B.IA.LEGAL

SCP 1642/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54824-2023-110-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a no declarar contra sí mismo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; puesto que, dentro del proceso administrativo disciplinario policial iniciado de oficio en su contra: 1) Los Vocales del Tribunal Disciplinario Departamental ahora accionado, mediante la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020 de 13 de julio, lo sancionaron con el retiro temporal de la institución policial por tres meses y la pérdida de antigüedad por la falta grave prevista por el art. 12.38 de la LRDPB; y, 2) Los Vocales del Tribunal Disciplinario Superior hoy coaccionados en conocimiento del recurso de apelación confirmaron la mencionada Resolución por medio de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre; sin embargo, no consideraron el desistimiento plasmado en el documento de conciliación presentado por la denunciante en el proceso penal, suscrito con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la convivencia y vínculo familiar, sobre todo el bienestar de sus hijos menores de edad, omitiendo establecer el interés público e ignorando que su convivencia con su esposa fue pacífica y armónica; además que, se valieron de su propia declaración para fundar la mencionada Resolución, contrariamente a lo previsto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 046/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 127 a 130 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso.
  2. III.2. La fundamentación y motivación en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. La congruencia como elemento del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1642/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54824-2023-110-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 046/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 127 a 130 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adalid Rodolfo Ramírez Rodríguez contra Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; y, Boris Benjamín Mendoza Méndez, Miguel Ángel Moneada Mendieta y Román Paco Rafael, Vocales, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; y, César Franz Ortega; Presidente; Martin Tadeo Arequipa Azurduy, Marco Antonio Azeñas Cusi, Teófilo Tinta Capquique y Ascencio Pablo Mita; Vocales, todos del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 13 y 20 de marzo de 2023, cursantes de fs. 45 a 51 y 54 a 55 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.2. Hechos que motivan la acción

A través de Oficio con Cite 591/2018 de 12 de junio, la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), puso en conocimiento de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) una denuncia por parte de Paola Cecilia Guachalla Foronda, su esposa -ahora tercera interesada- por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica; provocando que se le inicie de oficio proceso administrativo disciplinario policial por la supuesta vulneración de los arts. 12.20 y 38; y, 14.18 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), emitiéndose la Resolución 033/2018 de 5 de septiembre, por el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía de Oruro, que, recurrida en apelación, se revocó mediante la Resolución 177/2019 de 22 de octubre, disponiendo la emisión de una nueva; dando lugar a la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020 de 13 de julio, que lo sancionaron por la falta del art. 12.38 de la referida Ley con el retiro temporal de la institución policial por tres meses, con pérdida de antigüedad. Contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental -Oruro 18/2020 de 13 de julio, formuló recurso de apelación, emitiéndose posteriormente la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre, por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, que confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020, carente de una adecuada y coherente fundamentación, motivación y congruencia; puesto que: a) No consideró el desistimiento definitivo, que se suscribió justamente para salvaguardar el interés superior de la convivencia y vínculo familiar; así como, el bienestar de sus hijos menores de edad, sin establecer el interés público afectado en concreto ni el de terceros legalmente apersonados; siendo que, actualmente su convivencia con su esposa hoy tercera interesada es pacífica y en el marco de la armonía, conforme fue señalado en el documento de conciliación, no teniéndose una correcta valoración del mencionado documento; y, b) Su declaración se hubiese tomado como prueba que funda la Sentencia, misma que ni siquiera debía constituir indicios de culpabilidad en virtud del art. 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); siendo que, nadie puede declarar contra sí mismo, lo que afectaría la presunción de inocencia; además, no se consideró la prueba de los testigos de cargo y descargo.

I.1.3. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a no declarar contra sí mismo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; citando al efecto los arts. 46, 62, 119.II y 122 de la Constitución Política del Estado.

I.1.4. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre, así como la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020 de 13 de julio.

