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SCP 1648/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
56101-2023-113-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, al acceso a la justicia; puesto que, mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, formularon querella penal contra Marcelino Mendoza Condori y Andrea Tola Alavi de Mendoza, por la presunta comisión del delito de estafa; por lo cual, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 41 a 49, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el deber de fundamentar y motivar las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Sobre principio de congruencia en las resoluciones
  3. III.3. Sobre el estándar de fundamentación de la desestimación de la querella por atipicidad en etapa inicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1648/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 56101-2023-113-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 42/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 41 a 49, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Florencia Choque Maraza de Quispe y Cipriano Quispe Sanga contra Orlando Agustín Zapata Sánchez, ex Fiscal Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante de fs. 18 a 23 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, formularon querella ante el Ministerio Público, contra Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 401502012202591. No obstante, mediante Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de igual mes y año, el Fiscal de Materia, determinó desestimar la referida querella; misma que objetaron mediante memorial de 6 de diciembre de similar año. Sin embargo, a través de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 de 16 de enero de 2023, emitida por el entonces Fiscal Departamental ahora accionado, ratificó la citada Resolución Fiscal de Desestimación. Bajo dichos antecedentes, señalaron que con la finalidad de constituir un patrimonio para su familia, conforme el Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018, suscrito con Marcelino Mendoza Condori, realizaron la permuta de un vehículo clase Microbús por un lote de terreno. Además, una vez suscrito el citado Documento Privado de Permuta, hicieron la entrega de dicho vehículo, mientras que el nombrado les entregó una “minuta de transferencia” que según manifestó, acreditaba su derecho sobre el bien inmueble objeto de la permuta, comprometiéndose a sanear su derecho propietario o en su defecto gestionar la suscripción de una minuta en su favor; sin embargo, durante aproximadamente dos años solicitaron reiteradamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas, sin obtener resultado alguno. Ante sus reiteradas evasivas e incumplimiento, Marcelino Mendoza Condori, su esposa Andrea Tola Alavi de Mendoza y sus personas, realizaron el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, mediante el cual Marcelino Mendoza Condori, se comprometió a regularizar su derecho propietario sobre el lote de terreno objeto de permuta, en el plazo impostergable de tres meses, realizando las gestiones necesarias para dicha finalidad. Asimismo, se estipuló de manera clara que, en caso de incumplimiento y vencido el plazo acordado, el nombrado cancelaría la suma de $us25 000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses), dejando establecido que la permuta quedaría sin efecto y; por consiguiente, dicha suma de dinero, se constituiría en una deuda en su favor. No obstante, transcurrido el plazo previsto, Marcelino Mendoza Condori, no cumplió con el compromiso asumido, llegando a esperar cerca de un año para que asuma su responsabilidad; por lo cual, el 17 de agosto de 2021, presentaron un proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas del Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018 y el referido Documento Privado de Compromiso de Obligación; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2021, se rechaza la pretensión; por cuanto, mediante memorial de 6 de septiembre de igual año, plantearon recurso de reposición con alternativa de apelación en efecto devolutivo contra el indicado Auto Interlocutorio; por lo que, mediante Auto Interlocutorio de 8 de septiembre de igual año, se revocó en parte el Auto interlocutorio de 19 de agosto de similar año; en consecuencia, se dispuso la citación y emplazamiento de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, para el reconocimiento de firmas y rubricas del mencionado Documento Privado de Compromiso de Obligación; ya que, el señalado Documento Privado de Permuta, quedó sin efecto por acuerdo entre partes; por consiguiente, una vez reconocido y elevado a instrumento con eficacia legal ese Documento Privado de Compromiso de Obligación, promovieron proceso ejecutivo monitorio, que dio lugar a la Sentencia Inicial 20/2022 de 11 de abril, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Decimotercero de la Capital del departamento de Oruro, disponiendo el embargo y pago de la referida suma de dinero. Al ejecutarse el embargo dispuesto por la Sentencia Inicial 20/2022, en el domicilio de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, evidenciaron que los mismos no contaban con bienes; por lo que, luego de obtener las certificaciones correspondientes, llegaron a la conclusión que suscribieron el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020 y el Documento Privado de Permuta de 8 de igual mes de 2018, con la intención de no cumplir las obligaciones asumidas, constituyendo dicho accionar al delito de estafa. En tal sentido, con la finalidad de que esos hechos no queden impunes, mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, formularon querella contra los nombrados. Sin embargo, mediante Resolución Fiscal de Desestimación de 25 del mismo mes y año, el Fiscal de Materia determinó desestimar la referida querella, sin realizar un análisis minucioso ni una adecuada valoración de la prueba aportada. Por ello, una vez notificados con dicha Resolución Fiscal de Desestimación, por memorial de 6 de diciembre de similar año, presentaron objeción solicitando la remisión de antecedentes ante el entonces Fiscal Departamental hoy accionado; quien, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, ratificó la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022; por lo cual, la misma fue emitida sin una adecuada valoración de la prueba ni una debida fundamentación; en consecuencia, dichas omisiones ilegales e indebidas restringieron sus derechos y garantías constitucionales; razón por la que, acuden a la interposición de la presente acción de defensa.