B.IA.LEGAL

SCP 1636/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57967-2023-116-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; la presunción de inocencia; y, a la libertad personal; puesto que, en grado de apelación y mediante el Auto de Vista 172/2023 de 19 de julio, la Vocal hoy accionada revocó la cesación de la detención preventiva que les benefició, basándose en una valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente, específicamente al desestimar el peritaje psicológico por no ajustarse a los puntos de pericia del Ministerio Público, y al sustentar la persistencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- de manera exclusiva o predominante en la gravedad del delito de tráfico de sustancias controladas, en contravención con la jurisprudencia constitucional que exige la concurrencia de elementos materiales y el análisis de la conducta y antecedentes penales del imputado para justificar dicho riesgo; más aún, cuando presentaron prueba nueva -Dictamen Psicológico y Certificación REJAP sin antecedentes- buscando desvirtuar dicha peligrosidad.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 115 a 119; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1636/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57967-2023-116-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 115 a 119, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Manuel y Carlos David, ambos de apellidos Coca Leigue contra Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 20 de agosto de 2023, cursante de fs. 99 a 110 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante el Auto de Vista 172/2023 del 19 de julio, la Vocal ahora accionada revocó la cesación de la detención preventiva que se les concedió previamente, lo que resultó en sus detenciones ilegales, dentro de una investigación penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-. En consecuencia, para lograr la cesación de la detención impuesta contra sus personas, presentaron nuevos elementos probatorios, como un Dictamen Pericial Psicológico y una Certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) sin antecedentes, buscando desvirtuar el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-. Conforme a lo señalado, denuncian que el Auto de Vista 172/2023 que revoca su libertad se basa en una valoración errónea de la prueba y una falta de fundamentación y motivación, vulnerando así sus derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. Específicamente, señalan que la Vocal hoy accionada revocó la cesación de la detención preventiva fundando su determinación en el argumento de que el peritaje psicológico no cumplía con los puntos de pericia fijados por el Ministerio Público y que la gravedad del delito de tráfico de sustancias controladas por sí misma constituye un peligro efectivo para la sociedad. Alegaron que conforme a la jurisprudencia constitucional, el riesgo de peligrosidad no puede inferirse únicamente de la gravedad del delito, sino que debe sustentarse en elementos materiales y en el análisis de la conducta anterior y antecedentes penales del imputado, aspectos que señalan haber desvirtuado.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus tres vertientes de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; la presunción de inocencia; y, a la libertad personal; citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, su la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 120 a 121, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni presentó informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 112.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 115 a 119, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 172/2023, debiendo la Vocal ahora accionada emitir un nuevo auto de vista; bajo los siguientes fundamentos: a) El citado Auto de Vista incurre en una errónea valoración de la prueba y una falta de fundamentación y motivación, afectando directamente el derecho a la presunción de inocencia y lo más importante, el derecho a la libertad personal; b) la mencionada consideró que la gravedad del delito de tráfico de sustancias controladas constituye un elemento de peligro efectivo para la sociedad, argumento que para los accionantes deviene en una aplicación sesgada y genérica de la norma; c) Los nombrados afirmaron que el Dictamen Pericial Psicológico que se realizó al requerimiento fiscal, cumplió con el objetivo de determinar que no son un peligro para la sociedad; y, que el Certificado del REJAP demostró la ausencia de antecedentes penales, estableciendo elementos probatorios válidos que desvirtuaron el riesgo. Sin embargo, la Vocal hoy accionada los desechó argumentando que el perito se apartó de los puntos de pericia fijados por el Ministerio Público y que un “test de comportamiento” no puede enervar dicho riesgo; d) La citada Vocal utilizó argumentos genéricos al señalar que el delito de narcotráfico es un peligro para la sociedad por ser atentatorio a los sectores vulnerables, a saber, jóvenes, niños y adolescentes; los accionantes, citaron la SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, alegando que no es razonable que por el solo hecho de ser procesado por ese ilícito sea necesariamente un peligro para la sociedad; e) Los nombrados alegan que ese fallo constitucional establece que el peligro procesal debe advertirse bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, analizando la conducta y antecedentes del imputado, subrayando que la SCP 0220/2020-S3, destaca que el peligro debe ser real, verdadero y materialmente verificable, no pudiendo sustentarse en el criterio subjetivo del juez ni en la sola gravedad del delito; y, f) De otro lado, sostuvo que mantener la detención preventiva solo por la gravedad del delito investigado y a pesar de haber desvirtuado legalmente el riesgo con prueba idónea, supone un acto que obliga a los accionantes a cumplir una sentencia anticipada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 126, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 del citado mes y año, cursante a fs. 130; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta en la Resolución 02/2023 de 21 de agosto, emitida por el Juez de garantías, sobre el contenido del Auto de Vista 172/2023 de 19 de julio, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que establece:

