B.IA.LEGAL

SCP 1644/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53669-2023-108-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva; y, al trabajo y justa remuneración; puesto que, los entonces Consejeros hoy accionados, a través de la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, confirmaron la Sentencia Disciplinaria 25/2022 de 17 de junio, por la cual se la sancionó con la suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes -aún pendiente de cumplimiento-. Dicha determinación no resolvió cada uno de los puntos de agravio vertidos en apelación con la debida fundamentación y motivación, recayendo además en incongruencia omisiva al declarar como inatendibles o inviables los motivos de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-0011/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 231 a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2 Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1644/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53669-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-0011/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 231 a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nancy Liseth Fuentes Aguirre contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, ex Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante mediante memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 117 a 129, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso disciplinario seguido contra su persona por la presunta comisión de falta disciplinaria grave tipificada y sancionada por el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, signado con el Número de Registro Único (NUREJ) 30320774, el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, emitió la Sentencia Disciplinaria 25/2022 de 17 de junio, que declaró probada la denuncia planteada imponiéndole la sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes. Formulado el recurso de apelación el 28 de junio de 2022, los entonces Consejeros ahora accionados emitieron la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, confirmando la Sentencia Disciplinaria 25/2022.

La Resolución TSI 264/2022 se constituye en un acto ilegal y arbitrario que desestimó todos los puntos de agravio denunciados sin argumento ni análisis reflexivo, demostrando que los entonces Consejeros hoy accionados incurrieron en una notoria motivación insuficiente e incongruencia omisiva; toda vez que: a) En el “apartado IV.2”, pretendieron resolver los aspectos relativos a la denuncia de defecto por insuficiente fundamentación probatoria -descriptiva e intelectiva-, así como valoración defectuosa de la prueba; y, el defecto absoluto por vulneración a derechos y garantías constitucionales e infracción al principio de legalidad; sin embargo, no consideraron que como Tribunal de alzada debieron circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados de la Resolución TSI 264/2022, además de resolver cada uno de los puntos de agravio con la debida motivación y con argumentos jurídicos sólidos e individualizados y con criterios jurídicos de respaldo a cada caso concreto; y, b) La incongruencia omisiva en la que incurrieron los entonces Consejeros ahora accionados, no fue un acto involuntario o un mero error de apreciación, sino una constante y única forma posible en la que pudieron desestimar o declarar como inatendibles o inviables los motivos de apelación, tal es así que: 1) Respecto a la congruencia, no consideraron que el hecho determinado tiene características de inmutabilidad e invariabilidad; por lo que, se tenía el impedimento de modificar los hechos sobre los cuales se inició el proceso judicial. En el caso, el límite de verificación fue únicamente la presunta actitud negligente de su persona desde el Auto de 29 de junio de 2020, y hasta antes del Informe UTS/NLFA 371/21 de 7 de julio de 2021, y no así cuatro meses posteriores a la fecha de dicho Informe; 2) Sobre la insuficiente fundamentación probatoria, no se precisaron cuáles fueron los aspectos medulares descritos por el Juez de primera instancia sobre cada uno de los medios probatorios introducidos en el proceso disciplinario, ni la valoración asignada a ellos; más al contrario, se avaló el criterio de que el Juez de la causa no debe analizar todas las pruebas, sino solo algunas; 3) Con relación a la errónea aplicación de la norma los entonces Consejeros hoy accionados repitieron los argumentos alegados por el Juez de primera instancia, concluyendo que la inexistencia de un manual de funciones de las Trabajadoras Sociales en los Juzgados de Ejecución Penal, no es excusa para el desacato de una orden judicial emanada de la autoridad competente; y, por consiguiente, subsumieron la supuesta inconducta a la