B.IA.LEGAL

SCP 1647/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58093-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la celeridad en la atención oportuna; puesto que los Fiscales ahora accionados asumieron una actuación dilatoria en la tramitación de la impugnación y objeción presentadas contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de igual fecha de 2022, emitidas por el Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado, quien demoró la subsanación de las observaciones efectuadas por el Fiscal Departamental ahora accionado y, este ultimó difirió de manera dolosa su resolución, determinaciones necesarias, conjuntamente sus antecedentes para la resolución de un recurso de apelación incidental formulado contra el rechazo a un incidente de nulidad opuesto contra las citadas resoluciones fiscales a resolverse el 28 de agosto de 2023, en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve, CONFIRMAR la Resolución 446/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al principio de celeridad y los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad, disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz, resuelva de manera inmediata la impugnación contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y objeción al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 26 de agosto de 2022; y, así como exhortarle remita con prontitud las resoluciones jerárquicas y los antecedentes a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia, conforme con los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1647/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58093-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 446/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacqueline Eva Azurduy de Borda por sí y Romer Antonio Rodríguez Rodríguez en representación sin mandato del menor de edad AA contra William Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz; y, Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante a través, por memorial presentado el 27 de agosto de 2023, cursante de fs. 15 a 17, manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la tramitación del proceso penal signado caso LPZ-1CA2000034, con imputación formal contra Alan Lawrence Azurduy Claros y Alan Azurduy Roca por el delito de violencia familiar o doméstica, bajo dirección funcional del Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado y control jurisdiccional del Juez Público de la Niñez y Adolescencia de ese distrito municipal del departamento de La Paz, habiéndose suscitado conflicto de competencias jurisdiccionales con el asiento judicial de “RIBERALTA” y, resolverse el mismo en favor de la autoridad judicial de Caranavi por Auto Supremo (AS) 57/2022 de 12 de abril, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, se conformó un solo cuaderno de control jurisdiccional, prevaleciendo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 820101122100528, anexándose también la causa CUD 802202032100385 que contenía actuaciones investigativas originadas en Beni. Sumado a ello, a pesar que por disposición de la SCP 1002/2022 de 5 de agosto, generada dentro del proceso -posterior al AS 57/2022-, se ordenó el saneamiento de la causa; sin embargo, el Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado continuó tramitando el proceso penal por separado, emitiendo la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 26 de agosto de 2022, provocando que en el marco de los arts. 305 y 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), formularán impugnación y objeción respectivamente. Además, de dicha irregular tramitación, la resolución de las impugnaciones fue dilatada de manera dolosa por el Fiscal Departamental hoy accionado, quien habiendo recibido los antecedentes, no pronunció la resolución jerárquica, cuyas observaciones efectuadas al Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, fueron subsanadas por este último en “agosto” de 2023, actuación contraria al entendimiento establecido por la SCP 0415/2023-S3 de 11 de mayo, que exige la tramitación de casos similares con celeridad; además, las resoluciones jerárquicas resultaban imprescindibles para resolver un recurso de apelación incidental pendiente de tramitación ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, cuya audiencia fue programada para el 28 de agosto de 2023, a horas 15:30.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la celeridad en la atención oportuna, citando al efecto los arts. 13.I, 15.II, 23.I y 115 Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga que: a) El Fiscal Departamental ahora accionado de manera inmediata prenuncie la resolución jerárquica, atendiendo la impugnación y objeción activados; así como, remitir los antecedentes del caso LPZ-1CA2000034 al Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, b) El Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado obre con el deber de la debida diligencia, debiendo ser sancionado su actuar al pronunciar resoluciones al margen de su competencia regulado por el art. 122 de la CPE.