“Se tiene de los antecedentes que mediante la resolución de medidas cautelares se hubiere dispuesto la detención preventiva a existir latente el riesgo procesal del Art. 234 núm. 7 CPP, bajo el fundamento que precautelarse por parte del Estado, la salud publica un bien jurídico tutelado, lo que se pretende es custodiar la salud de grupos vulnerables de niños, niñas y adolescentes que se ven inmiscuido al consumo de estas SS.CC., por lo cual al haberse encontrado SS. CC. se consideró un peligro efectivo para la sociedad por parte del juez, que considero la situación jurídica de los procesados, de la misma manera se hubiera establecido con relación al Art. 234 núm. 7 CPP, por parte del tribunal de alzada constituida por la vocal Dra. Norka Díaz Morales, mediante Auto de Vista de fecha 04 de octubre de 2022, se determina con relación núm. 7 del Art. 234 CPP, la cual de la misma manera hace un análisis con relación a la SCP N° 220/2020-S3 en cuanto a un caso concreto, realizando la revisión del juzgamiento del caso concreto relacionado con SS.CC. y la forma genérica a objeto de fundar el riesgo del peligro de fuga previsto por el Art. 234 núm. 7 CPP, en situación a ello realiza un análisis del caso concreto estableciendo que en la presente causa se hubiere encontrado 4 kilos de cocaína base y 10 kilos de clorhidrato de cocaína, haciendo un peso total de 14 kilos con 55 gramos.

…Se consideraron las circunstancias de las cuales hubieran sido encontrado los procesados cual es la situación de flagrancia en posesión de SS.CC… La existencia de potenciables grupos vulnerables como son niños, niñas y adolescentes como victimas dentro del presente proceso los cuales se debe otorgar la protección reforzada en función de lo establecido por el art. 60 del C.P.P., estableciendo que se hubiere cumplido con los parámetros necesarios para determinar el riesgo procesal del Art. 234 núm. 7 CPP.

(…)

…es así que este tribunal advierte que el dictamen pericial psicológico realizado por el psicólogo Enrique Dávalos Rojas, no obedece a los puntos o temas de pericia que se hubieren fijado dentro del proceso, evidentemente caemos en los fundamentos que realiza la representante del MM.PP. que existe un test de comportamiento los cuales no pudieren enervar los riesgos procesales del Art. 234 núm. 7 CPP, estableciéndose que el perito se aparta de los puntos de pericia y realiza su propio punto de pericia y arriba a dos conclusiones, en una primera conclusión y una segunda conclusión que no pueden ser considerados de manera correcta y precisa si se tratare a los puntos de pericia dispuestos por el director de la investigación o hubiere sido referido o llegado a esas conclusiones, con relación al dictamen pericial psicológico del co procesado Carlos David Coca Leigue de la misma manera tenemos el mismo punto de pericia que fue evaluado por el perito psicólogo forense para el procesado Juan Manuel Coca Leigue, de la misma manera apartándose de los puntos de pericias expuesto por el MM.PP., de esta manera vulnerándose la igualdad que debe existir dentro de un proceso penal.

