Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; por cuanto, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 667/2022 de 7 de septiembre, confirmó el rechazo de la cesación de su detención preventiva porque ya se habría presentado una acusación fiscal, soslayando que solo se debía evaluar el transcurso del tiempo por el cual se dispuso su detención preventiva; asimismo, porque existiría una solicitud de ampliación de dicha medida, a pesar de no haberse comprobado ese extremo; igualmente, porque no aplicó la SCP 0185/2019-S3 -que superó la SCP 0070/2014-S1-, que desvirtúa el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, con la demostración de la inexistencia de una sentencia condenatoria; y, debido a que no valoró correctamente la prueba aportada con relación al art. 239.1 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 92 vta. a 95 vta., dictada por el Juez de Sentencia Penal, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo del problema jurídico planteado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1640/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50928-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 92 vta. a 95 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez, en representación sin mandato de Alberto Chávez Aliaga contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 75 a 83, el accionante, a través de sus representantes, expresó que:
Está detenido preventivamente, por determinación del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; en esas circunstancias, presentó memorial de solicitud de cesación de dicha medida, con base en el vencimiento del plazo determinado de manera específica, de acuerdo a lo previsto por el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante ello, el Ministerio Público argumentó que había solicitado una ampliación de la referida medida cautelar, planteamiento que fue observado por el Juez a quo. Rechazada su mencionada solicitud, se llevó a cabo audiencia de apelación ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 7 de septiembre de 2022, que por Auto de Vista 667/2022 de 7 de septiembre, confirmó el Auto apelado, afectando los elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba.
En audiencia de apelación, su defensa explicó que fundó su solicitud de cesación de dicha medida en el cumplimiento de la duración de la detención preventiva conforme lo prevén los arts. 233 y 239.2 del CPP; contestada esa petición por el Ministerio Público, correspondía ingresar al fondo de lo planteado. Sin embargo, la Vocal demandada, arbitrariamente fundó su decisión denegatoria en que el argumento del Fiscal de Materia fue la presentación de una acusación fiscal, cuando la cesación de la detención preventiva prevista por el art. 239.2 del citado Código procede con base en la temporalidad de una medida cautelar; de esa forma, la mencionada Vocal ingresó en una motivación insuficiente, pues se alejó de los señalados preceptos legales, en lugar de dar aplicación a la SCP 0491/2021-S4 de 2 de septiembre, porque la cesación de la detención preventiva se da con el transcurso del tiempo. Si bien la Vocal demandada en su Auto de Vista “276/2020” advirtió la existencia de un memorial de solicitud de ampliación de detención preventiva que se hubiese presentado el 6 de julio de 2020, ese hecho no fue probado, siendo contradictorio a la afirmación efectuada por el Juez a quo. En audiencia de apelación no se acreditó que se hubiera ampliado ni tramitado la detención preventiva; por lo que, se genera nuevamente una motivación arbitraria y, por tanto, fundamentación insuficiente e incongruencia interna, porque dichos antecedentes no se presentaron en audiencia primigenia. Por lo tanto, la referida Vocal, al apartarse de la correcta aplicación de la norma en la emisión del señalado Auto de Vista, vulneró los derechos a la presunción de inocencia, a la igualdad de partes, a la libertad, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, por apartarse del espíritu de la norma. Ahora bien, la solicitud basada en el art. 239.2 del CPP, también se la relacionó con el art. 239.1 primera parte, pues se presentaron elementos para enervar el art. 234.7 y relativos al 239.1 segunda parte, todos de dicha norma legal. Debía darse por enervado el art. 234.7 del CPP en aplicación del razonamiento desarrollado por