a su contraste, a partir de los derechos cuya vulneración se alega, teniéndose los siguientes agravios: i) La preguntas 1, 2, 3 y 18 del examen de segundo turno de la materia de Legislación Policial I son ambiguas, contrarias al art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, que prevé que ningún docente puede evaluar bajo criterios personales o subjetivos y utilizar métodos de enseñanza no contemplados en la misma, interrogantes que al dar lugar a diferentes interpretaciones, no cumplen con los objetivos pedagógicos. Asimismo, infringen la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021, que prohíbe preguntas ambiguas en las evaluaciones escritas. También contravienen los objetivos pedagógicos de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elisardo Pérez -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-, previéndose que las pruebas de control académico deben considerar preguntas que respondan a las cuatro dimensiones y otorgarles obligatoriamente algún valor; por lo tanto, la configuración debe ser holística, siendo que en su caso el docente busca respuestas memorísticas, transgrediéndose el derecho a la educación, tras una evaluación subjetiva; y, ii) Habiendo solicitado la revisión de examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I, cuando debía ser realizado por un ente imparcial o al menos obrar en esa línea, el docente no permitió se realice una revisión integral del mismo, sin aceptarse la ambigüedad de las preguntas 1, 2, 3 y 18, que solo buscan inducir en error al estudiante; además, se le otorgó 40 minutos para responder 20 preguntas, que por su modalidad y complejidad necesitaba más tiempo en el marco del art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, debiendo el tiempo ser proporcional al número de preguntas y al tipo de examen, más aun si se trata de una evaluación de segunda instancia donde se evalúa todo lo avanzado en el semestre, sin que se diera una respuesta lógica y acorde a todos los agravios argumentados. Seguidamente, entre los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, se tienen los siguientes: a) “…Del análisis y la valoración de los antecedentes, contrastados con la normativa educativa interna aplicable al presente caso, se establece que la baja por insuficiencia académica, opera cuando el cadete ha reprobado en cualquier asignatura en segunda instancia, lo que genera que el Consejo Académico de la ANAPOL, a través de una Resolución Administrativa se pronuncie respecto a este hecho, lo que implica la baja definitiva sin posibilidad de reincorporación para el cadete, siendo este el caso del C.C. JOSUE ORIHUELA CALLISAYA, quien de acuerdo al Informe N° 070/2021 del Sr. My. Carlos Eduardo Piérola Chavarria, JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA -ANAPOL, de fecha 29 de noviembre de 2021, el mencionado cadete reprobó en el proceso de evaluación de segunda instancia, hecho sustentado en el Acta de examen segundo turno de la asignatura de ‘LEGISLACIÓN POLICIAL I’. iv.).vi.). Se invoca la Inobservancia a la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez establece que las pruebas de control académico deben considerar preguntas que respondan a las dimensiones que contemplan el proceso Enseñanza -Aprendizaje, como son el ‘Ser’, ‘Saber’, ‘Hacer’ y ‘Decidir’, estas dimensiones inmersas en la Ley de Reforma Educativa, Por lo expuesto se tiene que los datos alegados por el ahora recurrente no se ajustan ni responden a la normativa vigente, para mayor abundamiento la Ley señalada ad supra de manera por demás clara establece que la Universidad Policial ‘Mcal. Antonio José de Sucre’, es una Universidad de Régimen Especial, que se rige por sus propios reglamentos. En el caso particular se debe tomar también en cuenta que la asignatura de Legislación Policial I., es parte de la formación Policial Especifica y por otra parte el reclamo de la recurrente no ha sido oportuno dentro de lo que establece la normativa interna, establecida en el Art. 17 del Reglamento de Evaluaciones de la UNIPOL, cito: El estudiante afectado en sus derechos, podrá solicitar la revisión de cualquiera de sus exámenes en los siguientes casos: b) Por reclamo del estudiante: ‘Todo estudiante, previa solicitud escrita y fundamentada tendrá derecho a revisar con el respectivo docente y por una sola vez, su evaluación o prueba escrita de cualquier modalidad. La revisión se hará siempre y cuando sea aprobada por el Consejo Académico de la Unidad respectiva y podrá ser modificada por el docente previa autorización, que el estudiante solicite, al Consejo Académico de la Unidad. El plazo para presentar la solicitud de revisión por el estudiante ante el Consejo Académico de la Unidad, será de 48 horas hábiles posteriores a la publicación de los cuadros de calificaciones’. Misma de la revisión no se aprecia documento de solicitud de revisión y mucho menos un reclamo sobre el tiempo asignado en dicha prueba, objetivamente no se podría incumplir