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SCP 1635/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50518-2022-102-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, señalando que a pesar que fue beneficiado con la aplicación de “medidas sustitutivas” a la detención preventiva, al momento de la presentación de su acción de libertad no se expidió el mandamiento de libertad correspondiente, pese a haber cumplido con la totalidad de las medidas impuestas por el Tribunal ahora demandado; por lo cual, solicitó se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 235/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1 º CONCEDER la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer que una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata, devuelto que sea el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se proceda a la ejecución del mandamiento de libertad librado el 13 de julio de 2022, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1635/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50518-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 235/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 8 y 9 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hilarión Padilla Mamani contra Moisés Colque Pérez, Lucio Condori Rodríguez y Jesús Rómulo Egüez Ayala, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de julio de 2022, cursante a fs. 1, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto en el art. 308 del Código Penal (CP), el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, resolvió declarar fundado su incidente de cesación de la detención preventiva, aplicando “medidas sustitutivas” ” -lo correcto es medidas cautelares personales-, consistentes en: a) Detención domiciliaria desde horas 21:00 a 6:00, con vigilancia; b) Prohibición de comunicarse, amenazar u hostigar a la víctima por sí o por tercera persona; c) Arraigo; y, d) Constituir dos garantes personales solventes. Habiendo sido beneficiado con dichas medidas cautelares, a la fecha de presentación de la acción de libertad no se expidió el mandamiento de libertad correspondiente; vale decir, demorando más de un mes en librar el mismo, pese a que se cumplieron con la totalidad de las medidas impuestas por el Tribunal de Sentencia demandado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante no señaló derecho alguno; sin embargo, a partir de la lectura de la acción interpuesta se colige que denunció la lesión de su derecho a la libertad.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la emisión del mandamiento de libertad respectivo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 4 a 7 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia de garantías, ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándolo señaló que: 1) El Tribunal de Sentencia demandado incumplió flagrantemente el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que establece que cuando se disponga la cesación a la detención preventiva, el interno deberá ser liberado en el día sin necesidad de trámite alguno; y, 2) El mencionado Tribunal de manera maliciosa emitió la Resolución “13/22” -no indica fecha- de declinatoria de competencia a razón de territorio, negando la ejecución de la decisión de cesación a la detención preventiva; por lo que, se dispuso la devolución del cuaderno procesal de La Paz a Santa Cruz, contraviniendo el art. 8 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.2.2. Informe de la parte demandada

Moisés Colque Pérez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías, señaló que: i) El 11 de febrero de 2022, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, en la cual el impetrante de tutela, opuso una excepción de incompetencia en razón del territorio, siendo que fue declarada fundada y se remitió el cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal de la Capital del departamento de La Paz, que después fue enviada al Ministerio Público, ahora bien, la Resolución de dicha excepción fue apelada y se armó un cuadernillo para remitirlo al Tribunal de alzada. El 6 de junio de 2022 se aplicaron medidas menos gravosas a la detención preventiva e inmediatamente después llegó a su conocimiento el legajo de apelación incidental que confirmaba lo resuelto respecto a la excepción de incompetencia, siendo que, ante la orden de remisión de obrados al Tribunal de Sentencia Penal de turno del citado departamento, ésta se produjo el 23 de junio de 2022, razón por la cual el expediente no se encontraba en su poder para emitir el mandamiento de libertad, además que se desconocía si el ahora accionante, cumplió con la presentación de la certificación de arraigo; y, ii) La acción de libertad debió dirigirse contra el “Tribunal Anticorrupción de La Paz”, pues a dicha instancia le correspondía emitir el mandamiento de libertad.

