B.IA.LEGAL

SCP 1645/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 31 de diciembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
31 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58064-2023-117-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria, presunción de inocencia y a la libertad personal y a los principios iura novit curia, legalidad y de certeza; puesto que, en grado de apelación y mediante el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, el Vocal ahora accionado mantuvo la cesación de la detención preventiva que le benefició, basándose en una valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente, específicamente al desestimar el peritaje psicológico por no ajustarse a los puntos de pericia del Ministerio Público; y, al sustentar la persistencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 142 vta. a 146, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Llamar la atención a José Juan Téllez Durán, Eldy Carmen Duarte Rocabado y Orlando Cender Araníbar Delgado, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por no enviar en grado de revisión el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, cuestionado por el accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1645/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58064-2023-117-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 142 vta. a 146, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gonzalo Plaza Corico en representación sin mandado de Noé Antonio Rodríguez Condori contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 119 a 127 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 quater del Código Penal (CP), el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista de 31 de julio de 2023, declaró improcedente su recurso de apelación incidental y mantuvo la detención preventiva impuesta en contra del accionante. Alegó la vulneración de sus derechos por una supuesta falta de fundamentación y motivación del referido Auto de vista, así como por la errónea aplicación del principio iura novit curia, dado que tanto la Jueza cautelar como el Vocal hoy accionado reconocieron la irresponsabilidad del Ministerio Público al no precisar el verbo rector o la conducta específica (tipicidad) que subsume el hecho al tipo penal de acoso sexual en la imputación formal, aspecto que constituye un agravio evidente y una vulneración al principio de legalidad y de certeza; empero, pese a reconocer esta falencia en la calificación, el Vocal ahora accionado declaró que no existía agravio, amparándose en el principio iura novit curia y en la prevalencia de la verdad material, considerando que los hechos, aun con falencias de calificación, expresan una connotación circunscrita al ámbito penal. Citando jurisprudencia, específicamente el Auto Supremo (AS) 393/2018-RRC de 11 de junio, señaló que la aplicación del iura novit curia para cambiar la calificación jurídica provisional está reservada para la etapa de juicio al momento de emitir sentencia, y no para convalidar una imputación formal deficiente, aspecto que -en el caso presente- devino en la detención indebida de su persona. Además, cuestionó la falta de pronunciamiento sobre la vigencia de un riesgo procesal y la negativa a valorar el domicilio acreditado por la defensa, argumentando que esto es relevante para una posible detención domiciliaria. Destacó que el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, emitido por el Vocal hoy accionado no es congruente con los agravios planteados y demostrados en el recurso de apelación incidental, ni cumplió con el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, previsto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que vulnera el debido proceso; y, consecuentemente, el derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria y a los principios iura novit curia, legalidad y de certeza; citando al efecto los arts. 22, 23.I, II y III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista de 31 de julio de 2023, emitido por el Vocal ahora accionado, disponiendo se dicte uno nuevo, evitando que la detención preventiva se convierta en el cumplimiento de una pena anticipada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 137 a 142 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 136.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 142 vta. a 146, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante basó su pretensión de tutela en que ni el Fiscal de Materia en la imputación formal, tampoco el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, precisaron cuál de los verbos rectores del delito de acoso sexual -art. 312 quater del CP- se adecuaba a la conducta que le fue imputado, impidiendo el ejercicio efectivo de la defensa. Alegó que el citado Auto de Vista emitido por el Vocal hoy accionado, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, sin referirse al agravio de la subsunción del hecho al tipo penal, lo que vulneraba el debido proceso y las garantías jurisdiccionales. No obstante, el referido Vocal hizo referencia a los principios de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (juzgamiento con perspectiva de género), a los arts. 60 de la CPE; y, a la aplicación del test de proporcionalidad con relación con el riesgo procesal del 234.7 del CPP, inherente al peligro efectivo para la víctima; b) Analizaron la procedencia de la acción de libertad, reconociendo que la jurisprudencia constitucional le otorga un triple carácter tutelar (preventivo, correctivo y reparador); y, c) Añadieron que la calificación jurídica en la imputación formal es meramente provisional, conforme prevé el art. 302 del referido Código y precisaron que lo que se juzga en un proceso penal son los hechos y no la calificación jurídica del tipo penal, indicando que la probabilidad de autoría o participación -prevista por el art. 233.1 del CPP- no requiere la determinación concreta de la subsunción del delito, sino la probabilidad del hecho. En vía de aclaración y complementación, el accionante a través de su representante sin mandato solicitó al Tribunal de garantías, se refiera en cuanto al acta de audiencia de consideración de medidas cautelares a cargo de Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí que da cuenta que se valoró las declaraciones de las víctimas, informes sociales y otros elementos, sin un razonamiento respecto al porqué está vigente el art. 233.1 -se infiere del CPP-; y, directamente analizar los riesgos procesales. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías en audiencia precisó que no le compete hacer valoración probatoria alguna para determinar o no la autoría del “acusado”, reiterando que se juzgan hechos y no la calificación jurídica; además, que el accionante puede solicitar nuevamente la cesación de la detención preventiva, dado que no causa estado conforme prevé el art. 250 del CPP; y, que la acción de libertad no fue dirigida contra la “juez Vicuña” por tanto se debe analizar únicamente la decisión emitida por el Vocal ahora accionado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante decreto constitucional de 10 de diciembre de 2025, cursante a fs. 153, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de ese mes y año cursante a fs. 157; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta en el memorial de la presente acción de libertad, el contenido que el accionante considera vulnerado del Auto de Vista de 31 de julio de 2023, emitido por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionado-, que estableció: ‘“…Que el delito de Abuso sexual más propiamente expresada, en sentido la norma refiere lo siguiente La persona que valiéndose de una posición jerárquica en este caso un profesor o maestro de estado, o poder hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio.