a una respuesta a una solicitud no presentada en su debido tiempo…”. (…) “…la formación académica de los cursantes de la Unidades Académicas, el procedimiento esta modulado cuando el estudiante no obtuviera la calificación mínima de aprobación de cincuenta y un con dos ceros (51,00) puntos, y siempre que hubiese obtenido una calificación superior a treinta y tres con dos ceros (33,00) puntos, puede someterse a una evaluación de segunda instancia en dos asignaturas como máximo. La nota definitiva y máxima del proceso de habilitación en el caso de aprobación será de cincuenta y un con dos ceros (51,00) y en el caso de reprobación la nota que obtuviere el estudiante. Este proceso de segunda instancia será único y estará sujeto a cronograma establecido. Aquellos que no aprobaren un semestre por REPROBAR CUALQUIER ASIGNATURA EN SEGUNDA INSTANCIA, SERÁN DADOS DE BAJA (RETIRADOS) POR INSUFICIENCIA ACADÉMICA, en conformidad con lo establecido en los Arts. 11 y 13° del Reglamento de Evaluación, concordante con el Art. 24° del Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, que determina que los alumnos de las Unidades Académicas de Formación o Pregrado, serán retirados por haber reprobado en una materia en el examen de segunda instancia durante el semestre. Las Damas y Caballeros Cadetes, que fueren retirados por bajo rendimiento académico, de las respectivas Unidades de formación profesional no tendrán derecho a reincorporación, debiendo la baja ser determinada por el Consejo de la Unidad Académica, previo cumplimiento de los procedimientos administrativos, en virtud a lo señalado en el Art. 9° del Reglamento Estudiantil, concordante con lo determinado en el Art. 39° del Estatuto Orgánico de la UNIPOL, La Unidad Académica refleja en su Resolución Administrativa, el procedimiento y el resultado obtenido por el C.C. Orihuela Callisaya Josué, en la materia de Legislación Policial I., quien de su examen de segunda instancia reprueba con una ponderación de 34 pts., existiendo la motivación pertinente en las Resoluciones Administrativas 242/2021 y 401/2021, emitidas por el Consejo Académico de la ANAPOL. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes. (SC 0358/2010-R de 22 de junio) …” (sic); y, b) Sobre el contenido de la evaluación de segundo turno, se tiene que: «…en observancia al Informe N° 011/ 2022, de fecha 24 de marzo de 2022, emitido por la Sra. Sgto. Serv. Lic. Giovanna Roció Ticona Daza, Asesora pedagógica de la D.N.I.E., en referencia al presente tracto administrativo en su conclusión establece: ‘Sobre el ex caballero cadete Josué Orihuela Callisaya el cual interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa No. 401/20221 emitido por el Consejo Académico de la Academia Nacional de Policías, cabe mencionar que, si bien se cuenta con los antecedentes y documentación de respaldo en el memorial presentado, el ex Caballero Cadete no habría presentado la solicitud de revisión de examen a las preguntas observadas para que el docente revise si al momento de plantear las preguntas hubo algún error’, Que, de acuerdo al Reglamento Estudiantil de la UNIPOL CAPITULO IV DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO, Art. 12 EVALUACIÓN EN EL NIVEL PREGRADO inciso m) numeral 2. Forma y Tipo de Preguntas: Los exámenes podrán ser orales o escritos, si son escritos estos podrán ser: de desarrollo definición o conceptos, ejercicios de razonamiento numéricos, de marcación o enumeración, selección, múltiple, gráficos, esquemas y la INSTRUCTIVA DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL No 010/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021 EVALUACIONES DE SEGUNDO TURNO SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2021, IV. DISPOSICIONES 4.2 ESPECIALES, inciso a) de la forma y tipo de examen LAS PREGUNTAS PODRÁN SER DE DESARROLLO, DEFINICIÓN O CONCEPTOS, DE SELECCIÓN MÚLTIPLE; el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I estaria elaborado bajo los parámetros de los reglamentos de la UNIPOL. sic. de la compulsa de lo se establece que el hoy impetrante no emitió observación alguna posterior a la evaluación de segunda instancia, entendiéndose para las autoridades de la ANAPOL, Departamento DACA, una aceptación de todo lo obrado, dando un consentimiento, la misma estaría expresamente regulado por la amplia jurisprudencia constitucional, de los hechos y actos consentidos como causal de improcedencia sobre el particular, la SC 1667/2004-R de 14 de octubre, consideró que el acto consentido para operar como causal de improcedencia, debe ser entendido: “...como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales”» (sic); Desarrollados los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, se evidencia que efectivamente confirmó la RA 242/2021, ratificando el retiro del accionante de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre” por insuficiencia académica al haber reprobado el examen de segunda instancia de la materia de Legislación