falta disciplinaria del art. 187.14 de la LOJ en contraposición a los principios de separación de funciones, reserva de la ley, jerarquía normativa, supremacía constitucional y el principio de legalidad; y, 4) Finalmente, en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba, los entonces Consejeros ahora accionados no consideraron que existió una interpretación arbitraria del Informe UTS/NLFA 371/21; ya que se asumió, sin sustento, que la emisión de este implicaba el conocimiento del Auto de 29 de junio de 2020, a pesar de que, afirmó que no fue legalmente notificado, obviando además que dicho Informe fue elaborado de oficio y por iniciativa propia, en el marco de sus funciones y no en cumplimiento de una orden judicial ni por notificación previa. El 1 de noviembre de 2022 solicitó aclaración, complementación y enmienda la cual se declaró “NO HA LUGAR”. Posteriormente, a través del decreto de 13 de enero de “2023” -2022- se declaró la firmeza de la Sentencia Disciplinaria 25/2022, quedando pendiente la notificación del memorando de suspensión de funciones.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva; y, al trabajo y justa remuneración; citando al efecto los arts. 24, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, pronunciada por los entonces Consejeros hoy accionados; ii) Emitir una nueva resolución jerárquica que respete sus derechos y garantías constitucionales; y, iii) Que en caso de cumplirse la sanción impuesta, se proceda a la reincorporación a su fuente laboral en el día o se disponga el pago de salarios devengados que injustamente se le privaron.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 229 a 230 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en la audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) Señaló como defectos en la sentencia sancionadora -Sentencia Disciplinaria 25/2022- la falta de fundamentación respecto de los elementos probatorios, la valoración defectuosa de la prueba, así como la errónea aplicación de la ley sustantiva; b) Se encuentra en incertidumbre jurídica; toda vez que, se instruyó a la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) del Consejo de la Magistratura el cumplimiento de la Sentencia Disciplinaria 25/2022; y, c) Trabaja -a la fecha del planteamiento de esta acción de defensa- en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, como parte del equipo multidisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del mismo departamento, funciones que venía realizando cuando se aperturó el proceso disciplinario.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 8 de febrero de 2023, cursante de fs. 168 a 172 vta., y en audiencia, manifestaron que; 1) En la Resolución TSI 264/2022, se pronunciaron sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos como agravios; 2) La accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis sobre la supuesta falta de valoración objetiva de la prueba; no obstante, se valoró de manera suficiente cada uno de elementos de prueba que constan en el proceso disciplinario, con base en la sana crítica y con la justificación respectiva; además, de la normativa ordinaria y disciplinaria aplicables al caso concreto; 3) La denuncia fue por demora injustificada de tres meses en la tramitación de un proceso penal, sobre el delito de violación a niña, niño o adolescente, en el cual no verificó el domicilio ni el control de firmas del condenado beneficiado con libertad condicional, tampoco informó sobre la situación laboral del nombrado ni que hubiese cometido un nuevo delito sin que el hecho de considerar alejado el lugar del domicilio o que fue función de la Policía Boliviana, desvirtuar la situación de falta de control del cumplimiento de las condiciones establecidas para otorgar el beneficio de la libertad condicional; 4) La accionante indicó que se vulneró el principio de legalidad, así como la falta de subsunción de la conducta e incorrecta aplicación del art. 187.14 de la LOJ, sin la suficiente carga argumentativa que relacione de vinculación entre el derecho alegado, con la actividad interpretativa de las autoridades de instancia y la supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia, legalidad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; y, 5) Con relación al Auto de 9 de noviembre de 2022, que resolvió la solicitud de aclaración, complementación y enmienda planteada por la accionante, dicha petición, pretendió la revisión o modificación de la decisión de fondo asumida en la referida Resolución TSI 264/2022, vinculada a la valoración de la prueba, lo cual es contrario al art. 115.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado mediante Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, por el Consejo de la Magistratura.