En el caso concreto se ha establecido tocamiento impúdicos acciones que deben producirse en coqueteos halagos a sus alumnas estas dependientes con una interrelación basada en una jerarquía respecto a su educador, en consecuencia en ese margen, se entiende que se debe ver las demás formas comisivas o acciones, que estos actos no podrían ser consentidos de otra manera porque el escenario nos conlleva a advertir una relación de reverencia de las educandas al maestro de estado, que en otra circunstancia tratándose de otra persona con facultades poderes de direccionamiento de esas conductas no tuvieran difícilmente no se podría realizar o ser aceptadas por la educandas presuntas víctimas del presente caso; en consecuentemente más allá de los cuestionamiento de una ausencia de fundamentación, como se ha expresado en medidas cautelares no es absoluto el principio tantum apelatium y tantum devolution se basa en nuevos elementos; a esto conforme a los hechos que contiene los elementos que contiene la imputación formal está sustentado con los elementos de convicción se puede inferir lo siguiente de la entrevista de Nataly Mamani Aguilar se establece al margen de las insinuaciones y coqueteos que el sindicado profesor o maestro de estado, le jala de su mano le hace dar la vuelta, le agarra de su cintura, sube sus manos y le acaricia hasta llegar a su pechos esta, confesión tiene su correlato o correlación si se quiere en la atestación de Isabel Mariel Flores Arosamen quien reitera la conducta estableciendo que le jala de la mano, le hace dar la vuelta y empieza agarrar su cintura empieza a subir su mano y le agarra de los pechos por eso se asustó y genero ayuda.

Ahora bien en el proceso penal donde están involucradas personas donde están involucradas personas de un sector vulnerable adquiere en la Ley 348 principios para generar el juzgamiento que van a más allá de lo que concibe de un proceso ordinario sino que se trata de un proceso especial basado en criterio interpretativos que consagran la referida norma legal, uno de ellos es el informalismo así también se tiene el principio de la verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE en esa tónica se tiene un aforismo ese expresa que ‘dadme los hechos y os daré los derechos’ que tiene su correlato en el aforismo latino juria nobid curia en consecuencia si es que no tuviera integra cuestionada la adecuación conforme al 312 en virtud al principio de la debida diligencia, de la verdad material e interpretando desde un enfoque de género de un enfoque interseccional estamos hablado de menores de edad estudiantes, en consecuencia de un sector absolutamente vulnerable que goza de la protección reforzada, no admite límites para más allá de cualquier omisión o cuestionamiento relativo a una carencia de fundamentación u otra, advertir materialmente en base a los elementos cursantes de juicio, inclusive lo que ha consignado en la propia imputación, advertir con base en la debida diligencia que existe materia justiciable de orden penal; en consecuencia basados en esos enfoques y perspectivas artículo 60 del CPE y normas supraestatales que tiene la misma categoría de la norma constitucional nombrada, advirtiendo que a partir del ejercicio de las funciones pública y sus diferentes estancias y bases es un deber de actuar con la debida diligencia, en consecuencia el suscrito no advierte en base a los elementos que se han nombrado; primero se genere una indefensión sea en el orden material o en orden técnico, porque los hechos aún con las falencias de calificación expresan hechos con la connotación criminal que no pueden ser soslayados por los operadores de justicia y menos el Ministerio Público, que en el caso en concreto parece que no sabe lo que hace o pretende una especie de favorecimiento hacia imputado para generar cierto sentido un proceso favorable o impunidad al fin de la investigación; en consecuencia no se advierte agravio sobre la cuestionante relativo respecto al presupuesto material o probabilidad de autoría.

