Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento de congruencia, así como del principio de seguridad jurídica; toda vez que el Auto de Vista 89/2023, emitido por el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandado–, anuló el Auto Interlocutorio de 10 de abril del mismo año únicamente respecto a su persona, dentro del proceso penal seguido en su contra y otro coimputado, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo; determinación que resultaría incongruente, discriminatoria y contraria a la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional, que prohíbe que en este tipo de casos se disponga la nulidad de los autos apelados, al haberse omitido resolver los agravios expuestos en su recurso de apelación, incumpliendo lo previsto por el art. 406 del CPP y lo determinado por la SCP 0122/2015-S2, de 23 de febrero, generando el riesgo de que, en una nueva audiencia de medidas cautelares, se disponga su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución AAC 040/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto al derecho al debido proceso en su dimensión de impugnación efectiva y motivación suficiente, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala y los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela, con relación al debido proceso en su elemento a la congruencia y principio de seguridad jurídica, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Llamar la atención a Diego Valdir Roca Saucedo y Celsa Salazar Rodas, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justica de Pando, por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Exhortar a los Vocales de la citada Sala Constitucional, a cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que sirvieron de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal, a efectos de que se pueda asumir una debida convicción de los hechos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1645/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56459-2023-113-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución AAC 040/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luini Canaviri Mamani contra Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memoriales presentados el 17 y 19 de mayo de 2023, cursantes de fs. 13 a 15 vta.; y, 19 a 20, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a denuncia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del Viceministerio de Transparencia, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, previsto y sancionado por el art. 145 del Código Penal (CP), el 10 de abril de 2023 se desarrolló la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, oportunidad en la cual el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de Pando resolvió, mediante Auto de la misma fecha, disponer la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, debido a la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como a la existencia de elementos que sustentaban la probabilidad de autoría y participación por la supuesta comisión del ilícito referido.
Una vez notificados con el citado Auto, todas las partes interpusieron recurso de apelación; cumplidos los traslados y respondidos los mismos, el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandado– emitió el Auto de Vista 89/2023 de 8 de mayo, mediante el cual se dispuso la anulación del Auto Interlocutorio de 10 de abril del mismo año, únicamente respecto a su persona, ordenando que el Juez de la causa convoque nuevamente a audiencia a efectos de resolver la probabilidad de autoría, participación, riesgos procesales y actos de investigación. La forma de resolución del Auto de Vista cuestionado, conculca su derecho al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y a una justicia diligente y eficiente; por cuanto, contradice la SCP “120” -siendo lo correcto 0122/2015-S2 de 23 de febrero, que establece que los Tribunales de alzada, están obligados a resolver las cuestiones elevadas a su conocimiento o revocarlos, pero nunca anular obrados, como aconteció en su caso. El hecho de haber anulado el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023 únicamente respecto a su persona generó una incongruencia procesal, debido a que el procedimiento penal únicamente prevé que, en apelaciones incidentales de medidas cautelares, la resolución sea confirmada o revocada, de manera total o parcial; mas no que se disponga una nulidad que afecte exclusivamente a uno de los imputados. Por otra parte, de asumirse la nulidad conforme a su concepto jurídico, dicha determinación debió dejar sin efecto la resolución para todos los sujetos procesales y no únicamente para él, considerando que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público existían dos coimputados: Alceus Schimainski y su persona; aspecto que fue omitido por la autoridad judicial demandada, vulnerando su derecho al debido proceso reconocido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en sus elementos de congruencia y seguridad jurídica, así como su derecho fundamental a un proceso justo, equitativo y sin discriminación. Sostuvo que, conforme al principio de congruencia, la autoridad jurisdiccional debe responder a todas las pretensiones planteadas por las partes, manteniendo una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y el decisum, garantizando coherencia tanto dentro de una misma resolución como entre las distintas determinaciones emitidas en un mismo proceso, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0066/2015-S2 de 3 de febrero. Asimismo, señaló que el debido proceso debe sujetarse al principio de juridicidad propio del Estado Constitucional de Derecho, excluyendo cualquier actuación que resulte contraria a la ley. Finalmente, refirió que el Auto de Vista 89/2023 amenaza con restringir su derecho a la libre locomoción y a ejercer su defensa en libertad; toda vez que la pretensión del Ministerio Público, a través del recurso de apelación presentado, pretende revocar el Auto Interlocutorio de 10 de abril del citado año, a fin de que en una nueva audiencia de medidas cautelares se intente privarlo de libertad, como en la audiencia señalada para el 17 de mayo a horas 17:00, fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de Vista ahora impugnado.
El impetrante de tutela señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento congruencia y del principio de seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115.II de la CPE.
El accionante solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 89/2023, emitido por el Vocal demandado, conminándose que, en estricto cumplimiento de la SCP 0122/2015-S2, dicha autoridad resuelva el fondo del recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual de 16 de junio de 2023, según acta cursante de fs. 119 a 120, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que, habiendo escuchado el informe presentado por la autoridad judicial demandada, en la que se indica que ya fue resuelto el objeto que tenía dentro de su acción tutelar, se allana a lo expresado en el mismo.
Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante informe escrito presentado el 16 de junio de 2023, cursante a fs. 118, refirió que, en la fecha y en el ejercicio de sus funciones, tomó conocimiento reciente del Auto Interlocutorio de 13 de junio del citado año, adjunto al informe, correspondiente al proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 901102012200507, vinculado al caso objeto de la presente acción constitucional, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del referido departamento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de Vista de 8 de mayo de 2023; en ese entendido, solicitó que dicha circunstancia sea considerada como acto consentido o, en su caso, como causal de abstracción del objeto de la acción de defensa.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución AAC 040/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 121 a 123 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 89/2023, debiendo el Vocal demandado emitir una nueva Resolución resolviendo el fondo de la apelación. Decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Del análisis del Auto de Vista cuestionado, se evidenció que la autoridad judicial demandada, al examinar los recursos de apelación incidental interpuestos por el Ministerio Público, la ABC y el Viceministerio de Transparencia, estableció que los mismos no precisaban de manera clara los agravios alegados; asimismo, concluyó que la autoridad de primera instancia no diferenció entre actos investigativos y el peligro de obstaculización, ni explicó de qué manera las denuncias que dieron inicio al proceso penal de referencia generaban convicción suficiente sobre la probable autoría o participación en el delito imputado, máxime cuando la defensa sostuvo que los depósitos de dinero cuestionados no se encontraban vinculados al hecho de cohecho pasivo y no se valoraron elementos relativos a la comisión calificadora; ii) La fundamentación, motivación y valoración de la prueba debían efectuarse en relación a la probable autoría; por lo que, dispuso anular el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023 únicamente en lo que respecta a Luini Canaviri Mamani (ahora accionante), ordenando que el Juez de la causa convoque nuevamente a audiencia y emita una resolución sobre probabilidad de autoría, participación y, en su caso, la concurrencia de riesgos procesales; iii) Conforme a la jurisprudencia constitucional y al art. 403.3 del CPP, los Tribunales de alzada, al resolver apelaciones incidentales sobre medidas cautelares, no se encuentran facultados para anular obrados cuando adviertan deficiencias en la fundamentación o motivación de la autoridad de primera instancia, sino que deben pronunciarse directamente sobre el fondo del recurso, confirmando o revocando la resolución apelada; a su vez, el art. 398 del mismo cuerpo legal, si bien limita la resolución únicamente a lo apelado, no impide que se revisen los presupuestos para la modificación de las medidas cautelares y se precisen las razones que sustentan la determinación; y, iv) El Vocal demandado, al limitarse a anular el Auto Interlocutorio apelado y no resolver el fondo de lo solicitado, dejó al impetrante de tutela en una situación de incertidumbre jurídica, pues su condición procesal quedó pendiente hasta que el Juez de la causa cumpliera la instrucción de nuevo señalamiento de audiencia; actuación que, además de desconocer que la nulidad procesal debe estar prevista en la ley o sustentarse en los presupuestos de especificidad, finalidad y trascendencia, lesionó el derecho fundamental del accionante al debido proceso, al no resolver de manera directa su situación jurídica.
Mediante Decreto Constitucional de 7 de agosto de 2025 (fs. 127), a solicitud del Magistrado Relator, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 20 de noviembre de 2025 (fs. 164), de acuerdo a antecedentes. Por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta la Imputación Formal presentada por Cynthia Amanda Gangas Linares, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Aduaneros, Tributarios y otros, ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando, contra Luini Canaviri Mamani –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, solicitando a su vez la aplicación de medidas cautelares personales, entre ellas la detención domiciliaria (fs. 60 a 69). II.2. Cursa el Auto de Vista 89/2023 de 8 de mayo, pronunciado por Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandado–, mediante el cual y atendiendo los recursos de apelación incidental interpuestos por todas las partes, se dispuso anular el Auto Interlocutorio de 10 de abril del citado año, debiendo el Juez de la causa emitir nueva resolución (fs. 4 a 11 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio de 13 de junio de 2023, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del referido departamento, en cumplimiento del Auto de Vista 89/2023, dispuso la libertad pura y simple del impetrante de tutela, con la única obligación de presentarse ante cualquier convocatoria por parte del Fiscal asignado al caso, ante la inexistencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización (fs. 114 a 117 vta.).
El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento de congruencia, así como del principio de seguridad jurídica; toda vez que el Auto de Vista 89/2023, emitido por el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandado–, anuló el Auto Interlocutorio de 10 de abril del mismo año únicamente respecto a su persona, dentro del proceso penal seguido en su contra y otro coimputado, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo; determinación que resultaría incongruente, discriminatoria y contraria a la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional, que prohíbe que en este tipo de casos se disponga la nulidad de los autos apelados, al haberse omitido resolver los agravios expuestos en su recurso de apelación, incumpliendo lo previsto por el art. 406 del CPP y lo determinado por la SCP 0122/2015-S2, de 23 de febrero, generando el riesgo de que, en una nueva audiencia de medidas cautelares, se disponga su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0150/2018-S1 de 25 de abril, reiterando los entendimientos de la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, precisó que: “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa”. El referido razonamiento, parte a su vez de la idoneidad del recurso de la apelación en términos de la definición de la situación jurídica del procesado en forma oportuna, dado que la alzada dentro el régimen de medidas cautelares, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, entre otras la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, responde a que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares. (…)
No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días)”. Entendimiento desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que a su vez, fue precisado en los términos del alcance de la actuación del Tribunal de alzada y la imposibilidad de anulación de obrados en la ya citada SCP 0150/2018-S1, de 25 de abril, que en su ratio decidendi establece: “…el tratamiento de las medidas cautelares de carácter personal en primera instancia como en apelación, por su naturaleza jurídica y connotaciones procesales no estará diferenciado por los matices argumentativos que puedan ser considerados en las resoluciones que emitan las autoridades jurisdiccionales, siendo la esencia de la exégesis constitucional de la imposibilidad de anulación de obrados y exigencia de resolución del caso remitido en apelación establecida en la jurisprudencia precedentemente citada, la connotación constitucional-procesal que tiene esta con el derecho a la libertad del procesado” (las negrillas nos corresponden).
