B.IA.LEGAL

SCP 1639/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53523-2023-108-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y motivación; por cuanto en el proceso penal seguido en su contra la Vocal demandada no cumplió con su obligación de fundamentar y motivar el Auto de Vista 210 de 7 de septiembre de 2022, al momento de mantener su detención preventiva, en cuanto a la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad de la decisión impugnada, debiéndose ordenar se emita otro, en el que se tenga en cuenta que la detención preventiva es una medida excepcional y de última ratio, no pudiendo convertirse en una pena anticipada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 4 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales
  2. III.2. Vinculación a los componentes y elementos de la debida diligencia reforzada relacionada con la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia sexual
  3. III.3. Sobre el riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima o el denunciante, en delitos relacionados a violencia contra la mujer (art. 234.7 -antes 234.10- del CPP).
  4. III.4. Sobre el riesgo procesal de peligro de obstaculización, en casos en los que el imputado oculte elementos de prueba, tratándose de víctimas de violencia contra la mujer, niña y/o adolescente
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1639/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53523-2023-108-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2023 de 4 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Pimentel Ballesteros en representación sin mandato de Carlos Franco Ramos Lucas contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2023, cursante de fs. 2 a 8, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, instaurado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño y adolescente, se encuentra detenido preventivamente en la Carceleta Provincial de Uyuni del departamento de Potosí, conforme se determinó en el Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, ante la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Esa determinación fue impugnada a través del recurso de apelación incidental, que dio lugar a que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, dicte el Auto de Vista 210 de 7 de septiembre de igual año, a través del cual declaró su improcedencia al considerar que la decisión impugnada se encontraba adecuadamente fundamentada y motivada. Con relación al peligro procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se fundamentó que habría incumplido con las actas de alejamiento a favor de la víctima; sin embargo, la autoridad demandada, ha omitido revisar y verificar ese extremo, es decir, la existencia real o material del peligro efectivo para la misma. Con referencia al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, relativo al peligro de que el imputado oculte elementos de prueba, se ha tomado en cuenta el informe del funcionario policial en sentido que el vehículo que habría servido de instrumento para la comisión del presunto hecho no fue encontrado. Dicha motivación resulta ser una mera presunción abstracta que no cumple con la obligación de fundamentar, pues no señala cuál es el elemento material objetivo que demuestre que el imputado fue la persona que ocultó o destruyó la movilidad, no describe las características que tendría la misma; en el informe del investigador no se hace referencia a cuándo, dónde, cómo y bajo qué circunstancias hubiese hecho desaparecer el vehículo o que fuera la persona que lo destruyó u ocultó.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, citando los arts. 22; y, 23. I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista de “16 de agosto de 2022”, debiendo pronunciarse uno nuevo, teniendo en cuenta que la detención preventiva no puede convertirse en el cumplimiento de una pena anticipada, sino como una medida excepcional y de última ratio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Con referencia a la concurrencia del peligro procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, de todos los elementos que se han judicializado, no existe uno que sea material, real, palpable, no se ha tenido en cuenta que conforme a la SCP “056/2014” la concurrencia del peligro para la sociedad, debe demostrarse con antecedentes anteriores, lo que no sucedió en el presente caso; y, b) En cuanto al peligro procesal del art. 235.1 del citado Código, conforme al Informe Policial del investigador se reconoce que los hechos habrían sucedido dentro de un vehículo, pero no se ha identificado de qué movilidad se trata y si le pertenecía, por lo cual, son especulaciones y conjeturas.