B.IA.LEGAL

SCP 1649/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50772-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia que vulneraron sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación; y a los principios de seguridad personal, y presunción de inocencia, puesto que: a) El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, mediante Auto Interlocutorio 245/2022, determinó la ampliación de su detención preventiva por el lapso de tres meses, sin ninguna fundamentación ni motivación; y b) La Vocal demandada, por Auto de Vista 701/2022, reiteró los argumentos expuestos por el Juez a quo sin realizar un análisis descriptivo, analítico y jurídico de los agravios expuestos en su recurso de apelación, admitiendo la negligencia del Ministerio Público y sin explicación sobre la necesidad de una nueva ampliación, prolongando su detención de manera indefinida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 46 a 56, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y, en consecuencia:

1º. CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los derechos a la libertad personal y al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º. DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la tutela judicial efectiva, defensa y los principios de seguridad personal y presunción de inocencia, al no haberse evidenciado una lesión directa distinta a la ya subsanada mediante el análisis del debido proceso.

3º. Disponer:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 701/2022 de 16 de septiembre, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional; y b) La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo Auto de Vista, debidamente fundamentado, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica de la accionante.

4º Llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, quien se constituyó en Juez de garantías, por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa, sobre los que sustentó su decisión; exhortándole a cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que servirán de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal a efectos que se pueda asumir una debida convicción de los hechos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Régimen de ampliación de la detención preventiva a la luz de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1649/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50772-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 46 a 56, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Flavia Quispe Callisaya contra Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y, Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 26 a 31 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102032102517, seguido a instancias del Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, el Juez Segundo de Instrucción Penal de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 336/2021 le impuso como medida cautelar su detención preventiva, por un lapso de seis meses, considerando la presencia de riesgos procesales, correspondientes a los establecidos en los arts. 234.1 y 2, y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posteriormente mediante Auto Interlocutorio 063/2022 de 27 de febrero, -al comprobarse un domicilio constituido- se determinó que ya no concurrían los riesgos previstos en el art. 234 de CPP.

