B.IA.LEGAL

SCP 1648/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58095-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; puesto que, el Juez ahora accionado, mediante Resolución 346/2023 de 3 de julio (Auto Interlocutorio de situación jurídica), dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de dos meses; no obstante, contra el citado Auto Interlocutorio, en audiencia, planteó recurso de apelación incidental; empero, el Juez y la Secretaria hoy accionados, no remitieron el legajo del referido recurso de apelación ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de esta acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad ii); De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; iii) La acción de libertad innovativa; iv) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 084/2023 de 12 de agosto, cursante a fs. 56 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada dentro de la presente acción de libertad, en su modalidad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Alejandro Gamboa Mendoza, Juez y Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en el marco de sus competencias, se abstengan de incurrir en futuras dilaciones indebidas en la remisión de recursos de apelación incidental, bajo responsabilidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad
  2. III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1648/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58095-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 084/2023 de 12 de agosto, cursante a fs. 56 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alberto y Pablo Ignacio ambos de apellidos Morales Vargas y Dorian Jiménez Román, en representación sin mandato de Gladys Bacarreza Morales contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez y Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 11 de agosto de 2023, cursante de fs. 43 a 48 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y supresión y destrucción de documentos -previsto y sancionado por el por los art. 154 y 202 del Código Penal (CP)-, que mediante Resolución 76/2023 de 1 de marzo de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Contra la Resolución 76/2023, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, Fabiola Turbo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el legajo de recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en una dilación indebida. Asimismo, el Juez de la causa, en su condición de titular del despacho judicial, omitió ejercer control y seguimiento sobre la remisión del recurso de apelación incidental, permitiendo que la accionante permaneciera privada de libertad sin resolverse oportunamente su impugnación. Denunció que, a pesar de múltiples reclamos, a la fecha de presentación de la acción de libertad, el recurso de apelación incidental no fue resuelto oportunamente por causa de la omisión en su remisión, situación que prolongó de manera indebida la restricción de su libertad personal.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación, citando al efecto los arts. 115.II, 116, 117 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) La inmediata remisión y resolución del recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 76/2023, que dispuso su detención preventiva; y, b) Se establezcan las responsabilidades correspondientes contra el Juez y la Secretaría hoy accionados por la dilación indebida.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual según consta en el acta de 12 de agosto de 2023, cursante a fs. 155 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que, de acuerdo al informe verbal de la Secretaria ahora coaccionada, el legajo de recuso de apelación incidental ya habría sido remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, razón por la cual, el objeto de la acción -la remisión del legajo del referido recurso- habría sido cumplido; solicitando que dicha situación sea valorada por “su autoridad” que, al haberse concretado la remisión, correspondería el retiro de la acción; empero, dejando constancia de que el trámite se encontraba en revisión ante el Tribunal de alzada.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional accionadas

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez y Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de tutelar, ni remitieron informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 53 y 54.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 084/2023 de 12 de agosto, cursante a fs. 56 y vta. denegó la tutela solicitada, recomendando al Juez y a la Secretaria ahora accionados que en casos de personas detenidas, se actúe con celeridad y oportunidad, a efectos de no afectar derechos fundamentales; bajo los siguientes fundamentos: 1) El reclamo referido a la falta de remisión oportuna del legajo de recurso de apelación ya habría sido superado; 2) La propia accionante hizo conocer en audiencia que el referido legajo de recurso de apelación ya fue remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 3) No existiría un acto actual de vulneración del derecho a la libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 61, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de igual mes y año, cursante a fs. 64; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 346/2023 de 3 de julio (Auto Interlocutorio de situación jurídica), emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Consejo de la Magistratura contra Gladys Bacarreza Morales -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y supresión o destrucción de documento, en la que se procedió al control de la situación jurídica de la imputada -accionante-, se valoró la solicitud de ampliación de la detención preventiva formulada por el Ministerio Público, se escuchó la fundamentación de la defensa y la manifestación de la referida imputada, disponiéndose que la ampliación de la detención preventiva por el plazo de dos meses y finalmente se tuvo por interpuesto el recurso de apelación incidental, disponiéndose la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 38 a 41). II.2. Consta copia de libro de registros, en el cual se advierte que, el 2 de agosto de 2023, a las 10:56 horas fue recepcionado en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, contra la Resolución 346/2023 (fs. 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; puesto que, el Juez ahora accionado, mediante Resolución 346/2023 de 3 de julio (Auto Interlocutorio de situación jurídica), dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de dos meses; no obstante, contra el citado Auto Interlocutorio, en audiencia, planteó recurso de apelación incidental; empero, el Juez y la Secretaria hoy accionados, no remitieron el legajo del referido recurso de apelación ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de esta acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad ii); De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; iii) La acción de libertad innovativa; iv) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad

La SCP 0025/2019-S2 de 25 de marzo, señala que: “La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. La citada SCP 0103/2012, entiende que pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar los derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).

