Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a su libertad; toda vez que, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, confirmó en el Auto de Vista 210/2022 de 7 de septiembre, su detención preventiva, sin haber realizado un análisis exhaustivo, objetivo y específico de los presupuestos de la detención preventiva respecto a la peligrosidad y obstaculización, limitándose a convalidar las falencias argumentativas de la Resolución de primera instancia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 132 a 137 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, 1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada, por la existencia de identidad de sujetos, objeto y causa con el Expediente 53523-2023-108-AL. 2º Se llama la atención severamente al abogado Nelson Pimentel Ballesteros, para que en un futuro actúe con lealtad procesal y ética profesional, observando el principio de buena fe; advirtiéndole que, de persistir con esa conducta, se hará susceptible a la imposición de costas, multas y se remitirán antecedentes a la instancia pertinente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1648/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53665-2023-108-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 132 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Carlos Franco Ramos Lucas contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 79 a 85, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los arts. 312 y 318 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, estableció la concurrencia de los arts. 233.1, 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinando en consecuencia su detención preventiva en la Carceleta provincial de la indicada localidad, por el lapso de seis meses. Decisión contra la cual, al amparo del art. 251 del citado Código Adjetivo Penal, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandada-, a través de Auto de Vista 210/2022 de 7 de septiembre, confirmando arbitrariamente el Auto Interlocutorio impugnado.
La autoridad demandada no cumplió con su obligación de fundamentar ni motivar el Auto de Vista 210/2022, por los siguientes motivos: a) Respecto al art. 234.7 del CPP, se limitó a señalar que el Auto Interlocutorio estaba fundamentado y motivado conforme a los arts. 124 y 173 del mismo Código, ya que, contaría con un análisis de hecho y por ende cumple la jurisprudencia constitucional como también convenios y tratados internacionales, conforme establece el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); b) A decir de la autoridad demandada, el Juez a quo hubiera hecho un análisis de los antecedentes del hecho, la conducta anterior y posterior del imputado, la condición de víctimas de las menores, edad, condición de mujer; empero, la Vocal demandada omitió revisar minuciosamente que la autoridad jurisdiccional estableció la concurrencia del art. 234.7 del CPP, en sus vertientes peligro para la víctima y para la sociedad, por haber incumplido actas de alejamiento con la víctima; puesto que, este extremo también permitiría considerar que el imputado es un peligro para la sociedad; aspecto que es soslayado por la autoridad demandada, quien tenía la obligación de verificar ese extremo pero no lo hizo; c) La demandada no comprobó la existencia real, material y verificable del peligro efectivo para la víctima; d) En cuanto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, la autoridad demandada señaló que el inferior, a efectos de cumplir precisamente el art. 235 Ter. del citado Código, tomó en cuenta un informe que fue emitido por Juan Pablo Ramírez -funcionario policial-, quien se habría constituido en el domicilio del imputado a efectos del secuestro del vehículo que hubiera sido un instrumento para la comisión del presunto hecho; pero, el vehículo no fue encontrado, siendo ese el riesgo de obstaculización señalado por la autoridad jurisdiccional a quo y con dicho argumento la autoridad demandada confirmó el Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, inobservando lo que establece el art. 398 del mismo cuerpo Adjetivo Penal y la SCP 0062/2018-S2 de 15 de marzo; e) La autoridad jurisdiccional de instancia determinó la concurrencia de dicho presupuesto procesal de peligro de obstaculización, en una mera presunción abstracta respecto al tipo de vehículo que presuntamente se utilizó para la presunta comisión del delito, aspecto que no fue observado por la autoridad demandada; ya que, ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones; lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; y, f) En el Auto de Vista 210/2022, no se fundamentó ni motivó cuál es el elemento material objetivo que demuestre que el prenombrado fue la persona que ocultó y/o destruyó la movilidad de la cual se desconocen sus características, siendo evidente la falta de fundamentación y motivación por parte de la autoridad demandada.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a su libertad; citando al efecto el art. 23 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo el restablecimiento inmediato del derecho a la libertad y la nulidad del Auto de Vista 210/2022, debiendo la autoridad demandada pronunciar uno nuevo, observando el entendimiento jurídico que se determine en la acción tutelar, de modo que la detención preventiva no se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada sino una medida excepcional y de última ratio.
