Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 580/2023 de 28 de julio, revocó el Auto Interlocutorio 103/2023, que dispuso la cesación de su detención preventiva, incumpliendo con su obligación de fundamentar y motivar esa decisión, vulnerando las características de las medidas cautelares como la variabilidad, instrumentalidad; además, de la excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y temporalidad, al alegar que para la concurrencia del peligro efectivo para la víctima, se deben considerar las circunstancias del hecho y el ilícito penal investigado, lo que haría imposible que se desvirtúe ese riesgo procesal, hasta que se defenestre el hecho y el delito. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: a) Sobre la falta de prueba en acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 199/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 39, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal, de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del mencionado departamento, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1649/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58107-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 199/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Víctor Freddy Choque Mamani contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de julio de 2023, cursante de fs. 20 a 27 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), el 19 de septiembre de 2022, el Ministerio Público formuló imputación formal; en ese sentido, el “…Juez cuarto de instrucción anticorrupción y violencia contra la mujer…” (sic), mediante Resolución 396/2022 de 20 del citado mes, estableció la concurrencia de lo estipulado por el art. 233.1 y los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), motivo por el que dispuso la extrema medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro -de La Paz- por el lapso de tres meses. Luego, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 29 de junio de 2023, el Tribunal de Sentencia Segundo de El Alto del referido departamento, emitió la Resolución “92/2023”, rechazando esa cesación; empero, dejó establecido que se desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, quedando vigente el art. 234.7 del mismo Código. En una nueva audiencia -de cesación de la detención preventiva de 19 de julio de 2023-, el Tribunal de Sentencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución “109/2023”, dispuso la cesación de su detención preventiva, imponiéndole varias medidas cautelares de carácter personal, como la detención domiciliaria sin derecho al trabajo, la presentación de tres garantes y el arraigo. Contra esa determinación, la víctima y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación incidental que fue resuelto por la Vocal hoy accionada mediante Auto de Vista -580/2023- de 28 de julio, quien admitió dicho recurso y en el fondo de manera arbitraria revocó la Resolución -Auto Interlocutorio- 103/2023 “de 28 de julio”. Los Tribunales de alzada, tienen la obligación de circunscribirse al auto recurrido y de fundamentar y motivar sus resoluciones al momento de mantener la detención preventiva. En el presente caso, la Vocal ahora accionada no cumplió con su obligación de fundamentar ni motivar el Auto de Vista 580/2023, al contrario, vulneró las características de las medidas cautelares, como la variabilidad, e instrumentalidad. De los argumentos expuestos en ese Auto de Vista de segunda instancia, se tiene que se inobservó la naturaleza del proceso y el ilícito que se investiga; fundamentación que vulnera las características descritas; además, de la excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y temporalidad; puesto que, el criterio de la citada autoridad judicial, resulta ser irracional al señalar que las características del hecho y el ilícito que se investiga deben ser considerados para la concurrencia del peligro efectivo para la víctima. Al respecto, se debe tomar en cuenta lo establecido por la SCP 0004/2022-S1 de 4 de marzo, sobre la concurrencia del citado riesgo procesal de fuga; ya que, en el caso concreto, la Vocal hoy accionada no verificó la existencia real, material y verificable del peligro efectivo para la víctima, simplemente se limitó a señalar que para su concurrencia se debe considerar las circunstancias del hecho y el ilícito penal investigado; de ser así, jamás se desvirtuaría ese riesgo procesal, hasta que se defenestre el hecho y el delito, lo que vulnera las características de las medidas cautelares, tomando en cuenta lo determinado por la SCP 0613/2023-S2 de 4 de julio.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 8.II; 22; y, 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga, el restablecimiento inmediato del derecho al debido proceso vinculado a la libertad, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 580/2023 de 28 de julio, debiendo la Vocal ahora accionada pronunciar un nuevo auto de vista, observando el entendimiento jurídico que se determine en la presente acción tutelar, de modo que la detención preventiva no se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada y no así una medida excepcional y de última ratio.
