Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba y seguridad jurídica, debido a que la autoridad demandada a momento de emitir el Auto de Vista 200/2022, incurrió en los siguientes defectos: 1) Omitió fundamentar las razones por la que mantuvieron activos los incisos 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del CPP; además que, no guarda concordancia con los agravios expuestos en su recurso de apelación; 2) Sustentó la imposición de la detención preventiva solamente en declaratoria de rebeldía, la cual por sí sola no podía constituirse en fundamento suficiente para imponerle dicha medida cautelar; 3) Suplió la fundamentación de la mantención de los riesgos procesales previstos en los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP “aumentado”, con otros aspectos que el Tribunal de origen no manifestó en absoluto, contraviniendo lo dispuesto por el art. 398 CPP, que ha establecido que los Tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la misma; y, 4) Mantuvo la detención preventiva sin considerar otras medidas cautelares que podrían hacer frente al peligro de fuga. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1641/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50461-2022-101-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elías Sandoval Arenas contra Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 33 a 48 vta., el accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 201501470, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, dispuso su detención preventiva, fundando su determinación en la activación de los riesgos procesales vinculados al peligro de fuga, específicamente los descritos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-. En desacuerdo con dicha Resolución, interpuso recurso de apelación, cuyos fundamentos fueron expuestos en audiencia, los cuales obtuvieron por respuesta el Auto de Vista 200/2022-SP1 de 15 de agosto, emitido por Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandado-, quien confirmó la decisión de instancia. Señala que, el Auto de Vista cuestionado, incurrió en los siguientes defectos: a) La autoridad judicial demandada consideró vigentes los riesgos procesales; sin embargo, no expresó ni fundamentó las razones por las que mantuvo activos los incisos 1, 2, 3, 4 y 7 del art. 234 del CPP; además, el fallo impugnado, no guardaba concordancia con los agravios expuestos en su recurso de apelación, debido a la escueta e insatisfactoria respuesta otorgada, limitándose a reiterar las conclusiones arribadas por los Jueces del “Tribunal de Sentencia”, vulnerando de esa manera sus derechos y garantías constitucionales; b) El entendimiento expresado por el citado Tribunal, consistente en la necesidad de imponerle la detención preventiva, a fin de precautelar su permanencia al proceso debido a su declaración de rebeldía, resulta errónea; toda vez que, la rebeldía por sí sola no podía constituirse en fundamento suficiente para imponerle la detención preventiva; c) Suplió la fundamentación de la mantención de los riesgos procesales previstos en los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP “aumentado”, con otros aspectos que el Juez de origen no manifestó en absoluto, vulnerando sus derechos y garantías, puesto que el art. 398 -se entiende del Código de Procedimiento Penal (CPP)- ha establecido que los Tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la misma; y, d) Se mantuvo su detención preventiva sin considerar otras medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del Código Adjetivo Penal, modificado por la Ley 1173, las cuales podrían hacer frente al peligro de fuga.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 13, 14.I, 23.I y III; 109.I, 115, 116.I, 125, 126, 256 y 257.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la revocatoria del Auto de Vista 200/2022-SP1, emitido por Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Celebrada la audiencia pública el 14 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 49 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, señaló que: 1) Se encontraba privado ilegalmente de su libertad; ya que, la solicitud del Ministerio Público para activar los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del CPP, carecía de pruebas que sustentaran los riesgos procesales, domicilio, familia y trabajo, no se presentaron certificaciones del Servicio de Registro Cívico (SERECI), Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Derechos Reales (DD.RR.), Alcaldía o Gobernación que fundamentaran la falta de arraigo de su persona; en cambio, el Auto de Vista cuestionado, se basó en una declaratoria de rebeldía y un mandamiento de aprehensión, alegando desconocimiento de su domicilio; 2) El Vocal demandado, omitió pronunciarse sobre los puntos denunciados, incumpliendo su obligación de fundamentar las razones para no considerar los agravios o la defensa; se afirmó que los riesgos procesales no podían activarse sólo con declaratorias de rebeldía o mandamientos de aprehensión, citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0914/2014 de 12 de mayo de 2014 y “033/2018”; 3) Asimismo, el Tribunal a quo, no fundamentó la activación de los incs. 3 y 4 del art. 234 del CPP, en la audiencia de medidas cautelares, limitándose a establecer su activación sin motivación, afectado su derecho a la defensa y la seguridad jurídica; y, 4) La acción de libertad fue interpuesta por considerar un procesamiento y detención ilegal, buscando un nuevo fallo que responda a todos los agravios, en lugar de enfatizar actos preparatorios de fuga o el mandamiento de aprehensión para justificar la detención preventiva.
Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito al que tuvo inmediación el Juez de garantías, Resolución de la presente acción de defensa, cursante a fs. 50 vta., señaló que: i) Conoció el recurso de apelación incidental formulado por el accionante y en el ámbito del caudal indiciario adoptó la determinación de confirmar la resolución apelada teniendo en cuenta el análisis de los antecedentes remitidos en apelación respecto a los agravios expuestos y particularmente al carácter provisional de las medidas cautelares y los indicios aportados; consecuentemente, al verificar la concurrencia y activación correcta de peligros procesales resolvió declarar sin lugar la impugnación formulada por el nombrado, haciendo hincapié en las características que regulan las medidas cautelares en cuanto a la excepcionalidad, la proporcionalidad, la variabilidad, la aplicación de las mismas con criterios restrictivos; y, ii) Destacó el comportamiento del imputado de no sometimiento al proceso fundando en datos objetivos que no habría existido lesión al derecho a la vida ni a la privación de libertad; la cual, en su caso, obedecía a una decisión de autoridad competente y cumplía con la debida motivación y fundamentación respecto de la activación de los peligros procesales, tampoco, incurrió en defectuosa valoración de la prueba y menos aún en incorrecta aplicación de los peligros procesales; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
María Luisa Téllez Vasquez, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, en audiencia de garantías, manifestó: a) El accionante fue debidamente notificado y tenía pleno conocimiento del proceso penal por violación de infante, niña, niño o adolescente, a pesar de ello, se declaró en rebeldía al no apersonarse, lo que reflejando su intención de evadir la justicia y perjudicar el desarrollo del proceso, considerando que la víctima era una menor de edad; b) El imputado no contaba con un domicilio real donde pueda ser notificado, lo que generó un alto riesgo de fuga, incluyendo la posibilidad de abandonar el país; c) Además, existía el riesgo de que el prenombrado contacte a la víctima o testigos, y atente contra su integridad y seguridad; y, d) Correspondía mantener la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, en resguardo de la integridad de la niña involucrada en el proceso.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 50 a 54 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante no se presentó voluntariamente al proceso judicial; de hecho, intentó abandonar el país y tuvo que ser aprehendido para ser presentado ante la autoridad jurisdiccional. Esta actitud, sumada a que la causa se inició en 2014, sin que el imputado haya mostrado voluntad de someterse al proceso, justificó la activación de los peligros procesales por parte del Vocal demandado, sin que esto implique una falta de fundamentación o una vulneración al derecho a la libertad; 2) La existencia de peligros procesales, contrario a lo alegado por el accionante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero y el Vocal demandado sí consideraron la inexistencia de domicilio, familia, trabajo y la facilidad para abandonar el país como elementos objetivos que justificaban las decisiones tomadas, incluyendo la declaratoria de rebeldía del accionante; 3) Se aplicó la perspectiva de género, conforme a Tratados y Convenios Internacionales como la Convención de Belém do Pará; la cual, junto con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y la jurisprudencia desarrollada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0866/2018-S2 de 12 de diciembre y 0064/2018-S2 de 15 de marzo, exige a las autoridades actuar con debida diligencia en la protección de mujeres víctimas de violencia, priorizando la erradicación de esta violencia y eliminando brechas de desigualdad; por lo tanto, el Auto de Vista del Vocal demandado, se ajustó a derecho, respetando el bloque de constitucionalidad y los parámetros objetivos; y, 4) Tomando en cuenta los antecedentes y las decisiones cuestionadas, concluyó que no hubo vulneración del derecho a la libertad del accionante; la restricción de la libertad se ajustó a derecho, emanando de una autoridad competente y cumpliendo con los presupuestos procesales establecidos en la Constitución Política del Estado, por esta razón la determinación de la autoridad judicial demandada fue razonable, legal y debidamente fundamentada, respetando el debido proceso; en consecuencia, determinó que no existió vulneración alguna a los derechos del accionante.