I.2.2. Intervención de las terceras interesadas

Sandra Margarita Parra Flores y Jenny Sedenka Veizaga Torrico, funcionarias de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, a través del informe presentado el 8 de febrero de 2023, cursante de fs. 176 a 177, manifestaron que: i) Cumplen funciones con posterioridad a la denuncia planteada por los profesionales que las anteceden -Silvia Loza Grajeda y Benito Rojas Almendras-; y, ii) En cumplimiento a sus funciones y atribuciones observaron que los anteriores funcionarios mencionados enmarcaron sus actos al Reglamento de Control y Fiscalización aprobado por Acuerdo 022/2018 de 14 de marzo; y, a la Ley de Organización Judicial -abrogada-; por lo que, ratificaron la posición asumida por los entonces funcionarios de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la aclaración que se convocó a la Vocal de su similar Primera-, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-0011/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 231 a 236 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La accionante expuso como agravios los mismos que fueron planteados en su recurso de apelación, referidos a defectos absolutos de la Sentencia Disciplinaria 25/2022, tales como la infracción al principio de legalidad, incongruencia, insuficiente fundamentación, errónea aplicación de la ley sustantiva y defectuosa valoración probatoria; b) La Resolución TSI 264/2022, contiene una estructura formal y material adecuada, identificando antecedentes, normativa aplicable, admisibilidad del recurso, agravios expuestos y fundamentos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales vinculados al debido proceso, motivación, fundamentación y congruencia; c) El Tribunal de alzada -entonces Consejeros ahora accionados- realizaron un análisis individualizado de los agravios, resolviéndolos de manera expresa en los distintos acápites de la Resolución TSI 264/2022, no evidenciándose falta de fundamentación, motivación ni congruencia; toda vez que, dicha Resolución desarrolló razones claras y precisas que justifican la confirmación de la decisión de primera instancia; d) La accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida en la vía constitucional, al no demostrar la existencia de una vulneración material de derechos fundamentales ni la relevancia constitucional del caso, limitándose a cuestionar aspectos de la legalidad ordinaria; y, e) La acción de amparo constitucional no constituye una instancia adicional para revisar la legalidad ordinaria ni para disponer nulidades, sino que requiere la acreditación de un perjuicio cierto e irreparable derivado de la vulneración de derechos fundamentales, extremo que no fue demostrado en el caso concreto. 1.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por decreto constitucional de 27 de abril de 2026, cursante a fs. 258, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del mismo año, cursante a fs. 262; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1 Consta Sentencia Disciplinaria 25/2022 de 17 de junio, emitida por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura que declaró probada la denuncia presentada contra Nancy Liseth Fuentes Aguirre -hoy accionante- por la comisión de la falta disciplinaria grave establecida por el art. 187.14 de la LOJ sancionándola con la suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes (fs. 68 a 72 vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 28 de junio de 2022, ante el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura; por el cual, la accionante formuló recurso de apelación contra la Sentencia Disciplinaria 25/2022 (fs. 73 a 83 vta.). II.3. Por Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura -ahora accionados- confirmaron totalmente la Sentencia Disciplinaria 25/2022 que declaró probada la denuncia contra la accionante y la sancionó con la suspensión de un mes del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes (fs. 84 a 93).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva; y, al trabajo y justa remuneración; puesto que, los entonces Consejeros hoy accionados, a través de la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, confirmaron la Sentencia Disciplinaria 25/2022 de 17 de junio, por la cual se la sancionó con la suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes -aún pendiente de cumplimiento-. Dicha determinación no resolvió cada uno de los puntos de agravio vertidos en apelación con la debida fundamentación y motivación, recayendo además en incongruencia omisiva al declarar como inatendibles o inviables los motivos de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0384/2026-S1 de 19 de marzo, citando a su vez a la SCP 0273/2021-S1 de 21 de abril, establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero -en casos de resoluciones judiciales o administrativas de última instancia, que conoce la justicia constitucional, dado el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional-; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas nos corresponden).

III.2 Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva; y, al trabajo y justa remuneración; puesto que, los entonces Consejeros ahora accionados, a través de la Resolución TSI 264/2022 de 1 de agosto, confirmaron la Sentencia Disciplinaria 25/2022 de 17 de junio, por la cual se la sancionó con la suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes -aún pendiente de cumplimiento-. Dicha determinación no resolvió cada uno de los puntos de agravio vertidos en apelación con la debida fundamentación y motivación, recayendo además en incongruencia omisiva al declarar como inatendibles o inviables los motivos de apelación.