El peticionante de tutela sostuvo que se vulneró su derecho al debido proceso, en su vertiente de congruencia, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que el Auto de Vista 89/2023, emitido por el Vocal demandado, anuló el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023 únicamente respecto a su situación jurídica, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo; pronunciando una resolución incongruente, discriminatoria y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, pues no resolvió el fondo del recurso de apelación conforme al art. 406 del CPP y a la SCP 0122/2015-S2, generando el riesgo de que, en una nueva audiencia de medidas cautelares, se disponga su detención preventiva. Inicialmente, corresponde señalar que, de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional, este Tribunal advierte que no se acompañaron las piezas procesales pertinentes que permitan verificar de manera precisa la interposición de los recursos de apelación por las partes procesales; elementos necesarios para identificar el contenido, alcance y pretensiones formuladas mediante dicho medio de impugnación. No obstante, resulta evidente que cursa en obrados el Auto de Vista 89/2023, emitido por la autoridad judicial demandada en el marco del proceso penal de origen, así como la Resolución de imputación formal emitida por el Ministerio Público y presentada ante el Juez de la causa. En tal sentido, considerando los principios que rigen la justicia constitucional, en particular los de informalismo, verdad material, prevalencia del derecho sustancial y favorabilidad, este Tribunal efectuará el análisis del caso en función de los antecedentes disponibles en el expediente, con base en las actuaciones identificadas, a fin de preservar el control de constitucionalidad de los actos impugnados y garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales eventualmente comprometidos. En ese marco, de las conclusiones y antecedentes cursantes en el expediente, se advierte que el Ministerio Público, a través de la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Aduaneros y Tributarios, presentó imputación formal contra Luini Canaviri Mamani –ahora accionante– por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales; ello, en virtud a las denuncias que lo señalan como supuesto autor de la exigencia de un pago del 10% del valor de una obra, a cambio de favorecer a la empresa “Arre Import Export” en un proceso de licitación de la ABC; señalándose que, ante la negativa de realizar dicho pago, el denunciante habría sido excluido del proceso de adjudicación, el cual finalmente fue otorgado a otra empresa. Asimismo, se reportaron transferencias por aproximadamente Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos) a la cuenta personal del imputado, presuntamente vinculadas con el hecho investigado. En ese entendido, se solicitó la aplicación de medidas cautelares, argumentando que existían suficientes elementos para sustentar la probabilidad de autoría y que concurrían riesgos procesales de fuga y obstaculización, con base en los arts. 231 bis, 234 y 235 del CPP, haciendo referencia a la falta de arraigo natural del imputado y a la existencia de actos investigativos pendientes, tales como declaraciones testificales, inspecciones oculares y la obtención de registros telefónicos (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante Auto de Vista 89/2023 de 8 de mayo, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando resolvió los recursos de apelación incidental interpuestos por el Ministerio Público, la ABC, el Viceministerio de Transparencia y la defensa del imputado –ahora accionante–, contra el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023. La autoridad de alzada concluyó que la resolución de primera instancia carecía de fundamentación y motivación respecto a la probabilidad de autoría y la determinación de riesgos procesales, disponiendo anular dicha decisión únicamente en lo que concierne a Luini Canaviri Mamani, y ordenando que el Juez de la causa convoque a una nueva audiencia para pronunciarse sobre dichos aspectos (Conclusión II.2). Ahora bien, en la presente problemática, el impetrante de tutela fundamenta su denuncia de vulneración al debido proceso en su elemento constitutivo de congruencia; al respecto, corresponde señalar que, dado el carácter esencial y transversal de dicho principio en la estructura del debido proceso, su análisis no puede efectuarse de manera aislada ni fragmentada. En efecto, la congruencia en las resoluciones judiciales debe ser apreciada en correlación con los elementos que la sustentan y justifican, entre ellos la motivación, entendida como la exposición razonada, suficiente y coherente de los fundamentos jurídicos y fácticos que conducen a la autoridad jurisdiccional a asumir una determinada decisión. En ese entendido, la verificación de una eventual incongruencia en el Auto de Vista impugnado no puede prescindir del examen de los razonamientos jurídicos expresados por la autoridad recurrida, en tanto éstos constituyen el soporte lógico-jurídico de la determinación y permiten identificar si existió una ruptura entre lo solicitado por las partes y lo resuelto, o una omisión que afecte los derechos fundamentales del ahora accionante de tutela. Por ello, corresponde que este Tribunal proceda a la revisión del Auto de Vista 89/2023, a fin de constatar si la decisión adoptada por la autoridad ahora demandada, referida a la anulación del Auto Interlocutorio recurrido, se encuentra debidamente motivada y guarda coherencia con las pretensiones procesales sometidas a su consideración, así como si respeta los principios que estructuran el debido proceso, particularmente el de congruencia y el deber de fundamentación. De los datos que proporciona el Auto de Vista 89/2023, se puede establecer que los recursos de apelación presentados, se sustentan en los siguientes motivos:
1) Ministerio Público: Cuestionó que, pese a la concurrencia de la probabilidad de autoría y de riesgos procesales previstos en los arts. 232, 233 y 235 del CPP, tratándose además de un delito vinculado a corrupción, el Juez de la causa únicamente impuso dos medidas cautelares consideradas leves, consistentes en la presentación ante el Fiscal y el arraigo. Alegó que no se valoraron de manera adecuada los elementos de convicción, ni se consideró la improcedencia de medidas sustitutivas en este tipo de casos, solicitando una nueva valoración y, en su defecto, la imposición de detención domiciliaria con garantes.
2) Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): Señaló que no se valoraron todas las pruebas y que existen contradicciones entre los imputados sobre la entrega de dinero, lo que genera riesgo de obstaculización. Respaldó la solicitud fiscal de detención domiciliaria. 3) Viceministerio de Transparencia: Reivindicó su legitimación para intervenir (Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017), afirmando que existen pruebas de transferencias bancarias de Bs51 900.-(cincuenta y un mil novecientos bolivianos) a favor de Luini Canaviri Mamani -ahora peticionante de tutela- para favorecerlo en un proceso de licitación. Adujo amenazas e influencias sobre testigos y pidió ampliar las medidas a detención domiciliaria. 4) Luini Canaviri Mamani: Alegó errónea valoración de la prueba, incongruencia y falta de nexo causal entre la conducta del imputado y el delito de cohecho pasivo (art. 145 CP), señalando que la adjudicación fue decisión de una comisión calificadora y no del Gerente Regional. Sostuvo que los depósitos de dinero tienen origen laboral previo y que no hay actos de obstaculización probados. Denunció falta de fundamentación en la resolución judicial, vulneración del debido proceso, presunción de inocencia y solicitó la revocatoria de medidas cautelares y libertad pura y simple. Dichos recursos fueron respondidos bajos los siguientes términos:
i) El Ministerio Público: Al recurso del ahora accionante alegó que, los defectos invocados en la imputación (autoría y riesgos procesales) debieron reclamarse dentro del plazo de diez días desde la notificación, conforme a los arts. 169, 302 y 314 del citado Código, por lo que habrían precluido. Se sostuvo que la Resolución recurrida está debidamente motivada, mencionando elementos que acreditan probabilidad de autoría (designación como gerente y miembro de comisión, denuncias, solicitud de 10% y depósitos bancarios). Respecto a riesgos procesales, se señaló que hay actos pendientes de investigación que justifican el peligro de obstaculización. Se pidió rechazar el recurso y confirmar la probabilidad de autoría, pero revisar las medidas cautelares conforme a la apelación propia. ii) La ABC al recurso antes identificado: Se indicó que, aunque la comisión calificadora revisa y recomienda, el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) tiene la última palabra para aprobar o rechazar el informe. En este caso, el imputado -ahora accionante- adjudicó inicialmente a la empresa “Arrien” y luego tuvo capacidad para negociar y exigir dinero, lo que estaría acreditado. Se respaldó la posición del Ministerio Público y se pidió mantener las medidas mínimas dispuestas por el juez ante el riesgo de obstaculización. iii) Del Viceministerio de Transparencia al citado recurso: Se resaltó que la presunta exigencia de pagos ocurrió a pocos días de asumir el cargo y que hay prueba de transferencias que no corresponden a beneficios sociales, pues testigos afirman que el imputado nunca trabajó en la empresa remitente. Se adhirió a lo señalado por el Ministerio Público y se solicitó detención domiciliaria por amenazas al denunciante. iv) Del imputado -ahora impetrante de tutela-: Sostuvo que los recursos carecen de agravios claros y fundamentados, incumpliendo el art. 398 de la norma procesal penal. Señaló que el Viceministerio no solicitó nada concreto en audiencia; que el Ministerio Público contradice su propia solicitud inicial de detención domiciliaria; y que la ABC no demuestra daño económico ni justifica su participación en el proceso. Argumentó que los apelantes no se refirieron a defectos de la resolución judicial, sino que reiteraron argumentos de audiencia de medidas cautelares. Afirmó que no está obligado a promover incidentes de nulidad y que el juez debe ejercer control de legalidad. Solicitó el rechazo de todos los recursos. En base a dichos antecedentes, el Vocal ahora demandado de la Sala Penal y Administrativa determinó por disponer la anulación del Auto de 10 de abril de 2023, en virtud a los siguientes razonamientos: a) En primer lugar, respecto a la falta de claridad y congruencia en los agravios de los recurrentes, señaló que el Ministerio Público no identificó con precisión cuál fue el agravio sufrido, limitándose a pedir una nueva valoración probatoria sin explicar qué reglas de la valoración -lógica, experiencia común o psicología- fueron vulneradas. Además, advirtió una evidente incongruencia, pues en la imputación formal y en la audiencia cautelar solicitó la detención domiciliaria, pero en apelación requirió la detención preventiva, sin fundamentar el cambio ni justificar la necesidad de una medida más gravosa. No explicó por qué, si consideraba concurrentes los requisitos de autoría, riesgos procesales y plazo de investigación (art. 233 CPP), inicialmente pidió una medida menos restrictiva. En cuanto a la ABC, su recurso se alineó a la pretensión inicial de la Fiscalía (detención domiciliaria) y se basó en supuestas contradicciones y riesgos procesales futuros, sin sustento suficiente, siendo que los cuestionamientos sobre arraigos ya habían sido advertidos por la Fiscalía. Por su parte, el Viceministerio de Transparencia tampoco expuso un agravio claro, limitándose a reiterar hechos de la imputación formal sin acreditar plenamente las amenazas que invocó como riesgos procesales (art. 235.2 del citado Código);
b) En segundo lugar, precisó la importancia de diferenciar entre actos investigativos y riesgos procesales. Observó que el Juez de la causa identificó actos de investigación pendientes -tales como declaraciones testificales, inspección ocular, desdoblamiento del disco compacto (CD) y análisis de flujo de llamadas- pero confundió estos actos con riesgos procesales. Señaló que los actos investigativos (arts. 279 y 284 del CPP) buscan esclarecer los hechos mediante diligencias como inspecciones, secuestro de documentos, declaraciones y pericias, citando a William Herrera y Montón Redondo para reforzar la necesidad de practicar estas diligencias oportunamente. Los riesgos procesales, en cambio, están regulados en los arts. 234 y 235 de la norma procesal penal y requieren la existencia de indicios sobre amenazas, influencias o entorpecimiento a testigos que justifiquen medidas cautelares (art. 221 del citado Código), aspecto que el Juez no fundamentó de forma diferenciada;