Así, el 28 de abril de 2022, en la audiencia de control jurisdiccional por cumplimiento de plazo para considerar su situación jurídica el juez de control jurisdiccional mediante el Auto Interlocutorio 155/2022 decidió ampliar su detención preventiva por otros tres meses; es decir, hasta el 28 de julio de 2022; decisión que, sostuvo como fundamento la necesidad de efectuar cuatro actos investigativos pendientes, que requerían de tiempo prudencial para su realización. De esa manera, el 28 de julio de 2022, en la segunda audiencia de control jurisdiccional por cumplimiento de plazo, el Ministerio Público solicito nueva ampliación de la detención preventiva, no obstante que fue sustentada bajo su propia negligencia porque no efectuó los actos investigativos pendientes; a dicha solicitud la autoridad judicial emitió el Auto Interlocutorio 245/2022 de 28 de julio, ampliando la detención preventiva por otros tres meses. Esta decisión fue objeto de un recurso de apelación, resuelto mediante Auto de Vista 701/2022 de 16 de septiembre, con una dilación de un mes y dieciocho días; y, que se limitó a reiterar los argumentos expuestos por el juez de a quo ignorando la jurisprudencia constitucional establecida en las SCP 0491/2021-S4 de 2 de septiembre y 0685/2021-S4 de 12 de octubre, que en previsión del art. 239.2 del CPP, exigen la necesaria fundamentación de la solicitud de ampliación; situación que no ocurrió, pues dicha determinación no realizó un análisis descriptivo, analítico y jurídico adecuado de los agravios expuestos en su recurso de apelación; por el contrario, admitió la negligencia del Ministerio Público, sin explicación alguna de la necesidad de una nueva ampliación de su detención, lo cual le causó indefensión y ha prolongado su detención de manera indefinida.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación y los principios de seguridad personal y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23, 115, 116, 119, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 701/2022; así como el Auto Interlocutorio 245/2022; y, b) Se ordene su libertad bajo medidas menos gravosas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 35 a 38 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolas, manifestó que: 1) El Auto Interlocutorio 245/2022 emitido por el Juez a quo, no aplicó correctamente el art. 239.2 del CPP, porque no dispuso su libertad, no obstante que el segundo plazo de su detención preventiva ya había vencido el 28 de julio de 2022; 2) En la audiencia de control jurisdiccional, permitió una tercera solicitud de ampliación de la detención preventiva, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, contraviniendo los arts. 115 y 116 de la CPE; 3) El Auto Interlocutorio 245/2022 fundamentó su decisión con argumentos de complejidad del caso y negligencia fiscal, sin una debida fundamentación, decisión contraria a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas Niños Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– y la SCP 185/2019 de 30 de abril; por incurrir en activismo judicial al introducir la complejidad del caso como un factor para la detención, situación que no se había mencionado en resoluciones anteriores; y 4) El Auto de Vista 701/2022, emitida por la Vocal demandada, confirmo los actos ilegales y omisiones del Juez a quo, pues en lugar de corregir y aplicar el art. 239.2 del CPP la dejó en un estado de indefensión, interpretando erróneamente la jurisprudencia constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante precedido el 23 de septiembre de 2023 cursante fs. 39 a 41 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) No se logró identificar de qué manera la autoridad jurisdiccional coartó el ejercicio de los derechos de la accionante; toda vez que, en la apelación no se especificó el perjuicio o agravio causado, impidiendo así ingresar al análisis del fondo de la resolución respecto a la ampliación de la detención preventiva; ii) El art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley 1173, que establece la cesación de medidas cautelares al vencimiento del plazo si el fiscal no solicitó ampliación, esta disposición se relaciona con el art. 233 del CPP, que permite la ampliación de la detención preventiva a petición fundada del fiscal y por la complejidad del caso; razón por la cual, la autoridad jurisdiccional, invocando los art. 1 y 113 de la Ley 1173 -que promueven la oralidad y la lucha contra la violencia, buscando evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva-, consideró la solicitud del Ministerio Público para la ampliación, estimando que aún faltaban actos investigativos, y al confrontar la resolución apelada, no se advirtió vulneración; iii) La detención preventiva, si bien es instrumental, busca asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, garantizando la presunción de inocencia en cumplimiento a los art. 23.I y 221 de la CPE, y 116 del CPP; iv) Consideró necesario la existencia de actos investigativos pendientes, para que el Ministerio Público llegue a la verdad histórica de los hechos, dado que hay una persona fallecida y se requiere investigar la influencia de imputados y testigos; por esta razón, consideró la ampliación de tres meses para que el Ministerio Público concluya con las investigaciones pendientes; y v) El Juez de garantías no es una instancia ordinaria ni una instancia adicional para revisar decisiones de la justicia ordinaria; es decir, su labor no es analizar la actividad interpretativa -motivación, congruencia, valoración de hechos y derecho- de otras jurisdicciones, a menos que se demuestre una vinculación con los derechos fundamentales invocados, requisito ausente en esta acción de defensa. Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del citado departamento, en audiencia de consideración de la acción tutelar de, manifestó lo siguiente: a) La ampliación de la detención preventiva de Flavia Quispe Callisaya se encuentra justificada con la aplicación del Art. 233 del CPP, que permite al Ministerio Público solicitarla por la complejidad del caso, estando el Auto Interlocutorio 245/2022, que dispuso dicha ampliación, conforme a derecho; y b) Se realizó la distinción entre una audiencia de consideración de situación jurídica para ampliación y una de cesación de la detención preventiva, también analizó que, no hubo una solicitud formal de cesación por parte de la accionante bajo el art. 239.2 del CPP; ya que, el Ministerio Público solicitó la ampliación de manera verbal.