III.4. Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, establece que: “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, en cuanto al plazo de remisión del recurso de apelación incidental, señala que: “De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…) En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; puesto que, el Juez ahora accionado, mediante Resolución 346/2023 de 3 de julio (Auto Interlocutorio de situación jurídica), dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de dos meses; no obstante, contra el citado Auto Interlocutorio, en audiencia, planteó recurso de apelación incidental; empero, el Juez y la Secretaria hoy accionados, no remitieron el legajo del referido recurso de apelación ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de esta acción de libertad. De la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y supresión o destrucción de documentos, fue emitida la Resolución 346/2023 (Auto Interlocutorio de situación jurídica), por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual, se dispuso la ampliación de la detención preventiva por el plazo de dos meses, teniéndose además, por interpuesto el recurso de apelación incidental y ordenándose de manera expresa la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1.) Por su parte, conforme al libro de registros de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante fue recepcionado el 2 de agosto de 2023, a las 10:56 horas (Conclusión II.2.). Ahora bien, corresponde previamente al análisis respecto a la oportunidad procesal para el desistimiento de la acción de libertad, habida cuenta que, la accionante, en audiencia de consideración de la presente acción de libertad expresó que el legajo de recurso de apelación incidental ya habría sido remitido al Tribunal de alzada; no obstante, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el fundamento jurídico III.1. de este fallo constitucional, establece que el desistimiento únicamente es procedente antes del señalamiento de audiencia de la acción de libertad tutelar; puesto que, una vez instalada la audiencia constitucional el Juez se encuentra constitucionalmente obligado a emitir pronunciamiento de fondo, incluso bajo responsabilidad, en resguardo no solo del derecho subjetivo de la parte accionante, sino también de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, a fin de evitar la reiteración de conductas contrarias al orden constitucional. En ese marco, en el caso concreto, la manifestación de la accionante relativa a que el recurso de apelación incidental ya habría sido remitido y su solicitud implícita de retiro de la acción se efectuaron en la propia audiencia de consideración de la acción de libertad de 12 de agosto de 2023, cuando ya se encontraba plenamente activada la jurisdicción constitucional; por lo que, no era jurídicamente viable tener por desistida la acción tutelar, correspondiendo, de manera ineludible, emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, aspecto que fue indebidamente soslayado por el Juez de garantías. Ahora bien, de la misma manera resulta pertinente señalar que con relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, la SCP 0223/2018-S2, en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, precisó que los funcionarios de apoyo jurisdiccional que incumplen sus funciones administrativas, como la remisión oportuna de antecedentes al Tribunal de alzada, adquieren plena legitimación pasiva en acciones de libertad, por cuanto dichas omisiones pueden repercutir directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales del justiciable. Asimismo, se dejó claramente establecido que dicha responsabilidad no excluye ni sustituye la que corresponde al Juez, quien tiene el deber permanente de dirección, control y supervisión del despacho judicial; en el presente caso, la remisión de los antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dispuesta el 3 de julio de 2023, corresponde y ejecutada recién el 2 de agosto de 2023, resulta atribuible de manera directa a la Secretaria ahora coaccionada como ejecutora material del trámite, así como al Juez demandado por su omisión de control jurisdiccional efectivo, razón por la cual ambos se encuentran válidamente comprendidos dentro de la legitimación pasiva. En el marco de lo señalado, corresponde referir que de la acción de libertad innovativa, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamentos Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que esta modalidad no se agota en la restitución inmediata del derecho cuando la vulneración persiste, sino que, también permite al Juez o Sala Constitucional pronunciarse sobre el fondo aun cuando la vulneración hubiese cesado, con la finalidad de establecer responsabilidades y evitar la reiteración futura de actos inconstitucionales, protegiendo tanto la dimensión subjetiva como objetiva de los derechos fundamentales. Por su parte, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone expresamente que aun habiendo cesado las causas que originaron la acción, la audiencia debe realizarse para establecer responsabilidades; en el caso concreto, si bien al momento de la audiencia del 12 de agosto de 2023 el recurso de apelación ya había sido remitido, lo cierto es que la dilación ya fue consumada plenamente; por lo que, el Juez de garantías se encontraba obligado a analizar el fondo de la problemática y establecer las responsabilidades consiguientes, extremo que no fue observado. Ahora bien, respecto al plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece de manera imperativa que, una vez interpuesto el recurso de apelación contra resoluciones de medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Ese mandato fue reforzado por la jurisprudencia constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, el cual sistematizó que el cómputo del plazo, que inicia desde la concesión del recurso y que cualquier superación injustificada del mismo constituye dilación indebida, cuando la situación jurídica del imputado depende directamente de la decisión del Tribunal de alzada. Cabe señalar, que en el caso de autos el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante fue concedido y ordenada su remisión el 3 de julio de 2023, sin embargo, se recepcionó recién el 2 de agosto de igual año; es decir, treinta días después, superando de manera ostensible, desproporcionada e injustificada el plazo constitucional y legalmente permitido de veinticuatro horas, sin que el Juez y la Secretaria ahora accionadas hubiesen ofrecido explicación alguna sobre tal demora. En ese entendido, se evidencia que la omisión prolongada en la remisión del recurso de apelación incidental impidió el control oportuno de la detención preventiva por parte del Tribunal de alzada, manteniendo a la accionante privada de libertad sin un pronunciamiento inmediato sobre la legalidad de la medida restrictiva impuesta en su contra; dicha conducta vulneró los derechos al debido proceso en su elemento de justicia pronta y sin dilaciones indebidas, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación y, de manera directa y concreta, a la libertad personal como derecho fundamental. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada mediante la Resolución 084/2023, se sustentó en una interpretación errónea del carácter actual de la vulneración, omitiendo aplicar la doctrina constitucional sobre desistimiento, acción de libertad innovativa y régimen estricto de plazos procesales en materia de medidas cautelares, incurriendo en una decisión contraria al bloque de constitucionalidad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 084/2023 de 12 de agosto, cursante a fs. 56 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada dentro de la presente acción de libertad, en su modalidad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Alejandro Gamboa Mendoza, Juez y Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en el marco de sus competencias, se abstengan de incurrir en futuras dilaciones indebidas en la remisión de recursos de apelación incidental, bajo responsabilidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1648_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): e5ae10e5c404f6b33b2181b14b276a186d7ffb3995fab017e61e7d20c801e1ab

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