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: 1) A partir de la “SCP 1022/2023-S3” que ordenó sanear el proceso, el Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, no podía realizar ningún acto dentro del caso LPZ-1CA2000034, menos emitir soluciones conclusivas, en razón a que los cuadernos de investigación y control jurisdiccional en original se encontraban en la jurisdicción competente, incurriendo en las prohibiciones del art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), cuyos actos son nulos en virtud del art. 122 de la CPE, y obran contra el deber de la debida diligencia; a pesar de lo cual, ante la emisión de las Resoluciones de Rechazo de denuncia y Sobreseimiento que emitió, motivó que las objetaran, debiendo resolverlos el Fiscal Departamental hoy accionado en el término de diez días como prevén los arts. 305 y 324 del CPP, dejó transcurrir once meses sin pronunciamiento, dejándoles en estado de indefensión, al estar fijada para “hoy” la audiencia a objeto de resolver los recurso de apelación presentados ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni dentro de la misma causa; y, 2) Se ignoró por los Fiscales hoy accionados que se trata de una menor de edad y una mujer pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad, protegidas por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, siendo que en el caso particular del Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, puso obstáculos en la comunicación y diligencia de notificaciones, que en lugar de remitirla al domicilio en “Riberalta”, lo envió a “Trinidad”. Ante la interrogante del Juez de garantías respecto de cuáles procesos hubiesen sido acumulados y qué resoluciones se dictaron, la parte accionante por medio de su abogado respondió que, el 29 de julio de 2021, fue remitido a la jurisdicción de Beni una imputación formal y antecedentes en condición de víctimas dentro del caso: LPZ-1CA2000034, en cuya fecha fue creado el NUREJ 820101122100528, acumulándose además un cuaderno de investigaciones que se originó en el departamento de Beni bajo el CUD 802202032100385, emergente de la SCP 1002/2022-S3 que dispuso se sanee el proceso penal, ni el Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, mucho menos el Juez de control jurisdiccional de Caranavi podían emitir resolución alguna; empero, la citada autoridad Fiscal pronunció las resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento el 26 de septiembre de 2022, lo que ameritó que plantearan incidente de nulidad ante la autoridad jurisdiccional, cuestionando su competencia y, que una vez rechazada por la autoridad jurisdiccional de instancia, formularon recurso de apelación incidental a resolverse ante el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, cuya instancia requiere del cuaderno de investigaciones en físico que se encuentra a cargo del Fiscal Departamental ahora accionado.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia de Caranavi, mediante informe de 28 de agosto de 2023 -sin fecha de recepción-, cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: i) El caso NUREJ 820101122100528, fue remitido para su anexión al cuaderno principal de la caso LPZ-1CA2000034; en cuya causa, existiendo resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento impugnadas por los denunciantes, fueron remitidos el 10 de agosto de 2023 al Fiscal Departamental hoy accionado, conforme prevén los arts. 305 y 324 del CPP; asimismo, se puso en su conocimiento la remisión de los antecedentes del caso NUREJ 820101122100528 a la Fiscalía de Riberalta del departamento de Beni, en cumplimiento de la SCP 1002/2022-S3, que dispuso el saneamiento procesal de la causa; por lo que, en virtud del principio de unidad que rige la actuación del Ministerio Público y que tiene alcance nacional en cuanto a sus actuaciones dentro de cualquier caso, conforme prevé el art. 5 de LOMP, dicho saneamiento procesal no alcanza a la continuidad de las investigaciones; puesto que, ya existía pronunciamiento de resoluciones conclusivas en el proceso penal; y, ii) La parte accionante no acreditó que su vida se encuentre en peligro, que estén privados de libertad o ilegalmente perseguidos, limitándose a hacer referencia a omisiones en el trámite procesal, ocasionados por la misma parte interesada al negarse a su notificación con las resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela y se declare la presente acción activada como maliciosa y temeraria, a la que accede la parte accionante en muchos procesos con el único fin de amedrentar a la administración de justicia. William Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de tutelar, ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 19.

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Jhonny Marcani, Director de Asuntos de Género y Generacionales de La “Guardia”, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 20.

I.2.4. Participación de los terceros intervinientes

Beymar Gonzales Tarqui Poma, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: consta en ese despacho judicial los antecedentes del proceso que trata la presente acción tutelar que fue requerido y solicitado -se entiende por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni-, el cual consta de veintiún cuerpos que fueron debidamente digitalizados; empero, no pudo enviar vía WhatsApp, al ser un archivo pesado. Asimismo, hizo conocer que el Juez titular de dicho Juzgado se encuentra llevando a cabo una audiencia de medidas cautelares con detenidos. Ante la pegunta del Juez de garantías sobre, si el Tribunal Departamental de Justicia de Beni solicitó se remita el cuaderno de investigaciones a los Fiscales ahora accionados y en qué fecha fue remitido; respondió que se solicitó el 22 de agosto de 2023, y “…el juzgado de guanay con mucha dificultad ya está cumpliendo con remitir al Ministerio Público Mas no así el fiscal departamental de La Paz” (sic).

Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; Narda Virginia Vega Leigue, Presidenta; y, Luis Eduardo Arteaga, Secretario ambos de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 18 y 19.