I.2.3. Resolución

Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 46 a 56, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto Interlocutorio 245/2022, que determinó una ampliación de la detención preventiva por tres meses se basó en la existencia de cuatro actos de investigación pendientes por parte del Ministerio Público, referidos a la pericia de autopsia psicológica en relación a la víctima fallecida; recepción de muestras biológicas de los imputados varones; pericia en genética forense para comparar las muestras recolectadas con el perfil genético de los imputados; pericia sobre la tensión y resistencia de las cuerdas utilizadas en el hecho; 2) Al tratarse de una víctima mujer, el Estado boliviano tiene el deber de garantizar la debida diligencia en la investigación de hechos de violencia contra mujeres; 3) El caso es complejo debido a la existencia de varios imputados; por lo tanto, es necesario continuar con la investigación; 4) El Auto de Vista 701/2022, consideró que no hubo vulneración al debido proceso ni al derecho a la defensa, porque consideró que el recurso de apelación no contenía una fundamentación suficiente que demostrara de qué manera el Auto Interlocutorio del Juez a quo fue errónea o incongruente; por lo que se vio imposibilitado de analizar el fondo de la resolución respecto a la ampliación de la detención preventiva; 5) La autoridad judicial consideró que la solicitud del Ministerio Público se enmarcaba en la necesidad de continuar con actos investigativos pendientes y la complejidad del caso, resaltando la aplicabilidad de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y continuidad; y,6) La accionante no solicitó la cesación de la detención preventiva, una vez concluidos los plazos otorgados al Ministerio Público, pudiendo acudir en cualquier momento a la autoridad jurisdiccional para solicitar la cesación de la detención preventiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 28 de marzo de 2025, cursante a fs. 63, a solicitud del Magistrado Relator, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la documentación enviada de manera incompleta, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el decreto constitucional de 26 de septiembre de 2025; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo de ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Flavia Quispe Callisaya y otros -accionante-, por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, se dispuso por Auto Interlocutorio 336/2021 de 28 de octubre, su detención preventiva por el plazo de seis meses (fs. 12 a 18 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 155/2022; de 28 de abril, emitido por Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, autoridad judicial demandada, se amplió el plazo de su detención preventiva por el plazo de tres meses, señalándose audiencia de consideración de situación jurídica para el 28 de julio de 2022 (fs. 20 a 22 vta.). II.3. En igual sentido, por Auto Interlocutorio 245/2022, el 28 de julio, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la ampliación de la detención preventiva de la peticionante de tutela y los otros coimputados por el tiempo de tres meses, señalándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 28 de octubre de 2022; contra dicha determinación el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación. (fs. 23 a 25 vta.). II.4. La Vocal demandada mediante Auto de Vista 701/2022 de 16 de septiembre, declaró sin lugar e improcedente, el recurso de apelación incidental (fs. 67 a 69).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia que vulneraron sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación; y a los principios de seguridad personal, y presunción de inocencia, puesto que: a) El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, mediante Auto Interlocutorio 245/2022, determinó la ampliación de su detención preventiva por el lapso de tres meses, sin ninguna fundamentación ni motivación; y b) La Vocal demandada, por Auto de Vista 701/2022, reiteró los argumentos expuestos por el Juez a quo sin realizar un análisis descriptivo, analítico y jurídico de los agravios expuestos en su recurso de apelación, admitiendo la negligencia del Ministerio Público y sin explicación sobre la necesidad de una nueva ampliación, prolongando su detención de manera indefinida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Régimen de ampliación de la detención preventiva a la luz de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-