Al informe complementario que también es presentado por ambos procesados se tiene como punto solicitado realizar informe complementario al examen pericial al ciudadano Juan Manuel Coca Leigue, tomando en cuenta la valoración psicológica y todos los puntos de pericia, sin embargo de la misma manera no se puede precisar por parte de este tribunal de alzada cuales fueron las herramientas que hubieren sido utilizadas en cada punto de pericia y cuáles fueron las conclusiones que ha arribado el perito con relación a los cuatros puntos de pericias que fueren determinados a requerimiento fiscal por parte de la dirección funcional de la investigación.

En virtud a ello debemos remitirnos a lo que establece el Art. 205 y 213 de CPP, el cual refiere el dictamen debe estar fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada y las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o consultores técnicos y las conclusiones que se formularen respecto a cada tema pericial, en función a ello se puede establecer el dictamen pericial que hubiere sido presentado para que sea objeto de valoración por parte del tribunal de primera instancia no cumplen los parámetros establecidos en el Art. 231 del CPP, puesto los puntos de pericias, temas determinados que debían haber sido desarrollados por parte del perito, que es el profesional que va a coadyuvar con la administración de justicia con los conocimientos especializados en el arte y la ciencia en el cual hubiere sido designado, en función a ello de manera clara, precisa este profesional debe realizar sus conclusiones de manera concreta con relación a cada punto de pericia que hubiere sido determinado para la presente causa, en consecuencia bajo estos parámetros podemos identificar que si existe un agravio sufrido por parte del MM.PP. con relación a la errónea valoración que se realiza en cuanto al dictamen pericial que hubiere sido presentado a objeto de solicitar la cesación a la detención preventiva” (sic [fs. 115 a 119]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; la presunción de inocencia; y, a la libertad personal; puesto que, en grado de apelación y mediante el Auto de Vista 172/2023 de 19 de julio, la Vocal hoy accionada revocó la cesación de la detención preventiva que les benefició, basándose en una valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente, específicamente al desestimar el peritaje psicológico por no ajustarse a los puntos de pericia del Ministerio Público, y al sustentar la persistencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- de manera exclusiva o predominante en la gravedad del delito de tráfico de sustancias controladas, en contravención con la jurisprudencia constitucional que exige la concurrencia de elementos materiales y el análisis de la conducta y antecedentes penales del imputado para justificar dicho riesgo; más aún, cuando presentaron prueba nueva -Dictamen Psicológico y Certificación REJAP sin antecedentes- buscando desvirtuar dicha peligrosidad.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

La SCP 0186/2021-S1 de 22 de junio, establece que: «Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que: “…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión”. Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: “…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que: “En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva”ʼ. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP[2], la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que: “Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que: “En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que: “…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria”. Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado” ».

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiese omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, establece que también fue posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizarlo como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la jurisdicción constitucional, la SCP 1215/2012 citada, en el Fundamento Jurídico III.3.2. señala que dicha competencia:

“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la jurisdicción constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

A partir de lo señalado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; la presunción de inocencia; y, a la libertad personal; puesto que, en grado de apelación y mediante el Auto de Vista 172/2023 de 19 de julio, la Vocal hoy accionada revocó la cesación de la detención preventiva que les benefició, basándose en una valoración probatoria presuntamente errónea e insuficiente, específicamente al desestimar el peritaje psicológico por no ajustarse a los puntos de pericia del Ministerio Público, y al sustentar la persistencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- de manera exclusiva o predominante en la gravedad del delito de tráfico de sustancias controladas, en contravención con la jurisprudencia constitucional que exige la concurrencia de elementos materiales y el análisis de la conducta y antecedentes penales del imputado para justificar dicho riesgo; más aún, cuando presentaron prueba nueva -Dictamen Psicológico y Certificación REJAP sin antecedentes- buscando desvirtuar dicha peligrosidad.