Policial I, cuya revisión con base a la delimitación del problema jurídico, debe partir de los siguientes presupuestos presuntamente incumplidos: 1) Sobre la motivación; 2) La falta de valoración de la prueba; y, 3) Respecto de la congruencia. Sobre la motivación Con relación a la motivación, elemento del debido proceso, la jurisprudencia constitucional estableció su alcance como una obligación de toda autoridad -en la resolución de un determinado caso- de expresar los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a una determinada premisa normativa; es decir, precisar los criterios jurídicos de la disposición a pronunciarse, exponiendo de manera clara las razones que la sustentan, citando las cuestiones de hecho y derecho, efectuando una explicación razonable e inteligible sobre el fondo, exteriorizando las convicciones determinativas de su resolución bajo una estructura concisa; además, que satisfaga los puntos reclamados -Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. En ese marco doctrinal, del contenido recursivo solicitado por el accionante, la generalidad de los agravios que arguye se centran a cuestionar una presunta ambigüedad de las preguntas 1, 2, 3 y 18 de la evaluación de segundo turno de la materia de Legislación Policial I, siendo contrarias al art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, el cual prevé que ningún docente puede separarse de lo establecido en la norma ni evaluar bajo criterios personales o subjetivos; así también, el contenido de dicha prueba no se enmarcaría a los parámetros de la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021. Al respecto, la decisión jerárquica inicia su análisis realizando una transcripción de cada una de las citadas normativas, para luego desplegar una valoración de los antecedentes y contrastarlos con dicha normativa, explicando los pasos a seguir frente a la reprobación de un alumno cadete a una prueba de segundo turno, llegando a deducir en el caso la baja del accionante por insuficiencia académica, explicándose que esta opera, ante la reprobación del nombrado a la indicada asignatura, contexto que según procedimiento provocó que el Consejo Académico de la ANAPOL, mediante la RA 242/2021 ordene la baja definitiva. Asimismo, la RA 242/2021 se sostiene en el Informe 070/2021 del Jefe del Departamento Seguimiento y Evaluación Académica-ANAPOL de 29 de noviembre, que ratifica dicha reprobación y que a partir de la permisibilidad sobre la forma y tipo de preguntas del art. 12 inc. m).2 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, los exámenes podrán ser orales o escritos, de desarrollo, definición o conceptos, ejercicios de razonamiento numéricos, de marcación o enumeración, selección, múltiple, gráficos, esquemas; así también, se enmarcarían a el punto 4.2 inc. a) sobre la forma y tipo de examen que podrán ser de desarrollo, definición o conceptos, de selección múltiple de la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021; con cuya base, la autoridad jerárquica infiere de cuya compulsa que el examen de segunda instancia en la materia de Legislación Policial I estaría elaborado bajo los parámetros de dicha normativa, evidenciándose una explicación que responde la pretensión del accionante; para finalmente concluir, sobre el punto específico de la ambigüedad alegada, que cualquier cuestión referente al contenido específico de su examen, en virtud del Informe 11/2022 de 24 de marzo, emitido por la Asesora pedagógica de la “D.N.I.E.”, que el cadete “…no habría presentado la solicitud de revisión de examen a las preguntas observadas para que el docente revise si al momento de plantear las preguntas hubo algún error…" (sic), teniéndose consecuentemente por explicado dicho aspecto bajo un análisis intelectivo y bajo una exposición suficiente y razonada. De manera similar, con relación a la presunta inobservancia de los objetivos pedagógicos que exigen que las pruebas de control académico consideren preguntas que respondan a las cuatro dimensiones bajo una configuración holística prevista en la Ley de Educación Avelino Siñani -Elisardo Pérez; el entonces Director ahora accionado resolvió que dicho alegato recurrido no se ajusta ni responde a la normativa vigente, aclarando que la UNIPOL se rige por un régimen especial normativo, con base a sus reglamentos, cuya asignatura de Legislación Policial I es parte de la formación policial específica, contenido que responde, sin bien no en la medida pedida ni pretendida por el accionante, aclara la impertinencia del agravio alegado, más aun si de la previsión del art. 63 de la referida normativa, no se tiene cómo en el desarrollo de la prueba de segundo turno o su contenido contravenga dicha normativa, estando reconocida por parte de la referida normativa cierta separación y autonomía en la formación pedagógica de estudiantes, en la cual se reconoce a las universidades policiales de un régimen especial con objetivos diferentes a desarrollarse de manera exclusiva.