La SCP 0693/2021-S2 de 25 de octubre recogió la jurisprudencia constitucional sobre el régimen de la ampliación de la detención preventiva, en el marco de las modificaciones incorporadas por la ley 1173, estableciendo los entendimientos que se anotan a continuación: La Ley 1173 estableció un tercer requisito para la procedencia de la detención preventiva en la etapa de investigación, relacionado al plazo de duración de dicha medida cautelar; tiempo en el cual, el representante del Ministerio Público deberá llevar los actos investigativos necesarios para fundar una eventual acusación. En este contexto, existe la posibilidad que la autoridad a cargo de las pesquisas no pueda realizar los actos y diligencias a los que hace referencia en el art. 233.3 de la Norma Adjetiva Penal; este escenario ya fue previsto por el legislador, efectivamente, el último párrafo de la citada norma legal, dispone que tanto el querellante como el Fiscal de Materia pueden solicitar la ampliación del plazo de la detención preventiva; en caso de este último, la petición debe estar justificada únicamente en la complejidad del caso; y no en otra causal no reglada en la norma procesal, como ser, la omisión o negligencia con la que haya podido actuar la autoridad fiscal; cuya actividad se encuentra regida, por los principios de responsabilidad y celeridad conforme lo instituyen los arts. 225 de la CPE y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). Tomando en cuenta que el requisito previsto en el numeral 3 del art. 233 del CPP -plazo- responde a asegurar los actos de investigación que debe llevar a cabo el Ministerio Público; lo lógico es entender que la ampliación sea admisible únicamente en la etapa de instrucción penal y a raíz de la complejidad del caso. Este razonamiento supone que el juez natural; previamente a dar curso a la ampliación, sujete el caso a un examen de complejidad bajo determinados criterios que justifiquen la falta de realización de los actos de investigación en el tiempo originalmente dispuesto; lo que es lo mismo, dicha medida no puede ser ordenada a partir de criterios subjetivos, ni por la falta de diligencia debida con la que actuó el Director de la investigación, o por la concurrencia de cualquier otro acto dilatorio imputable a las partes. La jurisprudencia constitucional reconoce el criterio de “complejidad del caso” en materia penal, como un elemento útil para interpretar diversos institutos jurídicos previstos en el procedimiento penal, desde y conforme a la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Dicho esto, ¿en qué circunstancias se podría establecer que un caso en materia penal es complejo? Preliminarmente se puede señalar que el mismo no está determinado por la naturaleza del hecho que se juzga; sino más bien por una pluralidad de elementos que inciden negativamente en el normal desarrollo de las distintas etapas. Sin embargo, esta condición en el Estado Constitucional de Derecho, debe ser acreditada mediante un análisis global en que se tomen en cuenta criterios objetivos que inciden en la investigación y en el transcurso del tiempo, dentro de una actividad valorativa acorde a los marcos de razonabilidad y equidad. Conviene hacer referencia a lo previsto por la SCP 0245/2018-S4 de 21 de mayo, que señala: “Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su SC 101/2004 y su AC 0079/2004- ECA, la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley: a) la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica; b) la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Americana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada’. (...) En ese orden, en el marco estricto del principio de objetividad y considerando que los fallos de este Tribunal tienen carácter vinculante, corresponde remitirse al alcance jurídico y teleológico que tiene la ‘complejidad de un proceso’. En ese sentido, el AS 167 de 4 de julio de 2014, señaló que la complejidad del proceso se da porque ‘en el mismo se presente complejidad en la prueba, pluralidad de sujetos procesales, cantidad de víctimas… y el contexto en que ocurrió el delito’. Por su parte, el AS 12/2010 del 27 de enero, estableció que el Juez o Tribunal ‘debe valorar la complejidad del asunto considerando factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil’. (…) Consiguientemente, de acuerdo al desarrollo internacional como jurisprudencial, se tiene que, el simple transcurso del tiempo, que en el caso de Bolivia, está establecido en tres años para la duración máxima del proceso, no resulta suficiente para la extinción de la acción penal, debiendo la autoridad judicial que conozca y resuelva una pretensión –como en el presente caso‒, tomar en cuenta una serie de elementos objetivos que emergen de la revisión de la causa y que acrediten la existencia de la complejidad del asunto, como la naturaleza del proceso, la pluralidad de imputados y de víctimas, naturaleza y gravedad del delito y los hechos investigados, entre otros, sin que sea necesario que concurran de manera simultánea todos estos elementos” (énfasis añadido). En este marco, la complejidad del caso debe ser determinada mediante un análisis global en que se tome en cuenta la naturaleza del proceso, pluralidad de imputados y víctimas; y, las particularidades y gravedad de los hechos investigados, así como cualquier otro elemento objetivo que incida negativamente en el normal desarrollo de la investigación conforme a los plazos establecidos.”

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso.

La SCP 0617/2019-S2 de 31 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, luego de recoger el desarrollo jurisprudencial precisó lo siguiente:

[…] tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del 1 La sistematización completa se encuentra desarrollada en su Fundamento Jurídico III.3.

2 FJ III.3, establece: "Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

3 El FJ III 3.1, indica: "De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación, ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes"

fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.» [el resaltado es añadido]

III.3. Análisis del caso concreto

Previamente a delimitar la problemática planteada por el accionante, que radica en la supuesta falta de fundamentación del Auto Interlocutorio 245/2022, corresponde precisar inicialmente, que si bien se dirigió la presente acción tutelar contra Rosmery Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Santos Iván Ayala Choque, Juez Segundo de Instrucción Penal de la Zona Sur de la Capital del citado departamento -ahora demandados-, en razón a que a su turno, dichas autoridades emitieron dos Resoluciones -Auto Interlocutorio 245/2022 y Auto de Vista 701/2022-, que el impetrante de tutela considera lesivos a sus derechos; sin embargo, el presente análisis se desarrollará en función a la actuación desarrollada por la Vocal demandada, quien emitió el último fallo dictado en instancia de apelación y que en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, es la autoridad competente para que en su caso pueda subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto al Juez demandado. En efecto, la peticionante de tutela denuncia que el Auto de Vista 701/2022 que resolvió no ha lugar a su recurso de apelación, mantuvo incólume el fallo recurrido confirmándolo, limitándose a reproducir lo resuelto en dicha determinación, adoleciendo en consecuencia de falta de fundamentación.