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 115 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La revocatoria de la Resolución Jerárquica F.D.O. /O.A.Z.S. 390 de 16 de enero de 2023; b) Que el Fiscal Departamental hoy accionado, emita una nueva resolución jerárquica; por lo cual, disponga el inicio de investigación por el presunto delito de estafa contra de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori; y, c) Se condene con la imposición de costas y costos al citado Fiscal Departamental.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogada en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestaron que: 1) El entonces Fiscal Departamental ahora accionado, no tomó en cuenta los aspectos relevantes de la querella contra Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, presentado mediante memorial de 24 de noviembre de 2022; puesto que, se encuentran frente a un delito de estafa; ya que, los nombrados, conocían que no podrían cumplir con la obligación asumida, engañándolos con la promesa de transferir un terreno que se encontraban poseyendo y que posteriormente la materializarían; 2) Entregaron un vehículo con un valor de $us25 000.-, mientras que los mismos debían transferir un terreno; sin embargo, a pesar, del transcurso del tiempo ello no ocurrió, suscribiéndose posteriormente el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, mediante el cual se dejó sin efecto la permuta y asumieron el compromiso de cancelar el monto económico adeudado; 3) Acudieron a la vía civil, agotando las instancias correspondientes para el reconocimiento de firmas y rubricas del citado Documento Privado de Compromiso de Obligación y posterior la ejecución de la Sentencia Inicial 20/2022; no obstante, al momento de ejecutarse la misma se constataron que Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, no contaban con bienes registrados a su nombre; asimismo, nunca asistieron a la audiencia de conciliación, disponiendo del vehículo entregado por sus personas; 4) El engaño y el ardid se encuentran acreditados; empero, tanto el Fiscal de Materia como el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, realizaron su análisis únicamente en el Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018, sin considerar que ese quedó sin efecto, omitiendo valorar el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de similar mes de 2020, por la suma de $us25 000.-; 5) Debe considerarse que la concurrencia de los referidos Documento Privado de Permuta y Documento Privado de Compromiso de Obligación, en actos de disposición conllevan necesariamente a la existencia de una relación jurídica material de orden civil; puesto que, entre los distintos tipos de estafa encontramos una especialmente sensible, cuál es la estafa realizada mediante contratación simulada en perjuicio del otro sobre algún negocio jurídico, el supuesto de este tipo de estafa consiste en simular un contrato, un negocio cuyo incumplimiento determina que se produzca un perjuicio directo en el patrimonio ajeno como consecuencia del acto de disposición patrimonial que fueron engañados, este supuesto es denominado como negocio jurídico criminalizado o contrato criminalizado que se configura a través de la celebración de un contrato de negocio jurídico con clara y absoluta intención de incumplirla qué es lo que hicieron Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori; y, 6) Los nombrados, suscribieron los indicados Documento Privado de Permuta y Documento Privado de Compromiso de Obligación con conocimiento de que no cumplirían las obligaciones asumidas; por lo que, pidieron se conceda la tutela solicitada y se disponga la revocatoria de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, ordenando al Fiscal Departamental ahora accionado, emitir una nueva resolución jerárquica, disponiendo el inicio de la investigación por la presunta comisión del delito de estafa.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Aldo Ángel Morales Alconini, entonces Fiscal Departamental de Oruro, mediante informe de 5 de junio de 2023, cursante de fs. 28 a 29, manifestó que: i) La acción de amparo constitucional procede contra actos u omisiones ilegales e indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley; ii) Los accionantes alegan la vulneración de su derecho de acceso a la justicia; sin embargo, debieron acudir a la vía civil y solicitar la resolución de contrato; además, que no se tomó en cuenta que el Documento Privado de Permuta de 8 de igual mes de 2018, quedó sin efecto al incumplimiento del mismo; iii) La Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, se encuentra debidamente fundamentada en cuanto a la relevancia de la denuncia presentada por el delito de estafa en la modalidad de negocio criminalizado y sobre que no tiene fundamentación; ya que, no tomó en cuenta que el indicado Documento Privado de Permuta, quedó sin efecto y por eso no podían acudir a la vía civil a solicitar resolución de contrato, respondería a una mala valoración de la