Con relación a que no se permitió una revisión integral del examen de segunda instancia de la materia de Legislación Policial I que contenía preguntas ambiguas y respecto de que el término concedido -40 minutos-para responder 20 preguntas resultaría desproporcional al número de interrogante y al tipo de examen; la resolución en cuestión, sustentándose en el Informe 11/2022, que concluyó que el cadete accionante no solicitó la revisión de examen a las indicadas preguntas observadas, fundamentó que el nombrado no efectuó observación alguna posterior a la evaluación de segunda instancia, por cuya conducta hubiese operado una aceptación y consentimiento de todo lo obrado, amparándose en la SC 1667/2004-R de 14 de octubre; es decir, la resolución jerárquica responde a dicho alegato, en sentido que el accionante no actuó con la debida diligencia y resguardo de sus derechos en su oportunidad, conforme prevé el art. 17 del Reglamento de Evaluación de la UNIPOL y el punto 4.2 inc. i) de la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021 que prevén que el derecho de solicitar la revisión de examen debe hacerse efectivo en el plazo de cuarenta y ocho horas; además, de antecedentes, no se tiene que el nombrado hubiese acompañado prueba alguna que hubiera activado tal reclamación con carácter previo; de modo que, la cuestionada falta de valoración integral de dicha evaluación no resulta evidente, teniéndose de dicha compulsa por explicado y aclarado el punto de agravio alegado. En consecuencia, la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, contiene una estructura y contenido ordenado, desde la identificación de las partes, los antecedentes y relación de las actuaciones académicas en el primer y segundo Considerando, precisando en el considerando tercero la normativa interna relacionada al proceso que hace a la jurisdicción administrativa policial y, en el cuarto considerando la delimitación del recurso jerárquico interpuesto por el accionante, para finalmente desarrollar y analizar los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, explicando los puntos de agravio en el marco de lo pretendido, lo que hace a una estructura sustentada bajo los criterios del ordenamiento jurídico especial aplicado, sin advertirse de modo alguno conculcación del debido proceso en su elemento de motivación, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. La falta de valoración de la prueba Respecto de la valoración de la prueba, elemento del debido proceso, la jurisdicción constitucional entendió que por regla general está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas; empero, -tratándose de la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales-, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: i) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba, sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento -SCP 1215/2012-. En ese marco jurisprudencial, en el caso de autos se denuncia que no fue valorada la fotocopia legalizada del examen de segundo turno de la materia de Legislación Policial I, más propiamente el contenido ambiguo de las preguntas 1, 2, 3 y 18; sin embargo, conforme fue analizado ut supra, se desplegó el ejercicio valorativo respectivo con particular atención al contenido de la referida evaluación que rindió el accionante, sobre el cual se concluyó que se acomoda a los parámetros tanto del art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL como a los objetivos pedagógicos de la Instructiva DACA/DSEA/SDJE/ANAPOL 010/2021, de cuya valoración no se tiene que se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad, sin advertirse motivo alguno para objetar la labor valorativa empleada por el entonces Director hoy accionado, en la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, no evidenciándose la concurrencia del primer presupuesto de verificación desarrollada por la jurisprudencia constitucional indicada, deviniendo en consecuencia la denegatoria al respecto. Respecto de la congruencia Sobre el elemento de congruencia denunciada, el accionante no precisa sobre qué puntos recurridos específicamente no recibió respuesta o bajo que parámetros radica su denuncia contra la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, a la cual se atribuye de manera general que no respondió a sus agravios, cuando del contraste desarrollado líneas arriba, se verificó una explicación exhaustiva a los puntos coincidentes en la ambigüedad del examen de segundo turno del accionante, de cuya revisión se dedujo que contempla un orden y racionalidad desde la parte considerativa que precisa e identifica los hechos, los alegatos y la parte del análisis intelectivo hasta la parte dispositiva, manteniendo una coherencia entre sus partes, tal cual dejó sentado por la jurisprudencia constitucional en la SC 0486/2010-R de 5 de julio y SCP 1083/2014 de 10 de junio, entre otras. Por último, con relación a los derechos a la educación y permanencia -se entiende dentro de la UNIPOL-, tal como fue examinado el contenido valorativo e intelectivo de la Resolución de Recurso Jerárquico 087/2022, la situación en la que se encuentra el accionante -con baja definitiva-, emergió de una conducta displicente en sus obligaciones académicas de cadete de la referida Universidad, que en el marco de la normativa interna frente a una reprobación en el examen de segundo turno, opera dicha sanción definitiva, de cuya regulación tenía pleno conocimiento el aludido, no pudiendo alegarse vulneración alguna al respecto, correspondiendo igualmente la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1649_2026-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 222f7d3f59254e230647112c74cd15888ef93ba640b38cc2c35d35c5090a9fd6

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