Celebrada la audiencia pública el 10 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 129 a 132, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, en audiencia de garantías, ratificó in extenso los fundamentos de su demanda de acción de libertad, añadiendo que: 1) Presentó una acción tutelar el 3 de febrero de 2023, tramitada ante la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; sin embargo la misma fue denegada en razón a que dicha autoridad no contaba con el legajo de apelación y menos con el Auto de Vista impugnado; es decir, que jamás se ingresó a la problemática planteada ni realizó un análisis de fondo en relación al Auto de Vista cuestionado; 2) La Vocal demandada no cumplió con esa labor argumentativa, ya que toda decisión judicial que mantenga rechace o modifique una solicitud de cesación a la detención preventiva en apelación incidental, debe necesariamente estar fundamentada de manera clara, precisa y además motivada, conllevando a que la autoridad de alzada explique y motive las razones por las cuales cree conveniente que el Auto inicial cumple con los parámetros de fundamentación motivación, valoración razonable de la prueba presentada en audiencia de medidas cautelares; 3) La demandada tenía la plena obligación de verificar el elemento que demostró que es él un peligro efectivo para el denunciante; 4) No está en contra que se pueda aplicar una justicia con perspectiva de género; sin embargo, aquello no puede estar por encima de los principios de legalidad, de presunción de inocencia y de taxatividad; 5) La Ley señala que la carga probatoria le corresponde a la autoridad fiscal, que es la encargada de demostrar que concurre este presupuesto procesal y el juez de control de garantías debe analizar si efectivamente concurren o no estos presupuestos procesales y la prueba presentada; 6) La SCP 0004/2022-“S2” -lo correcto es S1 de 4 de marzo- señaló que el peligro efectivo debe ser material y no puede sustentarse en subjetividades; en este caso, ese argumento está ausente tanto en la Resolución del Juez a quo como en la Resolución de la autoridad demandada; 7) En cuanto al art. 235.2 del CPP, llama la atención que el simple informe presentado por el funcionario policial que hace mención a que no se encontró el vehículo en el interior de su domicilio, haya dado lugar a la concurrencia de este peligro procesal; y, 8) Es evidente la falta de motivación y fundamentación en cuanto a los peligros procesales principalmente en el numeral 1 del art. 235 del CPP.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 97 a 98, manifestó lo siguiente: i) De antecedentes se establece una apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 26 de agosto del 2022, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del citado departamento que dispuso la detención preventiva del imputado, por concurrir lo establecido en los arts. 233, 234 y 235 del CPP; ii) Respecto a los agravios señalados en audiencia de apelación, como único agravio se reclamó que no existe la fundamentación respectiva, que no se habrían cumplido los tres presupuestos establecidos en el art. 233 del CPP y directamente se ingresó a establecer los arts. 234.7 y 235 del mismo cuerpo legal, además que el Ministerio Público en toda la fundamentación hizo énfasis en el art. 312 del CP, mas no así en el art. 318 de ese Código; es decir, no existió una relación fáctica menos jurídica, pero en la resolución dispone que concurren los hechos; iii) La resolución dio respuesta debidamente fundamentada en hecho y en derecho sobre los agravios expresados en la audiencia de apelación, con relación a lo establecido en los arts. 234.7 y 235.1 del citado código; iv) La autoridad judicial a quo procedió a revisar el proceso y evidenciar la existencia de un peligro para la víctima por las circunstancias del hecho, antes y después del hecho, perspectiva de género y tomando en cuenta el grado de desventaja y de vulnerabilidad; v) En el caso presente, las dos víctimas resultan ser menores de edad, tienen también la condición de mujer y fueron inducidas por insistencia del imputado -ahora impetrante de tutela- a consumir bebidas alcohólicas; posteriormente, este procedió a agredir sexualmente a una menor de edad aprovechándose que la misma se encontraba en estado de ebriedad. Entonces, no era evidente lo manifestado por la parte apelante ya que