Respeto al inciso 7 del Art. 234 este, está plenamente vigente el cuestionamiento que se hace en el sentido de aplicar el test de proporcionalidad más allá de que establezca la jurisprudencia convencional o constitucional ya ha sido trasuntada de forma concreta en el procedimiento penal la generación de un juicio de proporcionalidad y responde básicamente a factores de necesidad y utilidad, en el caso, estando vigente el presupuesto vigente el presupuesto relativo a la autoría; así como ese riesgo de orden procesal, es trascendente tratándose de un delito contra la libertad sexual no considera el suscrito que sea ponderable no resguardad la finalidad del proceso penal a los fines del Art. 221 en su finalidad teleológica, resguardar el proceso para aplicar la ley en consecuencia se advierte agravio por esta circunstancia.

En lo que se refiere a haber establecido un domicilio a favor del imputado, esta circunstancia de acuerdo a los flexos argumental de la imputación formal y la finalidad de su emisión para tratar riesgos de orden procesal donde es el escenario donde en el que se analiza o no los presupuestos procesales u otros que no haya advertido la existencia de un domicilio a favor del imputado circunstancia que no está explícitamente en debate en ese escenario, pese que a que si se encuentra acreditada esa circunstancia porque no se puede desconocer una parte que funda o fundamenta la imputación formal y demás actuados realizados y contrariamente decir que no, no se advierte esta circunstancia incida en la determinación tomada por el juez de la causa no es un elemento que se base o sustente concretamente esos presupuestos; en consecuencia teniendo expuesto esta circunstancia tampoco, se advierte incidencia respecto a la determinación última.

DECISORIO. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia inicialmente admite el presente recurso de apelación y en el fondo declara Improcedente el mismo.

Gonzalo Plaza Corico, solicito explicación, entiendo que en base del principio juria nobit curia, que es castellano significa que el juez conoce de la ley o precepto legal aplicable, se utiliza eso para manifestar que si bien existen omisiones por parte del Ministerio Público respecto a sus calificación no se puede apartar respecto a la existencia de un hecho, a partir de ello dice que hay requisito sustancial, cuando nosotros hemos manifestado y usted también lo ha reconocido, a partir de ello, en la imputación formal se han transcrito de manera corta extractos de las declaraciones de las víctimas, que no han establecido cuando como donde se ha suscitado los hechos que se subsume al tipo penal en este caso de abuso sexual, ese aspecto usted no ha explicado, tampoco hemos conocido en esta audiencia de apelación el tiempo lugar y forma, de este ilícito que nos ha causado perjuicio y de manera precisa le hemos dicho que ha vulnerado el Art. 302 núm. 4 del CPP; asimismo cuando estábamos fundamentando respecto a la vigencia de un riesgo procesal y del porque era necesario establecer la existencia de un domicilio, ello se debe que como defensa la juez al momento que ha dispuesto la Detención Preventiva dijo que si bien hemos establecido la existencia de un domicilio ese domicilio no hemos logrado demostrar la existencia de un domicilio con prueba fehaciente, asimismo hemos dicho que en la página 110, la jueza ha dicho que si bien se señala respecto a un domicilio pero o se acreditado ningún domicilio; por ello le pedimos porque llega a ese razonamiento porque el domicilio no es prescindible y no al razonamiento de ser el caso a futuro para tener una detención domiciliaria en domicilio que ha sido acreditado.

