Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad; debido a que la Jueza hoy accionada en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a denuncia de Luis Huanca Sejas, Rubén Jhonny Mamani Pomar, Estela Huanca Quenallata, Andrea Huanca Quenallata y Juan Elvis Sánchez Velásquez por la presunta comisión del delito de avasallamiento signado con CUD: 201102032201937, el 5 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que fueron aplicados con la medida cautelar de carácter personal; por lo que, plantearon el Recurso de apelación incidental de manera verbal en dicha audiencia al amparo del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 64/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la libertad vinculado a la celeridad, de acceso a la justicia pronta y oportuna, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que la autoridad judicial hoy accionada en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación, remita los antecedentes del Recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de antecedentes del Recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, en la que debe resolverse la situación jurídica de los privados de libertad. 3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la pretensión de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1642/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58035-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 64/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Damiana Apaza de Limachi y Edwin Apaza Mamami contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz.
Los accionantes por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante de fs. 3 a 6, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal que les sigue el Ministerio Público a denuncia de Luis Huanca Sejas, Rubén Jhonny Mamani Pomar, Estela Huanca Quenallata, Andrea Huanca Quenallata y Juan Elvis Sánchez Velásquez por la presunta comisión del delito de avasallamiento signado con Código Único de Denuncia CUD: 201102032201937, el 5 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur, en que se encuentra en suplencia legal la autoridad judicial hoy accionada, en la que fueron aplicados con la medida cautelar de carácter personal; por lo que, tuvieron que plantear el Recurso de apelación incidental de manera verbal en audiencia al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); que señala: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”; en ese sentido, debía remitirse los antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro (24) horas; sin embargo, pese a que fueron diariamente al citado Juzgado a solicitar y exigir una copia de la Resolución de medidas cautelares, pagando el respectivo coste y la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, no les franquearon una copia de la resolución, menos remitieron los antecedentes al Tribunal de apelación, cuando ya transcurrieron desde la celebración de la referida audiencia un mes y medio, sin que la Jueza ahora accionada, haya firmado la resolución de medidas cautelares, generando una dilación indebida, privando de la posibilidad de que los agravios sean conocidos por el Tribunal de Alzada, dejándolos asi en estado de indefensión.
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 15, 18, 22, 73, 74, 115.I y II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela y se ordene que: a) La autoridad hoy accionada en el día ponga a la vista la Resolución de medidas cautelares del caso 201102032201937; b) Que en el día remita los antecedentes al Tribunal de alzada conforme al art. 251 del CPP; y, c) Ante el evidente incumplimiento por parte de la autoridad judicial ahora accionada, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de que se establezca la responsabilidad disciplinaria conforme a los arts. 39 y 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, aunque se consignan nombres que no corresponden al caso, mediante su abogado en audiencia, se ratificaron en el contenido de su memorial de acción de libertad.
Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital en Suplencia legal de su similar Primera de la Zona Sur del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de julio de 2023, cursante a fs. 10 y vta., refirió que: 1) Sería evidente que en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur, radica un proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Edson Gabriel Mamani Yujra y otros por la presunta comisión del delito de avasallamiento, en la que figuran como imputados Damiana Apaza de Limachi y Edwin Apaza Mamani -ahora accionantes-; 2) Refirió que la ex Secretaria del juzgado no cumplió con sus funciones, al haber dejado en total desorden el despacho judicial; es por ello que, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur, del que también estaría en suplencia legal, estaría realizando el saneamiento del despacho de todo lo que dejó la ex Secretaria; además, de no contar con un auxiliar a la fecha; razón por la cual, no se pudo poner en orden y al día todos los casos del indicado Despacho Judicial, entre ellas la remisión de la resolución de medidas cautelares que