la autoridad jurisdiccional en su resolución plasmó sentencias constitucionales además del análisis de los antecedentes del hecho, la conducta anterior y posterior del imputado, la condición de víctimas de las menores de edad, condición de mujer y si han sufrido o no alguna agresión sexual presuntamente; vi) Respecto al riesgo de obstaculización del art. 235.1 del CPP, la resolución de la autoridad jurisdiccional a quo se respaldó en el informe del funcionario policial donde establece que el vehículo despareció, y al ser una audiencia de aplicación de medidas cautelares el Ministerio Público cumplió con la carga probatoria; vii) La acción de libertad, no constituye una tercera instancia, sino únicamente establecer la existencia de violación o vulneración de derechos, conforme establece el art. 125 de la CPE; viii) Con relación a la falta de fundamentación no es evidente; por el contrario, se evidencia que se cumplió con lo establecido en la SCP 0628/2021-S2 de 6 de octubre; ix) El 4 de febrero de 2023, ya se llevó adelante otra audiencia de acción de libertad radicada ante la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del referido departamento, sobre el mismo imputado la cual fue rechazada, en la actualidad nuevamente presenta haciendo uso indiscriminado de estas acciones sin esperar el resultado del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo valorarse este aspecto; y, x) Sobre los derechos vulnerados no es clara la fundamentación porque no los establece.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 132 a 137 vta., denegó la tutela con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 210/2022 de 7 de septiembre, hoy cuestionado, identificó claramente los agravios planteados por el apelante -ahora accionante-, es por esa razón que se pronunció únicamente conforme establece el art. 398 del CPP; b) De acuerdo a los agravios expresados fue absuelto -el recurso- de manera fundamentada y motivada explicando los motivos de la circunstancias que llevó a asumir dicha determinación; c) Se puede apreciar que la Vocal demandada efectuó una valoración integral de las pruebas aportadas; d) Existe debida fundamentación porque se explicó de manera razonada dentro de los parámetros legales de la sana crítica y la valoración de la petición del derecho que exige; e) Respecto al art. 234.7 del CPP, se tomaron en cuenta las circunstancias y los motivos con relación al peligro para las víctimas menores, conforme también se tiene analizado y fundamentado por el Juez a quo; f) Se puede advertir “a fojas 21”, un acuerdo firmado entre el imputado -hoy impetrante de tutela- y la madre de una de las menores, en el que éste se comprometió a alejarse de la víctima menor, aspecto que también se tomó en cuenta; g) Con relación al art. 235.1 del indicado código, se fundamentó el peligro de obstaculización refiriéndose al informe del funcionario policial asignado al caso; respecto al secuestro del vehículo, en el cual, en su parte pertinente señala que el mismo no fue habido en el domicilio del imputado, por lo que, su paradero es desconocido, aspectos que también la autoridad demandada tomó en cuenta al ratificar la Resolución del Juez a quo; h) Cuando se hace mención a normas y leyes internacionales a efectos de hacer una ponderación de derechos, se puede ponderar derechos determinados y contrapuestos, y en relación a una niña, niño o adolescente, a una mujer, estos derechos siempre van a tener mayor prioridad en la aplicación de la protección en especial hacia los menores; i) De la problemática planteada y los elementos traídos a colación no se advierte la lesión causada que alega el accionante; toda vez que, no se estaría vulnerando o afectando sus derechos; j) El peticionante de tutela no está indebidamente procesado o privado de su libertad, porque existe un proceso penal en su contra, no está indebidamente detenido y no está en peligro su vida; por lo que, en el presente caso no se advierte vulneración de esos derechos; k) La acción de libertad no puede ser supletoria cuando existen otras vías, que pueden ser utilizadas en cualquier momento; y, l) Se escuchó en esta audiencia de parte del imputado ahora accionante y de la Vocal demandada, que se hubiese interpuesto la misma acción de libertad; pero, sin presentar prueba alguna, de la cual no se tiene el resultado a efectos de ver cómo se hubiera