c) En tercer lugar, detectó deficiencias en la valoración probatoria realizada por el Juez de la causa. La posible autoría se basó en cuatro indicios, de los cuales solo dos fueron considerados relevantes: las denuncias presentadas por “Alceu Schimainski” y la ABC. Sin embargo, estas narraban hechos distintos -una sobre supuesta extorsión y la otra sobre irregularidades en contratación- y no se explicó cómo estos memoriales iniciales (art. 284 del referido Código) permitían establecer el juicio de adecuación típica previsto en el art. 145 del CP, que exige identificar el verbo rector de la conducta imputada. Tampoco se motivó qué elementos indiciarios demostraban la participación del imputado, y se recordó que las denuncias por sí solas no constituyen actos investigativos ni prueba de descubrimiento de hechos;
d) En cuarto lugar, se advirtió la omisión de valoración de elementos de descargo presentados por la defensa, como la existencia de depósitos que corresponderían a beneficios sociales pagados por “Alceu Schimainski”, respaldados con certificados de trabajo. El Juez de la causa no fundamentó las razones para descartar o restar valor a esa prueba, ni trató el tema en la audiencia cautelar. Esta omisión configuró una insuficiencia de motivación que no podía ser subsanada en apelación; y, e) En quinto y último lugar, como consecuencia jurídica, el demandado determinó que existió un defecto absoluto por falta de fundamentación y motivación tanto en la determinación de la posible autoría (arts. 145 del referido Código y 231.1 de la norma procesal penal) como en la relación entre indicios y adecuación típica, así como en la consolidación de riesgos procesales.
En relación a la falta de congruencia denunciada
Para el correcto análisis de este agravio, resulta necesario conocer los términos de la impugnación efectuada por la parte ahora impetrante de tutela al momento de sustentar su recurso de apelación, es así que inicialmente corresponde iniciar con lo expuesto en la audiencia celebrada ante los Vocales demandados, identificándose los siguientes extremos; 1) Falta de agravio concreto y carencia de fundamentación en los recursos del Ministerio Público y coadyuvantes, señalando el recurrente que dichas impugnaciones no identifican con precisión el agravio sufrido ni exponen argumentos suficientes que sustenten la insuficiencia de valoración probatoria, incumpliendo el mandato previsto en el art. 398 del CPP, limitándose a manifestaciones genéricas sin sustento jurídico, además de contener contradicciones respecto a los propios requerimientos cautelares formulados; 2) Errónea valoración probatoria e inexistencia de nexo causal entre la conducta atribuida y el resultado, aduciendo que la resolución recurrida consideró como prueba la denuncia y memoriales de partes, desconociendo que tales actuaciones únicamente habilitan la investigación, sin constituir elementos demostrativos de autoría. Enfatizó que el proceso de contratación objeto de la causa fue decidido por una comisión calificadora, que la empresa denunciante no resultó adjudicataria por incumplimiento de requisitos y plazos, y que no existe acto decisorio atribuible al imputado que permita afirmar su participación en el delito de cohecho pasivo, más aún cuando los depósitos referidos en la imputación tendrían un origen distinto y ajeno al proceso de contratación;
3) Errónea aplicación de la ley sustantiva, refiriendo que la autoridad judicial no identificó el verbo rector del tipo penal ni explicó la adecuación típica de la conducta atribuida, prescindiendo del análisis de los elementos constitutivos del delito, lo que derivó en una imputación sin nexo causal, sin indicios que demuestren probabilidad de autoría y desconociendo la estructura y competencias del procedimiento administrativo de contratación estatal;
4) Incongruencia omisiva y falta de fundamentación de la resolución recurrida, por cuanto la autoridad de instancia habría omitido pronunciarse de manera motivada respecto a los argumentos defensivos, limitándose a referencias genéricas a la fundamentación legal sin efectuar el análisis individualizado de los elementos presentados, configurándose un defecto absoluto que vulneraría el debido proceso en su vertiente de motivación; y,
5) Deficiente fundamentación en la imposición de medidas cautelares, señalando que, pese a reconocerse arraigos y ausencia de riesgo de fuga, se impusieron medidas bajo el argumento de “peligro de obstaculización” sin identificar actos concretos, pruebas o circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan sustentar tal extremo, incurriendo en una motivación aparente y en desconocimiento de la presunción de inocencia, solicitando en consecuencia la revocatoria de las medidas y la concesión de libertad pura y simple. Por su parte el Auto de Vista 89/2023 de 8 de mayo, se sustentó en los siguientes razonamientos: i) Respecto a los agravios planteados por el Ministerio Público, la autoridad ahora demandada establece que no se identifica con claridad el agravio invocado, pues el Fiscal únicamente expresa su disconformidad con la resolución apelada y solicita una nueva valoración probatoria, sin precisar cuál de las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia o psicología) habría sido vulnerada. Asimismo, se observa incongruencia en su petición; toda vez que, en la imputación formal y en audiencia cautelar solicitó detención domiciliaria, pero en apelación pretende detención preventiva, sin fundamentar el cambio de pretensión ni justificar los motivos que lo sustentan, lo cual impide abrir competencia para revisar el agravio; ii) En cuanto al recurso de la ABC, si bien cuestiona los arraigos y plantea la existencia de eventuales contradicciones entre las posiciones de los involucrados, no expone cómo tales argumentos constituyen un riesgo procesal concreto, limitándose a conjeturas sobre posibles riesgos futuros. Al no evidenciarse un agravio claro ni afectación material atribuible a la resolución apelada, el recurso carece de fundamento suficiente;