4 El FJ III.2, refiere: "La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y Juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.1 de la CPE"

5 El FJ III.1, manifiesta: "Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación.”

De la revisión de antecedentes procesales y lo referido en las conclusiones de la presente decisión constitucional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra la accionante y otros, mediante Auto Interlocutorio 336/2021, se determinó la detención preventiva de la aludida, por un lapso de seis meses; concluido el plazo antecedido, se efectuó audiencia de control jurisdiccional, donde se pronunció el Auto Interlocutorio 155/2022 que amplió el plazo de su detención preventiva por otros tres meses más. El 28 de julio de 2022 -ante el vencimiento del plazo- se llevó a cabo nueva audiencia de control jurisdiccional sobre la situación jurídica de la peticionante de tutela, oportunidad en la cual el Ministerio Público, solicitó de manera verbal la ampliación de su detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 245/2022, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del Departamento de La Paz -codemandado-, quien extendió su detención preventiva por un nuevo lapso de tres meses. Contra el referido Auto Interlocutorio 245/2022, y en la misma audiencia donde fue emitida, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación, el cual obtuvo fundamento oral en audiencia de 16 de septiembre de 2022, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expuesta bajo los siguientes argumentos: i) El Auto Interlocutorio recurrido mantuvo las mismas condiciones que la primera resolución que amplió el plazo de su detención preventiva, en cuanto la pendencia de actos investigativos y existencia de otros coimputados, sin tomar en cuenta la negligencia del Ministerio Público incurrida cuando restringió su solicitud de ampliación de la medida señalada en la existencia de actos investigativos pendientes -los cuales no diligenció durante la vigencia de la anterior detención-, y tampoco cuando omitió justificar la necesidad de extender el plazo de la medida descrita; de modo que, se transgredió lo establecido en los arts. 233 y 235.1 del CPP -que regulan los requisitos de ampliación de la detención preventiva- mediante una justificación insuficiente; ii) La autoridad jurisdiccional no exigió al Ministerio Público la presentación escrita de su solicitud de ampliación de detención preventiva; de modo que, ante la ausencia de dicha solicitud debió limitarse a controlar el plazo, dispuesto en el Auto Interlocutorio 155/2022; por cuanto, incumplió el art. 239.2 del CPP; iii) El auto recurrido no tomó en cuenta que el cumplimiento del plazo es suficiente para determinar la cesación de la detención preventiva, y ampliarla implicaría una "pena anticipada". De este modo, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y seguridad jurídica.

Deducido de esa manera el recurso de apelación incidental, la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista 701/2022, que declaró la improcedencia del recurso de apelación, constituyendo sus fundamentos los siguientes: a) El recurrente no realizó ninguna crítica razonable, ni especificó cuál fue el perjuicio o agravio ocasionado, que tornaría en incongruente a la resolución que le impuso la ampliación de la detención preventiva; b) Se considera válida la solicitud verbal que en audiencia hizo el Ministerio Público para solicitar la ampliación de la detención preventiva, debido a que la imputada tuvo la posibilidad de asumir defensa conforme el principio de contradicción; de modo que, la aludida petición verbal respondió al principio de oralidad, establecido en el art. 113 del CPP y la Ley 1173, sin haberse vulnerado derecho o garantía alguna; c) La ampliación de la detención preventiva por tres meses impuesta por el Auto Interlocutorio 155/2022, se justificó en la existencia de una víctima fallecida y actos investigativos pendientes que el Ministerio Público debe continuar respecto los otros implicados, por su parte la institución referida justificó la necesidad de ampliar la medida señalada, advirtiendo la complejidad del caso y la existencia de actos investigativos pendientes; de modo que, la decisión del Juez a quo mantuvo la "suficiente laicidad jurídica" (sic), para imponer la antecedida ampliación, en atención al art. 233 del CPP.