resuelto. Si bien refiere que fue denegada la tutela; sin embargo, se reitera que no se tiene otra prueba de dicha acción de libertad y menos se sabe cómo va resolver el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, en caso que así fuera, se podrían emitir resoluciones posiblemente contrarias. En la vía de la enmienda, complementación y aclaración, la parte impetrante de tutela pidió una sola complementación, indicando que se denunció la vulneración del derecho a la fundamentación vinculado a su libertad, señalándose al respecto que la decisión se encuentra motivada con relación al art. 235.1 del CPP, haciendo una distinción entre fundamentación y motivación. Contrariamente, no se entiende el argumento o elemento que permitió a la demandada confirmar la decisión respecto al “elemento destruido”; sin embargo, la denuncia principal radica en la ausencia de especificación sobre qué vehículo se está hablando y cuándo fue desaparecido, lo cual genera un peligro procesal difícil o imposible de desvirtuar a futuro; por lo que, pidió se complemente la resolución especificando cuál es el elemento que la Vocal demandada utilizó para sostener que el accionante hizo desaparecer el vehículo El Juez de garantías, pese al no haber invocado la norma correcta para interponer la complementación, de manera sucinta refirió que: 1) Al plantear la acción de libertad, el peticionante de tutela no solo debió haber hecho referencia a la destrucción como componente del peligro de obstaculización, sino también a sus otros elementos: modificar, ocultar, o suprimir; 2) Se cuestiona la referencia a "de qué vehículo" se habla, señalando que la víctima sí hace alusión a un vehículo en su declaración; 3) Para comprender la fundamentación de la autoridad demandada, se deben considerar los antecedentes los Autos Supremos “089/2019” y “0569/2019-RCC”; el primer antecedente contiene la declaración de la víctima, la cual es una prueba fundamental sobre el hecho; razón por la que, se solicitó el cuaderno del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del Departamento de Potosí, donde se encuentra la declaración de las menores, la cual tampoco fue mencionada por la defensa técnica del accionante; y, 4) La declaración de las víctimas se refiere al vehículo, lo que permite entender la fundamentación de la autoridad.
Por Decreto Constitucional de 17 de julio de 2025 (fs. 141), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose reanudado el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 20 de noviembre de igual año (fs. 158), de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Franco Ramos Lucas -hoy accionante-, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los arts. 312 y 318 del CP; el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, determinó su detención preventiva en la Carceleta provincial de la indicada localidad por el lapso de seis meses. Decisión apelada en la vía incidental (fs. 57 a 61). En consecuencia, se emitió el mandamiento de detención preventiva contra el prenombrado (fs. 62). II.2. Mediante providencia de 5 de septiembre de 2022, se señaló audiencia pública virtual para resolver el recurso de apelación incidental, para el 7 de ese mes y año, a horas 10:45 (fs. 72). En dicho actuado, María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-, emitió el Auto de Vista 210/2022, declarando improcedente la apelación y confirmando la resolución de detención preventiva, manteniendo dicha restricción a la libertad; toda vez que, sería la única medida que cumpliría con la finalidad establecida en el art. 221 del CPP (fs. 77 a 78 vta.). II.3. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal se evidencia que existe el Expediente 53523-2023-108-AL, sorteado el 2 de julio de 2025, referente a la acción de libertad presentada el 3 de febrero de 2023, por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Carlos Franco Ramos Lucas contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. En esa acción de defensa, se denuncia la lesión de la garantía del debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; por cuanto en el proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, la Vocal demandada no habría cumplido su obligación de fundamentar y motivar su resolución al momento de mantener su detención preventiva, en cuanto a la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP.