Lucio Condori Rodríguez y Jesús Rómulo Eguez Ayala, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 12.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 235/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 8 y 9 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: a) Una vez que el cuaderno de control jurisdiccional fuese radicado en “Santa Cruz”, observándose el cumplimiento de las medidas impuestas, deberá librarse el mandamiento de libertad o detención domiciliaria; y, b) En el plazo de veinticuatro horas que conozcan nuevamente la causa las autoridades demandadas, remitan al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el mandamiento impetrado a través de comisión instruida u otra forma de comunicación que vean conveniente. Determinación asumida con base al fundamento que: Si bien en el presente caso, se suscitó un conflicto de competencias entre los distritos judiciales de La Paz y Santa Cruz, que impidió se emita el mandamiento de libertad correspondiente; empero, de la prueba ofrecida por el accionante, el cuaderno de control jurisdiccional fue devuelto al despacho de las autoridades ahora demandadas estando pronta su recepción; por lo que, sin mayores consideraciones de orden legal, corresponde sea expedido el mandamiento de libertad una vez recibido el cuaderno de control jurisdiccional correspondiente.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Una vez sorteado el expediente, por Decreto Constitucional de 11 de marzo de 2025 (fs. 16), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar información complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 20 de noviembre del mismo año (fs. 77), que fue notificado en la misma fecha; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hilarión Padilla Mamani, por la presunta comisión del delito violación previsto en el art. 308 del CP, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, resolvió declarar fundado su incidente de cesación a la detención preventiva, aplicando menos gravosas, consistentes en: 1) Detención domiciliaria de horas 21:00 a 6:00, con vigilancia; 2) Prohibición de comunicarse, amenazar u hostigar a la víctima por sí o por tercera persona; 3) Arraigo; y, 4) Constituir dos garantes personales solventes (fs. 26 a 32 vta.). II.2. Cursa Oficio 649/2022 de 13 de julio, mediante el cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, remitió el expediente del proceso supra señalado al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 34). II.3. Se tiene constancia de la prueba producida en audiencia de garantías constitucionales, consistente en el Auto Interlocutorio de 7 de julio de 2022; por el cual, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la devolución del expediente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 6 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, señalando que a pesar que fue beneficiado con la aplicación de “medidas sustitutivas” a la detención preventiva, al momento de la presentación de su acción de libertad no se expidió el mandamiento de libertad correspondiente, pese a haber cumplido con la totalidad de las medidas impuestas por el Tribunal ahora demandado; por lo cual, solicitó se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad (las negrillas son nuestras).

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Entendimiento extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.2. Análisis del caso concreto

En esta acción tutelar, el impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, indicando que a pesar que fue beneficiado con la aplicación de “medidas sustitutivas” a la detención preventiva, al momento de la presentación de su acción de libertad no se expidió el mandamiento de libertad correspondiente, pese a haber cumplido con la totalidad de las medidas impuestas por el Tribunal de Sentencia ahora demandado, por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad.

En este contexto, de la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1, II.2 y II.3, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público al demandante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación previsto en el art. 308 del CP, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, resolvió declarar fundado su incidente de cesación a la detención preventiva, imponiéndole medidas cautelares personales, debiéndose imprimir celeridad en las actuaciones posteriores que se debía efectuar conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. No obstante, ante un conflicto competencial, el 13 de julio de 2022 el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, dejando al impetrante de tutela en un estado de zozobra e indeterminación respecto a su inmediata libertad, más aún tomando en cuenta que mantenía su competencia en tanto la causa no hubiese sido radicada en otro tribunal. Posteriormente, se tiene noticia que, mediante Auto Interlocutorio de 7 de julio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal señalado ut supra dispuso la devolución de dicho expediente, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

Ahora bien, cabe reiterar y remarcar que conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional en cuestiones que esté involucrada la libertad personal, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados o caso contrario dentro de un plazo razonable. Esto implica que, en función al principio de celeridad no es admisible que estando únicamente pendiente la emisión y ejecución de un mandamiento de libertad, el Tribunal demandado, no haya actuado de forma rápida y en lugar de ello remitió el expediente a otro distrito, lo cual denota un afán de deslindarse de las emergencias del proceso y de sus propios actos, más aún cuando fueron estas autoridades, las que dispusieron la cesación a la detención preventiva. Por lo señalado, queda claramente establecido que no solo la inobservancia de plazos puede constituir una demora o dilación indebida, sino también la falta de imprimir celeridad a las actuaciones procesales; advirtiéndose en consecuencia inobservancia al principio de celeridad, siendo que no se tomaron los debidos recaudos para efectivizar la pronta liberad del impetrante de tutela, quien anteriormente se benefició con la cesación a la detención preventiva. Consiguientemente la decisión de las autoridades demandadas de remitir el expediente a otro distrito, provocó una demora indebida además injustificada por el lapso de duración del envío del expediente a otra ciudad y su devolución al Tribunal ahora demandado, extremo que hace aplicable el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, pues dicha dilación constituye una lesión del derecho a la libertad física del imputado. Finalmente, no se puede soslayar que a fs. 57, cursa mandamiento de libertad de 13 de julio de 2022, el cual fue emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, el mismo día en el que se dispuso la remisión del expediente al distrito de La Paz; consiguientemente, no obstante que el Juez de garantías dispuso se libre mandamiento de libertad, al haberse ya expedido éste por las autoridades demandadas resta se proceda a la ejecución del mismo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 235/2022 de 11 de julio, cursante de fs. 8 a 9 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1 º CONCEDER la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer que una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera inmediata, devuelto que sea el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se proceda a la ejecución del mandamiento de libertad librado el 13 de julio de 2022, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1635_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): ce7341fdb72f7ba0deb5f679d97992b4fe20ec06aac92f4e394cc172119c53e3

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