Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos a la dignidad y a la libertad de locomoción; así como a la “…libertad de espiritualidad, religión y culto…” (sic) -libertad de religión y creencias espirituales-; puesto que, Emiliana Flores Condori -fallecida y accionante- tras sufrir un accidente de tránsito recibió atención médica en el Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A.; no obstante, falleció el 13 de septiembre de 2023; sin embargo, su cadáver fue retenido, condicionando su entrega, al pago de la cuenta adeudada por los servicios médicos prestados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La procedencia de la acción de libertad frente a la retención de pacientes en centros hospitalarios por falta de pago; 2) Derecho a las víctimas a una reparación integral; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 31/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la dignidad, libertad de religión y creencias espirituales vinculado al derecho a la libertad de locomoción, manteniendo incólumes las determinaciones de reparación integral del daño relativas a las medidas satisfacción y garantías de no repetición, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° REVOCAR la determinación de imposición de la multa dispuesta por el Juez de garantías, sobre la imposición de una multa de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) como reparación del daño por la retención del cadáver de nueve horas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional, manteniendo invariable el pago de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) como reparación del daño dispuesto, solo en caso de que se hubiese concretado como consecuencia de la concesión de la tutela, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1638/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58482-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en representación sin mandato de Emiliana Flores Condori (fallecida) y Erwin Javier Miranda Flores contra Gloria Cleofé Agramont Carrillo, Directora del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza Sociedad Anónima (S.A.).
La parte accionante, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 13 a 15 vta., manifestó lo siguiente:
El 2 de agosto de 2023, Emiliana Flores Condori -fallecida y accionante- sufrió un accidente de tránsito al ingreso de Quime, luego fue llevada al Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A.; durante su internación, sus familiares manifestaron su disconformidad por el trato otorgado, entonces solicitaron su traslado; sin embargo, el referido Hospital se negó a brindar un informe que viabilizaba su petición de traslado; ya que, previamente debían cancelar lo adeudado; por cuanto, la nombrada accionante estuvo “…retenida desde hace algunos días…” (sic), habiendo denunciado esa situación ante la Defensoría del Pueblo. La accionante, falleció el 13 de septiembre de 2023, a las 7:00 horas; por lo que, Erwin Javier Miranda Flores -coaccionante-, como su hijo, se apersonó al Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A. a efecto de recoger el cadáver de la accionante para luego darle sepultura de acuerdo a sus creencias religiosas; empero, no pudo hacerlo por falta de pago de lo adeudado; después de una reunión entre el “Dr. Rada” y el conductor responsable del hecho de tránsito, se efectuó un descuento accediendo a que este último, presente una garantía de pago; no obstante, mientras no se realice dicha garantía, el cadáver seguiría retenido.
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos a la dignidad y a la libertad de locomoción; así como a la “…libertad de espiritualidad, religión y culto…” (sic) -libertad de religión y creencias espirituales-; citando al efecto los arts. 4, 13, 21.2, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se le conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la entrega inmediata del cadáver de la accionante a sus familiares.
Celebrada la audiencia pública el 15 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 83 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo; manifestó que: a) La accionante falleció el 13 de septiembre de 2023 a las 7:00 horas; sin embargo, la familia del conductor responsable del hecho de tránsito firmó el pagaré a las 16:00 horas; por lo que, el cadáver de la nombrada fue retenido de manera ilegal aproximadamente por nueve horas; b) El coaccionante, fue privado de su libertad de locomoción; puesto que, al encontrarse el cadáver de la accionante en el Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., no podía moverse hasta la entrega del mismo y no pudo otorgarle una sepultura conforme sus convicciones religiosas; c) La jurisprudencia constitucional reconoce que el fallecido tiene derecho a la dignidad, así lo establece la línea jurisprudencial vigente desde el 2013 respecto al derecho a una muerte digna, al entierro y a una sepultura conforme a sus convicciones religiosas; y, d) Solicita se aplique el art. 113.I de la CPE, que establece el derecho a la reparación integral, es decir que la familia merece la reparación de daños y perjuicios, una medida de satisfacción que es la disculpa pública a los familiares de la accionante; además, como garantía de no repetición, se exhorte al referido Hospital a no incurrir en los hechos denunciados.
Gloria Cleofé Agramont Carrillo, Directora del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., través de su abogado en audiencia a manifestó que: 1) El día del fallecimiento de la accionante a las 7:00 horas, los familiares de la nombrada accionante ingresaron a las 9:00 horas al Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., el conductor responsable del hecho de tránsito ingresó a medio día, pero al ver que no podía hacer nada retornó a las “3 de la tarde”; sin embargo, no tenían los medios para recoger el cadáver; y, 2) De acuerdo al informe del personal de seguridad y del administrador, se indicó que conseguida la movilidad, recién se retiró el cadáver alrededor de las 17:18 horas; por lo que, las nueve horas -de retención de cadáver- no fueron responsabilidad del personal del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., aclarando que “hasta la fecha” no se realizó el pagó respectivo.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 31/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 84 a 87 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que: i) Se realice una satisfacción pública a los familiares de la accionante; ii) La imposición de una multa de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) en el plazo de veinticuatro horas como reparación del daño por la retención del cadáver por nueve horas a pagarse en la cuenta del coaccionante y Gregoria Miranda Flores -hija de la accionante-; y, iii) La conminatoria al Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A. que recomiende a todo su personal a no utilizar el cadáver de las personas como un instrumento con la finalidad de realizar cobros; por lo que, se exhortó al citado Hospital que en el futuro no incurra en similares actos denunciados, debiendo sujetar su proceder al marco de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo los siguientes fundamentos: a) Al existir la garantía suscrita por la esposa del responsable del accidente de tránsito, no había la necesidad de retener el cadáver por más de tres, cuatro horas o un tiempo razonable de acuerdo a la SCP 0048/2014 de 3 de enero; b) La SCP 0258/2012 de 29 de mayo, establece que ante la falta de cancelación de las deudas por gastos hospitalarios, no es posible que se proceda a la retención de un cadáver; puesto que, pueden realizar las acciones correspondientes para el cobro de las referidas deudas; y, c) Se aplicó los convenios y tratados internacionales que rigen la materia además de aplicar la perspectiva de género, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 7 de abril de 2026, cursante a fs. 91, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 95; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Papeleta de Alta, emitida por José Marti Flores Campos, Médico Cirujano del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., que señaló como defunción de Emiliana Flores Condori -ahora accionante- el 13 de septiembre de 2023 a las 7:00 horas y en la parte posterior de la referida papeleta el detalle de la deuda emergente de los gastos hospitalarios que asciende a la suma de Bs104 464,22.- (ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro 22/100 bolivianos) de manera manuscrita (fs. 11 y 12). II.2. Consta Reconocimiento de deuda, compromiso de pago y constitución de garantías de 13 de septiembre de 2023, suscrita entre Juan Jaime Agramont Carrillo, apoderado y representante legal del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A. -siendo Directora Gloria Cleofé Agramont Carrillo ahora accionada- y Dougla Álvarez Cruz -esposa del conductor responsable del accidente de tránsito-, mediante el cual reconocen la deuda de Bs76 000.-(setenta y seis mil bolivianos) garantizando el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes habidos y con los bienes futuros (fs. 27). II.3. Cursa Informe de 15 de septiembre de 2023, emitido por José Luis Quinteros Saravia, Administrador del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., dirigido a Juan Jaime Agramont Carrillo, Gerente Administrativo Financiero del referido Hospital, que señaló que se procedió a la suscripción de un compromiso de pago, indicando que se iniciaron los trámites para el recojo del cadáver, procediéndose a la entrega del mismo a las 17:18 horas, -13 de septiembre de 2023- a Gregoria Miranda Flores -hija de la accionante-(fs. 25).
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos a la dignidad y a la libertad de locomoción; así como a la “…libertad de espiritualidad, religión y culto…” (sic) -libertad de religión y creencias espirituales-; puesto que, Emiliana Flores Condori -fallecida y accionante- tras sufrir un accidente de tránsito recibió atención médica en el Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A.; no obstante, falleció el 13 de septiembre de 2023; sin embargo, su cadáver fue retenido, condicionando su entrega, al pago de la cuenta adeudada por los servicios médicos prestados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La procedencia de la acción de libertad frente a la retención de pacientes en centros hospitalarios por falta de pago; 2) Derecho a las víctimas a una reparación integral; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0932/2025-S1 de 13 de agosto, reiterando el razonamiento de la SCP 0339/2025-S1 de 25 de abril, que a su vez cita a la SCP 0406/2018-S2 de 3 de agosto, establece que: “… existe vulneración del derecho a la libertad física y de locomoción cuando un centro hospitalario retiene en sus instalaciones a los pacientes dados de alta o en su caso se nieguen a darles el alta; con la finalidad de obligarlos o a sus familiares a pagar por los servicios prestados. Por otra parte, la SCP 2007/2013 de 13 de noviembre amplió la tutela de la acción de libertad a los supuestos en los que en los hospitales públicos o privados, se retiene el cuerpo de la persona fallecida; argumentando que existe una lesión del derecho a la dignidad; toda vez que, se utiliza el cuerpo de la persona como un instrumento para lograr el cumplimiento de obligaciones, que afecta además, a los derechos a la libertad de espiritualidad, religión y culto, al privar a los familiares de la posibilidad de realizar los actos, ritos y costumbres que su espiritualidad, religión y culto mandan. Dicha Sentencia señaló que en estos casos, tienen legitimación activa los familiares de la persona fallecida” (las negrillas son nuestras).
A fin de comprender el derecho a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a una reparación a una reparación integral, es necesario remitirnos a la Constitución Política del Estado, que señala: “Artículo 113.
II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.” Por su parte el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) refiere que: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En ese contexto el Código Procesal Constitucional, respecto a los efectos de la resolución y sobre a la responsabilidad y repetición señala que:
“Artículo 39°.- (Responsabilidad y repetición)
o penal, estimando en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios y en el segundo, remitiendo antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto el Tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta diez días, computables a partir de la notificación en la misma audiencia. II. Si la responsabilidad fuera atribuible a una servidora o servidor público, la Jueza, Juez o Tribunal que concedió la acción, ordenará la remisión de una copia de la resolución a la máxima autoridad administrativa de la entidad donde preste sus servicios, para el inicio, si corresponde, del proceso disciplinario”. “Artículo 57°.- (Efectos de la resolución)
amenazados con restringir o suprimir, y podrá establecer indicios de responsabilidad civil o penal de la accionada o accionado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 39 del presente Código.
II. Si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido, que restrinja, suprima o amenace con restringir o suprimir derechos, la sentencia determinará la nulidad del acto y la restitución del derecho. III. Si la acción fuese promovida por una omisión ilegal o indebida, que restrinja, suprima o amenace con restringir o suprimir derechos, la sentencia ordenará el cese de la omisión ilegal o indebida”. La SCP 0341/2013-L de 20 de mayo, en referencia al art. 113. I de la CPE, establece que: «… si bien es cierto que esta norma es de reciente incorporación, puesto que contiene un derecho fundamental no contemplado por la Constitución Política del Estado abrogada, es preciso establecer lo que se entiende como reparación, o la intención del constituyente, que consolidó la visión establecida anteriormente en el Decreto Supremo (DS) 29272 de 12 de septiembre de 2007 -Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” - que en su punto 3.3.4. Justicia, en la Propuesta de Cambio planteó: “Ante esas circunstancias, la propuesta del cambio en el sector justicia está orientada a construir un sistema de justicia plural, participativa, transparente, esencialmente restaurativa con equidad e igualdad. Anteriormente abordado por la doctrina legal y reconocida por las Naciones Unidas, mediante el Consejo Económico y Social, a través de su Resolución 1999/26 de 28 de julio de 1999, titulada ‘Elaboración y aplicación de medidas de mediación y justicia restitutiva (o restaurativa) en materia de justicia penal’ que en su declaración quinta. “Hace un llamamiento a los Estados para que consideren, dentro de sus ordenamientos jurídicos, la posibilidad de formular procedimientos que representen una alternativa frente al proceso ordinario de justicia penal, así como políticas de mediación y justicia restitutiva (o restaurativa), con miras a promover una cultura favorable a la mediación y a la justicia restitutiva (o restaurativa) entre las autoridades competentes en los ámbitos de aplicación de la ley, judicial y social, así como entre las comunidades locales, y para que consideren asimismo la posibilidad de impartir formación apropiada a los que participen en la ejecución de esos procesos” .
La declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, refiere al derecho a la reparación y a la indemnización, Resolución 53/144 de 8 de marzo de 1999, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su art. 2.2 señala: “Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente declaración estén efectivamente garantizados” y en su art.9.2 refiere: “A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida”» (las negrillas son nuestras). Igualmente, la SCP 0252/2018-S3 de 29 de junio, establece que toda vulneración manifiesta de derechos humanos ya sea cometida por personas particulares o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, debe dar lugar a la reparación integral del daño, para lo cual podrá asumirse jurisprudencia convencional desarrollada sobre la temática hasta que exista una regulación específica, señalando que: “…Una forma de reparación del daño, será la dictación de una sentencia, que determine la verdad de los hechos y todos los elementos del asunto; pero si la misma no resultara suficiente, por estar ante violaciones manifiestas de derechos humanos, corresponderá también proceder a la reparación del daño material, que supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso; mediante una compensación de las consecuencias patrimoniales, con el pago de un monto indemnizatorio; en este tipo de reparación se tomará en cuenta el lucro cesante (pérdida de ingresos económicos futuros) y daño emergente (afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos), así como el proyecto de vida (atiende a la realización integral de la persona afectada). De igual manera, podrá también disponerse en determinados casos, la reparación del daño inmaterial causado, comprendido por la Corte IDH, como ‘...los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia’, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero; o en su caso mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos. En este comprendido, la reparación del daño moral o extrapatrimonial, como una forma de daño inmaterial, deberá ser reparada en casos de violación de derechos humanos, en base al criterio prudente del juzgador y al principio de equidad (no siendo por tal motivo necesario exigir prueba objetiva para su acreditación); más aún si se trata de hechos en los que las víctimas perdieron la vida, en cuyo caso corresponderá otorgar la reparación moral a los familiares del mismo, por el profundo sufrimiento y angustia que padecieron ante la pérdida de un ser querido…” (las negrillas nos corresponden). Similar entendimiento fue asumido en la SCP 0043/2019-S3 de 12 de marzo. Siguiendo con el desarrollo jurisprudencial, la SCP 0934/2024-S3 de 30 de diciembre, asumiendo los entendimientos de la Corte IDH, desarrolla la reparación integral en los siguientes puntos: “1) La restitución; esta medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos; 2) La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano; 3) La rehabilitación; en casos en los que la Corte IDH aplica esta medida de reparación, señala que: ‘…es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las violaciones establecidas en la presente Sentencia…’ ;por ende, las medidas de reparación serán destinadas a los daños inmateriales, principalmente a los morales y físicos que vaya a sufrir la víctima como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos; 4) La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido por la violación de sus derechos humanos. Al respecto, Martín Beristaín señala: ‘Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas’. En resumen, estas medidas corresponden principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños, tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación de derechos humanos; y, 5) La garantía de no repetición; esta medida, principalmente, está dirigida a mitigar los daños colectivos. Así por ejemplo, con la tipificación de algún delito, se genera en toda la sociedad, de alguna manera, un sentimiento de confianza hacia el Estado, en el sentido de tener cierta seguridad que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos humanos”.
En tal sentido, la reparación se entiende como la obligación de quien incurre en un acto antijurídico de subsanar los daños ocasionados a la persona afectada. Su finalidad es, en la medida de lo posible, eliminar los efectos derivados del hecho ilícito y restablecer la situación que razonablemente hubiese existido de no haberse producido la vulneración. Tradicionalmente, la reparación fue concebida desde una perspectiva civil, vinculada principalmente al resarcimiento material de los daños ocasionados. Sin embargo, su alcance ha evolucionado progresivamente, trascendiendo la esfera patrimonial para abarcar también la reparación de daños inmateriales, tales como las afectaciones a la dignidad, la integridad personal, el proyecto de vida y otros derechos fundamentales de la persona. Asimismo, la reparación no se agota en la determinación y compensación de los daños causados, porque el ámbito de los derechos humanos, comprende además la responsabilidad del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las vulneraciones de derechos fundamentales con la debida diligencia. De ello se desprende que el art. 113.I de la CPE, reconoce a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Este mandato constitucional, a la luz del desarrollo jurisprudencial efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en ejercicio del control de convencionalidad y de la aplicación preferente de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido interpretado bajo una concepción de reparación integral estructurada en cinco dimensiones complementarias e interdependientes: i) la restitución; ii) la indemnización; iii) la rehabilitación; iv) la satisfacción; y, v) las garantías de no repetición. En ese contexto, el derecho a la reparación integral, particularmente en supuestos de graves violaciones a los derechos humanos, constituye un componente esencial de la garantía de acceso a la justicia y del derecho a un recurso judicial efectivo, reconocidos tanto por la Constitución Política del Estado como por los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la determinación de las medidas reparatorias como parte de la reparación integral del daño, mal podría constituirse como consecuencia automática derivada de la sola constatación de la vulneración de un derecho fundamental, porque su establecimiento exige un análisis específico en cada caso concreto orientado a establecer la naturaleza, magnitud y alcance del daño ocasionado, así como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas destinadas a su reparación. En ese sentido, la determinación de la reparación integral supone una necesaria correlación entre el derecho vulnerado, el daño efectivamente producido y la medida reparatoria llamada a restablecer, en la mayor medida posible, la situación jurídica afectada. Ello implica no solo identificar los derechos vulnerados, sino también precisar el alcance del daño ocasionado, la forma en que estos pueden ser restituidos, rehabilitados, compensados o satisfechos, según las particularidades de cada caso concreto. De ahí que la reparación integral no se reduzca a una consecuencia accesoria de la declaración de vulneración de derechos, sino que se constituya en un procedimiento, cuya procedencia, alcance y modalidad requieren una fundamentación específica. Asimismo, toda determinación de reparación integral del daño involucra la valoración de elementos fácticos y jurídicos vinculados al alcance y gravedad del daño supuestamente ocasionado el cual tiene relación causal con el acto vulnerador y la proposición de la pertinencia de las medidas solicitadas. Por lo que, la reparación integral se encuentra estrechamente vinculada a los principios de contradicción, congruencia y defensa, que informan el debido proceso constitucional. En efecto, la reparación no constituye únicamente una consecuencia jurídica de la vulneración declarada, sino también una pretensión autónoma respecto de la cual las partes deben tener la posibilidad real y efectiva de aportar elementos de convicción, controvertir el alcance de los daños alegados, cuestionar la relación causal invocada y pronunciarse sobre la idoneidad y proporcionalidad de las medidas reparatorias pretendidas. Bajo esa lógica, la solicitud de medidas para reparación integral del daño debe ser oportunamente planteada y fundamentada desde la interposición de la acción tutelar o, cuando corresponda, durante la audiencia de consideración de acciones tutelares, de manera que tanto la autoridad jurisdiccional (jueces/ tribunales de garantías o salas constitucionales) como la parte accionada cuenten con los elementos necesarios para debatir y pronunciarse sobre la existencia, alcance y modalidad de la reparación solicitada. Lo contrario implicaría disponer medidas reparatorias sin que exista una oportunidad de contradicción respecto de alcance y gravedad del daño supuestamente ocasionado el cual tiene relación causal con el acto vulnerador y la proposición de la pertinencia de las medidas solicitadas, afectando con ello los principios de igualdad procesal, defensa y debido proceso. En similar sentido, las medidas de reparación que eventualmente se dispongan (a través de la restitución; la indemnización; la rehabilitación; la satisfacción; y, las garantías de no repetición) deben guardar correspondencia con los hechos, los derechos identificados como vulnerados y los daños acreditados. Esta exigencia deriva del principio de congruencia como elemento del debido proceso por el cual, se entiende que debe existir concordancia entre lo peticionado por las partes y la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional. Agregado a lo anterior, si bien el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), reconoce a la autoridad jurisdiccional la facultad potestativa de establecer indicios de responsabilidad civil o penal lo cual es concordante con el art. 57 de la misma norma, dicha atribución no exime a las partes de la carga de aportar los elementos mínimos que permitan identificar el daño sufrido, su alcance, su relación causal con la vulneración denunciada y las medidas concretas que resultarían idóneas para su reparación. Lo contrario supondría convertir la reparación integral en una decisión adoptada al margen de los principios de contradicción, defensa y congruencia procesal que rigen toda actuación jurisdiccional. En ese sentido, sea de oficio conforme a la facultad potestativa del art. 39 del CPCo o a solicitud de parte con un debate procesal suficiente sobre estos extremos será posible adoptar medidas de reparación integral que resulten objetivas, razonables, proporcionales y efectivas, garantizando al mismo tiempo su exigibilidad en ejecución de sentencia.
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos a la dignidad y a la libertad de locomoción; así como a la “…libertad de espiritualidad, religión y culto…” (sic) -libertad de religión y creencias espirituales-; puesto que, Emiliana Flores Condori -fallecida y accionante- tras sufrir un accidente de tránsito recibió atención médica en el Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A.; no obstante, falleció el 13 de septiembre de 2023; sin embargo, su cadáver fue retenido, condicionando su entrega, al pago de la cuenta adeudada por los servicios médicos prestados. De la revisión de los antecedentes, cursa la Papeleta de Alta emitida por José Marti Flores Campos, Médico Cirujano del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., que señaló como defunción de la ahora accionante, el 13 de septiembre de 2023 a las 7:00 horas y en la parte posterior de la referida papeleta el detalle de la deuda emergente de los gastos hospitalarios que asciende a la suma de Bs104 464,22.-(Conclusión II.1.); posteriormente, se advierte que se suscribió un Reconocimiento de deuda, compromiso de pago y constitución de garantías de 13 de igual mes y año, entre Juan Jaime Agramont Carrillo, apoderado y representante legal del referido Hospital -en el cual la Directora es la ahora accionada- y Dougla Álvarez Cruz -esposa del conductor responsable del accidente de tránsito-, mediante el cual reconocen la deuda de Bs76 000.-, garantizando el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes habidos y con los bienes futuros (Conclusión II.2.); asimismo, cursa Informe de 15 de ese mes y año, emitido por el Administrador del citado Hospital dirigido al Gerente Administrativo Financiero del señalado Hospital, mencionando que se procedió a la suscripción de un compromiso de pago y se iniciaron los trámites para el recojo del cadáver, procediéndose a la entrega del mismo, el 13 de ese mes y año, a las 17:18 horas, a Gregoria Miranda Flores -hija de la accionante- (Conclusión II.3.).
Identificado el acto vulneratorio denunciado por la parte accionante, corresponde previamente referirse a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a partir de la cual se puede establecer que todo centro hospitalario de salud, sea público o privado, por ningún motivo puede retener el cadáver de un fallecido y condicionar su entrega a la cancelación de los gastos hospitalarios, lo contrario implica una vulneración de los derechos de libertad de religión y creencias espirituales; ya que, ante la existencia de obligaciones pecuniarias emergentes de esos servicios, el ordenamiento jurídico prevé los mecanismos judiciales idóneos para hacer efectivo su cumplimiento. En ese contexto y del análisis de los antecedentes fácticos, se advierte que la accionante falleció a las 7:00 horas del 13 de septiembre de 2023 y su cadáver no fue liberado inmediatamente, porque del Informe de 15 de ese mes y año, se extrae que “Al promediar las 16:00 el señor Julio Villca se hizo presente con el abogado de su sindicato con la predisposición de solicitar un plazo para la cancelación de la deuda propuesta que fue aceptada por la Gerencia, por lo que se procedió a la suscripción de un compromiso de pago, indicando que iniciarían los trámites para el recojo del cadáver, procediéndose a la entrega del cadáver a las 17.18 pm a su hija Gregoria Miranda Flores una vez que llego el vehículo del servicio funerario” (sic). Es decir, desde el fallecimiento de la accionante hasta el inicio de los trámites para el recojo del cadáver, efectuado tras la suscripción del compromiso de pago, transcurrieron nueve horas, situación que vulneró la dignidad de la nombrada y de sus familiares, así como la libertad de religión y creencias espirituales; puesto que, la Directora hoy accionada ante la existencia de obligaciones pecuniarias emergentes de esos servicios hospitalarios, debió acudir a los mecanismos judiciales idóneos para hacer efectivo su cumplimiento, sin condicionar la entrega del cadáver como medio de coerción; por lo que, corresponde conceder la tutela por vulneración al derecho a la dignidad, libertad de religión y creencias espirituales vinculado al derecho a la libertad de locomoción. Sobre la reparación integral del daño solicitada por la parte accionante En el caso concreto la parte accionante, identificó como derechos vulnerados la dignidad, la libertad de locomoción y la libertad de religión y creencias espirituales, como consecuencia de la retención del cadáver de la accionante por parte del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A.; asimismo, en audiencia, solicitó además de la concesión de tutela, la reparación integral del daño establecida por el art. 113 de la CPE, en ese sentido pidió: a) medidas de satisfacción a través de una disculpa pública del mencionado Hospital hacia los familiares de la nombrada; y, b) garantías de no repetición consistente en el exhorto al referido hospital a no incurrir en actos similares. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se tiene que la finalidad de la reparación es la eliminación de los efectos derivados del acto vulnerador de derechos fundamentales y el consecuente restablecimiento de los mismos. En ese sentido, el derecho de las víctimas a la reparación dispuesto por el art. 113 de la CPE, constituye un componente esencial de la garantía de acceso a la justicia y del derecho a un recurso judicial efectivo, reconocidos tanto por la Constitución Política del Estado como por los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, la determinación de las medidas reparatorias como parte de la reparación integral del daño supone una necesaria correlación entre el derecho vulnerado, el daño efectivamente producido y la medida reparatoria llamada a restablecer, en la mayor medida posible, la situación jurídica afectada. Dicha situación, implica que los accionantes en forma oportuna, más allá de la identificación de los derechos vulnerados, deben precisar el alcance del daño ocasionado, la forma en que esos pueden ser restituidos, rehabilitados, compensados o satisfechos, según las particularidades de cada caso concreto. Bajo ese contexto, respecto a la solicitud del establecimiento de medidas de satisfacción a través de una disculpa pública del Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A. hacia los familiares de la accionante; se debe considerar que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, las medidas de satisfacción tienen por finalidad generar en la víctima y sus familiares un sentimiento de reconocimiento y reivindicación frente a los daños ocasionados por la vulneración de sus derechos fundamentales. Dichas medidas se materializan principalmente a través de actos de desagravio por parte del responsable, orientados al reconocimiento de los hechos vulneradores y de sus consecuencias. Ese entendimiento, desarrollado a través de la jurisprudencia guarda concordancia con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Así, el Principio IX, párrafo 22 inc. e) de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados mediante la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que las medidas de satisfacción pueden comprender, cuando resulten pertinentes y procedentes, “una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”. En consecuencia, considerando la naturaleza de los derechos cuya vulneración se denuncia y el daño moral y espiritual que la retención indebida de un cadáver puede ocasionar a los familiares de la accionante, se concluye que la medida reparatoria solicitada resulta, en principio, idónea y adecuada para atender la naturaleza del daño alegado; puesto que, se encuentra orientada al reconocimiento público de los hechos denunciados y a la reivindicación de la dignidad de las personas afectadas, guardando una relación de razonable correspondencia con los derechos cuya vulneración se denuncia. Sobre la solicitud de establecimiento de garantías de no repetición, consistente en exhortar al Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A., a abstenerse de incurrir en actos similares en el futuro, corresponde señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, ese tipo de medidas tiene una finalidad eminentemente preventiva, orientada no solo a evitar la reiteración de las conductas vulneradoras que dieron origen a la vulneración de derechos fundamentales, sino también a generar condiciones institucionales que reduzcan el riesgo de que hechos análogos vuelvan a producirse. En ese sentido, las garantías de no repetición trascienden la esfera individual de la víctima y proyectan sus efectos hacia la protección de la colectividad, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. En esa línea, considerando que los hechos denunciados se encuentran vinculados a la existente prohibición de retención de cadáver, se advierte que la medida solicitada guarda una relación directa con la conducta que se considera vulneradora y se encuentra razonablemente orientada a prevenir su reiteración; por lo que, el exhorto al Hospital Agramont M.R. Establecimiento de Salud Central de Emergencias Nueva Esperanza S.A. para que, en el ejercicio de sus funciones, adecúe su actuación a los estándares constitucionales y legales aplicables, absteniéndose de incurrir en prácticas que puedan afectar derechos fundamentales de pacientes y familiares, constituye una medida idónea, adecuada y proporcional para satisfacer la finalidad preventiva propia de las garantías de no repetición. Por último, el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 31/2023, concedió la tutela peticionada, determinando además de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición solicitadas, la multa de Bs50 000.- por concepto de reparación del daño. Sin embargo, dicha medida no fue expresamente peticionada por la parte accionante ni se sustentó en una valoración objetiva y suficiente que permita establecer la naturaleza, magnitud y alcance del daño ocasionado, así como su vinculación con el monto fijado. En efecto, la determinación de medidas indemnizatorias (daño material) o indicios de responsabilidad civil, no pueden constituirse en una consecuencia automática derivada de la sola constatación de la vulneración de un derecho fundamental, sin una adecuada identificación y cuantificación de los daños efectivamente ocasionados, debate suficiente ni fundamentación específica respecto de su procedencia, alcance y cuantificación; por consiguiente, la medida adoptada por el Juez de garantías no guarda correspondencia para ese tipo de determinaciones, apartándose de la finalidad restaurativa que caracteriza a la reparación integral y convirtiendo la indemnización en una consecuencia automática de la declaración de vulneración de derechos fundamentales; por lo que, esa medida debe ser dejada sin efecto. Sin embargo, en mérito de la facultad prevista por el art. 28.II del CPCo, corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la disposición de pago de la multa de Bs50 000.- por concepto de reparación del daño, que realizó el Juez de garantías, que pudo generar efectos jurídicos -considerando además el plazo ya transcurrido-, con lo cual podrían verse afectadas las partes; por consiguiente, ante la posibilidad de tal despliegue procesal, el mismo no puede retrotraerse, debiendo permanecer incólume, solo en caso de que se hubiese concretado como consecuencia de la concesión de la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 31/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 84 a 87 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos a la dignidad, libertad de religión y creencias espirituales vinculado al derecho a la libertad de locomoción, manteniendo incólumes las determinaciones de reparación integral del daño relativas a las medidas satisfacción y garantías de no repetición, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° REVOCAR la determinación de imposición de la multa dispuesta por el Juez de garantías, sobre la imposición de una multa de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) como reparación del daño por la retención del cadáver de nueve horas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° Dimensionar los efectos de este fallo constitucional, manteniendo invariable el pago de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) como reparación del daño dispuesto, solo en caso de que se hubiese concretado como consecuencia de la concesión de la tutela, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1638_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): beaf1a989be671b7b1a2f97994ec6fc533ef93b9937a0aa8822c732cf2b09ed1
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