Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; puesto que, hasta el 22 de agosto de 2023, el Director ahora accionado hizo caso omiso a lo dispuesto por el Juez de la causa a través del Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, que ordenó sea remitido a un Centro de Terapia Psicológica o Psiquiátrica, que cuenta con el respaldo de la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023 de 19 de junio, que determinó su internación inmediata en la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, aspectos que fueron puestos a conocimiento del citado Director a través del Oficio con CITE: OF. 251/2023 presentado el 4 de julio de 2023 y reiterado por el Oficio con CITE: OF. 268/2023 de 15 de ese mes, lo que afecta psicológicamente y físicamente; ya que, requiere de una estabilización y medicación urgente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, de brindar la debida celeridad para el cumplimiento y ejecución de salidas judiciales; ii) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 117/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 21 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas otorgue a Mallku Ignacio Monrroy Escobari la salida médica dispuesta por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, con todas las medidas de seguridad convenientes, establecidas en el Informe Médico de 15 de junio de 2023, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese dispuesto dicha salida. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1639/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57998-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 117/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 21 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mallku Ignacio Monrroy Escobari contra Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 11 a 14, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se encuentra privado de libertad por más de diez meses. El 15 de marzo de 2023, se pronunció el Auto Interlocutorio 101/2023 de igual fecha, que dispuso: “…LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VARIABILIDAD ORDENANDOSE QUE DICHO CIUDADANO SEA REMITIDO A UN CENTRO DE TERAPIA PSICOLOGICA O PSIQUIATRICA…” (sic), considerando que su persona sufre de trastorno de agresividad, entre otros; para lo cual, se ofició al Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a efectos de que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el citado Auto Interlocutorio, otorgando respuesta con la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023 de 19 de junio, que determinó su internación inmediata en la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas, bajo la característica de que debe contar con custodio las veinticuatro horas durante su internación, y esta será breve, solo para estabilizar el cuadro clínico por un tiempo aproximado de dos semanas.
Posteriormente, solicitó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, emita el correspondiente mandamiento para que sea trasladado e internado en la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora del mismo departamento, emitiéndose en consecuencia, el Oficio con CITE OF. 251/2023 de 3 de julio, recepcionado el 4 de ese mes y año, dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de igual departamento; sin embargo, el Director ahora accionado hizo caso omiso a lo dispuesto. De manera posterior, la solicitud fue reiterada, elaborándose el Oficio con CITE: OF. 268/2023 de 15 de julio, recepcionado el 19 de igual mes de 2023; empero, nuevamente el Director ahora accionado hizo caso omiso y no dio curso a lo dispuesto por el Juez de la causa. Debido a lo cual, hasta el 22 de agosto de 2023, no fue trasladado e internado a la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, siendo afectado a nivel psicológico y físico; ya que, requiere de una estabilización y medicación urgente. Por lo expuesto, se tiene que Director ahora accionado desconoció el Auto Interlocutorio 101/2023, los Oficios con CITE: OF. 251/2023, CITE: OF. 268/2023; y, la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023, este último que cuenta con el Informe Médico con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032201968, elaborado por la Médico Psiquiatra de la referida Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 35, 37, 115.I, 178, 180.I, 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); 14 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que el Director ahora accionado dé cumplimiento al Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, los Oficios con CITES: OF. 251/2023 de 3 de julio, OF. 268/2023 de 15 de julio y Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023 de 19 de junio; procediéndose a designar un custodio para su acompañamiento las veinticuatro horas del día durante su internación en la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por el periodo de dos semanas, a efectos de su estabilización y medicación correspondiente.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad. El accionante en uso de la palabra, manifestó que fue tratado de mala manera por su abogado; motivo por el cual renunció a su defensa técnica; asimismo, refirió que sufre hostigamiento por parte de su madre.
Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia manifestó que: a) Se dispuso que el accionante sea escoltado por dos custodios, medida que podía ser cumplida por parte de la Dirección del referido Centro Penitenciario; empero, se tenía que sacar una ficha para el área de Psiquiatría, conforme a lo solicitado en los “oficios”; es decir, quedaba pendiente dicha gestión, así como la emisión de la orden de internación; y, b) Se encontraban realizando las gestiones para la viabilidad de lo dispuesto por el Juez de la causa; sin embargo, el accionante rechazó todo tipo de medicación, lo que fue un obstáculo.
El profesional médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -sin evidenciarse su nombre-, en audiencia manifestó que el accionante fue recetado con medicación; empero, el nombrado rechazó toda atención médica y se negó a consumir la medicación impuesta.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Juez de garantías, mediante Resolución 117/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 21 a 27, concedió la tutela solicita, disponiendo que el Director hoy accionado dé cumplimiento al Auto Interlocutorio 101/2023; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante no estableció cuál es la manera en la que presentó su acción de libertad, ni acreditó que su vida se encuentra en peligro, que esté siendo ilegalmente perseguido, procesado o indebidamente privado de libertad; por lo que, existe una omisión al momento de solicitar la tutela; puesto que, el derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad y tutela judicial efectiva deben ser tutelados no por una acción de libertad sino por una acción de amparo constitucional, debido a lo cual únicamente se pronunciara respecto al derecho a la vida que tiene estrecha relación con el derecho a la salud; 2)
De la grabación de la audiencia de consideración de la acción de libertad, se evidenció que el accionante aparentemente tiene un trastorno psicológico que puede ser un peligro para su salud, situación que guarda una estrecha relación con su derecho a la vida, tanto así que pidió la renuncia de su abogado defensor, lo que hace entrever que el accionante tiene un desorden mental o está tratando de aparentarlo, extremo que no corresponde ser dilucidado por ese Juez de garantías; 3) En ese sentido, conforme a la jurisprudencia constitucional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Corte IDH, se señaló que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme la condición de ser humano; en casos de privados de libertad la ausencia de propósito por parte de las autoridades de humillar o degradar a una víctima no lleva inevitablemente a la conclusión de que no hubo vulneración del art. 5.2 de la “Convención”; y, 4) En el régimen de la “Convención Americana” el sufrimiento y deterioro a la integridad personal causado por la falta de atención médica adecuada y el consecuente daño a la salud de una persona privada de libertad pueden constituir tratos crueles y degradantes.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por decreto constitucional de 12 de diciembre de 2025, cursante a fs. 30 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de 2025, cursante a fs. 34; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; por el que dispuso la aplicación del principio de variabilidad ordenando que Mallku Ignacio Monrroy Escobar -ahora accionante- sea remitido a un Centro de Terapia Psicológica o Psiquiátrica una vez presentados los antecedentes ante ese despacho judicial (fs. 3 y vta.).
II.2. Mediante Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023 de 19 de junio, dirigido Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; el responsable de Gestión Jurídica del Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, remitió en original el Informe Médico - CUD 201102032201968 (fs. 4). Al respecto, se tiene el Informe Médico de 15 de ese mes de 2023, emitido por la Médico Psiquiatra; por el cual se indicó que el accionante presentaba descompensación de síntomas psicóticos con abandono de tratamiento y se solicitó a la familiar que realice las gestiones legales correspondientes para su internación al tratarse de un paciente recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, aquello bajo las siguientes características: “…paciente debe contar con custodio las 24 horas durante toda la internación (…) internación breve, solo para estabilizar el cuadro clínico, por un tiempo aproximado de dos semanas” (sic), una vez se indique el alta hospitalaria no existe la posibilidad de internaciones prolongadas (fs. 5). II.3. Por memorial presentado el 20 de junio de 2023, ante el Juez de la causa; el accionante solicitó la emisión del mandamiento correspondiente a efectos de que pueda ser conducido a la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas con la finalidad de preservar su salud mental y física (fs. 6). II.4. Consta Oficio con CITE: OF. 251/2023 presentado el 4 de julio de 2023, ante el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por el cual el Juez de la causa puso en conocimiento al citado Gobernador la determinación asumida en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento, a través del Auto Interlocutorio 101/2023 (fs. 7 a 8 vta.). II.5. Cursa Oficio con CITE: OF. 268/2023 de 15 de julio, dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; mediante el cual el Juez de la causa -reiteró- al citado Gobernador la determinación asumida en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de igual departamento, a través del Auto Interlocutorio 101/2023 (fs. 9 a 10 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; puesto que, hasta el 22 de agosto de 2023, el Director ahora accionado hizo caso omiso a lo dispuesto por el Juez de la causa a través del Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, que ordenó sea remitido a un Centro de Terapia Psicológica o Psiquiátrica, que cuenta con el respaldo de la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023 de 19 de junio, que determinó su internación inmediata en la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, aspectos que fueron puestos a conocimiento del citado Director a través del Oficio con CITE: OF. 251/2023 presentado el 4 de julio de 2023 y reiterado por el Oficio con CITE: OF. 268/2023 de 15 de ese mes, lo que afecta psicológicamente y físicamente; ya que, requiere de una estabilización y medicación urgente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, de brindar la debida celeridad para el cumplimiento y ejecución de salidas judiciales; ii) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iv) Análisis del caso concreto.