I.2.1. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 120 a 126, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.2. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su Abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022, no efectuó una valoración objetiva de los documentos de descargo en el marco de la sana crítica; sin embargo, respecto del documento privado de conciliación alegando privilegiar el interés superior, ignoró el interés de velar por el cuidado de la familia, que se cumple con su esposa dentro de un ambiente de armonía; 2) Al argumentar que se acepta el desistimiento o retiro de la demanda, siempre y cuando no existan razones de orden público o relevancia social que conlleve denegar dicha solicitud, no se explicó cuál es el orden público o relevancia que se tiene en el presente caso para que no se acepte su solicitud de desistimiento; 3) No se respondió su solicitud de explicación sobre la declaración presentada por su persona en su defensa y no así para ser utilizada en su contra; no obstante, se obvió la previsión del art. 122 de la CPE, que establece que nadie puede declarar contra sí mismo; y, 4) Lo concluido por los certificados médicos forenses refieren a los días de impedimento por agresiones físicas de la parte presuntamente víctima; sin embargo, no se hizo alusión a agresiones verbales o psicológicas.

I.2.3. Informe de las autoridades accionadas

Álvaro Marcelo Flores López, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante informe presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 67 a 74, manifestó que: i) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 emitida, en grado de apelación, resolvió el recurso formulado por el accionante en el marco de su facultad potestativa, siendo que consideró únicamente prueba de reciente obtención, referente a desvirtuar la falta atribuida al nombrado, emitiéndose una determinación debidamente fundamentada y motivada, sin vulneración de ningún derecho, siendo que no revalorizó las pruebas ni realizó un segundo juicio al no contar con su alcance y los principios de inmediación; no obstante, fue valorada la prueba de cargo como de descargo, conforme prevé el art. 87 de la LRDPB; ii) La sanción dispuesta al accionante emergió de la infracción de normativa disciplinaria, en el marco de la responsabilidad de los miembros de la Policía Boliviana acotada por la SCP 1089/2014 de 10 de junio, existiendo una relación de causa y efecto que hacen al nexo causal para la imposición de una sanción disciplinaria; por lo que, respondiéndose a cabalidad a las supuestas vulneraciones incoadas en el memorial de apelación del nombrado; iii) Sobre la aseveración de que se hubiera valorado su declaración para fundar la sentencia; el accionante debía formular exclusión probatoria de la misma, al no hacerlo incurrió en un acto consentido, en virtud de lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0198/2012 de 24 de mayo y 0931/2014 de 15 de mayo y el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), resultando improcedente la presente acción tutelar; y, iv) Sobre la alegación de haberse vulnerado el principio de presunción de inocencia, el accionante desde la instauración del proceso gozaba de dicho principio, cuya sanción se sustentó en la existencia de prueba suficiente de la comisión de falta disciplinaria en pleno cumplimiento de su actividad policial. Por lo expuesto, al no haberse identificado vulneraciones de relevancia constitucional, pide se deniegue la tutela solicitada. César Franz Ortega; Presidente, Martín Tadeo Arequipa Azurduy, Marco Antonio Azeñas Cusi, Teófilo Tinta Capquique y Ascencio Pablo Mita; Vocales, todos del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía de Oruro, si bien se informó en audiencia de consideración de la acción de defensa por Secretaría de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, que se encontraba presente su representante -Alfredo Calle Mollo-, el mismo no hizo uso de la palabra. Boris Benjamín Mendoza Méndez, Miguel Ángel Moneada Mendieta y Román Paco Rafael, Vocales del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante de fs. 78 a 79.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Paola Cecilia Guachalla Foronda a través de su abogada en audiencia, manifestó que: el 9 de junio de 2020, suscribió un contrato de conciliación, con la finalidad de aclarar que la denuncia la formuló en un momento de ofuscación, extremo que pidió sea valorado; puesto que, refirió que se encontraba casada con el accionante durante dieciséis años y que tienen tres hijos de cinco, doce y catorce años de edad. Ante la pregunta de uno de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, con relación a si el documento de conciliación fue valorado en segunda instancia, considerando que la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 fue emitida ese año, y aquella prueba fue del 9 de junio de 2020; respondió que pidió que en apelación sea valorada; empero, le indicaron que no fue procedente, en razón que existiría interés superiores; sin embargo, cuestionó que no existiría interés superior más relevante que aquel que protegía el núcleo familiar de sus hijos y los dieciséis años de matrimonio con el accionante.