Ismael Mamani Bautista; también señor juez pido se complemente a partir de la ley 1443 de 04 de julio de 2022, que modifica el CPP, también entendiendo que ha mantenido incólume respecto a la detención preventiva la juez de manera incongruente ha señalado para los delitos de carácter sexual ya no existe la detención preventiva observando el requerimiento que ha realizado el Ministerio Público, quien solicita la detención por el plazo de cinco meses, aspecto ratificado por la Defensoría y la acusación particular, que se han adherido por el plazo de cinco meses de detención preventiva de cinco meses en la Carcelita de Tupiza, pero si revisamos la ley de como ha quedado el Art. 233bis en su par.II,el tema de plazo no corresponde para delitos de feminicidio, infanticidio y violación de niño, niña y adolescente, es decir que el delito que se le está persiguiendo a nuestro cliente es el delito de acoso sexual establecido en el Art. 312 quater, es decir que la juez no ha revisado la ley 1443 y ha dispuesto que la detención preventiva hasta que dure la etapa preparatoria; siendo que el Ministerio Público ha solicitado detención por cinco meses, la Defensoría ha ratificado por cinco meses y Acusación particular ha pedido cinco meses, que incongruentemente ahora nos dice que va estar detenido por el lapso de la etapa preparatoria que conocemos que es por lapso de seis meses; entonces entendemos que su autoridad es una situación que no puede quedar por alto entendemos que su autoridad aplique la ley 1443, entendiendo que este delito de acoso sexual no se encuentra dentro de lo que previsto estas modificaciones, en relación a que simplemente corresponde a los delitos de infanticidio, feminicidio y violación de niño, niña y adolescente, con ese punto señor muchas gracias

COMPLEMENTACIÓN VOCAL JULIO MIRANDA MARTÍNEZ: Al último este mecanismo de explicación complementación enmienda esta destina a absolver cuestiones obscuras, cuestiones incompletas de un auto que está siendo objeto de este mecanismo y corregir objetos materiales, en el debate central no se ha impugnado esta circunstancia el suscrito al momento de emitir esta resolución ha hecho un análisis ha citado los elementos centrales de la imputación formal y establecido que se ha señalado por el Fiscal cinco meses de detención preventiva, esta circunstancia es un erro de la juez de la causa no ha sido solicitado en el mecanismo idóneo como es el debate de la apelación incidental sino ulteriormente una vez generada la resolución que además tenía otro fundamento en su fundamentación que no estaba destinado a la detención preventiva entonces por este mecanismo procesal no es posible realizar la corrección complementación o explicación finalmente.

Respecto al domicilio, con los argumentos en el sentido que estuviera agraviado, no obstante que ella hubiera indeterminado ulteriormente y en su caso si existía esta determinación hubiera posiblemente establecido una detención domiciliaria esta situación basada en posibilidades ha sido debidamente explicitada cuando se ha advertido que esta concreción en la inexistencia o lo contrario de un domicilio no fundamenta la resolución ahora apelada en los motivos en que han sido cuestionados en lo sustancial en consecuencia no advierte el suscrito en qué sentido deba explicarse tal circunstancia.

Respeto a los argumentos de la ausencia de los fundamentos que hacen el Art. 302 núm. 4, el modo esta explicitado por varios atestaciones cuando esta trasuntado en la imputación formal a los meses de febrero por parte de los testigos esta trasuntado la fecha que va desde el 01 de febrero adelante, esta circunstancia se advierte que están presentes en la imputación formal, el lugar igualmente se genera en una unidad educativa de la ciudad de Tupiza, con lo expresado no habiendo nada más que tratar que concluida la presente audiencia”’ (sic).

“Que el delito de Abuso sexual más propiamente expresada, en sentido la norma refiere lo siguiente La persona que valiéndose de una posición jerárquica en este caso un profesor o maestro de estado, o poder hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio. En el caso concreto se ha establecido tocamiento impúdicos acciones que deben producirse en coqueteos halagos a sus alumnas estas dependientes con una interrelación basada en una jerarquía respecto a su educador, en consecuencia en ese margen, se entiende que se debe ver las demás formas comisivas o acciones, que estos actos no podrían ser consentidos de otra manera porque el escenario nos conlleva a advertir una relación de reverencia de las educandas al maestro de estado, que en otra circunstancia tratándose de otra persona con facultades poderes de direccionamiento de esas conductas no tuvieran difícilmente no se podría realizar o ser aceptadas por la educandas presuntas víctimas del presente caso; en consecuentemente más allá de los cuestionamiento de una ausencia de fundamentación, como se ha expresado en medidas cautelares no es absoluto el principio tantum apelatium y tantum devolution se basa en nuevos elementos; a esto conforme a los hechos que contiene los elementos que contiene la imputación formal está sustentado con los elementos de convicción se puede inferir lo siguiente de la entrevista de Nataly Mamani Aguilar se establece al margen de las insinuaciones y coqueteos que el sindicado profesor o maestro de estado, le jala de su mano le hace dar la vuelta, le agarra de su cintura, sube sus manos y le acaricia hasta llegar a su pechos esta, confesión tiene su correlato o correlación si se quiere en la atestación de Isabel Mariel Flores Arosamen quien reitera la conducta estableciendo que le jala de la mano, le hace dar la vuelta y empieza agarrar su cintura empieza a subir su mano y le agarra de los pechos por eso se asustó y genero ayuda.