prueba por su parte; iv) Es importante considerar los fundamentos expuestos por los accionantes; puesto que, se puede advertir que no existe un solo argumento lógico y jurídico que permita poder conceder la tutela solicitada; considerando que, en ningún momento se les negó el acceso a la justicia, sino que por las características del hecho las mismas carecen de relevancia penal; por lo que, no puede tramitarse en la vía civil; v) El delito de estafa no establece las modalidades, sino que de los hechos expuestos se hubiese podido advertir el incumplimiento de obligaciones entre los “sujetos”, razón por la cual los razonamientos señalados en la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, tienen como base fundamental, la existencia de una debida fundamentación y motivación que emergió a través de una valoración y análisis de los elementos de prueba; vi) La referida Resolución Jerárquica que hoy se cuestiona, fue emitida a efectos de poder resolver la objeción a la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022; ya que, se realizó un análisis íntegro, como se refirió en la citada Resolución Fiscal de Desestimación, se procedió a realizar un análisis integral de los antecedentes de la denuncia, entre los cuales está la querella contra Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, presentado mediante memorial de 24 de similar mes y año, que refiere supuestos hechos vinculados al tipo penal de estafa, el señalado Documento Privado de Permuta y otros compromisos; vii) Del análisis realizado no se advirtió el modo en que se hubiese utilizado el ardid con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido por parte de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori; en ese sentido, los hechos narrados en contraste del acervo probatorio presentado en el indicado memorial de querella carecen de relevancia penal; viii) Se realizó un análisis exhaustivo de los antecedentes y la documental correspondiente, es así que no es posible advertir los presupuestos principales del delito de estafa; puesto que, conforme ese Documento Privado de Permuta, los accionantes tenían conocimiento que Marcelino Mendoza Condori, era el poseedor más no el propietario del bien inmueble ofrecido; en consecuencia, resulta inconsistente iniciar una investigación con la finalidad de buscar responsabilidad penal; ix) No se advierte la vulneración del derecho a una protección oportuna y efectiva, a una justicia pronta y sin dilaciones, derecho a un debido proceso en su elemento fundamentación, valoración adecuada de la prueba, congruencia; y, acceso a la justicia; por lo cual, de los razonamientos expuestos en la señalada Resolución Jerárquica, tiene como base fundamental, la existencia de una debida fundamentación y motivación que emergió a través de la valoración y análisis de los elementos de prueba presentados; en razón que, se explica de manera clara y concreta por qué el hecho no puede instaurarse en la vía penal; por cuanto, el mismo no contiene los elementos configuradores necesarios y el mismo ya se encuentra tramitando en la vía civil; y, x) En mérito a los fundamentos expuestos y tomando en cuenta que la citada Resolución Jerárquica, no vulneró ningún derecho y garantía constitucional pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 42/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 41 a 49, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se debe analizar el fondo de la acción de amparo constitucional presentado como las vulneraciones de todos los derechos denunciados; puesto que, son un conjunto de hechos y principios que hacen una adecuada administración de justicia en el ámbito administrativo y en el ámbito ordinario; por lo cual, a través de estas vulneraciones señaladas como las normas sustantivas y adjetivas que reclaman los accionantes mediante la actividad desplegada por el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, aparentemente vulneró ese conjunto de derechos que restringen básicamente a poder ser oído, contar con una resolución jerárquica que garantice esos derechos y que haga eficaz a la justicia que se reclama; b) Los accionantes, manifestaron que en la emisión de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, no se respondió de manera fundamentada, motivada y congruentemente, ni tampoco se valoró adecuadamente la prueba sobre los argumentos planteados en el memorial de objeción de 6 de diciembre de 2022, que se formuló a la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de igual año, emitido por el Fiscal de Materia encargado de esa investigación; c) Al momento de recordar que la jurisdicción constitucional no es una instancia adicional de la jurisdicción ordinaria o administrativa, se debe precisar que tampoco puede ser una instancia de revisión o una valoración de la norma ordinaria, no se puede valorar la prueba, tampoco revisar fundamentos y analizar el conflicto, mucho menos decidir o definir derechos, sino que simplemente la actividad está delimitada para garantizar que ante las observaciones se pueda enmendar las denuncias realizadas; d) No es viable analizar otros elementos que no fueron parte del citado memorial de objeción, para eso es necesario tomar en cuenta que el referido Fiscal de Materia, no fue accionado en la presente acción tutelar, para analizar los elementos de la nombrada Resolución Fiscal de Desestimación; puesto que, la denuncia es que dicho Fiscal Departamental, no corrigió sus actos, ni respondió de manera adecuada los fundamentos de mencionado memorial de objeción y para eso se debe identificar los fundamentos; e) Analizando el señalado memorial de objeción, en la cual nace la posible vulneración; ya que, no nace en esa Resolución Fiscal de Desestimación, sino en la forma como se han manifestado los agravios, es así que del análisis se