iii) Respecto a los agravios del Viceministerio de Transparencia, tampoco se identifica fundamento que permita sostener una vulneración, pues se limita a reiterar hechos de la imputación formal sin demostrar ni acreditar actos concretos de amenaza o perturbación al desarrollo de la investigación que configuren riesgo procesal;
iv) Sobre la cuestionada existencia de riesgos procesales, el Vocal demandado aclaró que los actos de investigación y los riesgos de obstaculización son conceptos distintos: los primeros se orientan al descubrimiento de la verdad material, mientras que los segundos requieren indicios objetivos de amenaza, influencia o perturbación sobre testigos o evidencias (arts. 221 y 235.2 del CPP). No obstante, el Juez de instancia habría confundido ambos conceptos, sin sustentar de forma diferenciada la existencia de riesgo procesal;
v) Por otra parte, en cuanto al agravio de la defensa, relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva y falta de motivación, se evidencia que el Juez fundó la probabilidad de autoría únicamente en dos denuncias (Alceu y ABC), las cuales narran hechos distintos y, por sí solas, no constituyen actos de investigación capaces de generar convicción sobre la adecuación típica al delito imputado. El Juez no explicó de qué manera esos elementos permiten identificar el verbo rector del delito de cohecho pasivo ni justificó por qué desestimó los indicios aportados por la defensa respecto al origen de los depósitos observados, configurándose insuficiencia de fundamentación; y, vi) Por estas razones, al verificarse falta de motivación, deficiente valoración de elementos indiciarios y ausencia de juicio de adecuación típica, se acredita el agravio de la defensa, constituyendo defecto absoluto por vulneración al debido proceso, lo que impide que esta instancia subsane la decisión recurrida. En consecuencia, corresponde la anulación de la resolución apelada, disponiéndose que el juez de origen emita nueva resolución, fundamentando adecuadamente la probabilidad de autoría y, posteriormente, de corresponder, los riesgos procesales.
En ese marco, se advierte que el peticionante de tutela denunció esencialmente: a) La supuesta inexistencia de notificación válida previa a la audiencia; b) La vulneración al derecho de defensa por haberse instalado la audiencia en su ausencia; c) La imposibilidad de su conexión virtual por fallas técnicas; d) La obligación del Juez de suspender el acto procesal ante dicho impedimento; y, e) La falta de fundamentación del Auto de Rebeldía dictado en su contra. Al respecto, del análisis integral de la resolución judicial impugnada, se constata que la autoridad judicial demandada, en ejercicio de sus atribuciones, brindó respuesta a los principales reclamos formulados, pues señaló la existencia de un acta procesal en la que consta la incomparecencia de los imputados a la audiencia virtual; reconoció que éstos alegaron dificultades técnicas; sin embargo, estableció que no acreditaron de manera suficiente dicho extremo; y concluyó que la actuación jurisdiccional se enmarcó en el principio de continuidad procesal y en la normativa penal vigente, descartando la vulneración al derecho a la defensa y a las garantías del debido proceso. Cabe precisar que, si bien la fundamentación relativa al Auto de Rebeldía resultó más referencial que exhaustiva en cuanto a su desarrollo argumentativo, dicho aspecto fue abordado y justificado en términos formales por la autoridad recurrida, no advirtiéndose una omisión absoluta respecto al reclamo planteado; en consecuencia, no se configura incongruencia externa, en tanto la autoridad judicial respondió los agravios esenciales y proporcionó razones jurídicas que guardan nexo lógico con las alegaciones realizadas, cumpliendo con el estándar jurisprudencial relativo a la motivación y congruencia decisoria. En ese entendido, no se evidencia afectación al debido proceso en su vertiente de congruencia externa, puesto que la resolución cuestionada no omitió la consideración de los puntos relevantes sometidos a su conocimiento, ni se advierte contradicción entre lo solicitado y lo resuelto, resultando insuficiente la sola discrepancia de la parte accionante con el contenido decisorio para configurar una lesión constitucional. Sobre los razonamientos del Auto de Vista 89/2023 y la determinación de aplicar el saneamiento procesal por un Tribunal de alzada en apelación incidental de medidas cautelares En un segundo plano, se debe señalar que la motivación y razonamiento jurídico desarrollado por la autoridad demandada en el Auto de Vista 89/2023, evidencia un análisis sustancial respecto al fondo del asunto impugnado y una revisión crítica del cumplimiento de garantías procesales en la emisión de la Resolución cautelar de primera instancia. El Vocal ahora demandado fundamentó la decisión de anular el Auto de 10 de abril de 2023, con base en cinco observaciones principales, cuyo contenido da cuenta de defectos estructurales en la resolución apelada que, a su criterio, justificaban su invalidación; a saber: 1) Falta de claridad en los agravios y contradicciones en las pretensiones de los recurrentes (como el cambio injustificado de detención domiciliaria a detención preventiva por parte del Ministerio Público), lo que generó dudas razonables sobre la coherencia y suficiencia de los fundamentos expuestos en los recursos de apelación. 2) Confusión entre actos investigativos y riesgos procesales por parte del Juez cautelar, lo cual derivó en una indebida fundamentación de las medidas impuestas. Esta diferenciación resulta esencial, toda vez que los actos investigativos, previstos en los arts. 279 y 284 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se orientan al esclarecimiento de los hechos, mientras que los riesgos procesales regulados en los arts. 234 y 235 del citado Código exigen elementos objetivos de entorpecimiento o fuga que justifiquen una restricción a la libertad. 3) Valoración defectuosa de los elementos de prueba por parte del Juez de primera instancia. El Vocal ahora demandado señaló que, de los cuatro indicios invocados para sostener la probabilidad de autoría, solo dos fueron desarrollados, y además contenían contradicciones y narrativas diversas, lo que impedía establecer con claridad la adecuación típica al delito de cohecho pasivo.