La SCP 0001/2020-S1 de 2 de marzo, establece que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia y encargados de los centros penitenciarios, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficiencia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e de las partes ante el juez’ (…). Por su parte el art. 59.12 de Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- señala: ‘(Funciones) el Director del establecimiento penitenciario tiene las siguientes funciones: (…) 12. Controlar el estricto cumplimiento de las órdenes de salidas y el retorno de los internos’; Asimismo, el art. 110 de la misma ley se refiere: (Salidas Judiciales).- El Director del establecimiento, garantizará que el interno comparezca puntualmente a todos los actos judiciales a los que sean citados, disponiendo las medidas de seguridad convenientes. A este efecto, el Juez competente notificará, con veinticuatro horas de anticipación, al Director del establecimiento el lugar, fecha y hora de realización del acto. La SCP 1349/2013 de 15 de agosto señaló que las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen la obligación ineludible de procurar con celeridad y diligencia la observancia de una decisión jurisdiccional; y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento, no atribuible al privado de libertad, tienen el deber de procurar con celeridad y diligencia su acatamiento, en el marco de una interpretación favorable y extensiva del derecho a la libertad; postulado que tiene sustento jurídico-constitucional, en una pausa específica de interpretación de derechos fundamentales, como es el principio de favorabilidad. Conforme a lo anotado, las autoridades encargadas de los recintos penitenciarios deben dar cumplimiento y ejecutar decisiones judiciales que ordenen la detención domiciliaria, la libertad del privado de libertad, así como las salidas judiciales de traslado donde se tenga programadas audiencias u otros actos procesales dentro del mismo proceso por el que guarda detención preventiva u otro proceso; debiendo realizar la verificación íntegra de las órdenes respectivas, de manera tal que en caso de existir imprecisiones, contradicciones u otros defectos formales está en el deber de realizar las gestiones necesarias de forma inmediata para aclararlas y disipar sus dudas con la finalidad de cumplir a cabalidad lo ordenado y de esa manera garantizar que se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido; y en el caso de las órdenes de salida, garantice que el privado de libertad asista puntualmente a todos los actos judiciales a los que sean citados, disponiendo al efecto las medidas de seguridad convenientes; puesto que la dilación indebida o el incumplimiento de las órdenes emanadas de autoridad competente alegando la existencia de defectos formales, que en su caso pueden ser subsanadas inmediatamente, implica la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, que generarían responsabilidad al encargado del recinto penitenciario” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0716/2020-S1 de 11 de noviembre, señala que: “La SCP 0257/2012 de 29 de mayo establece que las autoridades judiciales, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, adoptan la posición de garante respecto a la materialización de las condiciones para la salvaguarda de los derechos a la vida y a la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad.
En similar sentido, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que de acuerdo al art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), las personas privadas de libertad, si bien sufren temporalmente las limitaciones de la ley; empero, no se convierten en seres sin derechos; en ese marco, gozan del derecho a la salud; el cual, debe ser materializado en los recintos penitenciarios:
(…)
En suma, si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones impuestas por ley a su libertad, a partir de la protección constitucional de los derechos inherentes a su condición de ser humano -art. 14.I de la CPE-; concordante con lo establecido en el art. 73.I de la Norma Suprema, que refiere: ‘Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana’, es responsabilidad del Estado -autoridades judiciales, penitenciarias y Ministerio Público-, velar por el respeto y garantía a los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de libertad, durante la ejecución de su sanción, así lo prescribe el art. 74.I de la CPE: ‘Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas’” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 1099/2025-S1 de 4 de septiembre, señaló que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos –SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; puesto que, hasta el 22 de agosto de 2023, el Director ahora accionado hizo caso omiso a lo dispuesto por el Juez de la causa a través del Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, que ordenó sea remitido a un Centro de Terapia Psicológica o Psiquiátrica, que cuenta con el respaldo de la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023 de 19 de junio, que determinó su internación inmediata en la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, aspectos que fueron puestos a conocimiento del citado Director a través del Oficio con CITE: OF. 251/2023 presentado el 4 de julio de 2023 y reiterado por el Oficio con CITE: OF. 268/2023 de 15 de ese mes, lo que afecta psicológicamente y físicamente; ya que, requiere de una estabilización y medicación urgente.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 101/2023; por el cual dispuso la aplicación del principio de variabilidad ordenándose que el nombrado sea remitido a un Centro de Terapia Psicológica o Psiquiátrica una vez presentados los antecedentes ante ese despacho judicial (Conclusión II.1.); asimismo, se tiene la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023, dirigido al citado Juez, el responsable de Gestión Jurídica del Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora del mismo departamento, remitió en original el Informe Médico CUD 201102032201968, siendo ese el Informe Médico de 15 de junio de 2023, emitido por la Médico Psiquiatra, indicando que el accionante presentaba descompensación de síntomas psicóticos con abandono de tratamiento y se solicitó a la familiar que realice las gestiones legales correspondientes para su internación al tratarse de un paciente recluido en el Centro Penitenciario, aquello bajo las siguientes características: “…paciente debe contar con custodio las 24 horas durante toda la internación (…) internación breve, solo para estabilizar el cuadro clínico, por un tiempo aproximado de dos semanas” (sic), una vez se indique el alta hospitalaria no existe la posibilidad de internaciones prolongadas (Conclusión II.2.). Posteriormente, por memorial presentado el 20 de junio de 2023, dirigido al Juez de la causa; el accionante solicitó la emisión del mandamiento correspondiente a efectos de que pueda ser conducido a la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La paz, con la finalidad de preservar su salud mental y física (Conclusión II.3.); a tal efecto, se emitió el Oficio con CITE OF. 251/2023 presentado el 4 de julio de 2023, al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento; a través del cual el Juez de la causa puso en conocimiento al citado Gobernador la determinación asumida en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de igual departamento, mediante el Auto Interlocutorio 101/2023 (Conclusión II.4.), lo que fue reiterado por Oficio con CITE OF. 268/2023 (Conclusión II.5.) En ese contexto, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el Director ahora accionado, tiene el deber de cumplir las órdenes y mandamientos emitidos por la autoridad competente; y en lo que, se refiere a las órdenes de salida, debe garantizar que el privado de libertad asista puntualmente a todos los actos judiciales a los que sean citados, disponiendo al efecto las medidas de seguridad convenientes; de manera tal, que en caso de existir imprecisiones, contradicciones u otros defectos formales está en el deber de realizar las gestiones necesarias de manera inmediata para aclararlas y disipar sus dudas con la finalidad de cumplir a cabalidad lo ordenado; puesto que, una conducta pasiva implica negligencia en el cumplimiento de dichas órdenes, que en caso de generar dilación indebida en la realización de actos procesales en los que deba participar el privado de libertad, conlleva la vulneración del derecho al debido proceso. Con ese entendimiento y de los antecedentes desarrollados precedentemente, se puede establecer que el Director hoy accionado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no cumplió con lo dispuesto por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 101/2023, el cual tuvo una respuesta del Hospital de Clínicas que adjuntó el Informe Médico de 15 de junio de 2023, que determinó la internación del accionante. Así también, se tiene que los aspectos referidos a su traslado a la Unidad de Salud Mental Psiquiátrica - Hospital de Clínicas fueron puestos a conocimiento del citado Director mediante Oficios con CITES: OF. 251/2023 y OF. 268/2023; puesto que, si bien este último en la audiencia de consideración de acción de libertad señaló que no tenía impedimento de hacerlo; empero, previamente se debía sacar una ficha para el área de psiquiatría para la internación del accionante, además de realizarse su valoración por especialistas, y recibir medicación, siendo esta rechazada. Al respecto, el Director hoy accionado no tomó en cuenta que ya se tenía un informe médico que data del 15 de junio de 2023, adjuntado a la Nota con CITE: HC/AL/NE/ 138/2023, lo que fue de su conocimiento a través de los Oficios con CITES: OF. 251/2023 y OF. 268/2023, que viabilizaba la internación del accionante bajo las siguientes características: “…paciente debe contar con custodio las 24 horas durante toda la internación (…) internación breve, solo para estabilizar el cuadro clínico, por un tiempo aproximado de dos semanas” (sic); de todo lo expuesto se concluye que el mencionado Director no cumplió con sus funciones conforme a lo previsto por el art. 59.12 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) que dispone: “Controlar el estricto cumplimiento de las órdenes de salidas y el retorno de los internos” (las negrillas fueron añadidas), con la obligación de que esas sean en el marco de la celeridad y diligencia, lo que involucra también a los permisos de internación; más aun, cuando dichos se encuentran vinculados directamente al derecho a la salud, respecto al cual el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional establece que los privados de libertad deben ser tratados con el debido respeto a la dignidad humana velando por el respeto y garantía de sus derechos a la vida y a la salud; en ese sentido, el Director ahora accionado hizo caso omiso a lo dispuesto por el Juez de la causa, lo que generó la vulneración del derecho a la salud del accionante.
En ese contexto, se establece que el Director ahora accionado no solo vulneró el derecho a la salud del accionante, sino también el debido proceso en su elemento de celeridad citado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, no cumplió a cabalidad y de manera inmediata con lo dispuesto por el Juez de primera instancia, en el marco del Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, entendiendo que las salidas al centro hospitalario mediante la orden judicial, requería de una verificación íntegra de la misma con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para que el accionante reciba la atención médica en forma apropiada y eficaz, para el restablecimiento de su salud, para lo cual debe disponer su salida con todas las medidas de seguridad convenientes, y con la prontitud y celeridad debida, evitando dilaciones innecesarias que afecten el derecho a la salud del accionante, lo que ocurrió en el presente caso; ya que, desde el 4 de julio de 2023, que se puso en conocimiento del Gobernador del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz la determinación de salida médica del accionante mediante Oficio con CITE: OF. 251/2023, hasta el 23 de agosto de igual año, que se interpuso esta acción de libertad no se cumplió la misma, incurriendo en una dilación indebida, lo que vulneró también el derecho al debido proceso en su elemento celeridad como se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde brindar la protección requerida, debiendo conceder la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad. Finalmente, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, el accionante no identificó de manera fundamentada como fueron vulnerados; por lo que, sobre los mismos corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 117/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 21 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas otorgue a Mallku Ignacio Monrroy Escobari la salida médica dispuesta por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 101/2023 de 15 de marzo, con todas las medidas de seguridad convenientes, establecidas en el Informe Médico de 15 de junio de 2023, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese dispuesto dicha salida. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1639_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31f4199a6951568a6f883a037d242b43bfcb740c7249dda5305c80fabc280024
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