Celebrada la audiencia virtual el 1 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 37, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción tutelar, y ampliándolo manifestó que: a) Se debe aplicar el principio de reforma en perjuicio, en razón a que en el recurso de apelación, se invocaron artículos que no corresponden y que luego fueron corregidos por orden de la Jueza de primera instancia; empero, que también fue erróneo al no enmarcarse en lo establecido por el art. 403 del CPP; aspecto que no fue respondido por la Vocal hoy accionada. Al admitirse ese recurso de apelación erróneo, se vulneró el citado principio; b) Teniendo en cuenta lo determinado por la SCP “623/2023”, no se puede interponer de forma la concurrencia del riesgo procesal -de fuga- por aspectos de naturaleza y la relevancia social del hecho; ya que, ese criterio sería imposible de desvirtuar, salvo que exista una sentencia condenatoria o absolutoria que demuestre que el hecho no concurrió, mientras tanto tendría que existir la detención preventiva; y, c) Al guardar detención preventiva se constituye una pena anticipada, siendo que se generó duda sobre su participación -en los hechos denunciados-
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 32 y vta., manifestó que: 1) Por Auto de Vista 580/2023, declaró procedente las cuestiones planteadas por el Ministerio Público y en el fondo, confirmó el Auto Interlocutorio 103/2023, por el cual se determina que el imputado -accionante- aún debe guardar detención preventiva; 2) Del reclamo constitucional expuesto por el accionante, no se advierte fundamento concreto y objetivo de la manera en que su autoridad, al pronunciar el citado Auto de Vista vulneró sus derechos; y, 3) Dicho accionante simplemente se limita a citar y transcribir Sentencias Constitucionales; además, su persona, fundamentó de manera concreta los motivos por los cuales confirmó la resolución apelada, como se advierte en el acápite de fundamento de hecho, derecho y jurisprudenciales. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada, al carecer la misma de legitimación pasiva.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal, de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del mencionado departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 199/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 39, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante observa que el recurso de apelación incidental planteado por el representante del Ministerio Público fue realizado al amparo de lo establecido por el art. 403 del CPP y similar recurso de la víctima conforme lo estipulado por el art. 251 del mismo Código; lo que vulneraría sus derechos; ya que, la Vocal ahora accionada, no consideró esa última norma procesal ni hizo mención a la normativa relativa al recurso de apelación; asimismo, señala que la víctima corrigió la normativa de su recurso -art. 252 del CPP- por una exhortación de la Jueza de primera instancia; ii) Se debe considerar que en delitos relacionados con la libertad sexual, rige el principio de informalidad como señala la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; en ese sentido, al haber compulsado los recursos de apelación planteados por el Ministerio Público y la víctima, si bien puede ser equivocada la mención del art. 252 del CPP; empero, fue aceptada por el art. 251 del mismo Código; además, el petitorio en audiencia de consideración fue realizado conforme lo previsto en el citado artículo; por lo que, no se estaría vulnerando ningún derecho del accionante; iii) La Vocal hoy accionada actuó conforme la norma procesal, valorando y considerando que no es suficiente desvirtuar lo estipulado por el art. 234.7 del CPP, referido al peligro para la víctima y para la sociedad, con una simple declaración jurada realizada ante Notario de Fe Pública; iv) Toda autoridad judicial, debe tomar en cuenta que cuando se tratan de delitos contra la libertad sexual, como el caso concreto, se debe buscar el interés superior del niño; es decir, la nombrada Vocal, no vulneró ningún derecho al emitir el Auto de Vista -580/2023- impugnado, ni su actuación se enmarca a lo establecido por el art. 125 de la CPE; ya que, el acusado está siendo juzgado por el delito de violación, no estando indebidamente procesado, al estar en desarrollo el juicio oral, público y contradictorio; y, v) El art. 250 del CPP, señala que una medida cautelar se puede pedir en cualquier momento.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 43, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 del citado mes y año, cursante a fs. 47; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta la demanda de acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Víctor Freddy Choque Mamani -ahora accionante- contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- (fs. 20 a 27 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 580/2023 de 28 de julio, revocó el Auto Interlocutorio 103/2023, que dispuso la cesación de su detención preventiva, incumpliendo con su obligación de fundamentar y motivar esa decisión, vulnerando las características de las medidas cautelares como la variabilidad, instrumentalidad; además, de la excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y temporalidad, al alegar que para la concurrencia del peligro efectivo para la víctima, se deben considerar las circunstancias del hecho y el ilícito penal investigado, lo que haría imposible que se desvirtúe ese riesgo procesal, hasta que se defenestre el hecho y el delito. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: a) Sobre la falta de prueba en acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio, señala que: [Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: «Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: “…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: 'Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”’». En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en números casos con dicha problemática concluyó que: « …constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…» (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: «…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda»] (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal ahora accionada a través del Auto de Vista 580/2023 de 28 de julio, revocó el Auto Interlocutorio 103/2023, que dispuso la cesación de su detención preventiva, incumpliendo con su obligación de fundamentar y motivar esa decisión, vulnerando las características de las medidas cautelares como la variabilidad, instrumentalidad; además, de la excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y temporalidad, al alegar que para la concurrencia del peligro efectivo para la víctima, se deben considerar las circunstancias del hecho y el ilícito penal investigado, lo que haría imposible que se desvirtúe ese riesgo procesal, hasta que se defenestre el hecho y el delito. Identificada la problemática planteada por el accionante, se advierte que precisa como el acto vulneratorio de sus derechos a las determinaciones asumidas por la Vocal hoy accionada en el Auto de Vista 580/2023, denunciando que dicha autoridad judicial al revocar el Auto Interlocutorio 103/2023 que dispuso la cesación de su detención preventiva, emitió ese Auto de Vista sin la debida fundamentación y motivación respecto a peligro efectivo para la víctima regulado por el art. 234.7 del CPP, lo que a su criterio vulneraría las características de las medidas cautelares por los argumentos expuestos con relación a las circunstancias del hecho y el ilícito penal investigado. De lo referido, se evidencia que el accionante pretende que esta jurisdicción constitucional ingrese a revisar el contenido argumentativo del Auto de Vista 580/2023; así como, los razonamientos jurídicos y el respaldo normativo empleado por la Vocal ahora accionada en sustento de su afirmaciones y determinaciones; sin embargo, para ese fin, no adjuntó a su demanda de acción tutelar el citado Auto de Vista que permita efectuar el análisis constitucional de sus reclamos y así comprobar la veracidad de sus denuncias. Respecto a esa omisión la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional referida a la falta de presentación de prueba en la acción de libertad, señaló que la parte que acude a la jurisdicción constitucional debe acompañar la prueba necesaria y suficiente que acredite lo alegado en su acción tutelar; es decir, la veracidad de sus denuncias a objeto de demostrar la existencia del o los actos lesivos que restringen sus derechos y así lograr sus pretensiones. Bajo ese contexto jurisprudencial y considerando que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, bajo el argumento de que el Auto de Vista -580/2023- hoy impugnado, al revocar el Auto Interlocutorio -103/2023- que dispuso la cesación de su detención preventiva, incumplió con la fundamentación y motivación debida; sin embargo, se tiene que al momento de interponer la presente acción de defensa no acompañó el citado Auto de Vista a fin de que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda comprobar el alcance de su denuncia y verificar si los razonamientos empleados por la nombrada Vocal efectivamente vulneraron sus derechos. En ese sentido, esa omisión de acompañar la prueba que demuestre la veracidad de sus denuncias, no puede ser suplida por esta jurisdicción constitucional, ni tampoco asumir como ciertos lo extremos alegados; más aun tomando en cuenta que la Vocal hoy accionada señaló en su informe que el Auto de Vista 580/2023 cuenta con la fundamentación y motivación necesaria sin vulnerar derecho alguno. En definitiva, al no contarse con las pruebas necesarias que evidencien los hechos denunciados y poder verificar la restricción de derechos alegados, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 199/2023 de 1 de agosto, cursante de fs. 37 vta. a 39, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal, de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del mencionado departamento, y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1649_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2a451fc39073f177b7d6d98b21e51c3ab80a9ef61f27d0b04da67e1b049a5997
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