De los antecedentes que motivaron la presente acción tutelar se tiene que en el proceso disciplinario seguido contra la accionante se emitió la Sentencia Disciplinaria 25/2022, a través de la cual se declaró probada la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria grave establecida por el art. 187.14 de la LOJ, sancionándola con la suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes (Conclusión II.1.), ante tal determinación la nombrada presentó recurso de apelación (Conclusión II.2.). los entonces Consejeros hoy accionados resolvieron dicho recurso emitiendo la Resolución TSI 264/2022 por la cual confirmaron totalmente la referida Sentencia Disciplinaria (Conclusión II.3.).

Bajo ese contexto y antes de ingresar al análisis del problema jurídico planteado, con base en la delimitación del objeto procesal, amerita precisar que, conforme a la configuración procesal de la acción de amparo constitucional -subsidiaria-, la revisión de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones se efectúa a partir de la última resolución pronunciada en el presente caso la Resolución TSI 264/2022. Ahora bien, en cuanto al contenido esencial del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, conforme al entendimiento asumido por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, toda resolución, sea judicial o administrativa, debe contener las razones fácticas y probatorias; describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; valorar de manera concreta y explícita cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, así como, el deber de determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. Dichos aspectos son primordiales y de fundamental importancia a ser cumplidos; ya que, procuran y otorgan a las partes procesales el convencimiento de que el fallo, no solamente se encuentra dotado de normas sustantivas y procesales; sino también, que está basado en principios orientadores para el juzgador, implicando que su actuar se encuentre desprovisto de un interés subjetivo, demostrando imparcialidad al momento de tomar una determinada decisión; por su parte, respecto a la motivación de las resoluciones que igualmente resulta un elemento del debido proceso, ello exige que toda decisión, tiene que encontrarse debidamente razonada identificando los motivos por los cuales la autoridad judicial llega a una determinada decisión; elementos necesarios que deben ser cumplidos para otorgar a la decisión asumida la razonabilidad necesaria y que demuestre que lo determinado se basó en una correcta valoración de la prueba; de la misma manera, se entiende que existe una motivación insuficiente cuando no se explican los motivos por los cuales no se ingresará a efectuar el análisis sobre los temas que fueron reclamados por las partes procesales. Respecto a la congruencia, esta se entiende como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; y, que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva. Así, a efectos de determinar si los entonces Consejeros ahora accionados en su Resolución TSI 264/2022 vulneraron los derechos de la accionante, se realizará un contraste entre los agravios objeto de apelación que fueron señalados por la nombrada y lo resuelto por los referidos Consejeros. En ese sentido, los siguientes agravios objeto de apelación expuestos por la accionante son: Primer agravio: Indicó que se inobservaron las reglas de congruencia al incorporar circunstancias que no fueron objeto de denuncia; ya que, si bien en el análisis legal de la denuncia se hizo referencia al Informe UTS/NLFA 371/21, sobre el incumplimiento de las obligaciones por el beneficiado -de libertad condicional del proceso penal-; no obstante, también se afirmó que su persona demoró en poner en conocimiento al Juez de la causa sobre el cese o falta de firmas del beneficiado, que según la denuncia fue de tres meses antes de emitir el citado Informe; es decir, se le atribuyó la comisión de una falta desde la emisión del Auto de 29 de junio de 2020 -de beneficio de libertad condicional- hasta la fecha del Informe UTS/NLFA 371/21. Sin embargo, causándole mayor agravio, se incorporaron nuevos hechos posteriores desde el 7 de julio hasta el 17 de noviembre de 2021, cuando el beneficiado de libertad condicional solicitó su revocatoria; alegándose que por más de cuatro meses su persona dejó de cumplir con la labor encomendada mediante orden judicial. Segundo agravio: Manifestó la falta de fundamentación probatoria; toda vez que, el Juez de primera instancia no respetó el principio de congruencia entre el hecho denunciado y lo establecido como hecho probado en su fundamentación fáctica, como