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, presentó informe escrito el 4 de febrero de 2023, cursante de fs. 20 a 21, con los siguientes argumentos: 1) Contra la resolución que dispuso la detención preventiva del accionante, se planteó apelación incidental señalándose como único agravio la inexistencia de fundamentación, pues que, no se expresó la relación fáctica ni jurídica; 2) Con relación a lo establecido en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP, se dio respuesta fundamentada en hecho y derecho sobre los agravios expresados en la audiencia de apelación, además la parte accionada pretende que se judicialice prueba, cuando la norma estipula indicios; y, 3) No se precisaron los derechos vulnerados, por todo lo antes expresado, solicitó se deniegue la tutela, por no existir violación de derechos y garantías del peticionante de tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí constituida en Jueza de garantías, por Resolución 02/2023 de 4 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 28, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Se ha denunciado la vulneración al derecho a la libertad, vinculada al debido proceso por falta de fundamentación y valoración, pero no presentó prueba que evidencie lo alegado; ii) Una de las características de la acción de libertad es el principio de informalismo, pero eso no impide que se deba acreditar con prueba idónea los extremos afirmados, es decir, el Auto de Vista cuestionado; y, iii) De los elementos que se han traído a colación no se advierte la lesión acusada, por lo que el accionante no se encuentra indebidamente procesado o privado de su libertad. En vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante por medio de su representante, indicó que, al momento de su intervención informó a Secretaría del Juzgado que no se remitió el Auto de Vista confutado, sin embargo, su persona podría facilitarlo y pidió algún medio telemático para su concretización, empero, no le pasaron ningún enlace, ante ello, la Jueza de garantía soslayó su deber de resolver el problema de fondo. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la Jueza de garantías señaló que: a) La Secretaria del Juzgado informó que no se remitió obrados del caso concreto por la mencionada Sala Penal Primera; dado que, el 19 de septiembre de 2022, se los hubiese devuelto al juzgado de origen; b) Su autoridad no negó en ningún momento la posibilidad de que el accionante presente el Auto de Vista cuestionado; y, c) En el momento que fundamentó este mecanismo de defensa en audiencia, no hizo referencia a esa pieza procesal cuando podía hacerlo, se dio curso a la petición del impetrante de tutela para que este verificativo sea de manera virtual para su mejor accesibilidad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 16 de julio de 2025, cursante a fs. 32, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional 20 de noviembre de igual año, cursante a fs. 56; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gimena García Ticona y Abigail Lourdes Lucas Sánchez en contra de Carlos Franco Ramos Lucas -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño y adolescente. El 26 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal de Uyuni del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio dispuso su detención preventiva en la Carceleta Provincial de la cita localidad; contra dicha resolución el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental (fs. 46). II.2. Por Auto de Vista 210 de 7 de septiembre de 2022, María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –demandada-, declaró improcedente el citado recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio confutado (fs. 46 a 49).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y motivación; por cuanto en el proceso penal seguido en su contra la Vocal demandada no cumplió con su obligación de fundamentar y motivar el Auto de Vista 210 de 7 de septiembre de 2022, al momento de mantener su detención preventiva, en cuanto a la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad de la decisión impugnada, debiéndose ordenar se emita otro, en el que se tenga en cuenta que la detención preventiva es una medida excepcional y de última ratio, no pudiendo convertirse en una pena anticipada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales

En la SCP 0394/2018-S2 se ha fijado el alcance de la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia, más aún, tratándose de niñas y adolescentes, disponiendo la obligación de utilizar el enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres, así se ha desarrollado que:

[es] evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido).

III.2. Vinculación a los componentes y elementos de la debida diligencia reforzada relacionada con la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia sexual

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través del Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua y el Caso Angulo Losada vs. Bolivia, entre otros, se ha pronunciado sobre el estándar debida diligencia reforzada y la protección especial, cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violencia o violación sexual cometida contra una niña, niño o adolescente, señalando que los Estados deben adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad; en ese sentido, estableció importantes estándares de protección especial para este sector poblacional, que en el marco de lo establecido en el art. 410.II de la CPE, son asumidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de cumplir con los compromisos internacionales de lucha y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes. Dichos estándares de debida diligencia y protección reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes pueden ser resumidos de la siguiente manera:

La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional.

III.3. Sobre el riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima o el denunciante, en delitos relacionados a violencia contra la mujer (art. 234.7 -antes 234.10- del CPP).

La citada SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se ha referido al riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima en los casos de violencia, estableciendo el siguiente entendimiento:

[El] peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.

Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP] -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” .

Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. »

3 Ibid., p. 89

III.4. Sobre el riesgo procesal de peligro de obstaculización, en casos en los que el imputado oculte elementos de prueba, tratándose de víctimas de violencia contra la mujer, niña y/o adolescente

La detención preventiva, será impuesta únicamente, cuando las demás medidas sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso y la averiguación del hecho, de ahí que si existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad, procede esa detención, en el marco de lo regulado por el art. 233.2 del CPP. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el art. 235 del CPP, por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, cita que: “Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba”. En consecuencia, hay peligro de obstaculización cuando hay indicios de que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; esta situación puede darse en aquellos casos en los que un bien mueble, como puede ser una movilidad, se constituye en un elemento de prueba importante en la comisión de un hecho, por contener elementos físicos materiales, como huellas, fibras de ropa o muestras biológicas (sangre, cabellos, fluidos corporales y otros) que de alguna manera se vincule con la comisión de un determinado delito; si durante el desarrollo del proceso de investigación esa evidencia física desaparece, como consecuencia del ocultamiento del mismo, esa situación expresa un peligro de obstaculización, presumiblemente por el imputado, que se encuentra vinculado con esa evidencia o elemento de prueba. Cuando se oculta, destruye o modifica elementos de prueba, se lesiona el principio de verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE, porque se encubre la verdad de la realidad, lo que constituye un hecho de gravedad, porque puede provocar que la autoridad judicial llegue a tener una percepción distorsionada de lo sucedido, emitiendo decisiones que lejos de ser justas, sean violatorias de derechos, lo que justifica plenamente que el legislador boliviano, haya dispuesto como un peligro de obstaculización, la previsión establecida en el art. 235.1 del CPP, que justifica la aplicación de la medida excepcional de la detención preventiva. El referido principio de verdad material, ha sido entendido por este Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1662/2012 como: “... aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país”. En aquellas circunstancias, en las que la parte imputada ha ocultado medios de prueba que serían determinantes para establecer la verdad material como la verdad histórica de los hechos sucedidos, sobre la existencia o no de un determinado ilícito, cuando se ha ocultado un vehículo con el que se consideró que se cometió el delito, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha considerado que concurre el peligro de obstaculización, contenido en el art. 235.1 del CPP. Así en la SCP 0262/2024-S4 de 26 de junio, llegando a la conclusión de que el Tribunal de alzada denunciado en la acción tutelar, no ha cometido ninguna arbitrariedad, al efecto ha señalado que:

“…Respecto a los agravios concernientes a los peligros de obstaculización previstos en el art. 235 1 y 2 del CPP, el ahora accionante cuestionó que no se habría individualizado ¿Cómo, cuándo y quiénes? hubiesen ocultado las pruebas; retirando los logotipos y amenazando de muerte a la víctima y a sus familiares, incumpliendo así lo dispuesto en la SCP 0276/2018-S2; al respecto, se tiene que el Vocal hoy recurrido, resolvió la apelación, considerando que en el presente caso, se tiene la participación de ocho imputados y que dada la naturaleza del ilícito de secuestro, la misma conlleva una planificación entre los sujetos; además, en el presente caso se pretendió ocultar el vehículo en el que eventualmente hubiesen secuestrado a la víctima; por otra parte, se tiene los informes policiales que dieron cuenta que los logotipos del motorizado fueron retirados; aspectos que dieron lugar a la concurrencia del peligro de que los imputados puedan destruir o modificar elementos de prueba; en ese orden de ideas y, realizada la compulsa entre el agravio y el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, se tiene que el Vocal demandado, explicó de manera clara y precisa, por qué consideró por concurrente los peligros de obstaculización precitados, puntualizando que, de acuerdo a las características del hecho suscitado, así como las del tipo penal investigado -secuestro- hacen ver que al haber participado varias personas en el ilícito, ello implica una planificación; por otro lado, basándose en los informes policiales, asumió la determinación correspondiente; consecuentemente, no se advierte que el Vocal demandado haya transgredido derecho alguno del impetrante de tutela.”