I.2.5. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 446/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., denegó la tutela solicitada respecto del Fiscal Departamental hoy accionado; y, concedió con relación al Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, conminándole a ejercer la debida diligencia por ser un proceso por violencia familiar o doméstica, en atención a las recomendaciones de la jurisprudencia constitucional y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), exhortándoles a ambos Fiscales a cumplir de forma inmediata la remisión de antecedentes y, si la parte accionante requiere el cuaderno de investigaciones para la resolución del recurso de apelación incidental a resolverse ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se deberá realizar las diligencias al oficio ordenado para el efecto. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación al referido Fiscal de Materia, quien habría asumido la dirección funcional del proceso penal en “junio” de 2022, no obstante haber existido observaciones por el Fiscal Departamental hoy accionado el 17 de enero de 2023, que recién fueron subsanadas las observaciones y remitido el cuaderno de investigaciones el 10 de agosto de ese año, no obró con la debida diligencia que establece la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, para casos de violencia contra las mujeres en razón de género, conforme a la Recomendación General 33 de la CEDAW, que obliga a los Estados ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, procesar y castigar e inclusive ofrecer la reparación del daño; b) El Fiscal Departamental hoy accionado, en su debida oportunidad realizó las observaciones para resolver los recursos de apelación planteados por la parte accionante y al ser recién subsanados por el Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado y remitidos los antecedentes el 10 de agosto de 2023, a la fecha de haberse presentado la acción de libertad -27 de ese mes y año- se encontraba dentro del plazo para emitir las resoluciones respectivas -como prevé el art. 130 del CPP-, cuyo plazo habría fenecido recién el 24 del citado mes y año, que estaría notificándose con las resoluciones jerárquicas el “día de hoy” o en todo caso en los días siguientes; y, c) Sobre la oposición del incidente de nulidad efectuada por la parte accionante contra las resoluciones de rechazo de denuncia y sobreseimiento, negadas por la autoridad de control jurisdiccional en primera instancia y apelada ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no se tiene evidencia que se hubiese requerido los antecedentes de la causa a los Fiscales hoy accionados y, respecto de la solicitud de la parte accionante el 15 de agosto de 2023, fue decretada mediante decreto de 22 del señalado mes y año, remitiéndose todos los antecedentes en fotostáticas legalizadas a objeto que dicha Sala lo resuelva. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante a través de su abogado solicitó al Juez de garantías que la audiencia sea declarada en reserva, en virtud a que un abogado “Ademar Tamares” se encontraría en línea y no pertenece a dicho acto procesal, o en su caso acredite su legitimidad; asimismo, a fin de evitar la activación de más acciones de libertad, solicitó se exhorte al Fiscal Departamental hoy accionado a objeto que se pronuncie dentro de plazo, el cual se encuentra vencido, debiendo publicarse en el “…portal de Justicia Libre las dos resoluciones jerárquicas…” (sic), siendo ese el motivo principal de la presente acción tutelar; además, de exhibirse las mismas por “Secretaria”. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías dispuso exhortar al Fiscal Departamental ahora accionado a publicar y notificar con “dichas resoluciones” a las partes procesales del caso en cuestión.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de 2025, cursante a fs. 41; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de 17 de enero de 2023, emitida por William Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora accionado-, dentro del proceso penal seguido por Jacqueline Eva Azurduy Roca -ahora accionante- y “otra” contra Alan Lawrence Azurduy Claros y Alan Azurduy Roca, con imputación por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y que rechazó la denuncia en su contra mediante Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto, por la supuesta comisión de los delitos de discriminación y alteración, acceso y uso de datos informáticos; y, contra Elva Roca Vda. de Azurduy, Moraima Escalera Postigo, Yorka Azurduy Roca y Oscar José Julio Roca Gonzales por la supuesta comisión del delito de amenazas; a través de la cual, se realizó observaciones a su remisión (fs. 6 a 7).