tampoco describió cuál fue o habría sido el aspecto medular del contenido de dichos medios probatorios, alegando a la prueba testifical de descargo de Roxana Ramos Pastor y Sandra Isabel Félix Erquicia como irrelevantes, sin describirlas ni mencionarlas. Asimismo, el Juez de la causa señaló que no se encontraba obligado a relacionar o revisar todas y cada una de las pruebas que acompañan las partes, sino las que fueron conducentes e importantes que le sirven de sustento. Desconociendo además los principios de imparcialidad y objetividad, situación que ratifica la insuficiente fundamentación probatoria intelectiva y valoración probatoria. Tercer agravio: Alegó la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, debido a que el Juez de primera instancia subsumió su conducta sin la existencia previa de una normativa legal vigente, que establezca funciones o atribuciones del servidor judicial, siendo que dicho Juez interpretó el término “indebidamente” en desconocimiento del principio de legalidad y tipicidad; por lo que, la falta de un marco legal preestablecido torna inaplicables los alcances del art. 187.14 de la LOJ. Cuarto agravio.- Denunció la valoración defectuosa de la prueba del Juez de la causa; puesto que, no estimó de manera objetiva que mediante el Auto de 29 de junio de 2020, se dispuso notificar al Servicio Social para que -la accionante- realice el respectivo seguimiento e informe oportunamente; no obstante, la diligencia no fue practicada ni puesta en su conocimiento real y el hecho de presentar el Informe UTS/NLFA 371/21, no significa una aceptación tácita de la notificación o el conocimiento pleno del citado Auto; toda vez que, el referido Informe fue de oficio al advertir que el beneficiado con libertad condicional incumplió las condiciones. Añadió además que, al mutar los hechos motivos de denuncia, se le vulneró su derecho a la defensa y a recibir una resolución fundamentada y motivada en apego al debido proceso. Ahora bien, la Resolución TSI 264/2022 objeto de la acción de amparo constitucional señaló: Sobre el primer agravio respecto a la incongruencia al incorporar nuevos hechos adicionales no denunciados Se advierte que la denuncia disciplinaria contra la accionante se originó; ya que, no cumplió con el seguimiento de las condiciones impuestas en la libertad condicional de un procesado, omitiendo verificar domicilio, controlar firmas periódicas y reportar al Juez de la causa penal aspectos como la comisión de un nuevo delito y la situación laboral del procesado, lo que motivó la apertura de dicho proceso disciplinario.

En ese sentido, el Juez de primera instancia procedió a la subsunción de la falta disciplinaria grave atribuida a la accionante, en cumplimiento al art. 187.14 de la LOJ aplicado normalmente al personal de apoyo jurisdiccional y multidisciplinario. Respecto al término “indebidamente”, la falta disciplinaria existe siempre y cuando no pudiese ser justificada la demora o la obligación de servicio, ante un mandato normativo que establece obligaciones en las cuales debe regir su actuar. Por consiguiente, existe el Auto de 29 de junio de 2020, que dispuso que la accionante realice el seguimiento respectivo al beneficiado de libertad condicional; y, que si bien estaba sujeto a notificación, que no fue practicada -situación también alegada por la nombrada-, no fue menos cierto que por Informe UTS/NLFA 371/21, indicó que realizó el seguimiento y control del cumplimiento de condiciones al beneficiado con libertad condicional, desvirtuando con ello que no tenía conocimiento del referido Auto. Asimismo, corroboró que el condenado informó que cometió un nuevo delito y solicitó la revocatoria de su libertad condicional, evidenciando que durante aproximadamente cuatro meses no se realizó el seguimiento ordenado; situación que no desvirtuó la accionante; por lo que, la Resolución de primera instancia -25/2022- fue debidamente fundamentada. Respecto a la inexistencia de un manual de funciones específico, concluyó que no constituye impedimento para cumplir con la determinación del Juez de la causa, al constituir una orden judicial emanada por autoridad competente; por ello, la conducta se subsumió a las circunstancias previstas en la falta disciplinaria al existir una omisión indebida de la prestación de un servicio obligatorio. Concluyendo finalmente que la Sentencia Disciplinaria 25/2022, fue congruente con la denuncia, al no incorporar hechos ajenos ni vulnerar el derecho a la defensa, con la debida correspondencia entre los hechos, su valoración y la decisión -congruencia interna y externa-, así como motivación; y, sin apartarse de la normativa