En todos aquellos casos, de ilícitos cometidos en relación a un bien mueble (movilidad), que durante el desarrollo del proceso de investigación y de averiguación de la verdad, es ocultada o ha desaparecido por causas presumiblemente vinculadas a las acciones que habría tenido el imputado, ocultando elementos de prueba relevantes para el tipo penal investigado y las características del hecho suscitado, como las circunstancias en las que se habría cometido, se constituye en un claro y evidente peligro de obstaculización, porque se evita que se conozca la verdad material de lo sucedido, lo que amerita de manera excepcional, la imposición de la medida provisional de la detención preventiva. Más aun en aquellos delitos en los que la víctima está vinculada a casos de violencia contra la mujer, agravándose cuando esté involucrada niñas y/o adolescentes, casos de especial relevancia y sensibilidad teniendo en cuenta el nivel de su desarrollo y de la vulnerabilidad de las mismas, así se ha entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, en la que se ha aplicado el art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), referida a los derechos del niño a medidas de protección, que su condición de menor requiera por parte de su familia, la sociedad y del Estado; reconociendo que:

[en] relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. Conforme lo regulado por el art. 60 de la CPE, se tiene que el constituyente boliviano ha establecido en favor de las niñas, niños y adolescentes, una especial protección y atención en sus derechos; a partir de lo cual, el legislador ha señalado a su favor una serie de medidas de protección, entre las que se encuentra la imposición de cualquier medida cautelar a favor de las mujeres que están en situación 4 Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -, párrafo 133.

de violencia, conforme se establece por el art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia - Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. En ese mismo sentido, corresponde la aplicación de la medida cautelar que se considere necesaria, para velar la protección, interés superior del niño, niña y adolescente o seguridad de la niña o adolescente, conforme se establecen en los arts. 207.a), 216.j), 273.I.e), 287.I.d), 288.g), 289.I.b) de Ley 548 de 17 de julio de 2014 o Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA). Lo que implica que en aquellos casos de violencia en razón de género, que se agrava cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, corresponde a la autoridad jurisdiccional judicial, considerar la necesidad de aplicar las medidas de protección inmediata en favor de la víctima, considerando su situación de vulnerabilidad. A tal efecto, se debe asegurar el cumplimiento de la garantía que tiene que otorgar el Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar toda conducta delictiva, en el marco del principio de la debida diligencia, hasta que se logre efectivizar la restitución y restauración de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual, de las víctimas de violencia, pudiéndose imponer una medida cautelar de detención preventiva, con un enfoque interseccional, en aquellos casos en los que se constate peligro de obstaculización, por riesgo inminente en los derechos de la víctima (ocultamiento de elementos de prueba), debiéndose cuidar la realización de una ponderación entre los derechos del imputado con los de la víctima, siempre evitando que mujeres niñas adolescentes, sean revictimizadas, asegurándose su interés superior.

III.5. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, el accionante por medio de su representante denuncia que en el proceso penal seguido en su contra, la Vocal demandada no cumplió con su obligación de fundamentar y motivar su resolución al momento de mantener su detención preventiva, en cuanto a la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; por lo que se ingresa a analizar si lo alegado resulta evidente

1) Con relación al riesgo procesal de fuga, relativo al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, establecido en el art. 234.7 del CPP, en casos de violencia contra la mujer menor y/o adolescente

