Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado en instancia de apelación al confirmar la detención preventiva del impetrante de tutela, incurrió en vulneración al debido proceso: i) Al mantener vigente de forma forzada el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, con argumentos genéricos y basándose en la naturaleza del hecho imputado, inobservando la jurisprudencia constitucional que exige elementos objetivos para su acreditación; y, ii) Al justificar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la detención con un argumento contradictorio y excesivo, limitándose a señalar la finalidad de las medidas cautelares sin una debida motivación; lo cual le privó del derecho a recobrar su libertad accediendo a medidas menos lesivas; por lo que, solicitó se conceda la tutela, consecuentemente se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista de 25 de junio de 2022; y, b) La autoridad demandada pronuncie nuevo fallo. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 68 a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y: 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, emitido por el Vocal demandado, ordenando que la autoridad que se encuentre en ejercicio en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita uno nuevo, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1644/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50122-2022-101-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 42/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 68 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en presentación sin mandato de Mario Dorado Mamani contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 46 a 53, el accionante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario “Santo Domingo de Cantumarca” del departamento de Potosí; Resolución que fue apelada por la defensa y resuelto mediante Auto de Vista de 25 de agosto del mismo año, por el Vocal ahora demandado, en el cual admitió el mismo y en el fondo, lo declaró improcedente, confirmando de esta manera el fallo de primera instancia. El demandado, en el Auto Interlocutorio impugnado, mantuvo el riesgo procesal previsto en el artículo 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) afirmando que, pese a la imputación por transporte de sustancias controladas, existía un hecho de tráfico de dichos elementos, extremo que fue sostenido mediante premisas genéricas, inobservando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0975/2016-S3 de 19 de septiembre y 0220/2020-S3 de 13 de junio; asimismo, justificó la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, con un argumento contradictorio y excesivo; por cuanto, se limitó a señalar la finalidad de las medidas cautelares sin fundamentar ni motivar la verdadera esencia de los principios ya mencionados, incumpliendo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0420/2019-S3 de 12 de agosto y 0103/2019-S3 de 5 de abril. Asimismo, al mantener de forma forzada la concurrencia del riesgo procesal referido, se le privó del derecho a recobrar su libertad mediante la aplicación de medidas menos lesivas a este derecho; más aún, si se considera que el único riesgo vigente se sostuvo con un argumento basado en la naturaleza del hecho, criterio que no puede ser tomado en cuenta para imponer o negar la cesación de la detención preventiva; en ese entendido, la aplicación de la misma debe sujetarse estrictamente a lo dispuesto por el art. 7 del CPP. El Vocal demandado, vulneró el derecho al debido proceso vinculado con su libertad, dado a que el merituado Auto de Vista carecía de argumentos sólidos para mantener la concurrencia del riesgo procesal citado; asimismo, no fundamentó la necesidad ni la proporcionalidad de la detención preventiva, limitándose a señalar finalidades y alcances de dicha medida, sin explicar la necesidad de la misma. Agregó que, también se vulneró el debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, a cuyo efecto transcribió las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0005/2020-S3 de 2 de marzo y 0269/2021-S2 de 28 de junio.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista de 25 de junio de 2022; y, b) La autoridad demandada pronuncie nuevo fallo.
Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 64 a 67, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 59.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de la Resolución 42/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 68 a 75 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la premisa del Vocal demandado, señaló que la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, en relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, en los delitos vinculados a sustancias controladas, estableció que, estos representan un riesgo evidente para la sociedad, dicho peligro no se sustenta únicamente en los antecedentes penales del imputado, sino principalmente en la propia naturaleza del ilícito; en ese marco, la SCP 0862/2022-S2 de 25 de julio, desarrolla este presupuesto procesal bajo el mismo razonamiento expuesto por la jurisprudencia constitucional precitada; el Tribunal Constitucional Plurinacional en los fallos referidos, señaló que el delito de transporte de sustancias controladas, no implica únicamente un riesgo para una persona determinada, sino que constituye una amenaza para la sociedad en su conjunto; por ello, la concurrencia de antecedentes penales no resulta indispensable; toda vez que, atendiendo a la naturaleza del hecho, corresponde valorar el daño que dicha conducta ocasiona al interés colectivo; y, 2) El fundamento expuesto por autoridad demandada, al revisar el Auto Interlocutorio del Juez a quo, en relación al peligro de fuga 234.7 del CPP, fundamentó y motivó en debida forma, citando y explanando los fallos constitucionales citados que establecen y dan claridad sobre este punto.