Una vez sorteado el expediente, por Decreto Constitucional de 2 de abril de 2025 (fs. 1), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar información complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 20 de noviembre del mismo año (fs. 60), que fue notificado en la misma fecha; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Elías Sandoval Arenas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, mediante Auto Interlocutorio 189/2022 de 9 de agosto, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, se dispuso la detención preventiva del prenombrado, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, dejando constancia de la innecesariedad de tiempo de detención preventiva (fs. 33 a 48 vta.). II.2. Contra la precitada determinación, el accionante formuló recurso de apelación incidental en la misma audiencia; el cual, fue remitido en grado de alzada ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, fue fundamentada de manera oral en audiencia de 15 de agosto de 2022, bajo los siguientes argumentos: i) Considera que incorrectamente se valoró la prueba y además se activaron los riesgos procesales de los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP; ii) Señala que no se evaluó correctamente el art. 6 del CPP, en cuanto la presunción de inocencia, ni el art. 231 bis del CPP, que regulan la carga de la prueba para el acusador a efectos de acreditar el peligro de fuga, en relación al art. 6 de la Ley 348, de manera que el Juez de la causa, debió determinar la concurrencia de los riesgos procesales en mérito a los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público o acusador particular, sin exigir actuación del acusado, vulnerando el debido proceso al invertir la carga de la prueba; y, iii) El acusador no aportó elementos para activar los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP; toda vez que, no fueron adjuntas certificaciones del acusado emitidas por el SERECI, para establecer si tenía familia, informes de la Policía Boliviana, para demostrar la ausencia de actividad económica -trabajo-, detalles de Impuestos Nacionales para acreditar un negocio, informe de Derechos Reales para acreditar propiedades y/o domicilio en el país, máxime cuando estos numerales no pueden activarse por la sola presencia de la declaratoria de rebeldía, edictos o mandamiento de aprehensión (fs. 50 a 54 vta.).
II.3. Mediante Auto de Vista 200/2022-SP1 de 15 de agosto, Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandado-, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por el accionante; decisión adoptada conforme a los siguientes argumentos: a) El Tribunal de instancia que originalmente definió la detención preventiva, refiere que el caso cuenta con acusación por el delito de violación, cuya data es del año 2014, donde se declaró la rebeldía del imputado en la misma gestión, debido a su incomparecencia; aspecto que en su condición de Tribunal de alzada consideró debidamente fundamentado, para acreditar la probabilidad de autoría, la existencia de acusación, y los indicios suficientes que corroboran esa probabilidad como primer elemento del numeral 1 del art. 233 del CPP, que incluso permite deducir la activación de los riesgos procesales descritos en el art. 234 del CPP; b) Considera que si bien en el Auto Interlocutorio 189/2022, los numerales 3 y 4 del art. 234 del citado Código, no fueron fundamentados explícitamente por el Tribunal de Sentencia, se tomó en cuenta la existencia de motivos suficientes vinculados al numeral 3 -que incluye al numeral 4-, traducidos en la existencia de actos preparatorios de fuga y el comportamiento desenvuelto por el sindicado durante el proceso, por cuanto el acusado intento abandonar el país, que de no mediar la intervención oportunamente de la policía, probablemente no se hubiera sometido al proceso; c) Así también el Tribunal de instancia, tomó en cuenta la desproporción asimétrica y la vulnerabilidad de la víctima, aspecto directamente relacionado con la fundamentación correcta a momento de ser activado el numeral 7 del art. 234; d) Conforme a la evidencia de actos de fuga, el incumplimiento del mandamiento de aprehensión por circunstancias provocadas por el sindicado, y la rebeldía declarada por dichos motivos; el referido Tribunal, realizó una abstracción integral de los presupuestos de la investigación, que los llevó a la convicción de la concurrencia del riesgo procesal ínsito en el art. 234.1 del CPP, al advertir que el acusado no contaba con domicilio, residencia, familia o negocios; aspectos que, incluso contribuyeron a fundamentar los demás presupuestos procesales; e) En cuanto al numeral 2 del art. 234 del CPP, este riesgo fue desacreditado, debido a que las autoridades jurisdiccionales consideraron que encontrándose fuera del territorio nacional, no tuvo la posibilidad de obstaculizar el proceso; y, f) Enfatizó la necesidad de precautelar de permanencia del imputado a todos los actos del proceso, por más de ocho años dentro del mencionado proceso, además que las medidas cautelares tienen justamente esa finalidad, en garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso (fs. 50 a 54 vta.)