la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril -que superó la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre- en casos de delitos de sustancias controladas, que determinó que para la concurrencia del art. 234.10 -ahora 234.7- del CPP debe existir una Sentencia condenatoria ejecutoriada; por lo que, al presentar un certificado del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) que informa que el accionante no tiene esa sentencia en su contra, está desvirtuado dicho peligro. Sin embargo, el Auto de Vista cuestionado aplicó la SCP 0070/2014-S1 y mantuvo subsistente la concurrencia de dicho peligro. El citado Auto de Vista, no solo no aplicó la SCP 0185/2019-S3, sino que tampoco utilizó la SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, vulnerando su defensa; al efecto, de forma errada e incongruente, indicó que no era análoga a su caso; por otro lado, la supuesta peligrosidad razonada en el Auto de Vista cuestionado, fue desvirtuada con los antecedentes policiales que no fueron valorados de manera integral, con lo que se generó una motivación insuficiente. Respecto al art. 239.1 segunda parte del CPP, su defensa técnica arguyó que existía un documento notarial que indicaba que vivía en la Comunidad Apa Apa junto con su madre, a quien cuidaba por ser de avanzada edad. No obstante, la Vocal demandada valoró dicha prueba defectuosamente, pues sostuvo que no se tenía constancia de que esa señora era su madre; empero, conforme a la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, toda certificación notariada tiene calidad de fe pública; por consiguiente, se lesionó el debido proceso en su elemento valoración probatoria.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, sin realizar cita normativa alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 667/2022 de 7 de septiembre y que en el día se emita uno nuevo, valorando correctamente las certificaciones notariales y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2019-S3 y 0220/2020-S3. I .2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 92 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos, señaló que: a) Se determinó la detención preventiva del impetrante de tutela por treinta días; y, b) En etapa de apelación, se logró enervar todos los peligros de fuga y obstaculización quedando solo pendiente el art. 234.7 del CPP, producto de “…este Auto de vista…” (sic), se interpuso solicitud de cesación de la detención preventiva, a cuyo efecto se señaló audiencia, a la que asistió el Ministerio Público.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 87 a 90 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Como antecedente de la presente acción de libertad, se tiene el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alberto Chávez Aliaga –accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, radicado en la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal, en grado de apelación de medida cautelar, que determina la admisibilidad del recurso de apelación e improcedentes las cuestiones planteadas y en el fondo, confirmó el Auto Interlocutorio 206/2022, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; 2) Conforme a la Resolución apelada, el Juez a quo advirtió que se puso en desventaja al Ministerio Público con relación a que la audiencia de medidas cautelares fue convocada para la consideración del art. 239.1 y no del 239.2 ambos del CPP; 3) De la revisión de la Resolución del legajo de apelación se tiene el memorial cursante a “…fs. 29 de obrados de 24 de agosto de 2022…” (sic), donde se infiere que al amparo del art. 24 de la CPE y del art. 239.1 del CPP, solicitó día y hora de consideración de cesación de la detención preventiva; consecuentemente, mediante memorial de 31 de agosto de 2022, se adjuntó documentación conforme a la declaración voluntaria notarial y acta de verificación “…extremos que la autoridad jurisdiccional habría señalado que la parte peticionante no habría invocado el artículo 239.2, empero el mismo refiere que el Ministerio Público en audiencia de Cesación a la Detención Preventiva habría respondido sus fundamentos conforme al art. 239.2…” (sic), aspecto que habría sido convalidado por el Ministerio Público, en ese entendido, si bien la defensa señala que las audiencias se rigen bajo el principio de oralidad, también es cierto que “…el mismo efectivamente….” (sic), causaría