Ahora bien, se debe tener presente que el Tribunal de alzada tiene la obligación inexcusable de fundamentar y motivar de manera clara, precisa y en derecho cualquier resolución que disponga, modifique, mantenga o revoque una medida cautelar personal, incluyendo la detención preventiva, tal como lo exige el art. 124 del CPP. En la especie y de acuerdo a los arts. 233, 234, 235 y 236 del citado Código, dicho Tribunal no solo debe contrastar la solicitud del Ministerio Público con los elementos de prueba, sino que también debe justificar la concurrencia de los dos requisitos materiales para la detención -la probabilidad de autoría y los riesgos procesales-, expresando los motivos de hecho y de derecho y el valor otorgado a la prueba, sin que esta fundamentación pueda ser sustituida por la simple relación de documentos. Este requisito de motivación es un principio fundamental del Estado de derecho que se aplica a toda decisión judicial, asegurando que la restricción de derechos, como la libertad personal, cumpla con las condiciones de validez legal (Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional). En ese contexto, la jurisdicción constitucional, al revisar estas determinaciones, no puede revalorar la prueba, sino que se limita a verificar que la autoridad jurisdiccional no se aparte de los marcos de razonabilidad y equidad en su valoración, aplicando la doctrina de las autorestricciones y evitando la omisión arbitraria de prueba o el uso de prueba inexistente, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese sentido, si bien los accionantes no cumplieron con adjuntar el Auto de Vista 172/2023, emitido por la Vocal ahora accionada, sí se cuenta con una cita literal de los puntos observados en ese Auto de Vista, descritos textualmente en la Resolución 02/2023, que resolvió la presente acción de libertad. Confirmación de la detención preventiva por riesgo procesal y peligro social, fundamentada en el hallazgo de una gran cantidad de sustancias controladas para proteger la salud pública. En ese sentido, los accionantes denuncian que el Auto de Vista 172/2023, al revocar la cesación de la detención preventiva por presunto tráfico de sustancias controladas, incurrió en una valoración errónea de la prueba y falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso y la libertad. Los argumentos del Tribunal de alzada se centran en dos puntos: la invalidez del Dictamen Pericial Psicológico presentado por la defensa; debido a que, el perito no siguió los puntos de pericia fijados por el Ministerio Público; y la inferencia de un peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- basado únicamente en la gravedad del delito y el hallazgo de una gran cantidad de sustancias controladas. Los accionantes consideran que el riesgo de peligrosidad social no puede deducirse solo de la gravedad del delito, sino que debe estar sustentado en elementos materiales, la conducta previa y los antecedentes del imputado (como su certificación REJAP sin antecedentes), aspectos que ellos consideraban desvirtuados conforme a la jurisprudencia constitucional.

Por consiguiente, la Vocal ahora accionada dispuso la detención preventiva de los procesados fundamentando la existencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, basándose en la necesidad de proteger el bien jurídico tutelado de la salud pública, en particular de grupos vulnerables como ser los niños, niñas y adolescentes, que podrían verse afectados por el consumo de sustancias controladas. La decisión fue confirmada por el Tribunal de alzada mediante el cuestionado Auto de Vista 172/2023, que también consideró el peligro efectivo para la sociedad y analizó la jurisprudencia previa, especialmente la “SCP 220/2020-S3” para determinar el riesgo de fuga conforme al mismo artículo, destacando como prueba del peligro la cantidad concreta de estupefacientes incautados: cuatro kilos de cocaína base y diez kilos de clorhidrato de cocaína, sumando un total de catorce kilos con cincuenta y cinco gramos.