aplicable. Sobre el segundo y cuarto agravio, respecto a la insuficiente fundamentación Se debe tener en cuenta que en la fundamentación descriptiva el Juez Disciplinario debe hacer constar la fundamentación intelectiva que exige al Tribunal Disciplinario, valorar los medios probatorios ya descritos para extraer de ellos los elementos que le servirán para determinar los hechos sobre los cuales emitirá juicio; así como la fundamentación jurídica; es decir, el análisis jurídico sobre el cual decidirá si la conducta se subsume o no a las faltas disciplinarias, advirtiendo la normativa a ser aplicada y las razones de su aplicación. En ese sentido, el Juez de primera instancia desarrolló la fase descriptiva de los elementos probatorios, posteriormente, otorgó valor probatorio correspondiente, aclarando que dicha labor fue efectuada conforme a la sana crítica solo en relación al hecho denunciado y a la calificación provisional realizada. Así, en referencia a la prueba de descargo consistente en las declaraciones testificales de Roxana Ramos Pastor y Sandra Isabel Félix Erquicia, señaló que estas fueron ajenas al objeto de investigación sobre la conducta denunciada; por lo que, si bien el Juez de la causa las calificó como irrelevantes, el nombrado realizó una correcta apreciación de la prueba y fundamentación intelectiva sobre los elementos probatorios conducentes y pertinentes, para el esclarecimiento de los hechos. Respecto al Informe UTS/NLFA 371/21, de la accionante, indicó que este no desvirtuó la comisión de la falta disciplinaria e independientemente que lo hubiese elaborado de oficio, tuvo conocimiento de las diligencias previas a la emisión del Auto de 29 de junio de 2020; por lo que, aducir desconocimiento no le excusa del incumplimiento a una orden judicial. De esa manera, los entonces Consejeros ahora accionados concluyeron que la prueba presentada por la accionante no enervó el contenido del análisis realizado por el Juez de primera instancia ni desvirtuó los hechos, más al contrario se alegó de manera confusa, la defectuosa valoración de la prueba, sin señalar de forma clara cuál de las reglas de la sana crítica fue vulnerada, ni qué razonamientos fueron contrarios a la lógica. Por lo que, no se desvirtuó la falta de fundamentación en la valoración de la prueba, ni se precisó qué reglas de la sana crítica fueron vulneradas o cuáles razonamientos resultarían contrarios a la lógica, la experiencia o la psicología. Ello, considerando que la infracción a las reglas de la sana crítica obliga al impugnante a identificar de manera concreta cuáles son las normas del correcto entendimiento humano que fueron inaplicadas o aplicadas erróneamente, debiendo además señalar las partes específicas de la resolución de primera instancia en las que conste el agravio; extremos que no fueron cumplidos. Sobre el tercer agravio relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva Al respecto, indicó que el Juez de primera instancia realizó una adecuada valoración de los hechos denunciados, del informe de la accionante y de la prueba aportada, emitiendo una resolución debidamente fundamentada, sin incurrir en errónea aplicación de la ley; ya que, si bien no existía un manual de funciones específico, no se puede pasar por alto que existió una orden judicial -Auto de 29 de junio de 2020- que instruyó a la nombrada a realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el auto de concesión de beneficio de libertad condicional. Asimismo, no se evidenció vulneración a la Constitución Política del Estado ni a los principios de legalidad y tipicidad; ya que, la falta disciplinaria estaba claramente prevista y la accionante no logró desvirtuar los elementos de convicción en su contra. Bajo los entendimientos desarrollados precedentemente y a partir del contraste entre los agravios denunciados por la accionante y la Resolución TSI 264/2022, se advierte que: i) Sobre la vulneración al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia a) Con relación a la fundamentación y motivación de la Resolución TSI 264/2022 Esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que los entonces Consejeros hoy accionados establecieron que la obligación de la accionante derivaba de una orden judicial expresa -Auto de 29 de junio de 2020-, que le imponía el seguimiento y control de las condiciones de la libertad condicional; en consecuencia, su incumplimiento fue correctamente subsumido en la falta disciplinaria prevista por el art. 187.14 de la LOJ, sin que pudiera excusarse en la inexistencia de un manual específico. Tal análisis, refleja que se expusieron los fundamentos y motivos que sustentan su