puede llegar a determinar que tiene una estructura común donde hacen una relación literal de antecedentes de una resolución fundamentada sobre la desestimación, que también es una transcripción literal de la objeción de desestimación; f) En otra de las partes relevantes de la indicada Resolución Fiscal de Desestimación, el indicado Fiscal de Materia; expresó que, en la querella presentada mediante memorial de 24 de noviembre de igual año, se puede advertir la falta de identidad penal de la conducta querellada; por lo que, los accionantes, debían hacer valer su derecho mediante un proceso de resolución de contrato por incumplimiento; es decir, estaría debidamente garantizado el derecho a la tutela judicial de los mismos, sobre esta aseveración el citado Fiscal Departamental, no realizó ninguna mención; empero, se considera que es irrelevante para conceder la tutela solicitada; en consecuencia, carece de un elemento trascendental que no está alejado del acto consentido de los propios accionantes; g) Cuando el referido Fiscal Departamental, en la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, señaló que a sabiendas de los resultados escogieron la vía civil y además declararon conformidad con el contenido del Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020 y por el contrario manifestaron su propia voluntad y eso tiene relación con el propio documento, ese argumento resulta no ser tan cierto cuando en la cláusula cuarta señalaron que en el plazo de seis meses las partes se comprometían a la obligación de regularizar los trámites o títulos y cumplido dicho plazo, Marcelino Mendoza Condori, debía cancelar la suma de $us25 000.-, en favor de los accionantes por concepto del vehículo; empero, no especifica propiamente que se trate de una resolución contractual y que posteriormente se pudiera pensar que se trata de una cláusula penal de imposición de una multa; h) La parte final de esa cláusula expresa y aclara que ante el incumplimiento quedaba sin efecto la permuta; por lo que, se constituye en una deuda por parte de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori en favor de los nombrados; sin embargo, no indica que se constituye en una relación contractual, si no dice que queda sin efecto la permuta, aparentemente los accionantes y Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, estuvieran quedando con lo determinado en el Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018 y el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de similar mes de 2020, retrotrayendo a un estado anterior por eso manifestaban el pago de la deuda, la devolución del vehículo la mención de la línea y la afiliación; por lo que, esto se constituye en una deuda; empero, tampoco se dijo qué tipo de deuda; i) No fue precisa la mención del entonces Fiscal Departamental ahora accionado y el Fiscal de Materia, sobre los aspectos señalados; por lo cual, es a partir de ese elemento que emanó la voluntad de los accionantes, ante la decisión de activar el proceso ejecutivo monitorio; por cuanto, podían inclusive a criterio acudir a la vía ordinaria; ya que, no puede quedar en la nebulosa el destino futuro de dicho vehículo que adolece de las mismas características del terreno; puesto que, simplemente era poseedor y no se llegó a acreditar el documento de propiedad; j) Lo expresado, también pudo generar un efecto inclusive si Marcelino Mendoza Condori iniciará una demanda de estafa; considerando que, no podrá titularizar ese vehículo automotor; tomando en cuenta que, no se encontraba con derecho propietario a los fines del art. 121 del Código de Tránsito (CT), todos esos elementos pudieron bien haber sido determinados en la vía ordinaria y no necesariamente en la vía ejecutiva monitoria; empero, fueron parte de la decisión voluntaria espontánea y autónoma de activar la señalada vía ejecutiva monitoria; k) En ningún momento se expresó que la única vía idónea que estaban conviniendo las partes sería la ejecutiva monitoria, sino expresaron que quedaba sin efecto la permuta; además, dijeron que quedaba sin efecto el mencionado Documento Privado de Permuta y se constituyó en una deuda, entonces está suerte de imprecisión, hace también justificar que se generó un error de conceptualización de dicho Fiscal Departamental y el Fiscal de Materia; por cuanto, ya es irrelevante porque los accionantes accionaron la vía ejecutiva monitoria, con los resultados que se obtuvieron; l) Respecto a lo manifestado sobre la existencia de un ardid o dolo, no se debe olvidar que los nombrados, son quienes reconocen que voluntariamente se suscribió ese Documento Privado de Compromiso de Obligación, que tiene un elemento además que garantiza con los bienes futuros y presentes que no existen; siendo que, existe la posibilidad de que exista bienes futuros entre ellos, inclusive en el eventual caso de titularizarse el vehículo automotor en favor de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, entonces no existió esa precisión, no se acreditó esa relevancia constitucional como para entender que esos errores de apreciación de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, sean tan trascendentes para que se considere ilegal, arbitraria o irrazonablemente fundamentada o motivada; y, m) De lo inferido y explicado corresponde denegar la tutela solicitada en el sentido que no se acreditó la suficiente relevancia constitucional y al no advertirse vulneración del derecho a la fundamentación, motivación o que sea incongruente; ya que, de alguna manera se refirieron a los elementos de prueba y los fundamentos expuestos por el Fiscal de Materia y además que los accionantes activaron los medios que les aconseja la ley; puesto que, básicamente le quitó relevancia a esos elementos que cuestiona; por lo que, la jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse en esos actos de la jurisdicción ordinaria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas. Asimismo, mediante decreto constitucional de 10 de abril de 2026, cursante a fs. 59, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto de igual año, cursante a fs. 63; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 23 de noviembre de 2022, dirigido al Fiscal de Materia, Cipriano Quispe Sanga y Florencia Choque Maraza de Quispe -hoy accionantes-, formularon querella criminal contra Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, por el delito de estafa (fs. 2 a 5 y vta.). II.2. Mediante Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia, desestimo la querella formulada por los accionantes, con el argumento de que no se demostró dolo al momento de suscribir el contrato de cumplimiento de deuda; por lo que, ese incumplimiento debe ser planteado en la vía civil; ya que, la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el incumplimiento de obligaciones contractuales; puesto que, el derecho penal sustantivo y adjetivo tiene como característica ser de última ratio (fs. 6 a 9 vta.). II.3. A través de memorial de 6 de diciembre de 2022, dirigida al Fiscal de Materia, los accionantes plantearon objeción a la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de igual año; considerando que, no se consideró que el Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, dejó sin efecto el Documento Privado de Permuta de 8 del mismo mes de 2018, al no existir esta no correspondía optar por la vía civil como se fundamentó; por lo que, no se podía aplicar la figura de resolución de contrato (fs. 10 a 11). II.4. Consta Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 de 16 de enero de 2023, emitida por Orlando Agustín Zapata Sánchez, entonces Fiscal Departamental de Oruro -ahora accionado-, mismo que ratificó la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022; por lo que, no se cumplieron con los presupuestos esenciales que deben concurrir para determinar el delito de estafa, los cuales son el engaño, error y disposición patrimonial; ya que, solo ante la comprobación controvertible de esos elementos podría establecerse la presencia del dolo que en este caso no fue comprobada (fs. 12 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, al acceso a la justicia; puesto que, mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, formularon querella penal contra Marcelino Mendoza Condori y Andrea Tola Alavi de Mendoza, por la presunta comisión del delito de estafa; por lo cual, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 de 16 de enero de 2023, el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, de manera incongruente y con escasa fundamentación, ratificó la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, pronunciada por el Fiscal de Materia encargado de la investigación, sin realizar una adecuada valoración de la prueba presentada, particularmente del Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, mediante el cual los nombrados reconocieron la obligación asumida; puesto que, el citado Documento Privado de Compromiso de Obligación constituiría únicamente una apariencia destinada a encubrir el ilícito denunciado; limitándose a señalar que los argumentos expuestos resultaban insuficientes, dejándolos en estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre el deber de fundamentar y motivar las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; 2) Sobre el principio de congruencia en las resoluciones; 3) Sobre el estándar de fundamentación de la desestimación de la querella por atipicidad en etapa inicial; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el deber de fundamentar y motivar las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

La SCP 0912/2025-S1 de 5 de agosto, mencionando la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, la SCP 0825/2018-S1 de 5 de diciembre y la SCP 0710/2024-S3 de 23 de agosto, señala que: «‘‘‘… toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser obligatoria motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada , lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. Mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructurada señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretende que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’. Igualmente, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, que refrendó a la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, expresó que: “…se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas ya partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existen suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar ni siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorando que toda resolución que resuelva el fondo del asunto: ‘no sólo deberá circunscribir a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver…’ de lo contrario su decisión resultaría arbitraria: ‘…pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…’; lo que en definitiva debió ser observado por el fiscal superior”. (…) Por lo que la Resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponiendo su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias”».

III.2. Sobre principio de congruencia en las resoluciones

La SCP 1424/2025-S3 de 20 de noviembre, establece que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv. a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv. b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en el SCP 2221/2012 como en el SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamento, previa de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, establecieron que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en consecuencia, a partir de una interpretación preventiva, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional”.