indefensión al Ministerio Público; sin embargo, al haber respondido este respecto al art. 239.2 del CPP que “…no cumpliría con el principio de certeza ya que señala que la autoridad fiscal habría solicitado la Detención Preventiva (…) en cuanto a su ampliación…” (sic); por cuanto, solicita se observe también dicho extremo junto al requerimiento conclusivo de acusación formal, aspecto que se encuentra “…en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que refiere Ministerio Público respecto [a] la presencia del acusado en todos los actos procesales, ya que deviene en una etapa de juicio oral ordinario y contradictorio donde requiere la presencia física del peticionante, en definitiva en cuanto a la solicitud de la falta de elemento probatorio y fundamentación en cuanto al art. 239.2, en el cual sustentaría su petitorio la parte peticionante por lo que solicita se rechace dicha solicitud” (sic); 4) El Ministerio Público refirió que mediante Auto Interlocutorio primigenio 179/2020 de 25 de julio, se habría determinado el plazo de la duración de la detención preventiva por el término de treinta días; dicha entidad refirió que se acreditó la acusación fiscal el 30 de agosto de 2022; al respecto, el Tribunal de alzada consideró que no existía ningún agravio para reparar en relación al cumplimiento de la duración de la detención preventiva y en consecuencia el plazo que habría generado la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal, “…al haber el Ministerio Público fundamentado respecto al 239 numeral 2, y con la respectiva aclaración este Tribunal de Alzada considera que no existiría perjuicio o agravio alguno que reparar…” (sic); 5) Con relación al art. 239.1 del CPP, conforme se tiene del Auto apelado, en cuanto al art. 234.7 del mismo cuerpo normativo, el Ministerio Público habría considerado que es un peligro efectivo para la sociedad en mérito a la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre que ha delineado los elementos a considerar para este riesgo procesal; evidentemente, de los informes, las correspondientes actas, las sustancias controladas que fueron incorporadas y el pesaje que dio un total de 3140 g de pasta base de cocaína, establece la posibilidad de aplicar dicho riesgo procesal, y el Juez a quo valoró esos elementos, por lo cual a criterio de la autoridad jurisdiccional se aplica el art. 234.7 del CPP, siendo que ambos ciudadanos son un peligro para la sociedad; la presentación del certificado de antecedentes penales de Lidio Averanga Limachi no desvirtúa dicho riesgo procesal; por lo que, este se halla vigente; 6) Fundamentos que habrían sido señalados mediante el Auto Interlocutorio primigenio 179/2022 contrastando los fundamentos del recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio 206/2022 de 31 de agosto, a los fines de establecer que el imputado presente nuevos elementos de convicción a objeto de desvirtuar este riesgo procesal, refiriéndose que puede advertir el domicilio del ahora imputado; asimismo, que de la documentación ofrecida por el imputado, este no tendría antecedentes penales ni policiales y se conocería de forma cierta el lugar donde podría ser habido en todo momento, haciendo notar que deben considerarse los principios de proporcionalidad; 7) Conforme al Auto Interlocutorio primigenio 179/2022, el peligro para la sociedad que se halla integrada por la juventud, está vinculado a la naturaleza del delito y no a los antecedentes que pudiera tener el imputado. En ese entendido, en aplicación de la SCP 0070/2014-S1 que otorga el carácter de peligrosidad a la conducta de las personas que tienen participación en este tipo de ilícitos, se tienen los Autos Supremos 59/2007, 128/2009 y 417/2003, habiendo la autoridad jurisdiccional -bajo los fundamentos expuestos-, manifestado la concurrencia aún del art. 234.7 del CPP; 8) No cursa la SCP 0220/2020-S3, la cual era necesaria para que la autoridad jurisdiccional pudiera asumir mayor convicción en cuanto a establecer la inconcurrencia del citado art. 234.7; motivo por el cual, la decisión asumida está fundamentada, en cumplimiento del art. 124 del CPP; 9) Con relación a los fundamentos de la autoridad jurisdiccional, ante la solicitud de complementación y enmienda, impetrada por la defensa, se advirtió que en la declaración voluntaria notarial de Víctor Vélez Luna, este refirió que conocía