De esa manera, ingresando al análisis de la problemática jurídica, corresponde realizar el contraste consistente en la evaluación directa de los agravios y fundamentos de hecho y de derecho, que han sido denunciados y desarrollados en el recurso de apelación, cotejándolos con la fundamentación jurídica y fáctica del Auto de Vista que ha sido objeto de impugnación, para determinar con certeza si la autoridad judicial demandada incurrió en la omisión o insuficiencia de fundamentar y motivar su resolución de forma clara, suficiente como componente ineludible del debido proceso; de ese modo se tiene: En cuanto a los agravios 1 y 3 invocados en su recurso de apelación y que supuestamente no habrían obtenido tratamiento en el Auto de Vista hoy impugnado, se evidencia que, el accionante hace un cuestionamiento del Auto Interlocutorio aseverando que, mantuvo las mismas condiciones que la primera determinación que amplió el plazo de su detención preventiva en cuanto a estar pendientes actos investigativos y existencia de otros coimputados-, sin tomar en cuenta la negligencia del Ministerio Público incurrida cuando restringió su solicitud de ampliación de la medida señalada en la existencia de actos investigativos pendientes los cuales no diligenció durante la vigencia de la anterior detención, y tampoco cuando omitió justificar la necesidad de extender el plazo de la medida descrita. Conforme la exposición de dichos agravios, el Auto de Vista ahora cuestionado, aseveró que dicho Auto Interlocutorio estaría adecuadamente fundamentado, cuando la autoridad de instancia justificó su decisión en la existencia de una víctima fallecida y actos investigativos pendientes que el Ministerio Público debería continuar con la investigación respecto los otros implicados, y así en cuanto el Ministerio Público que se justificó la necesidad de ampliar la medida señalada, advirtiendo la complejidad del caso y la existencia de actos investigativos pendientes. Ahora bien, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva debe estar justificada únicamente en la complejidad del caso y no en otra causal no reglada, como ser la omisión o negligencia con la que haya podido actuar la autoridad fiscal.