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba y seguridad jurídica, debido a que la autoridad demandada a momento de emitir el Auto de Vista 200/2022, incurrió en los siguientes defectos: 1) Omitió fundamentar las razones por la que mantuvieron activos los incisos 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del CPP; además que, no guarda concordancia con los agravios expuestos en su recurso de apelación; 2) Sustentó la imposición de la detención preventiva solamente en declaratoria de rebeldía, la cual por sí sola no podía constituirse en fundamento suficiente para imponerle dicha medida cautelar; 3) Suplió la fundamentación de la mantención de los riesgos procesales previstos en los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP “aumentado”, con otros aspectos que el Tribunal de origen no manifestó en absoluto, contraviniendo lo dispuesto por el art. 398 CPP, que ha establecido que los Tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la misma; y, 4) Mantuvo la detención preventiva sin considerar otras medidas cautelares que podrían hacer frente al peligro de fuga. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de falta de fundamentación, motivación, valoración de la prueba, congruencia y errónea aplicación de la ley, debido a que el Auto de Vista 200/2022, declaró sin lugar su recurso de apelación, confirmando la detención preventiva que le fue impuesta por el Auto Interlocutorio recurrido, limitándose a reproducirlo, sin abordar adecuadamente los agravios planteados en apelación. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Auto Interlocutorio 189/2022 de 9 de agosto, dictado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento Tarija, se le impuso la detención preventiva, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Morros Blancos del mencionado departamento, dejando constancia de la “innecesaridad” de tiempo de detención preventiva, considerando que el proceso ya se encontraba con acusación en etapa de juicio oral. En ese sentido, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación, que fue fundamentado de manera oral en audiencia, de acuerdo a los siguientes argumentos: i) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, practicó una incorrecta valoración de la prueba y la activación de los riesgos procesales de los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP, sin explicitar fundamento, de esa manera alega falta de motivación y fundamentación; ii) Se inobservaron los arts. 6 y 231 bis del citado Código, que regula la presunción de inocencia, y la carga de la prueba para el acusador, respectivamente, a efectos de acreditar el peligro de fuga; sosteniendo que el Juez de la causa, debió determinar la concurrencia de los riesgos procesales con elementos de convicción aportados por el Ministerio Público o acusador particular, pues exigir al acusado la presentación de pruebas constituye una inversión de la carga de la prueba, vulnerando el debido proceso; iii) El acusador no aportó elementos para activar los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP, como certificaciones emitidas por diferentes entidades, como el SERECI, para establecer si tenía familia; la Policía Boliviana, para demostrar que no tenía antecedentes policiales; Impuestos Nacionales, para acreditar negocio o actividad económica; DD.RR., para acreditar propiedades y/o domicilio en el país; y, tampoco pueden ser activados por la existencia de declaratoria de rebeldía, edictos o mandamiento de aprehensión conforme las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 914/2014 y 0033/2018-S2; y, iv) La declaratoria de rebeldía por sí sola no constituye un presupuesto para determinar el riesgo de fuga del art. 234 del CPP, que implicaría que no pueda acceder a una cesación de la detención preventiva. Recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista 200/2022 de 15 de agosto, por Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandado-, que declaró sin lugar dicha impugnación, bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, que originalmente definió la detención preventiva, refirió que el caso contaba con acusación formal por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, cuya data era del 2014, donde se declaró la rebeldía del imputado, en el mismo año debido su incomparecencia; aspecto que el Vocal demandado consideró debidamente fundamentado, para acreditar la probabilidad de autoría, la existencia de acusación, y los indicios suficientes que corroboran esa probabilidad como primer elemento del numeral 1 del art. 233 del CPP, que incluso permite deducir la activación de los riesgos procesales descritos en el art. 234 del citado Código; b) Si bien en el Auto Interlocutorio 189/2022, los numerales 3 y 4 del art. 234 del Adjetivo Penal, no fueron fundamentados explícitamente por el Tribunal de instancia, se tomó en cuenta la existencia de motivos suficientes vinculados al numeral 3 -que incluye al numeral 4-, traducidos en la existencia de actos preparatorios de fuga y el comportamiento desenvuelto por el sindicado durante el proceso, por cuanto el acusado intento abandonar el país, que de no mediar la intervención oportunamente de la “policía”, probablemente no se hubiera