III.3. Sobre el estándar de fundamentación de la desestimación de la querella por atipicidad en etapa inicial

La SCP 0519/2025-S2 de 3 de junio, señala que: “…El art. 65 de la LOMP establece que: ‘La impugnación al rechazo o sobreseimiento será resuelta por la o el superior jerárquico, valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada, en el plazo que establece la Ley, bajo su responsabilidad’. Este precepto fue extendido también a los supuestos de desestimación, conforme a la SCP 0092/2014-S3 de 27 de octubre, que reconoce el derecho de la supuesta víctima a impugnar esta clase de resoluciones fiscales. En ese contexto, la motivación y fundamentación de tales decisiones resultan exigencias ineludibles. En ese sentido, como señaló la jurisprudencia constitucional, la motivación y fundamentación son elementos esenciales en toda resolución, y su exigencia no implica un desarrollo extenso o formalista. Según la SCP 0191/2018-S4 de 14 de mayo ‘…la motivación y la fundamentación son elementos de obligatoria existencia y cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo sea ampuloso en cuanto a sus consideraciones y citas legales, sino, debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en una resolución debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida…’. Ahora bien, con relación a la desestimación -ya sea respecto de una denuncia escrita, una querella o un informe policial de acción directa-, este constituye una resolución fiscal que, para ser válida, debe estar debidamente fundamentada. Su propósito es evitar la activación innecesaria del aparato estatal penal cuando, de manera preliminar, se advierte la falta de elementos mínimos que justifiquen el inicio de una investigación formal. El art. 55.II de la LOMP dispone: ‘Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada’. En este marco, la fundamentación debe orientarse a la protección del bien jurídico que el derecho penal busca salvaguardar y debe atender a una doble consideración. Mientras que el rechazo de una denuncia suele tener lugar luego de una investigación preliminar con ciertos elementos de prueba recabados por el Ministerio Público, la desestimación se emite en una etapa anterior, cuando aún no se han producido actos de investigación formal. Por ello, el análisis de tipicidad o juicio de adecuación típica debe efectuarse exclusivamente a partir de los hechos y elementos aportados por la parte denunciante, valorando su correspondencia con la descripción normativa del tipo penal aplicable. De ahí que, la fundamentación en los casos de desestimación deba ser mayor y suficientemente clara, especificando en forma concreta qué elementos del tipo penal no se configuran, y por qué -en función de los hechos expuestos y las diligencias mínimas realizadas- no resulta procedente continuar con la acción penal. Esta exigencia responde al deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia, que podría verse vulnerado si se emiten resoluciones genéricas o insuficientemente motivadas…”.

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, al acceso a la justicia; puesto que, mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, formularon querella penal contra Marcelino Mendoza Condori y Andrea Tola Alavi de Mendoza, por la presunta comisión del delito de estafa; por lo cual, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 de 16 de enero de 2023, el entonces Fiscal Departamental ahora accionado, de manera incongruente y con escasa fundamentación, ratificó la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, pronunciada por el Fiscal de Materia encargado de la investigación, sin realizar una adecuada valoración de la prueba presentada, particularmente del Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, mediante el cual los nombrados reconocieron la obligación asumida; puesto que, el citado Documento Privado de Compromiso de Obligación constituiría únicamente una apariencia destinada a encubrir el ilícito denunciado; limitándose a señalar que los argumentos expuestos resultaban insuficientes, dejándolos en estado de indefensión. De los antecedentes adjuntos, se advierte que mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, los accionantes, formularon querella penal contra Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, por la presunta comisión del delito de estafa; misma que, fue desestimada mediante Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de igual mes y año, emitida por el Fiscal de Materia encargado de la investigación, con el argumento de que no se demostró dolo al momento de suscribir el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020; por lo que, el incumplimiento denunciado debía ser reclamado en la vía civil; considerando que, la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el incumplimiento de obligaciones contractuales (Conclusiones II.1. y II.2.). Por lo cual, mediante memorial de 6 de diciembre de 2022, los accionantes formularon objeción contra la citada Resolución Fiscal de Desestimación, alegando que no se consideró que el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, dejó sin efecto el Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018; por lo que, no correspondía sustentar la existencia de una controversia de naturaleza civil ni la aplicación de una eventual resolución contractual. Dichos argumentos fueron resueltos mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, emitida por el entonces Fiscal Departamental ahora accionado, quien ratificó la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, señalando que no concurrieron los presupuestos esenciales para la configuración del delito de estafa, tales como el engaño, el error y la disposición patrimonial; puesto que, únicamente la comprobación de dichos elementos permitiría establecer la existencia de dolo, extremo que no fue evidenciado en el caso concreto (Conclusiones II.3. y II.4.).