Una vez sorteado el expediente, por Decreto Constitucional de 11 de marzo de 2025 (fs. 80), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 5 de agosto del mismo año (fs. 111); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otro, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, a través de Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, dio por concurrentes el requisito sustancial previsto en el art. 233.1 y el riesgo procesal incurso en el art. 234.7, ambos del CPP; en consecuencia, dispuso su detención preventiva, en el Centro Penitenciario “Santo Domingo de Cantumarca” del citado departamento, por el plazo de dos meses; resolución contra la cual el accionante interpuso recurso de apelación incidental (fs. 92 a 94 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, el Vocal demandado admitió el recurso de apelación referido en el acápite anterior, y en el fondo declaró improcedente el mismo (fs. 103 a 104 vta.).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado en instancia de apelación al confirmar la detención preventiva del impetrante de tutela, incurrió en vulneración al debido proceso: i) Al mantener vigente de forma forzada el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, con argumentos genéricos y basándose en la naturaleza del hecho imputado, inobservando la jurisprudencia constitucional que exige elementos objetivos para su acreditación; y, ii) Al justificar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la detención con un argumento contradictorio y excesivo, limitándose a señalar la finalidad de las medidas cautelares sin una debida motivación; lo cual le privó del derecho a recobrar su libertad accediendo a medidas menos lesivas; por lo que, solicitó se conceda la tutela, consecuentemente se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista de 25 de junio de 2022; y, b) La autoridad demandada pronuncie nuevo fallo. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional. Así, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que fue pronunciada en una acción de libertad, determinó lo siguiente:
[Es] la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero- Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 3El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 4El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado.
que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 5El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 6El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 7El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Ahora bien, la citada SCP 0353/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmó que los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; sin embargo, precisó que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, relativa a la relevancia constitucional para disponer la nulidad de las resoluciones judiciales pronunciadas sin motivación, con motivación insuficiente y/o motivación arbitraria no alcanza a la resolución judiciales relacionadas con medidas cautelares. Así expuso el siguiente razonamiento:
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero y la SCP 0861/2018-S2 de 20 de diciembre, entre otras.
El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación;
8El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Sistematización jurisprudencial de los precedentes constitucionales que antecede fue extraída de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero.
Sobre este peligro de fuga, actualmente establecido en el numeral 7 del art. 234 del CPP vigente, la SCP 1138/2019-S2 de 27 de diciembre, ha establecido lo siguiente: «Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP- señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3., lo siguiente:
“En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente”.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como responsable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea autor del presunto delito cometido».
El accionante denuncia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el Vocal demandado en instancia de apelación al confirmar la detención preventiva del impetrante de tutela, incurrió en vulneración al debido proceso: 1) Al mantener vigente de forma forzada el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, con argumentos genéricos y basándose en la naturaleza del hecho imputado, inobservando la jurisprudencia constitucional que exige elementos objetivos para su acreditación; y, 2) Al justificar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la detención preventiva con un argumento contradictorio y excesivo, limitándose a señalar la finalidad de las medidas cautelares sin una debida motivación; lo cual le privó del derecho a recobrar su libertad accediendo a medidas menos lesivas. Del análisis del contenido de la acción de defensa presentada por el accionante, y antecedentes de la presente acción tutelar; se tiene que, su reclamo ante la jurisdicción constitucional se basa en confutar lo resuelto por Vocal demandado en el Auto de Vista de 25 de agosto de 2022; denunciando que mantuvo vigente de forma forzada el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, con un argumento basado en la naturaleza del hecho y, sin fundamentar ni motivar la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de la detención preventiva; lo cual le privó del derecho a recobrar su libertad accediendo a medidas menos lesivas.