El accionante expresa que el juez de instrucción penal estableció la concurrencia del art. 234.7 del CPP, en su vertiente de peligro para la víctima y la sociedad, porque habría incumplido las actas de alejamiento con la víctima. La Vocal demandada en el Auto de Vista impugnado, consideró que la decisión de la autoridad judicial inferior, se encuentra fundamentada, sin embargo, no consideró: i) La obligación que tenía de verificar ese extremo (si se incumplió con actas de alejamiento); ii) Si tendría antecedentes penales, que demuestren que es un peligro para la sociedad; iii) No se realizó un análisis de antecedentes de hecho (conducta anterior y posterior del imputado); y, iv) No se efectuó un análisis integral y valoración probatoria sobre la existencia real, material y verificable del peligro, como se establece en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2014, 0442/2018-S3, 004/2022-S1, entre otras. De la revisión de obrados, se tiene que en el Auto de Vista confutado, señaló que la resolución objeto de apelación que dispuso la detención preventiva del imputado, fue una decisión en la que se hizo mención a la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que establece que en situaciones de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentran víctimas niñas, adolescentes y mujeres, se debe aplicar la perspectiva de género; en esa lógica el juzgador realizó un análisis de los antecedentes de hecho, de la conducta anterior y posterior del imputado, la condición de víctimas mujeres y menores de edad, no pudiendo decirse que la resolución apelada no cumplió con una debida fundamentación. La presente decisión constitucional, deviene de la tramitación de un proceso seguido por el Ministerio Público a instancia de Gimena García Ticona y Abigail Lourdes Lucas Sánchez en contra de Carlos Franco Ramos Lucas, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño y adolescente, sancionados por los arts. 312 y 318 del CPP; en cuanto el ahora impetrante de tutela habría insistido que la niña y adolescente de doce y trece años, consuman bebidas alcohólicas, en esas circunstancias y en su movilidad, habría procedido y aprovechado en agredirlas sexualmente. De esa relación, se evidencia que se trata de un caso en el que se habría agredido sexualmente a una niña y una adolescente; en ese tipo de circunstancias, corresponde que las autoridades del poder público que presten especial atención a las necesidades y a los derechos de víctimas de violencia sexual, deben efectuar un análisis a partir de un enfoque interseccional, conforme al desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. El marco normativo boliviano que se encuentra conformado por normas y estándares del contexto internacional, a través del bloque de constitucionalidad, como se establece por el art. 410.II de la Ley Fundamental, concordante con el principio de favorabilidad consagrado en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, se tiene que en aquellos casos en los que eventualmente existe lesión a los derechos de las niñas/adolescentes mujeres, corresponde a las autoridades del Estado adoptar las medidas especiales de protección, asegurando su recuperación física y psicológica, que asegure su respeto y dignidad. Ahora bien, en el marco de la debida diligencia reforzada y la protección especial para los casos de niña, niño o adolescente víctima de violencia, cuya sistematización recogida de los estándares internacionales ha sido extraída en el Fundamento Jurídico III.2 de esta fallo constitucional, tanto la investigación como el proceso penal debe considerar los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, incorporando componentes diferenciados, así como, la sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, de ahí por qué al momento de considerar las medidas cautelares éstas deben ser impuestas sobre la base de esas condiciones de alta vulnerabilidad a efectos de asegurar su atención prioritaria e inmediata. Así, las medidas cautelare deben imponerse en el marco de un debido proceso judicial, que si bien, cuide los derechos de la parte imputada, también tenga en cuenta la obligación que tiene el Estado boliviano de prevenir, eliminar y sancionar todos aquellos casos en los que existe violencia de género contra mujeres, más aún, cuando se entrecruzan estas categorías y se está frente a situaciones de vulnerabilidad de niñas/adolescentes