Establecido el contexto fáctico y jurídico de la problemática a resolver en el presente caso, debemos a continuación realizar un contraste sobre los aspectos reclamados por los accionantes, tarea que será desarrollada a continuación: i) La impugnación planteada señala que en la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, los argumentos versan en torno a la ausencia de elementos sustanciales vinculados a la inexistencia de engaño o dolo para fortalecer el error en los nombrados y que hubiese provocado la disposición patrimonial en beneficio de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori; puesto que, los accionantes conocían sobre la situación irregular del lote de terreno motivo de la permuta; empero, el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, no habría considerado el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, suscrito de manera posterior y que dejo sin efecto el Documento Privado de Permuta de 8 de similar mes de 2018; ii) Se optó por la vía ejecutiva monitoria de cobro de dinero, obviando la vía correcta que era la resolución de contrato; sin embargo, no se tomó en cuenta que el referido Documento Privado de Permuta; ya que, no estaba vigente por la firma del señalado Documento Privado de Compromiso de Obligación, esto por el acuerdo de voluntades de cumplimiento de obligación, el cual fue realizado a sabiendas que no tenían bienes con que respaldarlos; y, iii) No se tomó en cuenta el contrato criminalizado o negocio jurídico criminalizado que se configura a través de la celebración de un contrato con la clara intención de incumplirlo, aspectos que no fueron tomados en cuenta en la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 y la indicada Resolución Fiscal de Desestimación, las cuales manifestaron que al conocer el estado del bien inmueble prometido y al optar por la vía civil ejecutiva monitoria de cobro de dinero, sabían cuál era la esencia del contrato suscrito y al ejecutar lo accesorio que es el contrato de incumplimiento, omitieron que el contrato principal aún sigue pendiente; por lo que, la conducta querellada carece del elemento objetivo de ser engaño o ardid y; por consiguiente, resulta ser atípica. Dentro de ese contexto en referencia al primer punto corresponde señalar que se debe entender que para diferenciar si estás ante una estafa o un incumplimiento de contrato, la clave no es el incumplimiento en sí, sino la existencia de un engaño como antecedente; ya que, para que prospere una querella por este delito, se exigen elementos que van más allá de no pagar una deuda o no entregar un bien; puesto que, el engaño debe existir antes o al momento de firmar un documento, en este caso existe un contrato o documento privado, que debe ser resuelto mediante una demanda de cumplimiento de contrato o pago de daños y perjuicios, ante un juez civil; por lo que, no se demostró que existió dolo inicial; puesto que, el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, es legítimo y ambas partes procesales tenían capacidad de la atipicidad por incumplimiento contractual, el simple hecho de no pagar la deuda no constituye delito; considerando que, se debe entender que el incumplimiento de obligaciones contractuales, por sí mismo, no se constituye en delito de estafa, debiendo los accionantes, demostrar que el autor, desde el momento de la celebración del contrato, tenía la intención de no cumplirlo, valiéndose de un engaño bastante para inducir a error a la víctima, no se demostró con pruebas que para firmar el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, se utilizó algún tipo de artificio, en ese sentido se debe tomar en cuenta que la teoría del impago o vulneración de un acuerdo civil y comercial no constituye delito penal si la conducta no encaja exactamente en un tipo penal específico y que opera cuando falta la intención dolosa de engañar -fraude- o elementos típicos -sujeto, objeto, conducta-, convirtiendo el conflicto en un ilícito civil, no penal. Sobre la falta de vigencia del Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018 y la existencia del Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de igual mes de 2020, cabe referir que tanto la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 y la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, fundamentaron sus argumentos realizando un correcto juicio de tipicidad; puesto que, al faltar el engaño como antecedente y el dolo específico, la conducta no puede ser perseguida en el ámbito penal; por lo que, el incumplimiento de un contrato no encaja para ser seguido penalmente si no se demuestra el engaño inicial; por lo cual, el Fiscal de Materia, de manera pertinente fundamento que los referidos Documento Privado de Permuta y Documento Privado de Compromiso de Obligación, son actos de autonomía de la voluntad donde las partes aceptan riesgos y el hecho de que el deudor no posea bienes al momento de la ejecución no constituye un ardid o puesta en escena, sino una insolvencia patrimonial; en consecuencia, el referido Fiscal de Materia, determinó correctamente que no hubo una maniobra fraudulenta previa que viciara el consentimiento, sino un incumplimiento de una promesa de pago; por lo que, carece de relevancia penal al no haber superado la barrera de la atipicidad objetiva que establece el precedente del ardid o dolo de la intención de no pagar que en este caso apareció después de haber firmado el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020, hecho que tiene que ver estrictamente en el ámbito civil; puesto que, si la intención inicial era cumplir y luego surgieron problemas es un incumplimiento sobreviniente que debe ser resuelto en la jurisdicción civil, siendo claro que al no haberse probado que el autor utilizó artificios para que la otra persona cayera en un error o hubiese realizado una disposición patrimonial perjudicial, el hecho denunciado como delito de estafa no encaja en lo dispuesto por el art. 335 del CP. Con referencia a que no se tomó en cuenta el contrato criminalizado o negocio jurídico criminalizado, que se configura a través de la celebración de un contrato con la clara intención de incumplirlo, en el caso analizado se constata que la resolución de objeción identifico que el conflicto nace de una relación contractual lícita; puesto que, el incumplimiento de los trámites de cambio de nombre o el impago de los $us25 000.