En principio es necesario inquirir los antecedentes que hacen a la presente causa; en la que, en el proceso penal seguido contra el hoy accionante, por la supuesta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, a través de Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, dio por concurrentes el requisito sustancial previsto en el art. 233.1 y el riesgo procesal incurso en el art. 234.7, ambos del CPP y resolvió su detención preventiva, a ser cumplida en el Centro Penitenciario “Santo Domingo de Cantumarca” del departamento de Potosí, por el plazo de dos meses; resolución contra la cual el accionante interpuso recurso de apelación incidental. Ahora bien, los agravios del accionante serán extraídos del Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, en el cual se consigna que el apelante denunció vulneración al debido proceso en su elemento legalidad, respecto al art. 234 del CPP, y en sus elementos fundamentación y motivación, y fundó el mismo, con base a los siguientes argumentos: i) Se mantuvo su detención preventiva por estar concurrente un solo riesgo procesal porque afectaría a un sector vulnerable; además se consideró la naturaleza del hecho sin observar la carga probatoria, y, ii) La jurisprudencia constitucional establece que no puede fundarse un riesgo en base al mismo hecho; y la exigencia de explicar cómo sería el peligro para la sociedad; parámetros de fundamentación establecidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0220/2020-S3 y “otra precedente”, que no se habrían cumplido, pues no se justifica la necesidad de la detención preventiva ante la existencia de un único riesgo procesal. El recurso de alzada desglosado en el acápite anterior, fue resuelto por Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, dictado por la autoridad demandada; a través del cual, admitió el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, y en el fondo declaró improcedente el mismo, quien sostuvo que es adecuada la determinación asumida por el Juez a quo, señalando: a) La Resolución recurrida para concretar este riesgo procesal en la imputación formal, advierte que el imputado conjuntamente otro, configura un peligro para la sociedad por haber estado transportando sustancias controladas hacia un determinado lugar, donde infiere sería un lugar de acopio porque ya se encontraban sustancias controladas; en esa labor, la SCP 0969/2017-S3, como una hermenéutica valorativa establece que se debe considerar también el contexto del hecho al margen de la existencia de antecedentes criminales, la naturaleza del mismo y la peligrosidad que extrañan ciertas conductas; concretando también que la SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio, estableció que los antecedentes penales anteriores no son limitativos, ni los únicos para determinar el peligro para la sociedad; concluye que se debe considerar de manera integral circunstancias concomitantes al hecho en sí imputadas; b) Se identificó como hecho subdivido en dos momentos, una persona que transporta y otra que acopia sustancias controladas a una zona fronteriza, dando este resultado del transporte y el acopio; por lo cual, concluye que los imputados son evidentemente un peligro para la sociedad; c) Respecto a la conducta del accionante, se le sindica que estaba transportando sustancias controladas, como cuestiones concomitantes a este hecho, se establece que estaba transportando cincuenta kilos de sustancias controladas para un acopio ante otra persona con antecedentes criminales; transportar en el caso del imputado establece circunstancias concomitantes que advierten de un tráfico de sustancias controladas; ello se refiere en la imputación formal en un hecho subdividido, un reparto de funciones cerca de una zona fronteriza, lo cual implica una organización que va a transportar fuera de las fronteras, que advierten una distribución de funciones; d) Por consiguiente, no es absolutamente cierto que únicamente se consideró la naturaleza del hecho, si bien no se expresó los términos que se están analizado en esa instancia, que sería una falta de fundamentación, no es un elemento que “automatismo” determine que no concurre los riesgos de orden procesal; en medidas cautelares el Tribunal de apelación puede revisar el contexto de hechos, las pruebas o elementos de juicio; y, e) La fundamentación, si bien en algunos aspectos es cuestionable, pero esta es fundada; respecto a la necesidad de proporcionalidad y de detención preventiva, se absuelve implícitamente por la dinámica que tiene establecida las medidas cautelares, estas se imponen para evitar que se fugue u obstaculice quien está siendo penalmente perseguido; en consecuencia, la medida cautelar se impone para neutralizar esencialmente el peligro de fuga, evitando precisamente que pueda evadirse; a ese efecto, agregó que se trata de un delito en flagrancia, con alta pena de privación de libertad.
Es necesario resaltar que la acción de libertad es el mecanismo idóneo para proteger el derecho a la libertad cuando esta es vulnerada por un procesamiento indebido, siempre que se afecte directamente el mismo y se hayan agotado los mecanismos intraprocesales de impugnación; lo cual ocurrió en el presente asunto, por cuanto el accionante impugnó la detención preventiva mediante el recurso de apelación incidental y el Auto de Vista de 25 de agosto de 2022 constituye el último acto procesal ordinario que resolvió la restricción de su libertad; en ese marco, a continuación, revisaremos los planteamientos del accionante contrastando los agravios del recurso de apelación que interpuso con la resolución cuestionada:
Al respecto, el hoy accionante agravió dos cuestiones, la primera, referida a que se mantuvo su detención por estar concurrente un solo riesgo procesal del art. 234.7 CPP (peligro para la sociedad) porque afectaría a un sector vulnerable, basándose en argumentos genéricos sobre la naturaleza del delito y el contexto del hecho, y, la segunda, que al margen de los parámetros de fundamentación establecidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0975/2016-S3 y 0220/2020-S3, no se explicó por qué existe la necesidad de la detención preventiva considerando la vigencia de un solo riesgo procesal. Contrastando el recurso y la Resolución de alzada, se advierte que el Vocal demandado, a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental, no realizó un análisis lógico y razonable de los agravios planteados por el recurrente, al contrario, utilizó argumentos impertinentes y evasivos con los cuales mantuvo la detención preventiva impuesta al accionante; lo cual, en principio, constituye una incongruencia omisiva en el marco del debido proceso, ya que no se absolvió sobre todos los puntos puestos a consideración del Vocal demandado.
En cuanto a la denuncia referida a que se mantuvo su detención por estar concurrente un solo riesgo procesal, que afectaría a un sector vulnerable, y con un criterio basado en la naturaleza del mismo hecho; cabe dejar establecido que la concurrencia de este no impide la aplicación de medidas cautelares personales, lo cual es permisible cuando se cumplen los presupuestos establecidos en el art. 233 del CPP. En relación al peligro efectivo para la sociedad, a más de reiterar los argumentos del Juez de instancia, el demandado citó a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0969/2017-S3 y 0377/2019-S2, sin realizar ninguna vinculación fáctica al caso concreto, y tampoco explicó porque la jurisprudencia de estos fallos constitucionales debe sobreponerse a las invocadas por el apelante; indicó que, se debe considerar el contexto del hecho al margen de la existencia de antecedentes criminales, la naturaleza del mismo, la peligrosidad que extrañan ciertas conductas, y las circunstancias concomitantes al hecho; y, refirió que este estaba subdivido en dos momentos, una persona que transporta y otra que acopia sustancias controladas, argumento con el cual concluyó que el imputado era evidentemente un peligro para la sociedad. Los fundamentos referidos, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; establece que, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente; inobservan la jurisprudencia constitucional establecida sobre este peligro de fuga; de ahí que sustentar el peligro para la sociedad en el hecho ilícito, por la cantidad de sustancia o en la gravedad del delito decae en un criterio arbitrario, esta prohibición es esencial en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia. El concepto de peligro efectivo para la sociedad debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos materiales comprobables, que sólo puede justificarse en el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado que hubiera sido encontrado culpable de un delito anteriormente. Al fundar la subsistencia del riesgo en el hecho actual y en el contexto del mismo, el Vocal demandado sustituyó el derecho penal de acto por el de autor, al presumir la culpabilidad o peligrosidad del accionante por el sólo hecho de ser posible partícipe de un delito de relevancia social. Se corrobora que el argumento central del demandado para dar por concurrente este riesgo procesal, se basa en la naturaleza del hecho imputado al accionante, por cuanto hace referencia cuestiones concomitantes como la cantidad de cincuenta kilos de sustancias controladas que se transportaba, un reparto de funciones cerca de una zona fronteriza, y una distribución de funciones; argumentos generales que no fueron respaldados por ningún elemento que denote un peligro materialmente verificable, pues sólo constituyen un criterio subjetivo del demandado, ya que la resolución recurrida no contiene una fundamentación específica que analice y explique por qué el imputado sería un peligro efectivo para la sociedad, tampoco se mencionó con qué medios probatorios objetivos se demostraría esa situación, tal como fue solicitado explícitamente como agravio. Es notorio que la Resolución confutada, se limitó a realizar una simple enunciación de generalidades; empero, no efectuó ninguna explicación sobre los agravios del apelante. Este razonamiento es incorrecto y lesivo a la presunción de inocencia; por lo que, el argumento así esgrimido resulta ser arbitrario.