Ahora bien, corresponde establecer que la Vocal hoy accionada, al emitir el Auto de Vista 172/2023, dio cumplimiento a la doctrina de la estructura argumentativa mínima al establecer una premisa normativa vinculada al art. 398 del CPP y una premisa fáctica referida a la insuficiencia del dictamen pericial para desvirtuar los riesgos procesales. Conforme a la SC 1365/2005-R y la SCP 0186/2021-S1, la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación no exige una exposición ampulosa ni exquisita de citas legales, sino una resolución concisa y precisa que permita a las partes conocer la ratio decidendi. Al haber la autoridad judicial expresado que el peritaje no cumplía con los puntos de pericia fijados y que la naturaleza del delito bajo la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas incidía en el peligro para la sociedad, se satisfizo el deber de motivación sin que corresponda a esta jurisdicción constitucional realizar una nueva valoración de la prueba o un reexamen del fondo de lo decidido.

En ese sentido, la resolución impugnada no incurre en una falta de motivación arbitraria; por lo que, justificó razonablemente la revocatoria de la cesación basándose en el incumplimiento de presupuestos técnicos del elemento probatorio aportado por los accionantes. La jurisprudencia constitucional, específicamente la SCP 0077/2012, exige a los tribunales de alzada a realizar un análisis integral de los arts. 233, 234 y 235 del CPP, obligación que fue atendida al contrastar los nuevos elementos presentados con la persistencia del riesgo de peligrosidad efectiva. En ese contexto, corresponde señalar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no constituye una instancia casacional o de revisión de las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria; debido a ello, al ser la fundamentación clara y suficiente para sustentar la detención preventiva como medida necesaria y proporcional, no se evidencia vulneración a la libertad personal ni a la presunción de inocencia que amerite la activación de la tutela constitucional. Por lo expuesto, al no ser este Tribunal un revisor de la actividad jurisdiccional debidamente motivada de los jueces de instancia, se concluye que no existe vulneración a derechos fundamentales, en especial respecto a la fundamentación y motivación, correspondiendo -sobre el particular-denegar la tutela solicitada. Por consiguiente, conforme a los datos del proceso constitucional, corresponde la aplicación estricta de la doctrina de las autorrestricciones respecto a la revisión de la valoración de la prueba. De acuerdo con la línea jurisprudencial consolidada en la SC 0965/2006-R y la SCP 1215/2012, la facultad de valorar los elementos probatorios es una atribución privativa y exclusiva de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, la jurisdicción constitucional no puede actuar como una instancia de casación o una tercera instancia para reevaluar el Dictamen Pericial Psicológico o la certificación del REJAP presentados por los accionantes. La labor de este Tribunal se limita excepcionalmente a verificar si la autoridad -en este caso, la Vocal ahora accionada- se apartó de los marcos de razonabilidad, omitió pruebas arbitrariamente o fundó su decisión en hechos inexistentes, presupuestos que no han sido debidamente acreditados por los accionantes. Finalmente, es posible concluir que los accionantes no cumplieron con la carga argumentativa mínima necesaria para que esta jurisdicción ingrese al análisis de fondo de la actividad valorativa de la Vocal hoy accionada. En tal sentido, la denuncia sobre una supuesta valoración errónea de la prueba pericial se reduce a una discrepancia con el criterio de la nombrada, quien justificó la revocatoria de la libertad señalando que el peritaje no cumplía con los puntos de pericia fijados; por tanto, no se evidencia una omisión probatoria ni un alejamiento de la equidad, sino un ejercicio de la sana crítica dentro de los márgenes legales. Al no haberse demostrado que la decisión del Auto de Vista 172/2023 carezca de razonabilidad o que hubiese distorsionado la verdad material, la jurisdicción constitucional se ve impedida de sustituir el criterio del juzgador ordinario, debiendo prevalecer el principio de autonomía jurisdiccional y, por consiguiente, en cuanto a la denuncia de vulneración por valoración probatoria errónea e insuficiente, también corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 115 a 119; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1636_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): dbbbc312dedf41ab49b34ecfa5925d9ee28da29c8010efb8163f0d428ffe6637

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