sometido al proceso; c) Así también el Tribunal de instancia, tomó en cuenta la desproporción asimétrica y la vulnerabilidad de la víctima, aspecto directamente relacionado con la fundamentación correcta a momento de ser activado el numeral 7 del art. 234 del CPP; d) Conforme a la evidencia de actos de fuga, el incumplimiento del mandamiento de aprehensión por circunstancias provocadas por el sindicado, y la rebeldía declarada por dichos motivos; el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, realizó una abstracción integral de los presupuestos de la investigación, que los llevó a la convicción de la concurrencia del riesgo procesal ínsito en el art. 234.1 del CPP, al advertir que el acusado no contaba con domicilio, residencia, familia o negocios; aspectos que incluso contribuyeron a fundamentar los demás riesgos procesales; e) En cuanto al numeral 2 del art. 235 del mismo cuerpo legal, este riesgo fue enervado, debido a que el prenombrado Tribunal, consideró que encontrándose fuera del territorio nacional el nombrado, no tuvo la posibilidad de obstaculizar el proceso; y, f) Enfatizó la necesidad de precautelar la permanencia del imputado a todos los actos del proceso, por más de ocho años, dentro de la mencionada causa, además que las medidas cautelares tienen justamente esa finalidad, en garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso. Conforme los antecedentes descritos y cotejados del expediente constitucional, se puede proceder al análisis pertinente de lo denunciado en su acción tutelar, de esa manera se tiene que el impetrante de tutela denuncia que el Auto de Vista cuestionado, incurrió en los siguientes agravios: 1) Omitió fundamentar las razones por la que mantuvieron activos los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del CPP e incongruencia en el pronunciamiento, puesto que la autoridad demandada no fundamentó las razones por las cuales mantuvo persistente los riesgos procesales; y, que el Auto de Vista impugnado adolece de una falta de concordancia entre lo pedido, apelado, considerado y resuelto, afirma que la respuesta fue "escueta e insatisfactoria", que no satisfice los puntos apelados, vulnerando así sus derechos y garantías; 2) Sustentó en su declaratoria de rebeldía la imposición de la detención preventiva, siendo ese entendimiento errado puesto que la rebeldía por sí sola no puede constituir un fundamento razonable para la imposición de dicha medida cautelar, conforme a la jurisprudencia constitucional, la cual no ha sido considerada por el demandado; 3) Suplió la fundamentación de la mantención de los riesgos procesales previstos en los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP “aumentado”, con otros aspectos que el Tribunal de origen no los manifestó en absoluto, vulnerando sus derechos, de acuerdo al art. 398 del CPP; y, 4) Falta de consideración de otras medidas cautelares, ya que mantuvo la detención preventiva sin considerar otras medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley 1173, las cuales harían frente al peligro de fuga. Con relación a la falta de fundamentación sobre los riesgos procesales e incongruencia. Con relación a la falta de motivación del mantenimiento de los riesgos procesales, previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del CPP, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Vocal demandado, respondiendo al agravio del apelante referido a la falta de fundamentación de la concurrencia de las circunstancias previstas en los numerales 3 y 4, luego de hacer referencia a lo que prevé la norma legal afirma sostiene que el Tribunal de origen fundamentó su decisión sobre este aspecto, y refiriéndose al comportamiento del acusado señala que “..de la apertura del proceso busca la manera de abandonar la frontera de Bolivia y de no haber sido por la intervención oportuna de la policía probablemente no se hubiera sometido (…) prueba de ello el trámite migratorio…”; asimismo en cuanto a los riesgos relativos a los numerales 1 y 2, señala “evidentemente verifica que más allá de que se ha expedido un mandamiento de aprehensión este no ha podido ser cumplido, ejecutado en un bastante tiempo y no se tiene demostrado estos elementos que tiene que ver con el domicilio, residencia, familia o negocios, lo propio con la posibilidad de abandonar el país puesto que estamos pues tomando en consideración que el imputado ha sido sorprendido realizando justamente actos que tienen por objeto la ausencia del territorio nacional…” . Como se advierte, si bien no se trata de una fundamentación y motivación ampulosa, sin embargo, resulta evidente que el Vocal demandado expone de manera suficientemente clara y plausible las razones por las cuales confirma la decisión del Tribunal a quo de dar por acreditada la concurrencia del riesgo de fuga fundada en las circunstancias previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 234 del CPP, que son los que cuestiona el accionante a través de esta acción de tutela, enfatizando sobre la evidencia sobre los actos preparatorios de fuga y en que fue la policía precisamente la que impidió que el acusado salga del país, cuando se predisponía a hacerlo; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En lo que concierne a