Ahora bien en el proceso penal donde están involucradas personas donde están involucradas personas de un sector vulnerable adquiere en la Ley 348 principios para generar el juzgamiento que van a más allá de lo que concibe de un proceso ordinario sino que se trata de un proceso especial basado en criterio interpretativos que consagran la referida norma legal, uno de ellos es el informalismo así también se tiene el principio de la verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE en esa tónica se tiene un aforismo ese expresa que ‘dadme los hechos y os daré los derechos’ que tiene su correlato en el aforismo latino juria nobid curia en consecuencia si es que no tuviera integra cuestionada la adecuación conforme al 312 en virtud al principio de la debida diligencia, de la verdad material e interpretando desde un enfoque de género de un enfoque interseccional estamos hablado de menores de edad estudiantes, en consecuencia de un sector absolutamente vulnerable que goza de la protección reforzada, no admite límites para más allá de cualquier omisión o cuestionamiento relativo a una carencia de fundamentación u otra, advertir materialmente en base a los elementos cursantes de juicio, inclusive lo que ha consignado en la propia imputación, advertir con base en la debida diligencia que existe materia justiciable de orden penal; en consecuencia basados en esos enfoques y perspectivas artículo 60 del CPE y normas supraestatales que tiene la misma categoría de la norma constitucional nombrada, advirtiendo que a partir del ejercicio de las funciones pública y sus diferentes estancias y bases es un deber de actuar con la debida diligencia, en consecuencia el suscrito no advierte en base a los elementos que se han nombrado, primero se genere una indefensión sea en el orden material o en orden técnico, porque los hechos aún con las falencias de calificación expresan hechos con la connotación criminal que no pueden ser soslayados por los operadores de justicia y menos el Ministerio Público, que en el caso en concreto parece que no sabe lo que hace o pretende una especie de favorecimiento hacia imputado para generar cierto sentido un proceso favorable o impunidad al fin de la investigación; en consecuencia no se advierte agravio sobre la cuestionante relativo respecto al presupuesto material o probabilidad de autoría”. (…) ‘“…en consecuencia el suscrito no advierte en base a los elementos que se han nombrado; primero se genere una indefensión sea en el orden material o en orden técnico, porque los hechos aún con las falencias de calificación expresan hechos con la connotación criminal que no pueden ser soslayados por los operadores de justicia y menos el Ministerio Público, que en el caso en concreto parece que no sabe lo que hace o pretende una especie de favorecimiento hacia imputado para generar cierto sentido un proceso favorable o impunidad al fin de la investigación; en consecuencia no se advierte agravio sobre la cuestionante relativo respecto al presupuesto material o probabilidad de autoría...”’ (sic [fs. 119 a 127 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria, presunción de inocencia y a la libertad personal y a los principios iura novit curia, legalidad y de certeza; puesto que, en grado de apelación y mediante el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, el Vocal ahora accionado mantuvo la cesación de la detención preventiva que le benefició, basándose en una valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente, específicamente al desestimar el peritaje psicológico por no ajustarse a los puntos de pericia del Ministerio Público; y, al sustentar la persistencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234. 7 del CPP- de manera exclusiva o predominante en la gravedad del delito de acoso sexual, en contravención con la jurisprudencia constitucional que exige la concurrencia de elementos materiales y el análisis de la conducta y antecedentes penales del imputado para justificar dicho riesgo; más aun, cuando su persona presentó nueva prueba -Dictamen Psicológico y Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) sin antecedentes-buscando desvirtuar la referida peligrosidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) Análisis del caso concreto; y, 4) Otras consideraciones.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

La SCP 0186/2021-S1 de 22 de junio, establece que: «Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” . Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que: “…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión”. Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: “…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que: “En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva”.

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que: “Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”’ (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que: “En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”. Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que: “…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria”. Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado”».

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La SCP 0394/2021-S1 6 de septiembre, estable que: «El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales».