correspondía Secretaria, debido a que estaría sin la firma de la indicada funcionaria, quien incluso bloqueó su celular a su autoridad judicial intentando evadir sus funciones, sin que se haya podido ubicar hasta la fecha; 3) Es de exclusiva responsabilidad de las Secretarias del Jugado redactar el acta y la resolución conforme lo previsto en el art. 56 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, ratificado por el art. 120 del citado Código; por lo que, se estaría regularizando las falencias que dejó la ex funcionaria, para luego cumplir con la remisión que en derecho corresponda; y, 4) Alegó que estaría en suplencia de dos Juzgados. En audiencia ratificó los extremos señalados y expresamente complementó indicando: “…, el día de hoy enterada de la acción de libertad he conminado al secretario-abogado que de manera inmediata se remita la apelación ante la sala pertinente”.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 64/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 14 a 16 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que, la autoridad hoy accionada en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación, remita los antecedentes del Recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; con los siguientes fundamentos: i) Los accionantes denuncian la vulneración del derecho a la libertad; ya que, la autoridad judicial ahora accionada hasta el día de hoy no remitió los antecedentes del Recurso de apelación incidental que plantearon ante el Tribunal de alzada, desde el 5 de junio de 2023, en que se llevó la audiencia de consideración de medidas cautelares; ii) La autoridad hoy accionada refirió que no es su obligación realizar la trascripción de las actas de audiencia ni de las resoluciones emitidas en audiencia; ya que, de acuerdo a los arts. 56 y 120 del CPP, sería una responsabilidad de las Secretarias (os) del Juzgado; iii) Sin embargo, conforme se dio lectura al art. 56 del citado Código, en ningún caso los Secretarios o (as), pueden realizar tareas propias de la función jurisdiccional, de lo contrario la delegación de estas funciones jurisdiccionales a estos funcionarios haría invalidas las actuaciones realizadas, siendo de directa responsabilidad de los jueces; iv) Si bien según el art. 120 del CPP, la redacción o transcripción de las actas es una responsabilidad de los secretarios (as); sin embargo, la elaboración de las reducciones es una responsabilidad de la autoridad jurisdiccional, no pudiendo deslindarse esa responsabilidad con los secretarios; y, v) A parte de lo anterior, es responsabilidad de toda autoridad jurisdiccional, controlar a su personal subalterno, asi sea suplente; por lo que, habiendo reconocido que no remitió el legajo de apelación por parte de la autoridad ahora accionada ante el Tribunal de alzada, existe una vulneración del derecho a la libertad, por cuanto se impide a los accionantes, a ser oídos por el Tribunal de alzada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 19, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre del citado año, cursante a fs. 23; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto de 31 de marzo de 2023, que señala: “En atención al memorial que antecede SE SEÑALA AUDIENCIA PUBLICA DE CONSIDERACION DE MEDIDA CAUTELAR PESONAL PARA FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A HORAS 10:00, este señalamiento se lo realiza en virtud a que el suscrito Juez se encuentra en SUPLENCIA LEGAL de este despacho judicial”; asimismo, se aclara que la audiencia se llevará mediante video conferencia o sala virtual por PLATAFORMA CISCO WEBEX (fs. 2).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad; debido a que la Jueza hoy accionada en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a denuncia de Luis Huanca Sejas, Rubén Jhonny Mamani Pomar, Estela Huanca Quenallata, Andrea Huanca Quenallata y Juan Elvis Sánchez Velásquez por la presunta comisión del delito de avasallamiento signado con CUD: 201102032201937, el 5 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que fueron aplicados con la medida cautelar de carácter personal; por lo que, plantearon el Recurso de apelación incidental de manera verbal en dicha audiencia al amparo del art. 251 del CPP; sin embargo, no remitió los antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; a pesar de que fueron diariamente al citado Juzgado a solicitar y exigir una copia de la Resolución de medidas cautelares, pagando el respectivo coste y la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, no les franquearon la copia de la resolución, menos remitieron los antecedentes al Tribunal de apelación, cuando ya transcurrieron desde la celebración de la referida audiencia un mes y medio, generando una dilación indebida, privando de la posibilidad de que los agravios sean conocidos por el Tribunal de alzada, y dejándolos así en estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto se desarrollará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis de caso concreto.
La SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, refirió que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas son nuestras).
Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:
i) “Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.” De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa, que cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta, oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad; debido a que la Jueza hoy accionada en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a denuncia de Luis Huanca Sejas, Rubén Jhonny Mamani Pomar, Estela Huanca Quenallata, Andrea Huanca Quenallata y Juan Elvis Sánchez Velásquez por la presunta comisión del delito de avasallamiento signado con CUD: 201102032201937, el 5 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que fueron aplicados con la medida cautelar de carácter personal; por lo que, plantearon el Recurso de apelación incidental de manera verbal en dicha audiencia al amparo del art. 251 del CPP; sin embargo, no remitió los antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; a pesar de que, fueron diariamente al citado Juzgado a solicitar y exigir una copia de la Resolución de medidas cautelares, pagando el respectivo coste y la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, no les franquearon la copia de la resolución; menos, remitieron los antecedentes al Tribunal de apelación, cuando ya transcurrieron desde la celebración de la referida audiencia un mes y medio, generando una dilación indebida, privando de la posibilidad de que los agravios sean conocidos por el Tribunal de alzada, y dejándolos así en estado de indefensión. De los antecedentes, se tiene el Auto de 31 de marzo de 2023, emitida por la autoridad ahora accionada, en la que expresamente señala que: “En atención al memorial que antecede SE SEÑALA AUDIENCIA PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PERSONAL PARA FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 A HORAS 10:00, este señalamiento se lo realiza en virtud a que el suscrito Juez se encuentra en SUPLENCIA LEGAL de este despacho judicial”; asimismo, aclaró que la audiencia se llevará mediante video conferencia por PLATAFORMA CISCO WEBEX o sala virtual (Conclusión II.1.). Si bien no cursa en antecedentes el acta de audiencia de medidas cautelares ni la resolución que hubiera correspondido; no obstante, en el memorial de interposición de la acción de libertad, los accionantes afirman que dicha audiencia fue celebrada por la autoridad judicial hoy accionada en la fecha indicada, en la que fueron aplicados con la medida cautelar de orden personal; razón por la cual, tuvieron que plantear el Recurso de apelación incidental de manera verbal en la misma audiencia; la cual, no fue remitida hasta la fecha en que plantearon la presente acción de defensa. Al respecto, la autoridad judicial ahora accionada en su informe presentado con motivo de esta acción de defensa admitió que no fue remitido el legajo del Recurso apelación incidental interpuesto por los accionantes ante el superior en grado, alegando en su descargo dos justificativos: 1) La redacción y transcripción del acta de audiencia así como la elaboración de la resolución de medidas cautelares sería de exclusiva responsabilidad de las Secretarias (os) del Juzgado y no de la autoridad jurisdiccional, conforme lo previsto en el art. 56 del CPP, ratificado por el art. 120 del citado Código; toda vez que, la ex Secretaria del juzgado hubiera dejado el despacho judicial en total desorden; motivo por el cual, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, del que también estaría en suplencia legal, estaría colaborando con el saneamiento del despacho; tampoco contaría con un auxiliar ni pasante a la fecha; aparte de que, la ex Secretaria hubiera bloqueado su celular intentando evadir sus funciones, sin que se haya podido ubicar hasta la fecha; y, 2) Alegó que estaría en suplencia legal de los Juzgados de Instrucción Penal Primero y Segundo de la Zona Sur del citado departamento, siendo titular del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital; teniendo por ello mucha recarga procesal. Con relación al primer justificativo, es necesario remitirse a lo previsto en el art. 56 del CPP, modificado por el art. 3 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, que establece: “I. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes: 1. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; a tal efecto, deberá proyectar la conminatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad. 2. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente; 3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; 4. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad; 5. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos; 6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias; 7. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; 8. Dirigir al personal auxiliar; y, 9. Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial. II. En ningún caso las secretarias y los secretarios pueden realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en estos funcionarios hará inválidas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente a la jueza o al juez”. De igual forma, el art. 120 el citado Código, modificado por el art. 7 de la Ley 1173, determina: “El acto realizado se hará constar en un acta sucinta que deberá contener: 1. Mención del lugar, fecha, hora, autoridades y partes que asistan al acto procesal; 2. Indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados; 3. Mención de los lugares, fechas y horas de suspensión y continuación del acto, cuando se trate de actos sucesivos llevados a cabo en un mismo lugar o en distintos lugares; y, 4. Firma de todos los que participaron en el acto, dejando constancia de las razones de aquel que no la firme o del que lo hace a ruego o como testigo de actuación. Salvo disposición contraria, la omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta, o torna invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba. Las secretarias y los secretarios serán los encargados de redactar la constancia del acta y ésta carecerá de valor sin su firma, sin perjuicio de su responsabilidad personal. En cuanto al Recurso de apelación incidental y su trámite, el art. 403 del CPP, modificado por el art. 16 de la Ley 1173; determina que: “El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: 1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2. La