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 046/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 127 a 130 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 hizo referencia a partir del Considerando II a las declaraciones testificales de cargo y a la conciliación, indicando que este instituto jurídico no hubiese contemplado en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y que las decisiones del Tribunal Disciplinario Policial fueron independientes y autónomas con relación al proceso penal; asimismo, el Considerando III despliega una valoración y fundamentación legal del recurso de apelación presentado, manifestando que el Tribunal Disciplinario Superior valoró el desarrollo del proceso velando por los derechos a la defensa, al debido proceso, a la igualdad de oportunidades y a la correcta aplicación de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Al haber recibido respuesta el accionante conn relación al sobreseimiento, observó que se debían cumplir requisitos y la salvedad al interés público como establece la SCP 0223/2018-S1 de 28 de mayo; por lo que, admitió también prueba tanto de cargo como testifical, pronunciándose sobre los agravios alegados por el accionante, con razonamientos claros y un análisis integral, sustentado en diferentes disposiciones analizadas de manera amplia y en consideración del documento de conciliación adjuntado al desistimiento; b) Con relación al derecho a la defensa denunciado, en todo el proceso el accionante tuvo la posibilidad de participar de manera directa durante la sustanciación del proceso disciplinario, presentando memoriales y formulando recursos de apelación, teniendo la posibilidad de asumir defensa, de ser escuchado tanto por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana como del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Oruro, sin que se advierta vulneración del mismo; y, c) No se puede pretender que la jurisdicción constitucional se constituya en otra instancia más del proceso ordinario, o de un medio supletorio; puesto que, su labor se enmarca en la protección de derechos y garantías constitucionales.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas a los cinco Magistraturas cesadas, debiendo realizarse un nuevo sorteo, de manera aleatoria y equitativa, a fin de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 27 de marzo de 2026, cursante a fs. 152, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 156; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental -Oruro 18/2020 de 13 de julio, emitida por el mencionado Tribunal, dentro de proceso administrativo disciplinario policial seguido por la supuesta vulneración de los arts. 12.20, 12.38 y 14.18 de la Ley LRDPB, contra Adalid Rodolfo Ramírez Rodríguez -ahora accionante-; mediante la cual fue declarado responsable por la comisión de la falta grave prevista en el art. 12.38 de la referida Ley, imponiéndole la sanción de retiro temporal de la institución policial por el lapso de tres meses, con pérdida de antigüedad (fs. 14 a 30). II.2. Consta recurso de apelación de 30 de septiembre de 2020, formulado por el accionante, contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020 de 13 de julio; resuelto mediante Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre, emitida por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, cuya parte resolutiva declaró improbado el recurso formulado y determinó: “…CONFIRMAR EN TODO la Resolución de Primera Instancia No. 18/2020 de fecha 13 de julio de 2020…” (sic [fs. 3 a 13]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a no declarar contra sí mismo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; puesto que, dentro del proceso administrativo disciplinario policial iniciado de oficio en su contra: 1) Los Vocales del Tribunal Disciplinario Departamental ahora accionado, mediante la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020 de 13 de julio, lo sancionaron con el retiro temporal de la institución policial por tres meses y la pérdida de antigüedad por la falta grave prevista por el art. 12.38 de la LRDPB; y, 2) Los Vocales del Tribunal Disciplinario Superior hoy coaccionados en conocimiento del recurso de apelación confirmaron la mencionada Resolución por medio de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre; sin embargo, no consideraron el desistimiento plasmado en el documento de conciliación presentado por la denunciante en el proceso penal, suscrito con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la convivencia y vínculo familiar, sobre todo el bienestar de sus hijos menores de edad, omitiendo establecer el interés público e ignorando que su convivencia con su esposa fue pacífica y armónica; además que, se valieron de su propia declaración para fundar la mencionada Resolución, contrariamente a lo previsto por el art. 121 de la CPE, no evidenciándose que la prueba testifical no hubiese dilucidado que existieran agresiones verbales.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso. Jurisprudencia reiterada; ii) La fundamentación y motivación en la jurisdicción constitucional; iii) La congruencia como elemento del debido proceso; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la valoración de la prueba, componente del debido proceso.

Jurisprudencia reiterada

La justicia constitucional delimita las atribuciones entre jurisdicciones respecto a la valoración de la prueba; así, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, establece que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos corresponden). También se establecieron situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, señala que:“…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SC 0662/2010-R de 19 de julio]). De igual manera, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, establece que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas son nuestras). Finalmente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, señala que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas nos corresponde).