al accionante, quien “sería” agricultor y vivía con su madre, de quien se halla a cargo de su alimentación y salud. Asimismo, consta otra acta notarial de verificación de inmueble donde vivía junto a él, Enriqueta Aliaga Machicado, madre del impetrante de tutela, quien indicó que se hallaba sola. En audiencia de apelación no se advierte con claridad que la nombrada sea la progenitora del accionante, tampoco el grado de discapacidad ni su salud deteriorada, no se tiene certeza de que tenga un esposo u otros hijos que le den auxilio a dicha ciudadana. Si bien la autoridad jurisdiccional valoró la declaración voluntaria; empero, debe tenerse certeza para desvirtuar cualquier riesgo procesal de forma objetiva ante la solicitud de modificación de medida cautelar. Por ello, estando ante un hecho delictivo de grave connotación o frente a la existencia de una acusación formal, la simple presentación de dichas declaraciones voluntarias no es suficiente para efectuar la sustitución por una medida menos gravosa. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Ministerio Público refirió que se habría presentado la acusación formal, lo que implica la no consideración de la solicitud de sustitución de medida cautelar por otra; en ese marco, los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 206/2022 cumplen con los arts. 124 y 173 del CPP; por lo tanto, no existiría ningún agravio; 10) Con relación a que habría ausencia de fundamentación y debida motivación, no tiene asidero, siendo incongruente, ya que se habría contrastado tanto el Auto Interlocutorio apelado y la primigenia resolución, por lo que de ninguna manera se realizó un pronunciamiento ultra petita, sino que el mismo se adecúa a la normativa legal; 11) De la lectura del memorial de acción de libertad, se efectúa una relación muy escueta, pero no se establece de manera cierta cómo se habrían vulnerado sus derechos y garantías; asimismo, la resolución y Auto pronunciados por la Sala Penal Segunda tienen la debida fundamentación, conforme al art. 124 del CPP, concordante con el art. 173 del mismo cuerpo normativo; y, 12) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por el Tribunal de alzada, el accionante debió haber efectuado una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocado y la actividad interpretativa; sin embargo, dicho requisito está ausente en la presente acción de defensa.
El Juez de Sentencia Penal, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 92 vta. a 95 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista considerado vulnerador de derechos es el 667/2022 de “6” septiembre; ii) No se debe dejar de lado el marco legal previsto por los arts. 396 y 398 del CPP, al que hace alusión la parte accionante como primer agravio, señalando que se habría solicitado la cesación a la detención preventiva una vez cumplido el plazo correspondiente, el cual era de treinta días y que conforme al art. 233 en su última parte con relación al art. 239.1 y 2, todos del CPP, se hubiera presentado por la parte acusada, la petición para resolver su situación jurídica y al no haberse atendido la misma en la resolución primigenia, fue impugnada; iii) Revisado el fallo emitido por la autoridad primigenia, así como los antecedentes, “…este juzgado tiene que asumir el informe manifestado por la Sala Penal Segunda…” (sic) y en ese orden, se tiene que el accionante solicitó la cesación de la detención preventiva al amparo de los arts. 24 de la CPE y 239.1 del CPP, habiéndose señalado audiencia al efecto para el 30 de agosto de 2022; iv) El Juez a quo en su resolución manifestó en su Considerando III que la audiencia fue convocada al amparo del art. 239.1 del CPP y no así del 239.2 de esa norma, aspecto que motivó a esa autoridad a no considerar lo cuestionado, puesto que no se tenía prueba, además que no se encontraba “…el mismo lo que vulnera el principio de igualdad procesal…” (sic); v) El Tribunal ad quem informó que quien solicitó la cesación de la detención preventiva invocó el art. 239.2 del CPP, si bien la defensa señaló que las audiencias se rigen bajo el principio de la oralidad, no es menos cierto y evidente que el mismo causaría indefensión al Ministerio Público por vulnerarse el principio de igualdad procesal; por otro lado, se incumpliría con el principio de certeza en el entendido de que la autoridad fiscal habría solicitado