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria, presunción de inocencia y a la libertad personal y a los principios iura novit curia, legalidad y de certeza; puesto que, en grado de apelación y mediante el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, el Vocal ahora accionado mantuvo la cesación de la detención preventiva que le benefició, basándose en una valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente, específicamente al desestimar el peritaje psicológico por no ajustarse a los puntos de pericia del Ministerio Público; y, al sustentar la persistencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234. 7 del CPP- de manera exclusiva o predominante en la gravedad del delito de acoso sexual, en contravención con la jurisprudencia constitucional que exige la concurrencia de elementos materiales y el análisis de la conducta y antecedentes penales del imputado para justificar dicho riesgo; más aun, cuando su persona presentó nueva prueba -Dictamen Psicológico y Certificado de REJAP sin antecedentes- buscando desvirtuar la referida peligrosidad. Conforme a lo antes señalado, el Auto de Vista de 31 de julio de 2023 carecería de una adecuada fundamentación, motivación y congruencia al confirmar su detención preventiva por el delito de acoso sexual; por tanto, la pretensión de tutela radica en la indebida aplicación del principio iura novit curia por parte del Vocal hoy accionado, quien pretendió convalidar una imputación formal deficiente en su tipicidad bajo el argumento de la verdad material, omitiendo que, según la jurisprudencia, la recalificación jurídica está reservada para la etapa de sentencia y no para subsanar falencias del Ministerio Público en medidas cautelares; asimismo, se acusa la falta de pronunciamiento sobre riesgos procesales y la omisión de valoración probatoria respecto al domicilio acreditado, elementos que devienen en una decisión arbitraria que ignora los agravios expresados en la apelación incidental. Adicionalmente, en el memorial de la presente acción de libertad, el accionante de tutela denunció que el Vocal ahora accionado aplicó los principios constitucionales previstos en los arts. 180, sobre verdad material; y, 60 de la CPE, referido a la debida diligencia e interseccionalidad para la protección de menores de edad y víctimas de violencia, conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, para mantener la detención preventiva de un profesor imputado por abuso sexual -según el accionante, acoso sexual-previsto y sancionado por el art. 312 quater del CP, a pesar de las deficiencias formales en la imputación formal, específicamente en la falta de precisión del verbo rector y la tipicidad. También denunció que el Vocal hoy accionado -se reitera- se amparó en el aforismo iura novit curia -"el juez conoce el derecho"- para priorizar la gravedad de los hechos materiales probados (tocamientos impúdicos) en cuanto a las falencias de calificación, ratificando los riesgos procesales mediante el test de proporcionalidad. Sin embargo, el accionante cuestiona esta decisión alegando la vulneración al debido proceso y al principio de legalidad, argumentando que la aplicación del iura novit curia en etapa cautelar es errónea, citando al efecto el Auto Supremo 393/2018-RRC de 11 de junio, que vulneró el deber de fundamentación y motivación -art. 124 CPP-; y, que se omitió valorar elementos relevantes para la detención -como el domicilio acreditado- para una potencial detención domiciliaria. Sobre el particular, se debe tener presente que el Tribunal de alzada tiene la obligación inexcusable de fundamentar y motivar de forma clara, precisa y en derecho cualquier resolución que disponga, modifique, mantenga o revoque una medida cautelar personal, incluyendo la detención preventiva, tal como lo exige el art. 124 del CPP. De acuerdo a los arts. 233, 234, 235 y 236 del citado Código, dicho Tribunal no solo debe contrastar la solicitud del Ministerio Público con los elementos de prueba, sino que también debe justificar la concurrencia de los dos requisitos materiales para la detención -la probabilidad de autoría y los riesgos procesales-, expresando los motivos de hecho y de derecho y el valor otorgado a la prueba, sin que esta fundamentación pueda ser sustituida por la simple relación de documentos. Este requisito de motivación es un principio fundamental del Estado de Derecho que se aplica a toda decisión judicial, asegurando que la restricción de derechos, como la libertad personal, cumpla con las condiciones de validez legal conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. Adicionalmente, la jurisdicción constitucional, al revisar estas determinaciones, no puede revalorar la prueba, sino que se limita a verificar que la autoridad judicial no se haya apartado de los marcos de razonabilidad y equidad en su valoración, evitando la omisión arbitraria de prueba o el uso de prueba inexistente, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. A partir de estos antecedentes, corresponde resolver la problemática identificada conforme a lo denunciado por el accionante, de acuerdo a los siguientes puntos: En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista de 31 de julio de 2023, emitido por el Vocal ahora accionado