III.2. La fundamentación y motivación en la jurisdicción constitucional

La SCP 0060/2025-S1 de 10 de marzo, reiterando los razonamientos de la SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, establece que: «“La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ʽla arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ʽdecisión sin motivaciónʼ, o extiendo esta es, b.2) una ʽmotivación arbitrariaʼ; o en su caso, b.3) una ‛motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellasʼ. ʽb.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ʽdecisión sin motivaciónʼ, debido a que ʽdecidir no es motivar'. ʽLa justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]ʼ. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general ʽjudicial, administrativa, etc.ʼ sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ʽmotivación arbitrariaʼ. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de ʽmotivación arbitrariaʼ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ʽmotivación insuficiente’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: ʽLa fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradasʼ, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ʽ…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asumeʼ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesalesʼ”» (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La congruencia como elemento del debido proceso

La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citada en la SCP 1033/2025-S1 de 29 de agosto, señala que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos corresponde).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a no declarar contra sí mismo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; puesto que, dentro del proceso administrativo disciplinario policial iniciado de oficio en su contra: a) Los vocales del Tribunal Disciplinario Departamental ahora accionado, mediante la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020 de 13 de julio, lo sancionaron con el retiro temporal de la institución policial por tres meses y la pérdida de antigüedad por la falta grave prevista por el art. 12.38 de la LRDPB; y, b) Los Vocales del Tribunal Disciplinario Superior hoy coaccionados en conocimiento del recurso de apelación confirmaron la mencionada Resolución por medio de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre; sin embargo, no consideraron el desistimiento plasmado en el documento de conciliación presentado por la denunciante en el proceso penal, suscrito con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la convivencia y vínculo familiar, sobre todo el bienestar de sus hijos menores de edad, omitiendo establecer el interés público e ignorando que su convivencia con su esposa fue pacífica y armónica; además que, se valieron de su propia declaración para fundar la mencionada Resolución, contrariamente a lo previsto por el art. 121 de la CPE, no evidenciándose que la prueba testifical no hubiese dilucidado que existieran agresiones verbales. Ahora bien, de la revisión de antecedentes del proceso administrativo -disciplinario policial instaurado contra el accionante por la supuesta transgresión de los arts. 12.20 y 38; y, 14.18 de la LRDPB, se tuvo la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020, emitida por el entonces Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro, sancionándolo con el retiro temporal de la institución policial por tres meses con pérdida de antigüedad por infracción de la falta grave prevista por el art. 12.38 de la referida Ley (Conclusión II.1.); contra cuya determinación, el nombrado formuló recurso de apelación el 30 de septiembre de 2020, pronunciándose la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 emitida por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por la que declaran improbado el recurso y determinaron: “…CONFIRMAR EN TODO la Resolución de Primera Instancia No. 18/2020…” (sic [Conclusión II.2.]).