II.2. Por Nota de 4 de agosto de 2023, dirigida al Fiscal Departamental hoy accionado, Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia de Caranavi -ahora coaccionado- con la referencia “CUMPLE CON OBSERVACIÓN JERÁRQUICA Y REMITE ANTECEDENTES PARA SU CONSIDERACIÓN” (sic [fs. 2 a 3]). II.3. Consta memorial presentado el 31 de marzo de 2023, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, por el Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado, en el caso LPZ-1CA2000034, por el que hizo conocer la subsanación de la observación efectuada por el Fiscal Departamental ahora accionado (fs. 4 a 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la celeridad en la atención oportuna; puesto que los Fiscales ahora accionados asumieron una actuación dilatoria en la tramitación de la impugnación y objeción presentadas contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de igual fecha de 2022, emitidas por el Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado, quien demoró la subsanación de las observaciones efectuadas por el Fiscal Departamental ahora accionado y, este ultimó difirió de manera dolosa su resolución, determinaciones necesarias, conjuntamente sus antecedentes para la resolución de un recurso de apelación incidental formulado contra el rechazo a un incidente de nulidad opuesto contra las citadas resoluciones fiscales a resolverse el 28 de agosto de 2023, en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, reiterando los razonamientos de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, expresó que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La 0207/2025-S1 de 25 de marzo, reiterando el entendimiento efectuado en la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, señala que: “En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Las atribuciones del Ministerio Público en la investigación de hechos de violencia de género según la Ley Integral para

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia

La SCP 0469/2024-S1 de 26 de agosto, determina que: “Según dispone el art. 15.III de la Constitución Política del Estado (CPE), es deber del Estado: ‘…el adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público o privado’. En este orden el Estado, asumiendo como prioridad nacional la erradicación de la de violencia hacia las mujeres, promulgó la Ley 348, cuyo objeto es establecer medidas y políticas integrales de atención, prevención y reparación a las personas en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, bajo los principios de vivir bien, trato digno, igualdad, informalidad, atención diferenciada, especialidad, entre otros. En este marco, el art. 61 de la Ley 348, establece que el Ministerio Público además de ejercer la acción penal pública en casos de violencia debe adoptar las siguientes medidas, entre otras: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. (…) 4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional’. Bajo este razonamiento, en el que se asumió como política con prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la Ley 348 dispone que las autoridades públicas que tienen conocimiento de este tipo de hechos, como ser las jurisdiccionales, el Ministerio Público y los miembros de la Policía Boliviana, deben regirse por los principios y garantías procesales de celeridad, imposición de medidas cautelares, protección, accesibilidad, verdad material, reparación y simplificar el procedimiento penal para delitos de violencia contra las mujeres, en el mismo sentido el art. 87 de la misma Norma, establece directrices en los procesos judiciales o administrativos relacionados a violencia de género, entre las que se encuentran: La Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia, obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la celeridad en la atención oportuna;

puesto que los Fiscales ahora accionados asumieron una actuación dilatoria en la tramitación de la impugnación y objeción presentadas contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de igual fecha de 2022, emitidas por el Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado, quien demoró la subsanación de las observaciones efectuadas por el Fiscal Departamental ahora accionado y, este ultimó difirió de manera dolosa su resolución, determinaciones necesarias, conjuntamente sus antecedentes para la resolución de un recurso de apelación incidental formulado contra el rechazo a un incidente de nulidad opuesto contra las citadas resoluciones fiscales a resolverse el 28 de agosto de 2023, en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, referente al proceso penal seguido por la accionante y “otra” contra Alan Lawrence Azurduy Claros y Alan Azurduy Roca, en el que se les hubiese imputado solo por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y, mediante Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 -de denuncia- por los presunta comisión de los delitos de discriminación y alteración, acceso y uso de datos informáticos y, contra Elva Roca Vda. de Azurduy, Moraima Escalera Postigo, Yorka Azurduy Roca y Oscar José Julio Roca Gonzales por la supuesta comisión del delito de amenazas, mismo que hubiese merecido impugnación y objeción contra un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, se tiene la Resolución de 17 de enero de 2023, emitida por el Fiscal Departamental hoy accionado mediante la cual se realizó observaciones a la remisión de dichas impugnaciones (Conclusión II.1.); la cual, fue subsanada por Nota de 4 de agosto de 2023, dirigida al Fiscal Departamental hoy accionado, por el Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado con la referencia “CUMPLE CON OBSERVACIÓN JERÁRQUICA Y REMITE ANTECEDENTES PARA SU CONSIDERACIÓN” (sic); constando finalmente memorial presentado el 31 de marzo de 2023 -dentro del caso LPZ-1CA2000034- por el citado Fiscal de Materia ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, poniendo en su