En el presente caso, el análisis debe iniciar estableciendo que el accionante ni el Tribunal de garantías, adjuntaron el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, emitido por el Vocal hoy accionado -acto procesal y jurídico que ahora denuncia como vulnerado-; empero, aplicando el informalismo que es natural para la acción de libertad, es posible examinar una cita literal de los puntos observados y que el nombrado considera vulnerados, contenidos en el propio memorial de la presente acción de defensa. Sobre el particular, corresponde establecer que el Vocal ahora accionado analizó y declaró improcedente el recurso de apelación incidental en un caso de abuso sexual -o acoso sexual, según el accionante- perpetrado por un profesor contra sus alumnas menores de edad; y, por tanto, un sector vulnerable. La referida decisión de apelación, aplicó principios constitucionales y de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, como el de la verdad material previsto en el art. 180 de la CPE y el enfoque de debida diligencia e interseccionalidad contenidos en el art. 60 de la Norma Suprema, para justificar que, pese a supuestas omisiones formales en la calificación fiscal -alegando el aforismo iura novit curia (el juez conoce el derecho)-, la gravedad y la connotación criminal de los hechos materiales probados (como tocamientos impúdicos descritos en las declaraciones) exigen la acción penal y la protección reforzada de las víctimas; asimismo, ratificó la vigencia de los riesgos procesales, especialmente al tratarse de un delito contra la libertad sexual, aplicando el test de proporcionalidad para mantener la detención preventiva; finalmente, rechazó los pedidos de complementación de la defensa relacionados con la falta de acreditación fehaciente del domicilio del accionante, por no ser un elemento determinante en la resolución apelada y la supuesta incongruencia del plazo de la detención preventiva dispuesta por el juez inferior, argumentando que este mecanismo de explicación y enmienda no es la vía idónea para corregir errores de la Juez A quo o debatir aspectos no impugnados centralmente (Conclusión II.1.). Conforme a lo antes señalado, resulta pertinente establecer que la validez constitucional de una resolución no reside en su extensión o en una retórica ampulosa ni exquisita, sino en la suficiencia de su fundamentación y motivación, la cual debe ser estrictamente concisa y precisa. En el caso analizado, el Vocal hoy accionado cumplió con este estándar al estructurar una decisión que, lejos de perderse en formalismos innecesarios, se centró en la aplicación de principios de jerarquía superior como la verdad material (art. 180 de la CPE) y el enfoque de debida diligencia e interseccionalidad (art. 60 de la citada Norma Suprema). Al identificar que los hechos materiales -tocamientos a menores- revisten una gravedad que exige la protección reforzada de un sector vulnerable, la autoridad jurisdiccional proporcionó la razón jurídica esencial que justifica la restricción de libertad, haciendo que cualquier omisión formal en la tipificación resulte secundaria frente a la claridad del riesgo procesal y la necesidad de tutela judicial efectiva. Por consiguiente, la exigencia del art. 124 del CPP se considera satisfecha cuando el juzgador expone una unidad lógica que permite a las partes comprender el sustento de la decisión, tal como ocurrió al ratificar la detención preventiva mediante el test de proporcionalidad y el rechazo de aspectos accesorios en vía de complementación. Al no ser el mecanismo de enmienda la vía idónea para debatir cuestiones de fondo no impugnadas centralmente, la resolución impugnada mantuvo una coherencia argumentativa técnica que prioriza la sustancia sobre la forma. Así, la brevedad del fallo, lejos de constituir una vulneración, refleja una motivación útil y directa que responde a los agravios bajo un estándar de concisión constitucional, validando la actuación del Vocal ahora accionado al ponderar la seguridad de las víctimas frente a las falencias de calificación fiscal. Respecto a que el Vocal hoy accionado revocó la cesación de la detención preventiva que le benefició, con valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente El accionante impugna la decisión del Vocal ahora accionado de mantener su detención preventiva, denunciando una valoración probatoria arbitraria y deficiente que desestimó injustificadamente un peritaje psicológico y omitió valorar el certificado de REJAP negativo; asimismo, cuestiona que el nombrado fundamentó la persistencia del riesgo de peligro para la sociedad -art. 234.7 del CPP- basándose predominantemente en la gravedad del delito de acoso sexual, inobservando la jurisprudencia constitucional que exige un análisis integral de la conducta y antecedentes del imputado para justificar materialmente dicha peligrosidad. Sobre el particular; y, en observancia de la doctrina de las autorrestricciones, la justicia constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de la valoración probatoria efectuada por el Vocal hoy accionado; toda vez que, el accionante no cumplió con los presupuestos de procedencia exigidos por la jurisprudencia, tales como la SCP 1215/2012 -citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional-. Según esta línea, la valoración de la prueba es una facultad privativa y exclusiva de la jurisdicción ordinaria (SSCC 0129/2004-R y 0873/2004-R); y, el control tutelar solo se activa de manera excepcional cuando el accionante demuestra fehacientemente que el Vocal ahora accionado se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad, omitió pruebas de forma arbitraria o fundó su decisión en hechos inexistentes. En el presente caso, el accionante pretende que este Tribunal usurpe funciones que no le están conferidas, intentando convertir a la acción de defensa en una instancia de casación o en una tercera instancia de revisión ordinaria, sin haber precisado el nexo causal entre la supuesta valoración defectuosa y la vulneración efectiva de sus derechos fundamentales. Por consiguiente, al no haberse acreditado que la labor valorativa del Vocal hoy accionado hubiese distorsionado la verdad material o carecido de una unidad lógica, corresponde aplicar el principio de deferencia hacia el Juez natural. Se debe tener presente que, la competencia de este Tribunal, conforme a la SC 0965/2006-R -expuesta en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-, se limita a verificar la existencia de arbitrariedad manifiesta; empero, en ningún caso puede sustituir el criterio del juzgador ni revalorar los elementos de convicción aportados. Debido a que el accionante omitió fundamentar técnica y constitucionalmente cómo la valoración de los riesgos procesales o de las atestaciones de las víctimas se apartó de la equidad previsible, es posible concluir la falta de mérito del planteamiento formulado por el accionante. En consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos mínimos para la revisión de la prueba, esta jurisdicción debe autolimitase y denegar la tutela, preservando la independencia judicial y la eficacia de las resoluciones de la jurisdicción ordinaria.