que resuelve una excepción o incidente; 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 4. La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5. La que resuelve la objeción de la querella; 6. La que declara la extinción de la acción penal; 7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena; 10. La que resuelva la reparación del daño; y, 11. Las demás señaladas por este Código”. Respecto a su interposición, el art. 404 del citado Código, estatuye que: “Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el Tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar”. Asimismo, en cuanto concierne a la remisión del Recuro de apelación incidental, el art. 405, establece que: “La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva. Finalmente, el art. 406, sobre su trámite, reglamenta: “Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código” (las negrillas fueron añadidas). Conforme la normativa legal citada, si bien se advierte que la redacción y transcripción del acta de audiencia es una obligación del secretario o secretaria del juzgado; sin embargo, dichas actas para su validez y eficacia deben estar firmadas y autorizadas por el juez de la causa; mientras que la emisión de las resoluciones cautelares son de entera responsabilidad de los jueces de instrucción, no pudiendo delegarse estas funciones a los secretarios del juzgado; asimismo, corresponde a los jueces la remisión de antecedentes del Recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; la cual, si bien debe ser secundado por el secretario (a) del juzgado; empero, el juez puede prescindir de esa formalidad en caso de estar en acefalia el cargo o estar con baja, suspendido o en vacaciones el referido funcionario de apoyo jurisdiccional. En ese orden, es posible establecer que el argumento esgrimido por la autoridad judicial hoy accionada de que la transcripción de las actas y las resoluciones es de entera responsabilidad de los secretarios de juzgado no tiene suficiente asidero legal; por cuanto, las actas así estuvieran transcritas no tienen validez sino cuentan con la firma y autorización del juez, mientras que la emisión de las resoluciones es de su exclusiva responsabilidad. Por consiguiente, al no haber remitido los antecedentes del Recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes en la audiencia de medidas cautelares de 5 de junio de 2023, incurrió en un acto dilatorio arbitrario e ilegal, que vulneró el derecho a la libertad de los accionantes. Con respecto al segundo argumento por el cual no remitió el legado del Recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes ante el superior en grado por la recarga procesal existente, es preciso tomar en cuenta lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que prevé que planteado el Recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales; sin embargo, dicho plazo, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio. De modo que cuando el Recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; o el plazo de tres días, aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. En ese marco, considerando que la autoridad judicial hoy accionada se encontraba en suplencia legal de dos juzgados, tenía el plazo de tres días para remitir el legajo del Recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada desde la celebración de la audiencia de medidas cautelares que fue llevado a cabo el 5 de junio de 2023, dicho plazo vencía el 8 de igual mes y año; por lo que, la Jueza ahora accionada al admitir que al momento de plantearse la acción de libertad, -26 de julio de 2023- no se había remitido el legajo del Recurso de apelación incidental, incurrió en un acto dilatorio indebido contra los derechos de los accionantes.
La situación descrita, se acomoda a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; ya que, en los casos de dilación injustificada se tiene la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que tiene la finalidad de acelerar cualquier trámite judicial o administrativo en el que se evidencien dilaciones indebidas, más aún cuando éstos están dirigidos a resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad. Bajo ese entendimiento, es posible concluir en el caso en concreto que la Jueza ahora accionada, produjo una dilación indebida al no haber remitido dentro del plazo de tres días los antecedentes del Recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes ante el Tribunal de alzada con la debida celeridad que exige la ley; más aún, considerando que se aplicó la medida cautelar de detención preventiva, soslayando sus funciones, y apartándose de la norma procesal penal que garantiza una justicia pronta y oportuna; en consecuencia, la Jueza hoy accionada desconoció los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, lo que implica la activación de este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al ser cierta la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y de acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculados a la libertad física del accionante; disponiendo que la autoridad judicial ahora accionada en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación, remita los antecedentes del Recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada. Finalmente, respecto a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, no corresponde que sea atendida conforme al alcance de la tutela concedida y la regulación normativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 64/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la libertad vinculado a la celeridad, de acceso a la justicia pronta y oportuna, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que la autoridad judicial hoy accionada en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación, remita los antecedentes del Recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de antecedentes del Recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, en la que debe resolverse la situación jurídica de los privados de libertad. 3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la pretensión de remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1642_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1277428547dd7463a230697052d05dc3d8b21a5d93ec38fbf8c51987131255df
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