- son eventos posteriores a la suscripción del Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de junio de 2020; por lo que, se debe entender que si el dolo es subsiguiente -aparece después de recibir el beneficio-, estamos ante un ilícito civil, no penal; por lo tanto, el entonces Fiscal ahora accionado, motivo la Resolución Jerárquica F.D.O. /O.A.Z.S. 390, al establecer que no se probó que Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condori, tuvieran una voluntad criminal predeterminada al momento de obligarse, incluido al hecho de haber firmado el citado Documento Privado de Compromiso de Obligación, el cual después fue reconocido judicialmente, paradójicamente es una prueba que “dio la cara” y acepto el pago de la deuda por incumplimiento; por lo que, si hubiese querido estafar desde un principio, no habría permitido dejar un documento que pudiera se demandarlo en la vía civil. Estos aspectos muestran que la insolvencia no es engaño; puesto que, el hecho de no tener bienes para pagar no es un delito, sino una situación patrimonial, en ese entendido era responsabilidad de los accionantes el verificar la solvencia de Andrea Tola Alavi de Mendoza y Marcelino Mendoza Condor, previamente a firmar el Documento Privado de Permuta de 8 de junio de 2018, en primera instancia y de manera posterior el Documento Privado de Compromiso de Obligación de 15 de igual mes de 2020; por lo que, se hace evidente que la querella presentada mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, fue rechazada por el Fiscal de Materia, por el hecho de ser un -atípico penal-; es decir, un conflicto estrictamente civil, que en el caso de los accionantes; considerando que, el indicado Documento Privado de Compromiso de Obligación, se encuentra con reconocimiento de firmas y una deuda documentada; por lo cual, dicho Fiscal de Materia, interpreto que no hubo un engaño que indujera al error, sino un simple incumplimiento de pago. Consecuentemente, la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390, no carece de fundamentación o congruencia, sino por el contrario aplica correctamente el principio de intervención mínima y subsidiariedad del derecho penal que es de ultima ratio y en este caso la conducta denunciada deviene de un incumplimiento contractual sobreviniente lo cual sitúa de manera clara al conflicto en esfera del derecho civil, en ese mismo sentido la jurisprudencia ha determinado que el proceso penal no puede ser instrumentalizado como un mecanismo de cobranza coactiva; puesto que, la inexistencia de bienes al momento de la ejecución del pago de la deuda no constituye ardid o engaño bastante que exige el tipo penal de estafa; por lo que, existe un instrumento legal idóneo para perseguir el incumplimiento de la obligación que desde todo punto de vista se trata de una expectativa patrimonial acordada entre partes y no de una maquinación fraudulenta que hubiese viciado el consentimiento de origen.

Tales características fueron destacadas de manera expresa tanto en la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 390 -objeto de la presente acción de amparo constitucional- como en la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, que fue objeto de impugnación, llegando a concluir que los hechos descritos en la querella presentada por los accionantes mediante memorial de 24 de igual mes y año, ni evidencian la existencia de engaño o artificio que hubiese generado o reforzado un error y por ende, no constituyen mérito para la persecución penal. En consecuencia, no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia alegada por los accionantes; además, tomando en cuenta que dichos elementos no implicarán una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, ni el cumplimiento de una estructura de forma y de fondo determinado, sino, una explicación clara y concisa de los puntos cuestionados que justifican razonablemente la decisión y no resultado de la arbitrariedad, conforme se tiene en el Fundamento Jurídico del presente fallo constitucional; en consecuencia, corresponde que los eventuales derechos emergentes de la relación contractual sean reclamados en la jurisdicción civil ordinaria. Por lo que, la Resolución Jerárquica F.D.O. /O.A.Z.S. 390, contiene una estructura lógica exponiendo de manera sucinta y con claridad los hechos y fundamentos legales de su decisión conforme los alcance dispuestos por el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, encontrándose la debida fundamentación y motivación en la citada Resolución Jerárquica, la cual da a conocer a las partes procesales de manera clara y concreta los motivos fácticos y normativos de su decisión del porqué determinó la ratificación de la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022, respecto a la querella presentada por los accionantes mediante memorial de 24 de similar mes y año, realizando un análisis de los elementos probatorios adjuntos para el efecto, no evidenciándose la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. Del mismo modo, es evidente que los accionantes al presentar la querella en el Ministerio Público, recibieron la respuesta correspondiente y oportuna, de igual manera al acudir al Fiscal de Materia asignado al caso, mediante memorial de 6 de diciembre de 2022, los accionantes formularon objeción contra la Resolución Fiscal de Desestimación de 25 de noviembre de 2022; por lo que, recibió la respuesta a sus reclamos mediante la Resolución Jerárquica F.D.O. /O.A.Z.S. 390, obteniendo las respuestas correspondientes y de manera oportuna en las instancias procesales a las cuales acudió en su debido momento, no evidenciándose vulneración alguna del derecho de acceso a la justicia En ese mismo sentido, cabe referir sobre la imposición de costas que estas son aplicables únicamente en aquellos casos en los cuales se establezca que la demanda fue formulada con temeridad y con la única intención de vulnerar los intereses legítimos de la parte contraria a la que se demanda, aspecto que no se observa en el presente caso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 41 a 49, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1648_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): f5f72f9f88f53992954197a67fa769f404057e46ae3fe949c84f332d6a9cf2b3

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