mujeres en situación de violencia, evitando acciones que se constituyan en revictimizadoras y no se tenga en cuenta el interés superior de la niña o adolescente, en el marco de lo señalado por el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. En aquellos casos en los que la supuesta víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad total por su condición de mujer, niña/adolescente en situación de violencia, corresponde a las autoridades llevar adelante procesos investigativos hasta establecer las sanciones pertinentes con la debida diligencia, y si corresponde imponer la medida de detención preventiva mediante decisión fundamentada, en la que debe quedar en evidencia la existencia de peligro de fuga que se expresa como aquel: “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”, conforme se estipula en el art. 234.7 del CPP. Es así que, el peligro efectivo para la víctima debe ser materialmente verificable; empero, ese razonamiento debe ser apreciado conforme al entendimiento que fue completado por la SCP 0394/2018-S2, que hace mención a la apreciación que debe realizarse con perspectiva de género en casos de violencia de mujeres, como se ha desarrollado en el referido Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En el caso de autos, el juez de instrucción penal impuso la medida de la detención preventiva, a fin de evitar la fuga del sindicado, en el marco del art. 234.7 del CPP, teniendo en cuenta por una parte la autoría que se le atribuye es la comisión de delitos sexuales, que habrían sido cometidos en contra dos víctimas de doce y trece años, que por su condición de mujeres y su edad se encuentran de por sí en especial situación de vulnerabilidad o desventaja; también se ha considerado la conducta exteriorizada del hoy accionante en contra de las víctimas, pues con posterioridad al supuesto hecho, incumplió con un acta de alejamiento a favor de las mismas ocasionando su vulnerabilidad. La Vocal demandada y el juez de la causa aplicaron la perspectiva de género utilizando de manera correcta el enfoque diferencial, en la medida que para asumir la determinación de la detención preventiva, consideraron que la imputación contra el accionante es por la supuesta comisión de delitos sexuales, cometidos en contra de una niñas de doce años y una adolescente de trece años, que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y que corrían el riesgo de ser revictimizadas, si no se tomaba en cuenta el riesgo procesal de fuga por peligro efectivo hacia ellas. El hecho que el accionante hubiera incumplido con las actas de alejamiento a las víctimas, evidencia la existencia de un real y efectivo peligro contra las mismas, siendo esa circunstancia posterior (o conducta posterior del imputado como entiende la autoridad accionada) al hecho denunciado, demostrando el referido peligro efectivo, contra las víctimas menores, pero por la naturaleza del hecho investigado, no deja de ser un riesgo contra otras personas que se encuentren en situación similar de extrema vulnerabilidad; el entender que el peligro efectivo contra la sociedad solo se daría en casos de que existiera antecedentes penales (como entiende la parte impetrante de tutela), no se ajusta a los riesgos que surgen cuando se está investigando un hecho de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, delitos que deben ser razonados con perspectiva de género, razonando a partir de la particularidad de la comisión de los delitos sexuales y el grado de vulnerabilidad de las víctimas. Por todo lo expresado, no es evidente que el fallo de la Vocal demandada carece de fundamentación y motivación, más aún, en casos como el presente, en los que las autoridades del poder público, han cumplido con el deber de razonar con perspectiva de género, aplicando el enfoque diferencial, en casos sensibles, en los que se debe cuidar que no se produzcan ningún tipo de revictimización; precisamente el medio procesal para aquello, es la aplicación de las medidas cautelares, cuando exista un riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo contra la víctima, como ha sucedido en el caso de autos, sin que ello implique la violación de derecho alguno del solicitante de tutela. 2) Con referencia al peligro de obstaculización, relativo a que el imputado oculte elementos de prueba, previsto en el art. 235.1 del CPP, en casos de violencia sexual contra la mujer, niña y/o adolescente