conocimiento la referida subsanación de la observación efectuada ante al Fiscal Departamental ahora accionado (Conclusiones II.2. y II.3.). Con carácter previo a ingresar al análisis del presente caso, atendiendo el razonamiento de la jurisprudencia constitucional respecto de la apertura y posibilidad de presentación directa de la acción de libertad en casos de constituirse como accionante un menor de edad, cabe considerar que: “…tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: ‘…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…’; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre. (…) Consiguientemente, no corresponde denegar la tutela impetrada por aspectos formales vinculados con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niñas, niños o adolescentes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE, establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto). Asimismo, en casos de mujeres involucradas en procesos de violencia familiar y doméstica, la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, extendió tal flexibilidad de la acción de libertad, cuando se trate de mujeres víctimas del ilícito de violencia obviando los mecanismos de la vía ordinaria por no resultar efectivos en el establecimiento de medidas de protección a la misma y a fin de reforzar su protección jurídica, estableciendo la posibilidad de acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata, sosteniendo que: “…no es admisible invocar la causal de subsidiariedad, que en la tramitación de la acción de libertad constituye una excepción a la regla…”. Consecuentemente, en el caso de autos, al constituirse un menor de edad como activante de la presente acción tutelar; así como, tratarse del delito de violencia familiar o doméstica, cuya víctima también es una mujer, amerita emplear dicha flexibilización, apartándose no solo de la subsidiariedad excepcional aplicable en la acción de libertad, sino también converge la necesidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en el presente caso. Efectuada dicha consideración, corresponde ingresar al análisis propiamente; para cuyo efecto, resulta pertinente remitirse a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que precisa entre los tipos de acción de libertad a la traslativa o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril), con el objeto de acelerar los trámites judiciales o administrativos en casos de dilaciones indebidas por cualquier autoridad, precisamente en respeto de los derechos fundamentales y la concreción del principio de celeridad -entre otros-, definido este último como un elemento integrante del debido proceso, cuya observancia implica para toda autoridad el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones y, en cumplimento de los plazos establecidos en la norma; así, el art. 5.7 de la LOMP, prevé que el Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones. Bajo ese marco jurisprudencial, conforme se tiene de los antecedentes cursantes en el cuaderno procesal, se colige que los hechos denunciados tienen lugar dentro de un proceso penal instaurado por la accionante contra Alan Lawrence Azurduy Claros y Alan Azurduy Roca, Elva Roca Vda. De Azurduy, Moraima Escalera Postigo, Yorka Azurduy Roca y Oscar José Julio Roca Gonzales por la supuesta comisión del delito de amenazas, constando -de datos extraídos de las resoluciones emitidas en etapa investigativa- contra los dos primeros imputación formal por el delito de violencia familiar o doméstica y, rechazo de denuncia conjuntamente los otros por discriminación y alteración, acceso y uso de datos informáticos dispuesta mediante Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022, misma que hubiese sido el origen de la vulneración denunciada, pretendiendo en el fondo celeridad en la tramitación de la impugnación realizada, así como respecto de la objeción contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, ambas emitidas por el Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, quien hubiese demorado subsanar las observaciones efectuadas por el Fiscal Departamental ahora, a quien se le atribuye dilatar la emisión de la resolución jerárquica. Ahora bien, en el caso del Fiscal de Materia de Caranavi hoy coaccionado, a quien se le atribuye irregularidades, como: la continuación del proceso penal por separado, una actuación dilatoria en la tramitación de la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 26 de agosto de 2022 y su impugnación y objeción; y, demorar la subsanación de las observaciones efectuadas por la autoridad jerárquica; cabe aclarar que, dichas denuncias corresponden que sean revisadas por el Fiscal Departamental ahora accionado, considerando la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; puesto que, el proceso penal debía cumplirse bajo un enfoque interseccional, cuyo desarrollo en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite “…un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras), atendiendo que el retraso hoy denunciado, al encontrarse vinculado a un delito de violencia familiar o doméstica generó perjuicio a la víctima de manera indirecta, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia o cuando menos dentro de los plazos razonables, advirtiéndose un apartamiento de la previsión del art. 5.7 de la LOMP, que regula el principio de celeridad que rige el ejercicio de sus funciones y atribuciones, omisiones que al ser revisadas y valoradas por la autoridad jerárquica, devienen en efecto en la denegatoria de la tutela solicitada en cuanto al Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado. Con relación al Fiscal Departamental ahora accionado, a quien se le atribuye haber dilatado de manera dolosa resolver la impugnación presentada contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 -de denuncia- y la objeción al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, ocasionando con su aplazamiento