Con carácter previo, a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, resulta pertinente aclarar que, conforme la configuración procesal de la acción de amparo constitucional -subsidiaria-, la revisión de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones que fueron objeto de cuestionamiento -en el presente caso dentro de un proceso administrativo-disciplinario-, se efectúa a partir de la última decisión pronunciada; es decir, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022; en razón a que, las autoridades de alzada, tuvieron la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, sin que la jurisdicción constitucional pueda ingresar a invadir la competencia de la jurisdicción ordinaria o administrativa en la revisión de lo obrado, como si fuera una instancia más dentro de esos procesos, cuando cada una de dichas vías tienen sus propios medios de impugnación, pudiendo las ilegalidades -denunciadas oportunamente- ser examinadas y corregidas en el mismo proceso y solo cuando éstas se hubiesen mantenido -agotados los medios de impugnación-, recién aperturarse la vía constitucional (SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo); por consiguiente, bajo dicho razonamiento resulta incontrovertible la denegatoria de tutela solicitada con relación a los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía de Oruro. Efectuada dicha aclaración e, identificada la problemática del caso de autos, conforme fue descrita la documental en la parte conclusiva del presente fallo constitucional, corresponde abordar el análisis verificando si la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 -motivo de la presente acción tutelar- se pronunció en el marco del debido proceso, o con carencia de alguno de los elementos denunciados, ameritando sintetizar los puntos cuestionados por el accionante en el recurso de apelación, para luego proceder a su compulsa y contraste en función a los derechos cuya vulneración se alega, extractándose del recurso de apelación los siguientes puntos: 1) No se valoró objetivamente ni con sana crítica el documento privado de conciliación y desistimiento definitivo de 9 de junio de 2020, debidamente reconocido por Notario de Fe Pública, presentado en su oportunidad el 12 de igual mes y año, cuyo punto tercero relata que sucedió en un momento de ofuscación y confusión de los hechos y que conjuntamente el accionante se comprometieron a una vida pacífica: el Cuarto punto estipula: “…DESISTE DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA REFERIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FAVOR DE ADALID RODOLFO RAMIREZ RODRIGUEZ…” (sic), denotando una parcialización en las pruebas de cargo y documentales de defensa en el marco de los arts. 87, 90 y 91 inc. f) de la LRDPB, careciendo de documentación que demuestre la agresión psicológica e instauración del proceso penal en su contra por la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación -Ley 045 de 8 de octubre de 2010-; 2) Carece de fundamentos sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la falta aplicada en función al hecho que motivó la sanción, siendo que la falta grave acusada no reúne los requisitos del art. 12.38 de la LRDPB; además que, la afirmación de que sus decisiones fueron autónomas e independientes del proceso penal y que la conciliación no estuvo prevista por la la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, vulnere el debido proceso; puesto que, los tribunales y autoridades disciplinarias no pueden estar al margen de la Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos; y, 3) Existen declaraciones testificales de cargo ofrecidos por la Fiscalía Policial, donde en ninguna parte mencionan que su persona hubiese vertido agresiones verbales y/o psicológicas; así, Soledad Itamari Yucra y Jhoselin Mariel Troncoso Paniagua, no se refieren a los hechos acontecidos el 18 de junio de 2020, sino a los del 11 de ese mes y año, cuando su persona estaba en descanso; las declaraciones de Karen Martha Lunario y Luis Eduardo Chávez Cossío, no refieren que hubiese existido agresiones verbales y/o psicológicas por motivos racistas, sexistas o discriminatorios en el marco de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de 8 de octubre de 2010. Seguidamente, de los fundamentos de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022, se tuvo los siguientes puntos: i) «El apelante recibió respuesta a lo solicitado, en este caso sobre el DESISTIMIENTO planteado a fjs. 304 y 305, de acuerdo a la valoración y fundamentación se tiene los requisitos a cumplir y la salvedad del “interés público”; como lo señala la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0223/2018-S1 Sucre, 28 de mayo de 2018. “...A su vez, en la Sentencia Constitucional Plurinacional referida, se ha manifestado que: ʽPor todo lo señalado, se puede establecer que ante una situación donde el accionante presente su desistimiento o retiro de demanda libre y voluntariamente dentro de una acción de amparo constitucional, ya sea ante el juez o tribunal de garantías o en la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, dada la naturaleza de la misma, corresponde a este Tribunal aceptar el desistimiento o retiro sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; sin embargo, para ello se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

a) El desistimiento o retiro de la demanda es de carácter voluntario, por lo que debe emerger de una manifestación de voluntad inequívoca y que no denote la existencia de presión o mediación alguna que conlleve al accionante a efectuar contra su voluntad el desistimiento o retiro. b) El memorial de desistimiento o de retiro de demanda, debe presentarse en forma escrita, con la firma del o de la titular del derecho y la de su abogado, excepto en los casos en los que se hubiese otorgado poder en el que se especifique la facultad de desistir o retirar la demanda; actuado que deberá ser realizado antes del pronunciamiento de la respectiva Sentencia Constitucional, pues aunque se haya enviado por fax el memorial correspondiente, es imprescindible que se presente el memorial original a los fines de constatar su autenticidad. c) Se aceptará el desistimiento o retiro de demanda, siempre y cuando no existan razones de orden público o relevancia nacional que conlleven a denegar dicha solicitud. En este sentido, en un estado democrático, el orden público no debe entenderse como un fin en sí mismo sino como una situación de paz para el ejercicio de derechos y los valores democráticos, de forma que para la aceptación del desistimiento de un derecho subjetivo en una acción de amparo constitucional, no debe afectarse un bien jurídico constitucional superiorʼ. En la causa siguiente al hubiese planteado el DESISTIMIENTO dentro de un proceso disciplinario establecido en vía Administrativa (Ley 101) de la Policía Boliviana, cuya naturaleza y funciones se encuentran reguladas en nuestro bloque normativo, Constitución Política del Estado Plurinacional en su Capítulo Segundo: Policía Boliviana. Artículo 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Ley Orgánica de la Policía Nacional, 8 de abril de 1985 Artículo 1°.- La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continúa, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Y ya que el DESISTIMIENTO NO puede ir en contra del interés público, por lo mencionado líneas arriba, y que por la naturaleza de las funciones policiales y ante la exigencia legal establecida en: S.C.P. 0174/2018-S3 Sobre la conculcación del art. 6 de la LRDPB, la Resolución 086/2017, refirió que los servidores policiales cumplían sus funciones o atribuciones en distintas modalidades, siendo sus derechos y deberes permanentes en el tiempo, encontrándose obligado en todo momento a desenvolverse, con honor, ética y lealtad de conformidad con el art. 3 de la Ley 101, pues era su deber resguardar el interés e imagen institucional; consecuentemente, era inviable sostener que un servidor policial en descanso perdía su calidad de servidor público y podía cometer delitos o faltas disciplinarias sin ser sancionado. En concordancia con la: Ley 101 Artículo 2. (FINALIDAD). La finalidad de la presente Ley es cautelar, proteger y resguardar la ética, la disciplina, el servicio público policial, los intereses e imagen institucional de la Policía Boliviana. EI DESISTIMIENTO en la presente causa NO equivale a la invalidez o inexistencia del hecho» (sic); y, ii) Con relación a que no se hubiese demostrado las agresiones verbales:

“…de la revisión de obrados se observa HECHOS ADMITIDOS a fjs 76 y 76 vta. DECLARACION de Sgto. 2do. Adalid Rodolfo Ramírez Rodríguez, ...en fecha 18 me correspondía cumplir servicio...las agresiones verbales existían en el momento eran mutuas ya que ella me instaba a que reaccione de esa manera...me había grabado con el celular...", a fjs 81 a 94 (informe técnico del ITCUP), pericia realizada por el Tec. Sgto. 2do. Luis Chávez Cossío, en fecha 17 de julio 2017 DVD de audio presentado por la Sra. Paola Guachalla Foronda, a fjs 100 informe final donde se señala que el denunciado se encontraba de servicio en fecha 18 de junio de 2018, a fjs 182, 183 y 184 testifical del Sgto 2do Luis Chávez Cossío (Tec ITCUP), a fjs 305 y 305 vta., se presenta documento público con reconocimiento de firmas CLAUSULA ‘SEGUNDA: ...emergió una discusión de pareja entre el denunciado y la víctima..., TERCERA: ...el denunciado se compromete garantizar una buena convivencia entre ambos para una vida pacifica...’, a fjs 318 CONSIDERANDO II: DECLARACION DEL PROCESADO ‘...si hubo agresión verbal...’, a fjs 325 y 326 inc. b) ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE DESCARGO ‘...Sr. Adalid Ramírez Rodríguez...también habría sido agredido...’, hechos admitidos por el denunciado los cuales causan estado dentro de la causa presente, a fjs 330 la Fiscalía Policial demuestra y realiza de manera adecuada la subsunción de la conducta del denunciado a la Ley 101 Art. 12 NÚM. 38, así el ente disciplinario de 1ra instancia desvirtúa lo alegado y apelado por el denunciante siendo que la resolución de 1ra instancia cumple el Art 87 y Art 91 de la Ley 101, haciendo mención de la valoración y fundamentación que amerita, en concordancia con el Art. 1 de la norma disciplinaria mencionada y la Ley No 045 D.S. No. 0762, que dispone en su: ARTÍCULO 11 (OBLIGACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA). Son obligaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana: 1. Adoptar políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias. 2. Adecuar su normativa interna a la Ley N° 045 y al presente Decreto Supremo” (sic). Desarrollados como fueron los fundamentos de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022, se evidenció que efectivamente, declaró improbado el recurso de apelación presentado y determinó confirmar en todo la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Oruro 18/2020, decisión cuestionada por haber supuestamente omitido la necesaria fundamentación, motivación, correcta valoración de la prueba y congruencia, ameritando su análisis de manera separada: Sobre la errónea valoración de la prueba Al respecto, la jurisdicción constitucional establece que por regla general se encuentra impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tratándose de la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades ahora accionadas no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba, sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento (SCP 1215/2012). Bajo ese marco, la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022, con relación al primer punto del recurso de apelación, presuntamente donde no se hubiese desplegado una valoración objetiva y con sana crítica del documento privado de conciliación y desistimiento definitivo, a pesar de que estaría reconocido por Notario de Fe Pública, motivo que se encuadra al primer presupuesto de la jurisprudencia descrito precedentemente; del análisis contenido en la referida Resolución Administrativa cuestionada, se tiene que inició su labor valorativa, definiendo lo que se debe entender por desistimiento, para luego transcribir jurisprudencia constitucional y normativa legal de la materia, cuya compulsa concluye que dicha acción voluntaria de abandonar el proceso disciplinario administrativo, no puede estar por encima del interés público, y que por la naturaleza de las funciones policiales y ante la exigencia legal establecida en la SCP 0174/2018-S3 (que establece las acciones y deberes de los servidores públicos policiales con honor, ética y lealtad), se dedujo que el desistimiento no equivale a la invalidez o inexistencia del hecho. Dicha valoración no se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad previstos como primer presupuesto de verificación a la labor valorativa, la cual decanta en una apreciación integral de los hechos y elementos probatorios, con particular