El accionante señaló que la autoridad demandada, confirmó la determinación asumida por el juez de la causa, en cuanto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, teniendo en cuenta lo indicado por el funcionario policial en su Informe, quien se hubiese constituido en su domicilio para el secuestro del vehículo, por ser el instrumento para la comisión del presunto hecho; sin embargo, no precisó la marca, el tipo ni sus características, y si era de su propiedad; no se consideró que conforme las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0276/2018-S2 de 25 de junio y 0442/2018-S3 de 17 de diciembre, un peligro procesal no se funda en suposiciones y presunciones; el Ministerio Público no cumplió con la obligación de demostrar que fue quién destruyó y/u ocultó la movilidad, asimismo, la Vocal demandada tampoco cumplió con su obligación de fundamentar y motivar el elemento que le llevó a esa convicción. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se constata que por Auto Interlocutorio de 26 de agosto de 2022, el juez de instrucción penal consideró que el Informe Policial es suficiente para acreditar el riesgo de obstaculización, previsto en el art. 235.1 del CPP, el cual fue valorado de acuerdo a la sana crítica conforme los arts. 171 y 173 del CPP; en dicho informe se consta que no se pudo dar cumplimiento al requerimiento de secuestro del vehículo (sin placas) del impetrante de tutela, porque al constituirse en su domicilio el motorizado ya no se encontraba en el lugar, siendo uno de los instrumentos con los que presuntamente se cometió el hecho investigado. Esa determinación ha sido confirmada por la autoridad demandada, quien en el Auto de Vista 210, manifestó ser cierto lo expresado por el juez a quo, resolución que tiene razonabilidad, en cuanto no existe el indicado vehículo, pero existe objetivamente un Informe Policial y una imputación fundamentada del Ministerio Público; además, en el informe presentado en la audiencia de acción de libertad, la Vocal demandada señaló que por el hecho de que no aparezca el referido vehículo no corresponde judicializarse como prueba plena cuando la norma establece solo indicios en esa etapa procesal. El peligro de obstaculización, previsto en el art. 235.1 del CPP, referido a que la parte imputada destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba, no debe entenderse como la necesidad de que las autoridades del poder público, realicen una individualización pormenorizada de la misma, debiéndose tener presente cuál es la etapa en la que se encuentra el proceso, pues si está en la fase de investigación o de averiguación de la verdad, los elementos de prueba no se constituyen en plena prueba, son solo indicios, que contribuirán a la reconstrucción de la verdad histórica de los hechos sucedidos, como se ha dejado establecido en el Fundamentos Jurídicos III.4. de la presente decisión constitucional. De ahí que las apreciaciones realizadas por la parte accionante, en sentido de que correspondió a la autoridad policial, en su informe expresar detalles de la prueba, como el tipo de vehículo, sus características o de quién fuera la propiedad de la propiedad de la misma, no se ajusta a las exigencias de la previsión del art. 235.1 del CPP, que cuando se refiere a elementos de prueba que puedan ser modificados, ocultados o suprimidos, serán en el momento procesal en el que se aplique una medida cautelar de detención preventiva, por riesgos de obstaculización, en el que las pruebas no son plenas (identificadas en forma absoluta), sino simplemente indiciarias. Por lo expresado, mal se puede denunciar el fallo de la autoridad demandada, como carente de fundamentación o motivación, cuando el mismo solo ha confirmado la decisión del juez de primera instancia que validó un informe policial, para llegar a la conclusión de que en el caso existió un evidente riesgo de obstaculización, en la medida que no se ha podido dar cumplimiento al requerimiento de secuestro del vehículo del imputado (que ni siquiera contaría con placas) y que habría servido de instrumento para la comisión del hecho denunciado, porque la misma habría sido ocultada. Además para el establecimiento del peligro de obstaculización, por ocultamiento de un elemento probatorio, es necesario tener en cuenta las características del hecho suscitado, como el tipo penal investigado; en el caso que motiva esta decisión constitucional se tiene que se ha iniciado un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gimena García Ticona y otra en contra del accionante, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño adolescente, previsto por los arts. 312 y 318 del Código Penal (CP), ilícitos que se habrían cometido en ese motorizado, que hubiese desapareció, por lo que, no se pudo efectivizar su secuestro, la cual se constituye como indicio probatorio importante para establecer la verdad material de lo sucedido. Todos aquellos actos que se encuentren destinados a destruir, ocultar o suprimir elementos probatorios, sin lugar a dudas se constituye en un peligro de obstaculización, por ser comportamientos que no hacen otra cosa que entorpecer la averiguación de la verdad material de lo sucedido, impidiendo el establecimiento de los hechos tal cual se han suscitado, todo lo que justifica la aplicación de una medida cautelar excepcional como es la detención preventiva, más aun tratándose de aquellos casos en los se encuentran víctimas como niña y adolescente, que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y desprotección por su nivel de desarrollo propio de su edad. Las autoridades del poder público intervinientes en el presente caso, es decir, las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Policía, no han hecho otra cosa más que dar cumplimiento a la obligación que tienen de aplicar una debida diligencia dentro del proceso penal en etapa de investigación, de delitos que se habrían cometido por violencia sexual en contra de AA y NN, quienes serían víctimas de la agresión cometida por quien ahora es el imputado -accionante-. En consecuencia, la Vocal demandada al confirmar la medida cautelar de detención preventiva en contra del accionante mediante el Auto de Vista 210, no pronunció un fallo judicial ausente de fundamentación y motivación, al contrario se trata de una decisión en la que de manera correcta se ha aplicado el enfoque interseccional, cuidando el interés superior de toda niña, niño y/o adolescente víctimas de violencia sexual, respetando el andamiaje jurídico desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo evidente la existencia del peligro de obstaculización, por indicios en sentido de que el impetrante de tutela, según lo analizado y concluido por la autoridad demandada, ha obstaculizado la averiguación de la verdad material de lo sucedido al haber ocultar el vehículo en el que se cometió el presunto hecho delictivo. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 4 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 350. Los estándares se encuentran previstos en los párrafos 155 al 159; 163 al 170; 283; 292 al 299.

2 En la Sentencia de 18 de noviembre de 2022 sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Serie C N° 475, cuyos estándares se extraen de los párrafos 93 al 108.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1639_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7e8c22a93d98aee6713152639d55a5c3acad83b2ade6df325d95570fe6c62262

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