Dando contraste a la justificación vertida por la Vocal demandada en relación al recurso de apelación expuesta, se evidencia una ausencia de debida fundamentación, contraviniendo los arts. 124 del CPP y 115.II de la CPE, y lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en cuanto a la incongruencia interna y externa con la que debe estar sustentada toda resolución, para cumplir adecuadamente con el deber de fundamentación y motivación al no dar respuesta idónea a los agravios planteados; específicamente, si la autoridad consideró la existencia de actos investigativos pendientes para una nueva ampliación de la detención preventiva, debió no solo limitarse a su enunciación, sino debió detallar los actos imperativos que en particular no fueron desarrollados; asimismo, evaluar la tesis del Ministerio Público en cuanto los motivos que lo llevaron a no efectuar los actos investigativos en el período de la anterior ampliación de la detención o en todo caso si existiesen nuevos actos requirentes de tratamiento investigativo, tal como lo denunció la accionante. Del mismo modo, ante la denuncia en sentido que la "complejidad del caso" no fue probada, la Vocal demandada omitió examinar si el representante del Ministerio Público demostró dicha complejidad para justificar la medida conforme al art. 239.2 del CPP y el estándar que la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 ha expuesto, y no limitarse a aceptar la mera referencia del fiscal sin ninguna evaluación, máxime si se tiene en cuenta la ampliación de la detención preventiva no puede ser ordenada a partir de criterios subjetivos, ni por la falta de diligencia debida con la que actuó el director de la investigación, o por la concurrencia de cualquier otro acto dilatorio imputable a las partes. Esta omisión se agrava cuando la Vocal demandada, además de dar por hecho la complejidad del caso, se limita a señalar la "falta de contenido" del agravio, cuando en realidad la accionante denunciaba que el Auto recurrido se basó en la mera existencia de actos pendientes, cuestión que ya sirvió de base para una ampliación anterior, sin motivar la necesidad de la detención o la validez de la justificación fiscal, infringiendo el art. 302 del CPP; así, el argumento de la autoridad demandada se restringió de forma genérica a dar por hecho los actuados pendientes y la complejidad del caso -art. 233 CPP-, lo cual lesionó su derecho al debido proceso en cuanto a la congruencia, fundamentación y motivación. Por otro lado, respecto al agravio 2 consignado en su recurso de apelación y que supuestamente no fue considerado, se tiene que, la parte accionante señaló en su momento que el Ministerio Público no formuló solicitud de ampliación a la detención preventiva, limitándose a su mera expresión verbal en audiencia; en ese sentido, dicha situación fue advertida en el Auto de Vista impugnado, cuando la Vocal hoy demandada, consideró la validez de la señalada solicitud verbal, fundamentando su postura en: el principio de oralidad de la petición que no menoscaba la validez del acto procesal, como manifestación del nuevo sistema penal que busca la celeridad sin sacrificar los derechos fundamentales; asimismo, el principio de inmediatez, cuando dicha solicitud se planteó y resolvió en el mismo acto de la audiencia; y, finalmente que el accionante se encontraba presente en audiencia y tuvo oportunidad de contradecir la solicitud y argumentar en contra; de modo que, la Vocal demandada, no incurrió en incongruencia ni deficiencia en su fundamentación respecto a ese punto específico. En cuanto a la presunta lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva, defensa, seguridad personal y presunción de inocencia, de la revisión del Auto de Vista impugnado y de los antecedentes remitidos, este Tribunal establece las siguientes precisiones: Respecto a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, se observa que el accionante no quedó en un estado de indefensión absoluta, toda vez que, pudo activar el recurso de apelación incidental, contó con asistencia jurídica y expuso sus agravios en la audiencia de 16 de septiembre de 2022; si bien la autoridad demandada, emitió una resolución con una motivación deficiente -vicio que ya está siendo reparado en este fallo-, ello no implica por si misma la inexistencia de acceso a la justicia o la supresión de la oportunidad de defenderse; por lo que, al no demostrarse un impedimento fáctico o legal para el ejercicio de estos derechos fuera de la deficiencia argumentativa de la Vocal demandada, no corresponde conceder la tutela en este punto. De igual forma, sobre la presunción de inocencia y el principio de seguridad, es imperativo aclarar que estos se encuentran íntimamente ligados a la legalidad de la detención preventiva; en el caso concreto, la afectación identificada reside en que la autoridad de alzada no realizó un control de convencionalidad y legalidad adecuado sobre la "complejidad del caso" y la "negligencia fiscal"; al haber fallado la autoridad en su deber de fundamentar y motivar por qué era necesaria una nueva ampliación, la lesión se concentra específicamente en el debido proceso, el cual actúa como el presupuesto jurídico necesario para la restricción de la libertad personal. En consecuencia, al haber sido identificada la vulneración central en la falta de motivación e incongruencia omisiva del Auto de Vista 701/2022, la protección constitucional debe centrarse en restablecer el debido proceso para garantizar que la privación de libertad no sea arbitraria. En conclusión, al no existir elementos que demuestren una vulneración autónoma o un daño diferenciado a la tutela judicial efectiva, defensa o presunción de inocencia que no esté ya comprendido en el análisis del debido proceso y libertad, corresponde conceder en parte la tutela únicamente respecto a estos últimos y denegar en cuanto al resto de los derechos y principios invocados.

III.4.2. Otras consideraciones

De otro lado, es menester recordar, que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez o tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableciendo lo siguiente:

En el caso presente, corresponde llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, constituido en Tribunal de garantías, por no haber remitido los antecedentes procesales sobre los que fundó su decisión; esta omisión, obligó a este Tribunal a que solicitara documentación complementaria, que lamentablemente fue remitida de manera incompleta, debiendo en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión, y este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 23 de septiembre, cursante de fs. 46 a 56, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y, en consecuencia:

1º. CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los derechos a la libertad personal y al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º. DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la tutela judicial efectiva, defensa y los principios de seguridad personal y presunción de inocencia, al no haberse evidenciado una lesión directa distinta a la ya subsanada mediante el análisis del debido proceso.

3º. Disponer:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 701/2022 de 16 de septiembre, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional; y b) La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo Auto de Vista, debidamente fundamentado, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica de la accionante.

4º Llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, quien se constituyó en Juez de garantías, por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa, sobre los que sustentó su decisión; exhortándole a cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que servirán de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal a efectos que se pueda asumir una debida convicción de los hechos.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

[Todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática..." (énfasis añadido).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1649_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): ee01c392be09641d591902a73c13b332a16e72638cc70078aaadf352eb39a781

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