la ampliación de la detención preventiva del imputado mediante decreto; además de ello, el 25 de agosto del año 2022, el Ministerio Público habría presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal; vi) La Resolución primigenia 179/2020 determinó el plazo de duración de detención preventiva dentro del término de treinta días, pero el Ministerio Público conforme se habría acreditado presentó su acusación el 30 de agosto del “presente año”, de acuerdo a la fundamentación emitida por la autoridad demandada, es decir, que el acusado estaría ya comprometido con una acusación fiscal, lo cual implica que el correspondiente proceso penal sea remitido ante el Tribunal pertinente; por lo que, se requiere la presencia física del accionante, aspecto que así fue establecido por la autoridad demandada, lo que implica que el proceso referido deviene de una secuencia de actos procesales; vii) Sobre el peligro efectivo para la sociedad, corresponde asumir lo informado por la autoridad demandada, quien en base a abundante jurisprudencia constitucional señaló que la detención preventiva sería la idónea; puesto que, permite que en el transcurso del tiempo el imputado no se dé a la fuga, la aplicación de ese riesgo está fundado en la SC “…339/2012…” (sic), que señala que los documentos presentados no serían suficientes para desvirtuar dicho riesgo procesal, pues se tiene un peligro objetivo para la juventud; razón por la que ese riesgo procesal está vinculado a la naturaleza del delito y no así a los antecedentes del imputado; en ese sentido, señala la consideración de la SC 0070/2014-S1 y Autos Supremos 559/2007, 128/2009 y 417/2003, todo lo cual fundó el Auto de Vista ahora cuestionado, al respecto, como lo informó la autoridad demandada, ella consideró valores y principios que estarían por encima de otros, como lo es la juventud y otros sectores vulnerables de la sociedad, lo cual le permitió apartarse del lineamiento jurisprudencial, así se desmarcó de la SCP 0220/2020-S3; viii) En cuanto a la denuncia de falta de valoración del certificado notarial de Víctor Pérez Luna, quien habría declarado que conocía a Alberto Chávez Aliaga, accionante, y que viviría en la Comunidad con su madre y él se hacía cargo de su alimentación y la lleva al médico; al respecto, la autoridad demandada señaló que el análisis de esa prueba debía ser objetivo, pues no se tenía certeza de que la indicada como madre del accionante realmente lo era, ante la ausencia de un certificado de nacimiento que acredite ese extremo, tampoco se podía advertir el grado de discapacidad alegada por la defensa del proceso penal; en ese marco, tal como señala la autoridad demandada, el accionante tenía a su alcance otros elementos para sustentar su postura; y, ix) Se procedió a efectuar una comparación de los actuados procesales asumidos tanto por el Juez a quo como por la Vocal demandada.
Mediante Decreto Constitucional de 8 de abril de 2025, cursante a fs. 100, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 20 de noviembre de igual año, cursante a fs. 131; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta imputación formal de 24 de julio de 2022, contra Alberto Chávez Aliaga y Lidio Aberanga Limachi, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, con base en lo que solicitaron la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva de ambos imputados por el plazo de noventa días, resuelta por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 179/2022 de 25 de julio, por el cual se dispuso la detención preventiva de los referidos imputados por treinta días; dicha determinación fue apelada de forma oral por la defensa del ahora accionante (fs. 3 a 10 y 12 a 17 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 546/2022 de 5 de agosto, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó en parte el Auto apelado y dispuso la detención preventiva por treinta días; sin embargo, determinó que ya no concurrían los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1 y 2 y 235.2 del CPP, manteniéndose vigente el riesgo contenido en el art. 234.7 del mismo cuerpo procesal (fs. 18 a 24). II.3. Se verifica el Auto Interlocutorio 206/2022 de 31 de agosto, por el cual el Juez de Instrucción Penal de la Capital del departamento de La Paz rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por el ahora accionante, contra el que