4) Omisión en la valoración de los elementos de descargo presentados por la defensa del imputado, en particular los certificados de trabajo y comprobantes de beneficios sociales que sustentaban el origen lícito de los depósitos cuestionados. Esta omisión compromete el derecho a la defensa y la igualdad procesal, en contravención al art. 119 de la CPE. 5) Defecto absoluto por insuficiencia de motivación, tanto respecto a la probabilidad de autoría como a la fundamentación de los riesgos procesales. Esta deficiencia constituye una infracción directa al derecho a una resolución debidamente motivada (art. 115.II de la Norma Suprema), y es causal de nulidad procesal conforme al art. 169.3 del Código Adjetivo Penal. Ahora bien, en el marco del régimen jurídico de las medidas cautelares personales, resulta imperativo destacar que su naturaleza constitucional y procesal exige la pronta y clara definición de la situación jurídica del imputado, aspecto que guarda estrecha vinculación con el derecho fundamental a la libertad personal consagrado en el art. 23 de la CPE. En virtud de esta característica, el Tribunal de alzada se encuentra legal y constitucionalmente obligado a pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación incidental interpuesto contra Resoluciones cautelares emitidas por la autoridad judicial de primera instancia, correspondiéndole revisar la razonabilidad de la decisión adoptada, así como su fundamentación, motivación, congruencia y la adecuada valoración de los elementos de convicción. Este entendimiento ha sido ratificado por la jurisprudencia constitucional, particularmente en la SCP 0150/2018-S1 de 25 de abril, la cual estableció de forma categórica que, en el tratamiento de recursos de apelación incidental vinculados a medidas cautelares, los Tribunales de alzada no pueden disponer la anulación de obrados ante eventuales deficiencias en la resolución impugnada, sino que deben ejercer plenamente su competencia revisora para emitir una decisión de fondo que defina la situación jurídica del procesado. Esta restricción responde a la transversalidad del derecho a la libertad personal, cuya protección exige que cualquier controversia en torno a una medida cautelar sea resuelta mediante una decisión sustantiva y no meramente formal. En este sentido, no puede considerarse causal de nulidad -ni justificar la devolución de obrados al inferior- la invocación de una supuesta incongruencia, contradicción o deficiencia en la motivación de la resolución apelada; toda vez que, tales aspectos son precisamente objeto del recurso de apelación y deben ser examinados y resueltos por la autoridad jerárquica conforme al deber de tutela judicial efectiva y el principio de impugnación, previstos en los arts. 115 y 180.II de la norma constitucional. Solo en los supuestos en los que se evidencien vicios procesales insubsanables, expresamente tipificados en el ordenamiento jurídico -como lo establece el art. 17 de la LOJ-, podría considerarse la nulidad como mecanismo de corrección procesal, lo cual no se confunde con el deber del Tribunal de alzada de corregir eventuales lesiones al debido proceso en sus distintas dimensiones, especialmente cuando se trata de resoluciones que inciden directamente en derechos fundamentales. En definitiva, frente a una Resolución judicial que impone, modifica o rechaza una medida cautelar, la autoridad de alzada debe actuar como garante de la legalidad y constitucionalidad del proceso, ejerciendo control sobre el cumplimiento de los estándares mínimos de motivación y razonabilidad exigidos en el marco del debido proceso, sin recurrir a nulidades que dilaten innecesariamente la definición de la situación jurídica del imputado y que, por ende, podrían configurar una afectación indirecta al derecho a la libertad personal. En el presente caso, este Tribunal advierte que el Vocal ahora demandado, en su condición de autoridad de alzada, emitió el Auto de Vista 89/2023, en el marco de los recursos de apelación incidental interpuestos contra la resolución judicial que dispuso medidas cautelares personales contra el imputado -ahora solicitante de tutela-. En dicho fallo, si bien se identificaron diversas deficiencias en la decisión emitida por el Juez de Instrucción Penal Tercero, la autoridad demandada optó por disponer la anulación de obrados y la remisión del expediente a la instancia inferior para un nuevo pronunciamiento. Al respecto, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sido clara y reiterada en establecer que, tratándose de apelaciones incidentales dentro del régimen de medidas cautelares, los tribunales de alzada no pueden disponer la anulación de obrados, sino que deben resolver en el fondo la situación jurídica del imputado. En efecto, la SCP 0150/2018-S1 de 25 de abril, en aplicación de los entendimientos contenidos en la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, ha señalado expresamente que: “Al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente (…) deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión (…)”.