Finalmente, se debe establecer expresamente que el juez penal, actuando bajo los principios pro victimae y pro homine, en lo sucesivo del proceso penal de referencia, tiene el ineludible imperativo constitucional y ético de priorizar la tutela judicial efectiva de la integridad personal de las víctimas; al confirmar la gravedad de los hechos y los riesgos procesales, la decisión judicial debe alinearse con el bloque de constitucionalidad y las obligaciones internacionales del Estado boliviano, como la Convención Belem do Pará, cumpliendo con la debida diligencia para proteger a las víctimas vulnerables y evitar la responsabilidad internacional por inacción, entendiendo que la justicia es el aseguramiento eficaz de los derechos fundamentales y no solo un proceso ritualista.

III.4. Otras consideraciones

Con relación al incumplimiento de la obligación del Vocal ahora accionado de presentar informe, ya sea verbal o escrito, pese a su legal notificación con la presente acción de defensa cursante a fs. 136, este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su reiterada jurisprudencia, estableció que, si bien es posible aplicar la presunción de veracidad de los hechos denunciados por el accionante, ante el incumplimiento de esta obligación por parte del Vocal hoy accionado, esta regla se aplica siempre y cuando no se afecten derechos de terceros interesados o el interés público (SCP 0462/2023-S3 de 12 de junio, entre otras), lo cual ocurre en el presente caso en el que definitivamente se afectan los derechos de las presuntas víctimas de la agresión sexual, quienes además no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas en la sustanciación de la acción de libertad. Ahora bien, la SCP 0793/2025-S3 de 24 de julio, va incluso mucho más allá, al analizar el alcance de la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante en los casos relacionados con medidas cautelares, en los siguientes términos:

“…cuando la parte accionante solicita realizar la contrastación de una resolución en el marco del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar en medidas cautelares, denunciando su falta de motivación, fundamentación, su incongruencia omisiva, ausencia de valoración de la prueba o pida el análisis de la legalidad ordinaria, se debe tomar en cuenta, que si bien la autoridad que lo emite se constituye en la parte demanda dentro del proceso constitucional por la presunta lesión de los derechos del impetrante de tutela; empero se trata de una determinación que se pronuncia dentro un proceso pena, donde no solo se debaten los derechos e intereses del accionante, sino también de terceros que incluso pueden encontrarse en escenarios de mayor vulnerabilidad, como los casos vinculados con violencia donde las víctimas son niñas, niños y/o adolescentes, circunstancia que exige un análisis particular por los bienes jurídicos involucrados y la adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y su situación de vulnerabilidad a la violencia. En dichos casos, de ninguna manera puede aplicarse la presunción de veracidad de los hechos alegados por el solicitante de tutela, ante la falta de informe o inasistencia de la autoridad demandada en una acción de libertad…” (sic). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 29 de agosto, cursante de fs. 142 vta. a 146, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Llamar la atención a José Juan Téllez Durán, Eldy Carmen Duarte Rocabado y Orlando Cender Araníbar Delgado, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por no enviar en grado de revisión el Auto de Vista de 31 de julio de 2023, cuestionado por el accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1645_2025-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 75ed5447b169d5393a084919b854e23057d0b78276b2e7d9c899a69058270fd8

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