su defensa interpuso recurso de apelación; dicho Auto Interlocutorio señaló: a) Alberto Chávez Aliaga solicitó la cesación de su detención preventiva conforme al art. 239 1 y 2 del CPP, porque habría transcurrido el plazo de su detención de treinta días; b) “A la fecha” solo se encontraría vigente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del citado Código, el cual está enervado por los nuevos elementos probatorios, de los que se advierte el domicilio del imputado, que no tendría antecedentes penales ni policiales y se conoce el lugar donde podría ser habido en todo momento, entonces se hallaría desvirtuado el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP; por lo que, solicitó la cesación de la detención preventiva, al amparo del art. 239.1 de la mencionada normativa, así como hizo hincapié en el art. 239.2 del CPP; c) El Ministerio Público señaló que el 25 de agosto de 2022, presentó su requerimiento conclusivo de acusación formal; también refirió que de acuerdo a la última parte del art. 233 del señalado cuerpo legal, habría solicitado ampliación de dicha medida cautelar; por todo ello, planteó que se rechace su petición; en cuanto al art. 239.1 del CPP, no se habría desvirtuado ningún riesgo procesal, estando latente el 234.7 de dicha norma, pues el hecho delictivo está contemplado en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas
-Ley 1008 de 19 de julio de 1998- que pone en peligro un sector vulnerable de la sociedad como es la juventud y niñez; razón por la cual, de acuerdo al lineamiento jurisprudencial, la simple presentación del REJAP y un certificado de antecedentes policiales, no sería suficiente para desvirtuar el señalado riesgo; d) Recién en audiencia se solicitó la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP, con lo que se ha puesto en desventaja al Ministerio Público, lo que obliga a remarcar que la referida audiencia fue convocada para analizar la petición del impetrante de tutela al amparo solo del art. 239.1 del referido cuerpo legal; e) Tampoco se ha desvirtuado por parte del solicitante que el Ministerio Público no haya pedido una ampliación de la detención preventiva; por el contrario, dicha entidad señaló que lo había hecho, pero no presentó una prueba de ello, aunque se debe considerar que la carga de la prueba la tiene el imputado; f) En cuanto a la aplicación del art. 239.1 del CPP, la defensa ofreció la declaración voluntaria notarial que establece que Víctor Vélez Luna conoce que Alberto Chávez Aliaga -accionante-, sería agricultor, tendría su domicilio y sería afiliado a la comunidad de Apa Apa y que estaría al cuidado de su mamá, de la tercera edad, Enriqueta Aliaga Machicado, quien padecería de discapacidad y que el imputado se haría cargo de su alimentación. También se presentó un acta de verificación notariada de domicilio del imputado donde su madre indicó que vivía con él. De todo eso se tiene que dicho imputado estaría a cargo de la indicada señora; sin embargo, los indicados documentos no desvirtúan el riesgo del art. 234.7 del CPP; el certificado del REJAP y de antecedentes policiales no son suficientes para desacreditar el art. 234.7 del referido Código, por las características especiales del hecho investigado, conforme lo dispone la Ley 1008; y, g) Se valoraron todos los elementos probatorios de conformidad al art. 239.1 y 2 del CPP. Ante la solicitud de complementación y enmienda de la defensa, el Juez a quo complementó: No se tiene certeza de que la señora que, según la documental adjunta, cuida el imputado solicitante de la cesación de su detención preventiva, sea su madre, pues no se presentó un certificado de nacimiento u otro análogo o que se acredite su grado de discapacidad o que tenga muy deteriorada su salud; asimismo, se debe tomar en cuenta que se está frente a un hecho delictivo de connotación grave y dolosa, más aun cuando existe una acusación formal (fs. 27 a 34 vta.). II.4. Cursa Informe de la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, de 1 de agosto de 2025, que -indicando que no fue de su conocimiento el Decreto Constitucional de 8 de abril de 2025, de solicitud de documentación complementaria-efectuó una relación de actuados judiciales dentro del proceso penal de referencia en el presente caso de autos: 1) Mediante Auto Interlocutorio 206/2022 de 31 de agosto, se rechazó la cesación de la detención