decisión en apego a la normativa aplicable al caso, cumpliendo sobre este punto con las exigencias de fundamentación y motivación que rigen el debido proceso. Asimismo, se toma en cuenta que los entonces Consejeros ahora accionados establecieron que el Juez de la causa desarrolló la descripción de los medios de prueba, así como su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, precisando que dicha valoración se centró en los elementos pertinentes al objeto de la investigación, haciendo alusión a que en relación a la prueba testifical de descargo, esta fue considerada; empero, calificada como irrelevante al no guardar relación directa con los hechos investigados. Dicho análisis evidencia que los entonces Consejeros hoy accionados expusieron las razones que sustentaron su decisión, identificando los elementos probatorios relevantes y justificando el valor otorgado a los mismos, cumpliendo con el deber de motivación exigido por el debido proceso. En ese marco, las observaciones planteadas por la accionante evidencian su disconformidad con la valoración probatoria realizada; sin embargo, no demuestran la existencia de una fundamentación y motivación inexistente, arbitraria o irrazonable. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este punto. b) Respecto a la congruencia de la Resolución jerárquica Se advierte que la Resolución TSI 264/2022, responde a cada uno de los agravios planteados por la accionante, asimismo los entonces Consejeros ahora accionados al establecer que el Informe UTS/NLFA 371/21, no desvirtuó el alegado desconocimiento de la accionante del Auto de 29 de junio de 2020; y, que fue el beneficiado de la libertad condicional quien al informar sobre la comisión de un nuevo delito evidenció que durante aproximadamente cuatro meses no se realizó el seguimiento alguno, refiriendo que los hechos se subsumieron en la falta disciplinaria al existir una omisión indebida de la prestación de un servicio obligatorio. Efectuaron una respuesta al agravio planteado con la debida congruencia externa, al no incorporar hechos sustancialmente distintos a los denunciados, así como congruencia interna, al existir coherencia entre los hechos considerados, la valoración efectuada y la decisión asumida. De igual forma, si bien la accionante cuestiona la delimitación temporal de los hechos, dicha observación no evidencia una ruptura de la congruencia, sino una discrepancia con la interpretación asumida por la autoridad disciplinaria, aspecto que no corresponde ser reexaminado en sede constitucional; por cuanto, se deniega la tutela solicitada en este punto. ii) Sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva De los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que la accionante tuvo pleno acceso a los mecanismos de impugnación a la defensa y contradicción previstos por el ordenamiento jurídico, ejerciendo de manera efectiva su derecho dentro del proceso disciplinario. En efecto formuló recurso de apelación (Conclusión II.2.) obteniendo un pronunciamiento en doble instancia por parte de los entonces Consejeros hoy accionados, quienes emitieron la Resolución TSI 264/2022 (Conclusión II.3.) respecto a los agravios planteados.

En consecuencia, no es posible sostener la existencia de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva; puesto que, dicho derecho no implica necesariamente una resolución favorable a las pretensiones de la accionante, sino la posibilidad real y efectiva de acudir ante las instancias pertinentes y obtener una respuesta fundada conforme a derecho, correspondiendo en ese sentido denegar la tutela solicitada. iii) Sobre la vulneración al derecho al trabajo y a la justa remuneración Toda vez que, la sanción impuesta a la accionante de suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes dispuesta en la Sentencia Disciplinaria 25/2022, y confirmada en la Resolución TSI 264/2022, proviene de un proceso disciplinario que, como se expuso, se encuentra dentro de los márgenes del debido proceso no se advierte vulneración del derecho al trabajo ni a una justa remuneración. Por todo lo desarrollado, no se advierte vulneración de los derechos al debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación y congruencia, ni a la tutela judicial efectiva, al derecho al trabajo y justa remuneración. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-0011/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 231 a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1644_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): a7e68fa950c9e701897efc3e3a68d607875ec9716ea2199df13a67dcf5f74ba4

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