Sobre este agravio, el accionante, reclama que el demandado no explicó por qué existe la necesidad de la detención preventiva considerando la vigencia de un solo riesgo, limitándose a señalar finalidades y alcances de la detención preventiva, evitar la fuga u obstaculización; lo cual le privó del derecho a recobrar su libertad accediendo a medidas menos lesivas. En el Auto de Vista impugnado, la autoridad demandada no obstante que advirtió que la fundamentación del a quo, en algunos aspectos es cuestionable, se limitó a señalar que, esta insuficiencia se absuelve implícitamente por la dinámica que tienen las medidas cautelares, que se imponen para evitar la fuga u obstaculización, y porque en la causa, el delito operó la flagrancia, que tiene prevista una pena de privación de libertad alta; esta respuesta no constituye un pronunciamiento puntual sobre el agravio, al contrario es evasiva y no suple la fundamentación y motivación exigida por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; la cual estableció que, el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, es un componente esencial que garantiza que toda restricción a la libertad se base en razones de hecho y de derecho, esta exigencia cobra mayor trascendencia en resoluciones que imponen, mantienen o modifican la detención preventiva. Al respecto, el demandado sostuvo la existencia del peligro para la sociedad de manera forzada y omitió demostrar que la detención preventiva era necesaria y razonable para el cumplimiento de sus fines legítimos, y por qué otras medidas cautelares personales resultaban insuficientes; de ahí que su decisión deviene en arbitraria, lo cual vulneró el debido proceso vinculado a la libertad. Como se evidencia, el demandado no se pronunció sobre todos y cada uno de los aspectos agraviados en el recurso de apelación incidental, por lo tanto, se ignoró la función revisora integral de la segunda instancia máxime si los defectos se generaron en la resolución de primera instancia; toda vez que, no expresó convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión; por el contrario, debió realizar una revisión del fallo del Juez a quo, considerando los motivos de agravio y expresando las circunstancias concretas que le permiten presumir razonadamente la existencia de riesgos procesales, más aún cuando no emitió pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado; en ese marco, los tribunales de alzada están impelidos a expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones; y, ostentan suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado apelación de medidas cautelares; toda vez que, el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares; al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, establece que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. En conclusión, la arbitrariedad del Auto de Vista reside en que el demandado no pronunció una adecuada fundamentación y motivación respecto a los hechos en los que se basa y a las disposiciones legales que sustenten su decisión; incumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió; y que, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere, que se halla interrelacionado con el principio de congruencia. De todo lo hasta aquí expuesto, se evidencia un desarrollo intelectivo insuficiente por parte del demandado a tiempo de confirmar la resolución apelada y por ende la subsistencia de la detención preventiva del accionante, que decae en una fundamentación y motivación arbitraria, lo cual vulnera los derechos denunciados en la presente acción tutelar; correspondiendo conceder por ello la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 68 a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y: 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 25 de agosto de 2022, emitido por el Vocal demandado, ordenando que la autoridad que se encuentre en ejercicio en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita uno nuevo, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 La citada Sentencia, recoge la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. La sistematización completa se encuentra en el Fundamento Jurídico III.1. 2El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1644_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): d8275450c0e7b13f5cd6daf7c3ee000f392b0680be93283d1306897004e9249e
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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