la congruencia del pronunciamiento del Vocal demandado, el accionante se limita a manifestar que de manera genérica que no existe concordancia entre lo pedido, lo apelado, lo considerado y lo resuelto, como se advierte, se trata de una denuncia abstracta, ya que no concretiza en que consiste ya sea la incongruencia externa o la incoherencia interna del fallo que sugiere; aspectos que impiden a este Tribunal ingresar al examen de dicha denuncia, puesto que en el control constitucional tutelar no es posible que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituya en una instancia revisora de la actuación de los tribunales ordinarios; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada sobre esta denuncia. Respecto a la insuficiencia de la rebeldía para imponer la detención preventiva; y, el incremento de otros aspectos. En cuanto a la denuncia de que el demandado habría fundado el riesgo de fuga previsto en los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP, únicamente en la declaratoria de rebeldía del procesado, cabe precisar que efectivamente el peticionante de tutela, a través de su recurso de apelación, denunció que la rebeldía no justifica por si sola la detención preventiva. En respuesta a ese agravio, el Vocal demandado, en el aludido Auto de Vista 200/2022, ahora impugnado vía constitucional, justificó la activación de los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP, considerando no solo la rebeldía del proceso, sino esencialmente los actos preparativos de fuga en los que incurrió el peticionante de tutela, pues como ya se tiene señalado ut supra el Vocal demandado, en el Auto de Vista 200/2022, hoy impugnado, justificó su decisión en la evidencia de actos preparativos de fuga y el comportamiento del procesado durante el proceso, debido a que el mismo buscaba abandonar el país; por lo que, no resulta evidente que el riesgo de fuga hubiera sido determinado únicamente en la declaratoria de rebeldía del acusado, hoy accionante. De lo analizado, este Tribunal considera, que el reclamo tuvo como respuesta el fundamento de los actos preparativos de fuga y además su comportamiento consistente en el abandono del país, que provocó su detención, fundamentos que se consideran suficientes para predicar una adecuada fundamentación del agravio ahora examinado, que cumple con los estándares de fundamentación y motivación establecidos por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la cual no resulta evidente lo denunciado por el impetrante de tutela. Con relación al incremento de otros aspectos, el accionante sostiene que la autoridad judicial demandada, al resolver su apelación, no solo omitió una correcta fundamentación respecto a los numerales 3 y 4 del art. 234 del CPP, sino que además "incrementó” su resolución con otros aspectos; respecto a dicha denuncia, cabe precisar que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de la misma, resulta indispensable que el impetrante de tutela cumpla con una carga argumentativa mínima y específica; ya que no basta con la mera enunciación genérica de que la Resolución ha sido "incrementada con otros aspectos"; es deber del accionante individualizar con precisión cuáles son esos "otros aspectos" que, a su juicio, fueron incorporados de manera indebida por el Vocal demandado en el Auto de Vista 200/2022, y explicar cómo su inclusión excede los límites de lo apelado, generando así una afectación concreta a sus derechos fundamentales; consecuentemente, al haberse limitado el accionante a efectuar una referencia genérica sin la debida concreción de los elementos que considera violatorios de sus derechos fundamentales, este Tribunal se ve impedida de ingresar al tratamiento de fondo de este agravio, al no cumplir con la carga de individualización exigida por nuestra jurisprudencia constitucional.
Sobre la no consideración de otras medidas cautelares En el caso de autos se advierte que, el accionante a través de su recurso de apelación, denunció que se mantiene la detención preventiva sin considerar otras medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley 1173, las cuales harían frente al peligro de fuga. Al respeto el Auto de Vista denunciado indica que es necesaria la precautela de permanencia del imputado a todos los actos del proceso, siendo que la medida cautelar tiene justamente esa finalidad, garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso. Este Tribunal considera que respecto a la denuncia de no consideración de otras medidas cautelares, las autoridades demandadas otorgaron respuesta justificando su necesidad, debido a garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso; asimismo, de la lectura integra del mencionado Auto de Vista, se aprecia que dicha necesidad no fue una mera aclaración, sino guarda su incidencia al comportamiento del imputado de intentar huir del país, momento en el que fue detenido, de manera que lo referido en el fundamento mantiene coherencia y una adecuada fundamentación respecto al agravio denunciado. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1641_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a07da426638d2b7ee543217bca81b8267938bcc3d817994dcfc634f59109f640
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