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a su libertad; toda vez que, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, confirmó en el Auto de Vista 210/2022 de 7 de septiembre, su detención preventiva, sin haber realizado un análisis exhaustivo, objetivo y específico de los presupuestos de la detención preventiva respecto a la peligrosidad y obstaculización, limitándose a convalidar las falencias argumentativas de la Resolución de primera instancia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0137/2015-S3 de 19 de febrero, señaló que: “La Constitución Política del Estado a través de su art. 125, prescribe que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, precisó que no es posible la interposición de acciones tutelares cuando una anterior se encuentra pendiente de resolución, entendiendo que: ‘Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo (…). A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías’.
Por su parte, la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, refirió que: ‘…la jurisdicción constitucional no puede ser usada indiscriminadamente, peor aun cuando ya se ha presentado una acción tutelar y ésta no ha concluido con una resolución firme que se convierta en cosa juzgada constitucional, por lo que si una vez presentada una acción tutelar, y los accionantes presentan otra acción sobre un mismo objeto, entonces tal acción resulta ser temeraria, ya sea el caso de haber interpuesto una acción tutelar y solicitar el cumplimiento de otra presentada anteriormente, o el hecho de presentar acciones tutelares denunciando que el Tribunal de garantías no ha aplicado correctamente la normativa ni el proceso establecido por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entonces, dentro de estos casos no es posible hacer un análisis sobre el fondo de lo pedido, porque de hacerlo se podría dar una innecesaria duplicidad de resoluciones, motivo por el cual en estos casos debe declararse la improcedencia del recurso, ahora acción de amparo constitucional, y denegar la tutela solicitada’.
Respecto a la identidad absoluta y parcial, la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, señaló: ‘De la doctrina constitucional glosada, se concluye que cuando este Tribunal conoce en revisión una acción tutelar y evidencia que el recurrente acudió en una segunda oportunidad a la jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, estableciéndose con tal actuación la existencia de identidad absoluta de sujetos (partes: recurrente y recurrido), objeto (pretensiones del actor) y causa (hechos o supuestos fácticos en que se fundó la demanda), o que el actor hubiese incoado antes la misma acción, con idéntico propósito y por iguales motivos, aunque contra distintas autoridades, -en este último supuesto constatándose sólo la identidad parcial de los sujetos procesales-, este Tribunal, en ambos supuestos, está impedido de ingresar al fondo de uno de los recursos…’” (las negrillas nos pertenecen).
Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrollaron profusa línea jurisprudencial sobre las consecuencias que devienen de la identidad de sujeto, objeto y causa (análisis que será omitido en el presente fundamento por no ser parte del objetivo de análisis en la acción tutelar que se considera), que principalmente se reflejan en la procedencia o improcedencia del análisis de fondo de una nueva acción de defensa que se presente con identidad total o parcial. Bajo tales antecedentes y de forma uniforme, se ha determinado que la triple identidad en una acción tutelar, se presenta cuando existe coincidencia de objeto, sujeto y causa. Definiendo tales conceptos, la SC 0328/2010-R de 15 de junio, definió los tres tipos de identidades de la forma que sigue: “…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es decir: a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo…” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, a tiempo de determinar los alcances de la triple identidad en acciones tutelares (analizando su procedencia o no), las SSCC 1347/2003-R de 16 de septiembre y 1161/2005-R de 26 de igual mes, desarrollaron el concepto del uso abusivo de las acciones de defensa (refiriéndose particularmente al entonces recurso -ahora acción- de amparo constitucional); razonamiento a partir del cual también surgió el entendimiento o la definición de la temeridad, entendiendo que el justiciable actúa con temeridad -valga la redundancia- cuando a sabiendas que existe un pronunciamiento sobre su problema jurídico interpone otra acción de protección con triple identidad, pretendiendo una duplicidad de fallos. Bajo tales antecedentes, conviene remarcar que la jurisprudencia constitucional, con anterioridad y en concordancia con el art. 102.III de la derogada Ley del Tribunal Constitucional -Ley 1836 de 1 de Abril de 1998-, hacía referencia a los supuestos en los que procedía la imposición de costas y multa contra el entonces denominado recurrente -hoy accionante-; entre los cuales se encontraba la temeridad. Posteriormente, a partir del análisis del contenido normativo del Código Procesal Constitucional, actualmente vigente, la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, hizo referencia expresa a la temeridad y su relación con la imposición de costas procesales en acciones constitucionales, de la siguiente forma: “…si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE);
además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria o bienes jurídicamente protegidos, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional” (las negrillas nos corresponden). Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas que existió un pronunciamiento previo al respecto; y, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: a raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione algún bien jurídico legalmente protegido; los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable).