Este entendimiento se sustenta en la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la impugnación, reconocido por el art. 180.II de la CPE, así como en la especial tutela del derecho a la libertad personal, conforme al art. 23 del mismo texto constitucional y a los tratados internacionales de derechos humanos. En esa línea, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, reafirmó que el recurso de apelación incidental en materia de medidas cautelares constituye un medio idóneo e inmediato para corregir eventuales afectaciones a la libertad del imputado, razón por la cual debe ser resuelto en breve plazo y mediante un pronunciamiento de fondo. En el caso concreto, el Vocal demandado reconoció expresamente en el Auto de Vista previamente identificado la existencia de múltiples deficiencias en el Auto Interlocutorio apelado, entre ellas: la falta de fundamentación y motivación, la omisión de valoración de elementos de descargo, la no identificación del verbo rector del tipo penal imputado, así como la confusión entre actos investigativos y riesgos procesales, además de la incongruencia en la argumentación del Ministerio Público entre la solicitud inicial y la formulada en apelación; no obstante haber identificado con claridad dichos defectos -los cuales forman parte del análisis ordinario que corresponde a una apelación-, en lugar de ejercer su competencia revisora y resolver el fondo del asunto conforme lo manda la doctrina constitucional, dispuso la nulidad de obrados. En tal sentido, la anulación de la resolución judicial por parte de la autoridad de alzada no se ajusta a la jurisprudencia constitucional vigente, en tanto que los aspectos identificados -aunque relevantes- no constituyen vicios procesales insubsanables que justifiquen la nulidad, como lo prevé el art. 17 de la LOJ. Por el contrario, tales deficiencias debieron ser objeto de valoración directa por parte del Tribunal de alzada, a efectos de confirmar, modificar o revocar la Resolución apelada, garantizando la protección del derecho a la libertad y el debido proceso. Por tanto, se concluye que la actuación del Vocal demandado vulneró los derechos del accionante al debido proceso, en sus elementos de impugnación efectiva y motivación suficiente, al incumplir el deber constitucional y jurisprudencial de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la apelación incidental interpuesta, incurriendo en una actuación contraria a la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Resuelto el problema jurídico principal objeto del presente fallo, este Tribunal considera pertinente formular una precisión adicional vinculada al cumplimiento de las obligaciones procesales que recaen sobre las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías en el trámite de las acciones de defensa, en atención a lo previsto por los arts. 196.I y 202.6 de la CPE, que atribuyen al Tribunal Constitucional Plurinacional la competencia de velar por la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En ese marco, este Tribunal no puede dejar de advertir una práctica reiterada contraria a las exigencias del debido proceso constitucional, consistente en la omisión de remitir de manera íntegra los antecedentes necesarios del proceso ordinario, cuando estos resultan imprescindibles para el análisis de fondo de la problemática constitucional planteada. Dicha deficiencia obstaculiza el cumplimiento efectivo del deber constitucional de control y resguardo de los derechos fundamentales que ejerce esta jurisdicción. En el caso concreto, se constata que no fueron remitidos junto al expediente constitucional actuados esenciales para el análisis de fondo de la presente acción de libertad, particularmente los memoriales presentados por las partes procesales mediante los cuales interpusieron recurso de apelación incidental, los mismos que constituyen antecedentes relevantes e indispensables para valorar la presunta falta de congruencia denunciada en esta acción. Dicha omisión impidió a este Tribunal realizar inicialmente una evaluación integral y completa sobre la lesión alegada, razón por la cual se vio obligado a circunscribir su análisis al resumen contenido en el Auto de Vista impugnado. Corresponde recordar que el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece de manera expresa la obligación de las autoridades judiciales que conocen en primera instancia las acciones de defensa, de requerir y remitir a este Tribunal todos los antecedentes necesarios que permitan un pronunciamiento adecuado y fundamentado, lo cual incluye las resoluciones cuestionadas, sus antecedentes inmediatos, las actas de audiencia y demás elementos relevantes para determinar si efectivamente existió vulneración de derechos fundamentales. En mérito a lo expuesto, corresponde llamar la atención a la Sala Constitucional que conoció la presente acción tutelar, por el incumplimiento de su deber procesal de remitir la documentación pertinente y necesaria para el análisis integral de la problemática planteada; exhortándose a dicha autoridad judicial a que, en lo sucesivo y ante el conocimiento de acciones de defensa, adopte los recaudos correspondientes a fin de asegurar el envío oportuno, completo e íntegro de los antecedentes del proceso ordinario, en estricta observancia de las normas que rigen el procedimiento constitucional, contribuyendo de esta manera al ejercicio eficiente, efectivo y célere del control de constitucionalidad respecto de los actos denunciados como presuntamente lesivos de derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución AAC 040/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 121 a 123 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto al derecho al debido proceso en su dimensión de impugnación efectiva y motivación suficiente, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala y los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela, con relación al debido proceso en su elemento a la congruencia y principio de seguridad jurídica, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Llamar la atención a Diego Valdir Roca Saucedo y Celsa Salazar Rodas, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justica de Pando, por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Exhortar a los Vocales de la citada Sala Constitucional, a cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que sirvieron de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal, a efectos de que se pueda asumir una debida convicción de los hechos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1645_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5ac78cbb9931799681d4bd47215b86de7d7fbb1694be66b5997482ab7f15cb0c
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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