que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no tenga los antecedentes del caso y la resolución jerárquica a fin de resolver un recurso de apelación incidental opuesto contra las citadas resoluciones fiscales, cuya audiencia fuese programada para el 28 de agosto de 2023; al respecto, conforme fueron glosadas las piezas pertinentes del proceso en la parte conclusiva del presente fallo constitucional, recibidas las indicadas impugnaciones, la citada autoridad Fiscal jerárquica realizó observaciones mediante Resolución de 17 de enero de 2023, cuyo tenor observa tanto el cuaderno de investigación como la remisión de obrados con relación a la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 -de denuncia- determinando devolver antecedentes al Fiscal de Materia de Caranavi ahora coaccionado, siendo cumplida dicha observación por el Fiscal de Materia a través de Nota de 4 de agosto de 2023 (Conclusión II.2.). En ese entendido, habiéndose subsanado la observación antes descrita por el Fiscal de Materia ahora coaccionado, más propiamente remitidos los antecedentes el 10 de agosto de 2023 al Fiscal Departamental hoy accionado -tal cual reconoce en su informe enviado a sede constitucional-, teniendo el plazo máximo de diez días previsto por el art. 305 del CPP, el cual se cumplió el 24 de ese mes y año; dichas determinaciones jerárquicas no fueron emitidas por la autoridad fiscal hasta la activación de la acción de libertad -27 de agosto de 2023- e, incluso hasta la celebración de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar -28 del citado mes y año-, tal es así que el Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Guanay del departamento de La Paz -apersonado en calidad de tercero interviniente-, en audiencia expresó ante la pregunta del Juez de garantías sobre la remisión del cuaderno de investigaciones que no se estaba cumpliendo por “…el fiscal departamental de La Paz” (sic). Consecuentemente, la actuación de dicha autoridad jerárquica no observó el principio de celeridad, al no resolver dichas impugnaciones dentro del plazo que prevé la norma procesal penal, provocando una dilación indebida en la resolución jerárquica respectiva, más aún si en el caso, existiría de por medio una audiencia de recurso de apelación incidental pendiente ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni que requiere el cuaderno de investigaciones y los antecedentes del proceso penal, acto procesal programado para el 28 de agosto de 2023 -misma fecha de la audiencia de consideración de la acción de libertad-, sin que el citado Fiscal Departamental hubiese resuelto dichas impugnaciones pendientes, ameritando exhortarle emita las resoluciones extrañadas con prontitud y la remisión de antecedentes de forma inmediata al citado Tribunal Departamental. Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional llega a la conclusión que concurrió dilación en la tramitación de la impugnación contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 -de denuncia- y objeción al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento del proceso en el que las accionantes se constituyen en víctimas, provocando una demora innecesaria en la tramitación y, con ello la irresolución de los mismos, apartándose de sus atribuciones en la investigación de hechos de violencia de género en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, debiendo observar sus actuaciones con mayor celeridad a objeto de salvaguardar los derechos de las mujeres en situación de violencia (Fundamento Jurídico III.3.), circunscribiéndose en la protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, medio idóneo y efectivo del resguardo de la celeridad en el procedimiento, deviniendo en consecuencia en la concesión de la tutela solicitada. Asimismo, respecto de los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad también denunciados como vulnerados, al tratarse de un hecho de violencia por razón de género, implica para la víctima la transgresión de vivir una vida libre de violencia provocada por la conducta omisiva de la autoridad jerárquica, al no actuar con la atención necesaria; puesto que, cuando se trata de delitos contra la integridad de las personas como es la violencia familiar o doméstica, el trato a otorgarse a las víctimas debe ameritar su resolución con la debida celeridad, inobservandose en el caso los principios rectores para todos los funcionarios públicos de actuar con prontitud, eficacia y sin dilaciones en la tramitación de causas vinculadas a violencia de género, conforme prevé el art. 4.4 y 13 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, omisión que obstaculizó el ejercicio de dichas prerrogativas a la víctima y contravino la obligación de garantizar su protección integral mediante una actuación efectiva y diligente, a pesar que la autoridad jerárquica conocía de las impugnaciones que devenían de una data anterior, ejerciendo una dilación injustificada e imposibilitando el acceso a la resolución de su causa, correspondiendo conceder la tutela solicitada al respecto.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve, CONFIRMAR la Resolución 446/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al principio de celeridad y los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad, disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz, resuelva de manera inmediata la impugnación contra la Resolución de Rechazo J.B.H.Y. 18/2022 de 26 de agosto -de denuncia- y objeción al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 26 de agosto de 2022; y, así como exhortarle remita con prontitud las resoluciones jerárquicas y los antecedentes a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia, conforme con los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1647_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2a111205f4b6c63b748f293fa60528cd3a6060c8f7d223479eb94138ba8fce3b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →