Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Vocal demandado al resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, mantuvo subsistentes los peligros de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP, sin la debida fundamentación ni motivación, incurriendo además en incongruencia y defectuosa valoración probatoria; por lo que, solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 501/2022; y, b) Ordenar se emita uno nuevo, valorando correctamente sobre los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.2. y 235.2 del CPP.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/2022 de 10 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela, solo con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, únicamente respecto al agravio del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal, vinculado a los actos investigativos de registro del lugar del hecho e inspección técnica ocular, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 501/2022 de 4 de agosto, emitido por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) La autoridad demandada o la que se encuentre a cargo de la Sala Penal referida, emita una nueva resolución únicamente respecto al agravio referido en el punto dispositivo primero, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, hubiese cambiado. 3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.2 del Adjetivo Penal; y, el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del mismo cuerpo legal, respecto al agravio referido a los testigos identificados que faltaban declarar.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1636/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 49785-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 10 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Luis Guillermo Loza Rocha contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 9 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 19, el accionante a través de sus representantes, expresó lo siguiente:
Encontrándose detenido preventivamente en virtud del Auto Interlocutorio 560/2022 de 3 de junio, por el que se determinó la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2, 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tras apelar dicha decisión, el Tribunal de alzada declaró procedente en parte el recurso, dando por enervado el riesgo de fuga del art. 234.7 del Adjetivo Penal; motivo por el cual, nuevamente impetró la cesación de su detención preventiva, no obstante, ante el rechazo de su pretensión, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por el Vocal ahora demandado mediante el Auto de Vista 501/2022 de 4 de agosto. El Auto de Vista, en cuanto al peligro de fuga contenido en el art. 234.2 del CPP, señaló que, la defensa pretendía desvirtuar el art. 234.1 del citado Código (familia, domicilio y trabajo), razonamiento que generó una incongruencia aditiva externa, porque en realidad dichos elementos fueron ofrecidos específicamente para enervar el peligro de fuga del art. 234.2 del CPP; por otra parte, refirió que la enervación del art. 234.1 conlleva la del art. 234.2, ambos del citado Código, solo cuando este último se fundamenta en la falta de elementos arraigadores, aspecto que generó incongruencia interna; toda vez que, no estuvo sujeto a ese presupuesto fáctico; también refirió que el Auto Interlocutorio primigenio para establecer este peligro mencionó que el flujo migratorio y los documentos arraigadores no desvirtúan dicho razonamiento, generando valoración defectuosa de la prueba, que ocasionó una motivación arbitraria y quitó la provisionalidad al art. 234.2 del Adjetivo Penal; por tanto, la limitación al art. 239.1 del CPP, generando nuevamente motivación arbitraria y por ende falta de fundamentación; y, la autoridad demandada invocó la existencia de jurisprudencia constitucional que respaldaría su lógica, omitiendo, sin embargo, mencionar a las mismas. Respecto al peligro de obstaculización del art. 235.2 del Adjetivo Penal, el Vocal, manifestó la falta de realización de actos investigativos; y, que el Juez a quo diseñó dichos actos en su resolución, sobre lo cual no correspondía pronunciarse porque no hubiera presentado solicitud de enmienda, considerando dicha omisión como una supuesta convalidación, esta postura constituye una resistencia arbitraria a revisar la subsistencia de peligros procesales que, por naturaleza, son provisionales; denunció que se hubiera erróneamente utilizado actos investigativos para sustentar el rechazo a la cesación del art. 235.2 del CPP, cuando dichos elementos corresponden al análisis del art. 233.3 del mismo cuerpo legal.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 501/2022; y, b) Ordenar se emita uno nuevo, valorando correctamente sobre los peligros establecidos en los arts. 234.2. y 235.2 del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 10 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándolos manifestó que: 1) En la audiencia de medidas cautelares, en ningún momento se aclaró sobre la configuración del art. 234.1 del Adjetivo Penal; ahora, si bien existe un flujo migratorio, este se refería a fechas anteriores a la investigación; circunstancia por la que interpuso una acción de libertad, en la cual se ordenó emitir un nuevo Auto de Vista, mismo que fue incumplido con respecto a la aplicación del art. 234.2 y 235.2 del citado Código; pese a las quejas realizadas ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no podían esperar a que la autoridad de alzada cumpla con la resolución constitucional emitida; ante ello, volvió a solicitar cesación de la detención preventiva, en la cual se aclaró que la misma no consideró la aplicación del art. 234.1 del CPP; 2) El arraigo natural o social existía, pues se tiene un impedimento de abandonar el país, esto con base a documentos en los cuales se sostiene la inexistencia de familia, domicilio y trabajo, aspectos que presentó en la audiencia de cesación a la detención preventiva; 3) Utilizó los elementos familia, domicilio y trabajo para demostrar que tenía arraigo natural, social y económico, con los cuales se demostraba la imposibilidad de abandonar el país; 4) El Vocal demandado generó una incongruencia interna porque primero, reconoció la existencia de un arraigo natural, familiar y económico, pero luego indicó que este aspecto se daba solamente cuando el presupuesto del art. 234.2 del CPP, hubiera estado construido con base al 234.1 del mismo cuerpo normativo; 5) El Juez a quo, en relación a que el art. 234.2 del citado Código, no se construyó con lo dispuesto por el art. 234.1, es completamente arbitrario y generó una omisión de la valoración de la prueba, porque la existencia de un flujo migratorio, demostraba la existencia de viajes de una persona pero no así la tasación de prueba que tenga que establecer un documento específicamente vinculado a este certificado de migración; este flujo migratorio en ningún momento podía ser eliminado porque no es una circunstancia el carácter instrumental simplemente, ahora si en el certificado de migración existe flujo, no se podría presentar un certificado diferente que refleje aquello, esto en el entendido de que las salidas fuera del país corresponden a viajes familiares anteriores a la investigación; 6) No presentó recurso de aclaración, complementación y enmienda, debido a que dicho instituto al final no cambiaría la resolución apelada, por tanto el Vocal al usar este argumento completamente retórico generó una motivación arbitraria y a su vez, omitió manifestarse sobre un aspecto denunciado; y, 7) Si el Juez en una primera instancia generó la existencia de estos tres actos y los identificó en el marco de lo previsto por el art. 233.3 del CPP, es porque estaba vinculado a dicho numeral y no así a lo prescrito en el art. 235.2 del señalado Código; por tanto, el Vocal al omitir pronunciarse sobre esta denuncia realizada, generó una motivación arbitraria e insuficiente.
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 10 de agosto de 2022, cursante a fs. 28 y vta., solicitó se deniegue la tutela peticionada argumentando lo siguiente: i) Absolvió los agravios de la parte apelante en relación al peligro de fuga y obstaculización, evidenciando flujo migratorio reciente; ii) El apelante argumentó que al haber desvirtuado lo previsto en el art. 234.1 del CPP, en sus vertientes domicilio, actividad y familia, por ende, debía enervarse lo previsto en el art. 234.2 del CPP, petición que no corresponde porque se desactiva ese riesgo procesal cuando no está evidenciado en concreto como tal; empero, dicho presupuesto estaba demostrado como riesgo en virtud al flujo migratorio del imputado el cual registra viajes a varios países; iii) Respecto al presupuesto fijado en el art. 235.2 del Adjetivo Penal, evidenció elementos objetivos y no presunciones o suposiciones en los actos investigativos a realizar por el Ministerio Público; sin embargo, el accionante pretende cambiar el análisis de ese riesgo y en virtud a ello confundir en relación al establecimiento de actos investigativos que únicamente incumben a la representación fiscal; por lo cual, no corresponde entender como agravio lo impetrado; y, iv) Además, en otra acción de libertad la autoridad de garantías constitucionales ya se pronunció respecto a que no se fundamentó en la audiencia de apelación sobre el art. 235.2 del CPP; empero, el accionante, pretendió se pronuncie sobre este riesgo, acto que no condice con esos actuados en esta acción tutelar.
El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 09/2022 de 10 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada, se pronunció respecto al agravio planteado por el accionante; toda vez que, desde la audiencia primigenia se analizó los presupuestos de familia, domicilio y actividad lícita; sin embargo, se acreditó viajes por rutas hacia Tambo Quemado, Chile, Argentina, Desaguadero - Perú, los cuales fueron frecuentes; circunstancia por la cual, se tuvo por activado el numeral dos del referido artículo -234 del CPP-, no solo con relación a abandonar el país, sino también a permanecer oculto; este peligro, establece la posibilidad de permanecer oculto o abandonar el país y a la luz de la libertad probatoria de la sana crítica que dista de la prueba tasada del sistema inquisitivo, se tiene presente que el art. 234.2 del Adjetivo Penal, tiene un fundamento distinto y en tal virtud el Juez entiende que no existió una valoración defectuosa de la prueba, así como tampoco una incongruencia en su decisión respecto a los antecedentes del caso; b) En relación al art. 235.2 del CPP, tuvo en cuenta que el Vocal demandado también se pronunció señalando que en ningún momento se advirtió la existencia de evasión por su parte, además que los riesgos también pueden mutar, más aun si tal como ocurre en la presente causa se tiene actos investigativos pendientes como ser la declaraciones pendientes de algunas personas, sobre las cuales se tuvo este riesgo; y, c) Respecto a que no se requirió una enmienda al “Juez de Instrucción Penal” y por ello no podría solicitarla al Tribunal de apelación, este aspecto es evidente, pero no afecta el fondo de la resolución; por cuanto, el agravio expuesto por el peticionante de tutela se encuentra resuelto; dado que, el Vocal demandado se pronunció respecto al mismo.
Una vez sorteado el expediente, por Decreto Constitucional de 19 de febrero de 2025, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación 0; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 20 de noviembre del mismo año (fs. 61); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Luis Guillermo Loza Rocha -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, a través del Auto Interlocutorio 560/2022 de 3 de junio, el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la aplicación de la detención preventiva en su contra (fs. 3 a 5); en mérito a la apelación realizada por el impetrante de tutela contra ésta decisión, mediante Auto de Vista 405/2022 de 6 de julio, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, determinó revocar en parte el citado fallo, en consecuencia, desvirtuando el riesgo procesal referido al art. 324.7 del CPP, mantuvo vigentes los demás (fs. 12 a 14). II.2. En instancia de apelación interpuesta por el accionante contra el Auto Interlocutorio 758/2022 de 29 de julio, a través del cual se rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, por Auto de Vista 501/2022 de 4 de agosto, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, dispuso la admisibilidad del recurso, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó el Auto recurrido (fs. 23 a 27).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Vocal demandado al resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, mantuvo subsistentes los peligros de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP, sin la debida fundamentación ni motivación, incurriendo además en incongruencia y defectuosa valoración probatoria; por lo que, solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 501/2022; y, b) Ordenar se emita uno nuevo, valorando correctamente sobre los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.2. y 235.2 del CPP.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional. Así, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que fue pronunciada en una acción de libertad, determinó lo siguiente:
[Es] la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
1La citada Sentencia, recoge la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. La sistematización completa se encuentra en el Fundamento Jurídico III.1. 2El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 3El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 4El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 5El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 6El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 7El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado. Ahora bien, la citada SCP 0353/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmó que los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; sin embargo, precisó que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, relativa a la relevancia constitucional para disponer la nulidad de las resoluciones judiciales pronunciadas sin motivación, con motivación insuficiente y/o motivación arbitraria no alcanza a la resolución judiciales relacionadas con medidas cautelares. Así expuso el siguiente razonamiento:
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido). Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Sistematización jurisprudencial extraída de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero.
El impetrante de tutela denuncia que, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, el Vocal demandado al resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, mantuvo subsistentes los peligros de fuga y obstaculización establecidos en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP, respectivamente, sin la debida fundamentación ni motivación, incurriendo además en incongruencia y defectuosa valoración probatoria.
detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
De los antecedentes de la presente causa, se corrobora que a través del Auto Interlocutorio 560/2022 de 3 de junio, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, determinó la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de cuatro meses; quien posteriormente, solicitó la cesación de la detención preventiva, que fue resuelta por Auto Interlocutorio 758/2022 de 29 de julio, que rechazó su pretensión, motivo por el cual interpuso recurso de apelación incidental. En instancia de apelación, el demandado, por Auto de Vista 501/2022 de 4 de agosto, dispuso la admisibilidad del recurso, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio recurrido. Los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación a medidas cautelares, establecen que el tribunal de apelación como instancia revisora del fallo del juez a quo, tiene la obligación de analizar los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, valorar fundadamente los elementos probatorios que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten establecer razonadamente sobre los riesgos procesales que justifican la confirmación de una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva. En ese contexto, a continuación, revisaremos los planteamientos del accionante, contrastando los agravios del recurso de apelación que interpuso, con el Auto de Vista cuestionado: Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP Sobre el particular, del Auto de Vista 501/2022 de 4 de agosto, se advierte que, el accionante, refiriéndose a este agravio, señaló que contaba con familia, trabajo y domicilio; por consiguiente, tenía arraigo natural en el país; elementos que el Juez a quo, no dio valor, quien indicó que en la Resolución primigenia se señaló flujo migratorio; sin embargo, al estar vigentes los presupuestos familia, domicilio y trabajo, tendría arraigo natural; por lo cual, el elemento que pueda abandonar el país, no correspondía. Al efecto, el demandado concluyó que no se evidenciaba este agravio, mencionando que, si a criterio del apelante estos eran los elementos por los cuales debía desvirtuarse este riesgo; empero, en la audiencia primigenia así como en la de 29 de julio de 2022, el Juez de instancia, estableció que presentó documentación que acreditaba que tiene trabajo, familia y domicilio; empero, que tenía facilidades de abandonar el país, por la existencia de flujo migratorio registrado en los “sistemas” hasta el 3 del citado mes y año, demostrado por el Ministerio Público en ambas audiencias; en consecuencia, no podía concatenarse la vigencia de enervar estos presupuestos con este peligro de fuga, lo cual no condeciría con los precedentes constitucionales, que establecen que al enervarse el art. 234.1 del CPP en sus vertientes familia, actividad y domicilio, se desvirtúa automáticamente el numeral 2 del artículo citado, cuya vigencia está diseñada ante la ausencia de una de esas vertientes, que cuando existe flujo migratorio, ya no corresponde se vincule. En relación a éste peligro de fuga, el demandado revisó lo resuelto por el Juez a quo, efectuando la valoración de los elementos concurrentes en la audiencia de aplicación de la detención preventiva, así como de los presentados por el accionante en la audiencia de cesación de la medida extrema; toda vez que, determinó que, si bien se desvirtuó las vertientes domicilio, familia y trabajo, no correspondía concatenar a éste peligro de fuga, al haberse establecido flujo migratorio. En el caso concreto, el Vocal demandado, emitió pronunciamiento expreso sobre el agravio interpuesto, fundamentando su decisión con base a la prueba presentada por el Ministerio Público, la cual demostró que el apelante registraba flujo migratorio en el sistema informático hasta el 3 de julio de 2022; conclusión que respaldada en una prueba objetiva materialmente verificable que denota el peligro de fuga, no resulta ser incongruente ni arbitraria. Motivo por el cual corresponde denegar la tutela. Con relación al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP Respecto a este riesgo procesal, el apelante -hoy accionante- denunció que, en la Resolución primigenia se sostuvo que, podía influenciar en los partícipes y testigos ahí nombrados, de los cuales en audiencia -debe entenderse de cesación de la detención preventiva- presentó sus declaraciones, faltando prestar su declaración Luis Alberto Osinaga García y Mildred Oritea Martínez, a quienes no se podía tomar en cuenta por ser abogado el primero y funcionaria de “Migración” la segunda; que al respecto el Juez de instancia habría generado una actuación arbitraria, en razón a que debía señalar por qué debían declarar estos; y, los actos investigativos como el registro del lugar del hecho, inspección ocular, que el Juez a quo, los enlazó a este riesgo, los cuales se aplicarían para el art. 233.3 del CPP, y no para construir este peligro de obstaculización; que al haber sido enervados se aplique una medida menos gravosa; al respecto, en vía de enmienda, el apelante cuestionó que con base a estos actos investigativos se construya este riesgo procesal, cuando la norma es taxativa y refiere solamente influencia sobre determinadas personas, partícipes, testigos o peritos. Sobre el particular, como se advierte de la resolución cuestionada, existen dos agravios; el primero, referido a los testigos identificados que faltarían declarar; sobre este cuestionamiento, el Vocal demandado estableció que, si bien es evidente que declararon los testigos referidos en la Resolución primigenia; empero, faltaban declarar Mildred Oritea Martínez, Luis Alberto Osinaga García o Enrique Vidal Monasterios; al respecto, señaló que al encontrarse el proceso en etapa investigativa, el Fiscal bajo el principio de objetividad debía convocar a las personas que constituirían elementos para el esclarecimiento de la verdad, de quienes no existía impedimento en el procedimiento penal que por su condición de servidor o ex servidor estarían imposibilitados de declarar. Estas afirmaciones demuestran, que el demandado se pronunció sobre el reclamo concreto impugnado, y en la resolución cuestionada, basó su determinación de forma razonable en los elementos aportados al proceso; no se advierte que las mismas recaigan en meras suposiciones, o sean contrarias a lo establecido en el Código Adjetivo Penal que rige el deber de atestiguar en el procedimiento penal; por cuanto, como éste establece la calidad de servidor o ex servidor público no exime su obligación de declarar como testigo en el proceso. Por ello, corresponde denegar la tutela. En cuanto al segundo agravio identificado, referido a la construcción instrumental de este peligro de obstaculización sobre actos investigativos como el registro del lugar del hecho, la inspección técnica ocular; la autoridad demandada argumentó que, si estaban establecidos como un peligro de obstaculización, el criterio del abogado de la defensa, era que no correspondería para este peligro, constituiría un razonamiento propio; empero, no condice con el análisis vertido por el Juez de la causa, con el cual manifestó estar de acuerdo, porque de acuerdo a la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, fue establecido sobre elementos objetivos, que el Fiscal en esta etapa debe realizar estos actos de investigación; además, en resolución de la explicación, complementación y enmienda impetrada por el apelante, señaló que al no haber solicitado enmienda sobre este reclamo ante el Juez a quo, no correspondía formularla ante esa instancia de apelación. Como se corrobora, en relación a este agravio, el demandado se limitó a aprobar los argumentos del Juez a quo, sin analizar la legalidad de mismos, cuando tenía el deber de hacer una revisión de la resolución apelada, al ser quien tiene la obligación constitucional de hacer un análisis racional, ponderado y adecuado de los motivos que dieron lugar a determinar que los actos investigativos mencionados hacen a la subsistencia de este peligro de obstaculización, no siendo razonable condicionar el análisis del agravio, alegando falta de presentación previa de enmienda en la instancia inferior, pese a que en apelación se agravió este aspecto; empero, el Vocal demandado lejos de corregir este aspecto, omitió pronunciarse; es más, la autoridad demandada no identifica, ni siquiera precisa qué persona, testigo o perito que intervendría en estos actos investigativos, concretamente podría ser influenciado negativamente por el accionante, o de qué manera va a influir, ni cómo lo está haciendo, y en qué medida; de ahí resulta que, la subsistencia de este riesgo procesal recae en una mera suposición, y apreciación subjetiva, que de ninguna manera puede fundar la subsistencia de este peligro de obstaculización, consiguientemente esa determinación es arbitraria, al no tener sustento en elemento de convicción que la justifique razonablemente; por lo tanto, la argumentación desarrollada en el Auto de Vista claramente incumple las exigencias de una debida motivación y fundamentación conforme se tiene glosado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo, al contrario inobserva los entendimientos de la SCP 0276/2018-S2, invocada por el Vocal demandado, quien estableció la concurrencia de este riesgo fundamentando su decisión sólo en conclusiones genéricas y abstractas, en contradicción a lo que prevé el art. 235 ter del CPP, debido a que se evidencia que no explicó cómo esos actos investigativos futuros constituirían una circunstancia que permita sostener, que el imputado con su conducta entorpecerá la averiguación de la verdad. Conforme a lo expuesto, en cuanto a éste último agravio, el Auto de Vista analizado no cumple con las exigencias de validez; por cuanto, el demandado no expresó sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, tampoco motivó con claridad las razones y fundamentos que sustenten y permitan concluir su determinación respecto al agravio alegado; lo cual, ciertamente vulnera el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; por consiguiente, al confirmar el rechazo de la solicitud de cesación de detención preventiva de forma arbitraria, también conculca el derecho a la libertad; motivo por el cual corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/2022 de 10 de agosto, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela, solo con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, únicamente respecto al agravio del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal, vinculado a los actos investigativos de registro del lugar del hecho e inspección técnica ocular, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 501/2022 de 4 de agosto, emitido por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) La autoridad demandada o la que se encuentre a cargo de la Sala Penal referida, emita una nueva resolución únicamente respecto al agravio referido en el punto dispositivo primero, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, hubiese cambiado. 3° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.2 del Adjetivo Penal; y, el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del mismo cuerpo legal, respecto al agravio referido a los testigos identificados que faltaban declarar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
8 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1636_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): cb2cb43a1da42bb24a7a941d43dfc7ba1c50530b405d384b6eefa4c3d08c61d6
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