atención en normativa y jurisprudencia que regula la conducta de un funcionario público policial; puesto que, si bien el documento de desistimiento fue firmado por la víctima en el proceso penal, para las autoridades policiales que resolvieron el caso en sede administrativa no resultó suficiente debido a que se trata de un proceso disciplinario que le sigue la entidad policial al procesado; por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no encuentra motivo alguno para objetar la labor valorativa desplegada por las autoridades hoy accionadas en este primer punto de análisis. Respecto del tercer motivo del recurso de apelación, donde se hace alusión a que las declaraciones de Soledad Itamari Yucra, Jhoselin Mariel Troncoso Paniagua, Karen Martha Lunario y Luis Eduardo Chávez Cossío no referían la existencia de agresiones verbales y/o psicológicas por motivos racistas, sexistas o discriminatorios en el marco de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022, emitida y cuestionada, considera en su determinación y extrae extractos de la propia declaración del procesado -accionante-, quien manifestó que “…las agresiones verbales existían en el momento eran mutuas ya que ella me instaba a que reaccione de esa manera...me había grabado con el celular..." (sic); declaración contenida en el Informe técnico del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITCUP); así como, de la pericia realizada por el Sgto. Segundo Luis Chávez Cossío el 17 de julio 2017, del Disco Versatil Digital (DVD) que contiene el audio presentado por la ahora tercera interesada, concluyendo con base en el art. 11 del DS 0762 -que ordena adoptar políticas institucionales para eliminar, prevenir y sancionar actos y prácticas racistas y discriminatorias- que aquellas agresiones verbales eran evidentes, de modo que, esa valoración no supone un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, encontrándose en consecuencia el ejercicio desplegado por las autoridades ahora accionadas dentro del primer presupuesto de la jurisprudencia citada, para cuya compulsa transcribieron extractos de actuados en los cuales se hubiese acreditado la existencia de agresiones verbales, no siendo una limitante el hecho que los testigos debían convalidar ese tipo de agresiones; más aun, si se advierte una valoración integral de las autoridades hoy accionadas, deviniendo consecuentemente en la denegatoria al respecto. Por otro lado, sobre la denuncia del accionante referente a que su declaración no debía fundar su sanción, aludiendo la premisa de que nadie puede declarar contra sí mismo inserta en el art. 121 de la CPE; cabe aclarar que; no obstante, que aquella prohibición se encuentra reconocida en materia penal; en el presente caso, el propio accionante en esa declaración reconoció que existió violencia verbal; asimismo, de la lectura del tercer punto de análisis precedente, se advierte que la existencia de dichas agresiones fue cotejada y corroborada por otras piezas procesales -informe técnico del ITCUP, DVD de audio presentado por la denunciante en el proceso penal, prueba testifical de Luis Chávez Cossío, y el propio acuerdo de desistimiento refiere que los hechos emergieron de una discusión de ambos esposos-, llevando a concluir a las autoridades ahora accionadas con base en la integralidad de los elementos probatorios presentados en la existencia de ese tipo de agresiones, sin que sea evidente la aseveración del accionante de que su declaración hubiese sido el único motivo para sostener su sanción. Sobre la fundamentación y motivación Al respecto a los elementos del debido proceso, la jurisprudencia constitucional de manera categórica y enfática definió su alcance: sobre la fundamentación, como la obligación de toda autoridad de resolver un determinado caso con la cita de los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la decisión adoptada y la motivación, como la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa; es decir, precisar los criterios jurídicos de la disposición a pronunciarse, exponiendo de manera clara las razones que la sustentan, citando las cuestiones de hecho y derecho, efectuando una explicación razonable e inteligible sobre el fondo, exteriorizando las convicciones determinativas de su resolución bajo una estructura concisa y clara, además que satisfaga los puntos reclamados (Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional).