En esta acción de defensa, el problema jurídico constitucional se centra en que, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, confirmó en el Auto de Vista 210/2022 de 7 de septiembre, de su detención preventiva, sin haber realizado un análisis exhaustivo, objetivo y específico de los presupuestos de la detención preventiva respecto a la peligrosidad y obstaculización, limitándose a convalidar las falencias argumentativas de la Resolución de primera instancia. De la compulsa de los antecedentes adjuntos a la acción de libertad, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Franco Ramos Lucas -hoy accionante-, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, previstos y sancionados por los arts. 312 y 318 del CP, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, determinó su detención preventiva en la Carceleta provincial de la indicada localidad, por el lapso de seis meses. Decisión apelada en la vía incidental; emitiéndose en consecuencia, el mandamiento de detención preventiva contra el prenombrado. Posteriormente, mediante providencia de 5 de septiembre de 2022, se señaló audiencia pública virtual para resolver el recurso de apelación incidental, el 7 de ese mes y año a horas 10:45;en dicho actuado, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 210/2022, declarando improcedente la apelación y confirmando la resolución de detención preventiva, manteniendo dicha restricción a la libertad; toda vez que, sería la única medida que cumpliría con la finalidad establecida en el art. 221 del CPP (Conclusiones II.1 y II.2). De la revisión del Sistema de Gestión Procesal se evidencia que existe el Expediente 53523-2023-108-AL, sorteado el 2 de julio de 2025, referente a la acción de libertad presentada el 3 de febrero de 2023, por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Carlos Franco Ramos Lucas -ahora impetrante de tutela- contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-. En esa acción de defensa, se denuncia la lesión de la garantía del debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; por cuanto, en el proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, la Vocal demandada no habría cumplido su obligación de fundamentar y motivar su resolución al momento de mantener su detención preventiva, en cuanto a la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP (Conclusión II.3). Ahora bien, en virtud a las Conclusiones de este fallo constitucional, enunciadas precedentemente, fácilmente se puede establecer que, el 3 de febrero de 2023, Carlos Franco Ramos Lucas -hoy accionante-presentó una anterior acción de libertad contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-, reclamando como acto lesivo de sus derechos el Auto de Vista 210/2022, emitido a raíz de la interposición de un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, reclamando que la autoridad demandada no habría cumplido su obligación de fundamentar y motivar su resolución al momento de mantener su detención preventiva, en cuanto a la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP. Reclamo similar al que se presenta en la acción de defensa que se analiza ahora; por cuanto, la demanda tutelar se centra en que la aludida Vocal demandada emitió el Auto de Vista 210/2022, sin haber efectuado un análisis exhaustivo, objetivo y específico de los presupuestos de la detención preventiva respecto a la peligrosidad y obstaculización (incursos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP), limitándose a convalidar las falencias argumentativas de la Resolución de primera instancia.