preventiva de Alberto Chávez Aliaga -accionante-, cuya apelación fue resuelta por el Auto de Vista 667/2022 de 7 de septiembre que confirmó la resolución de primera instancia; 2) Fue radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto el 27 de septiembre de 2022, emitiéndose el Auto 06/2022 de 27 de septiembre de apertura de juicio oral, público y contradictorio; 3) Por Auto Interlocutorio 21/2023 de 16 de noviembre, se dispuso conceder la cesación de la detención preventiva en favor de Alberto Chávez Aliaga, disponiendo medidas sustitutivas; y, 4) Fue emitida Sentencia absolutoria 07/2024 de 11 de marzo, encontrándose el mismo en grado de apelación (fs. 112 a 113).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; por cuanto, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 667/2022 de 7 de septiembre, confirmó el rechazo de la cesación de su detención preventiva porque ya se habría presentado una acusación fiscal, soslayando que solo se debía evaluar el transcurso del tiempo por el cual se dispuso su detención preventiva; asimismo, porque existiría una solicitud de ampliación de dicha medida, a pesar de no haberse comprobado ese extremo; igualmente, porque no aplicó la SCP 0185/2019-S3 -que superó la SCP 0070/2014-S1-, que desvirtúa el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, con la demostración de la inexistencia de una sentencia condenatoria; y, debido a que no valoró correctamente la prueba aportada con relación al art. 239.1 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
Establecido el planteamiento del problema corresponde contextualizarlo, a ese efecto se pasa a señalar que consta imputación formal contra el accionante y Lidio Aberanga Limachi, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el que mediante Auto Interlocutorio 179/2022 de 25 de julio, se dispuso su detención preventiva por el plazo de treinta días (Conclusión II.1), medida cautelar que si bien fue confirmada a través de Auto de Vista 546/2022 de 5 de agosto, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lo fue con base en la determinación de que solo concurría el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP y ya no los riesgos de los arts. 234.1 y 235.2 del mismo cuerpo normativo (Conclusión II.2). Asimismo, ante la solicitud de cesación de su detención preventiva, el Juez a quo emitió el Auto Interlocutorio 206/2022 de 31 de agosto y su complementario, por los que rechazó dicho pedido. Lo que ameritó el recurso de apelación incidental por parte de la defensa del impetrante de tutela (Conclusión II.3), cuyo resultado fue el Auto de Vista 667/2022 de 7 de septiembre, que confirmó el Auto apelado, como lo hizo conocer la autoridad demandada y el Juez de garantías. Ahora bien, de la revisión del informe remitido a este Tribunal por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto del departamento de La Paz, de 1 de agosto de 2025 (Conclusión II.4), se conoce que ya fue emitido el Auto Interlocutorio 21/2023 de 16 de noviembre, por el Juez a quo, por el cual se concedió la cesación de la detención preventiva del accionante, disponiendo en su favor medidas sustitutivas. Consiguientemente, se puede verificar que mejoró la situación procesal del accionante en relación a su derecho a la libertad, lo que amerita aplicar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que precisamente estableció que ante la pérdida del objeto procesal, es decir, ante el hecho de haber cesado los efectos del acto jurídico considerado vulnerador de derechos fundamentales, la decisión de fondo del mencionado acto no tendrá ya consecuencias en el proceso que se está llevando a cabo, porque no será factible la ejecución de una eventual concesión de la tutela, pues el acto cuestionado ya no está vigente. En ese marco, corresponde denegar la tutela, sin ingresar al fondo de lo demandado.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta, aunque con otros fundamentos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 92 vta. a 95 vta., dictada por el Juez de Sentencia Penal, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo del problema jurídico planteado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1640_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 43d129b7aec2f8c0d05a8b438bf28a587dd903f11f30ea38d9ec30665dcab624
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