Para cuestionar los elementos, del debido proceso, el accionante refiere en el punto segundo de su recurso de apelación, que se carecería de explicación sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la falta aplicada en función al hecho que motivó la sanción hacia su persona, la cual no reúne los requisitos del art. 12.38 de la LRDPB, así como respecto de la aseveración que sus decisiones fueran autónomas e independientes con relación al proceso penal y que la conciliación no estuviera estipulada en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Al respecto, la determinación administrativa en análisis sostiene en el punto dos extractado, que justamente la conducta del accionante se acomoda a la tipificación de dicha normativa, en virtud del informe técnico del ITCUP, el audio presentado por la denunciante en el proceso penal, la prueba testifical de Luis Chávez Cossío y la propia versión de los hechos del accionante que reconoce haber existido agresiones verbales mutuas mediante su declaración; ello, sumado al hecho de la facultad que tiene la Policía Boliviana de adoptar sanciones a los actos y prácticas racistas y discriminatorias, cuya correlación y contraste llevaron a la autoridad de primera instancia a subsumir su conducta a dicho precepto, y a las autoridades de alzada la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre apelada; por lo que, no se evidencia que no se reúna los requisitos para fundar dicha tipificación. Por consiguiente, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de 6 de septiembre, de segunda instancia contiene una estructura y contenido ordenado, desde el primer Considerando donde se identifica a las partes y antecedentes del proceso, despliega una relación de las actuaciones en primera instancia y en el Segundo Considerando se delimita el recurso de apelación interpuesto por el accionante, para que en el tercer Considerando desarrolle una relación y compulsa del recurso de apelación con la respectiva cita de normativa de la materia tanto sustantiva como adjetiva aplicable, así como la referencia pertinente de la jurisprudencia constitucional en la parte de los fundamentos de la Resolución, lo que hacen a una estructura sustentada en el marco de los criterios interpretativos del ordenamiento jurídico; del cual, no se advierte de modo alguno alegación del debido proceso en su elemento de fundamentación ni motivación más al contrario, se tiene una exposición suficiente y razonada que justifica la determinación sancionatoria, correspondiendo denegar la tutela solicitada sobre dichos elementos. Respecto de la congruencia Con relación a el elemento de alegada, el accionante se limita a su simple enunciación, sin precisar sobre qué agravios no se hubiese recibido respuesta o bajo qué parámetros radica su denuncia de atribuir a la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 233/2022 de incongruente; más aun, si del contraste y revisión a detalle de los puntos reclamados en el recurso de apelación, cada uno de estos merecieron respuesta y de cuya revisión a la estructura y los datos se coligió que contiene un orden y racionalidad desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios del recurso de apelación y la parte dispositiva del mismo, manteniendo una coherencia entre sus partes, conforme sostuvo la jurisprudencia constitucional (SC 0486/2010-R de 5 de julio y SCP 1083/2014 de 10 de junio). Por último, sobre el derecho a la defensa, también alegado como vulnerado, no se evidencia del memorial de amparo constitucional, cómo se configuró dicha vulneración o de qué manera se hubiese vulnerado el mismo, cuya amenaza debe demostrarse en circunstancias reales y materiales, siendo al contrario en el caso, del desarrollo de la causa, el accionante no fue privado de acceder a pruebas y a su defensa dentro de la misma, sino, estuvo haciendo uso constante de los recursos que se le reconoce, tal es así que formuló el recurso de apelación que motivó el fallo de cierre en la jurisdicción administrativa de su proceso. Así también, respecto del derecho al trabajo y la presunción de inocencia, no se advierte de los antecedentes remitidos a consideración que dentro del proceso administrativo-disciplinario instaurado en su contra hubiese sido vulnerado dichas prerrogativas, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 046/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 127 a 130 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1642_2026-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 49fa44169b77f83c2275cce7dc8a0a2dd24a20f1d7ba39d6600006f1f0682720

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