Consiguientemente, se evidencia que, al interponer la presente acción de libertad de forma posterior, el 9 de febrero de 2023, el peticionante de tutela acudió por segunda vez a la jurisdicción constitucional encontrándose aún pendiente de revisión la resolución de la primera acción de libertad, verificándose la existencia de identidad absoluta respecto al objeto, la causa, y los sujetos procesales; por lo que, es menester precisar que no es posible plantear dos acciones de libertad con iguales sujetos procesales, sobre idéntica causa y objeto procesal; puesto que, se estaría activando de forma paralela la misma jurisdicción, pretendiendo lograr duplicidad de fallos e induciendo en error a los jueces o tribunales de garantías y además a este Tribunal; motivos por los cuales, no es posible ingresar a un análisis de fondo de la problemática planteada, ello en resguardo de la seguridad y certeza jurídica.
De la Conclusión II.3 del presente fallo constitucional, se evidenció que en este Tribunal se está revisando la acción de libertad presentada el 3 de febrero de 2023, por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Carlos Franco Ramos Lucas -hoy accionante- contra María Luz Flores Mollinedo, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-, en la que se reclama como acto lesivo el Auto de Vista 210/2022, emergente del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio de 26 de agosto de igual año. Además, se impetra el restablecimiento inmediato del derecho a la libertad y la nulidad del citado Auto de Vista, debiendo la autoridad demandada pronunciar uno nuevo, observando el entendimiento jurídico que se determine en la acción tutelar de modo que la detención preventiva no se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada, sino una medida excepcional y de última ratio. Así evidenciada la identidad entre la acción de libertad que es objeto de análisis y su similar presentada el 3 de febrero de 2023, por Carlos Franco Ramos Lucas -impetrante de tutela-; se tiene que, existía un pronunciamiento anterior de un Juez de garantías -que denegó la tutela-, mismo que fue de conocimiento del peticionante de tutela; empero, a sabiendas interpuso una segunda acción el 9 de igual mes y año, con identidad de sujetos, causa y objeto; por lo que, de conformidad con lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que en el caso de análisis concurren los presupuestos que permiten concluir que la parte accionante actuó con temeridad. En tal contexto, lo dispuesto por el Juez de garantías en el presente caso, evidentemente dio cuenta de las acciones del impetrante de tutela y su causídico, como se verificó en el acápite I.2.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Sin embargo, al no encontrarse ninguna justificación a lo largo de todo lo argüido por la parte accionante (tanto en su memorial de acción de libertad, como en los argumentos esgrimidos en la audiencia de garantías), para presentar una nueva acción de defensa con identidad de partes, pretensiones y hechos, además sin poner a conocimiento de este Tribunal, la existencia de la primera acción y el pronunciamiento, pretendiendo que ésta jurisdicción incurra en error, con dolo y con temeridad; corresponde llamar de atención al abogado del accionante, independientemente de las acciones que puedan asumirse en su contra, en caso de reiterarse esta conducta. Por lo expuesto, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 132 a 137 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, 1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada, por la existencia de identidad de sujetos, objeto y causa con el Expediente 53523-2023-108-AL. 2º Se llama la atención severamente al abogado Nelson Pimentel Ballesteros, para que en un futuro actúe con lealtad procesal y ética profesional, observando el principio de buena fe; advirtiéndole que, de persistir con esa conducta, se hará susceptible a la imposición de costas, multas y se remitirán antecedentes a la instancia pertinente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El AC 25/2003-ECA (por mencionar alguno), señaló: “Si bien el art. 102-III LTC expresa que la resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá y fijará costas y multa contra el recurrente, no es menos evidente que tal fijación debe obedecer a la certidumbre de la existencia de un gran perjuicio... a la temeridad en la interposición de la demanda de amparo, o a la falta absoluta de contenido constitucional en la misma, lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional determine en diversos casos que la improcedencia del amparo no da lugar en forma inexorable y forzosa al señalamiento de costas y multa, por ser excusable la actuación recurrente” (las negrillas fueron añadidas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1648_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 71b0474fe120214f0af56031cd623951b4ac05acc6b0e6a02b17bf954933ba11
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