Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y la seguridad personal; toda vez que la resolución de imputación en su contra por el delito de contrabando agravado, no contiene ningún tipo de fundamento, ante la inexistencia de elementos e indicios que prueben su participación en el ilícito sindicado, siendo presentado con la única finalidad de que no recobre su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/23 de 28 de junio de 2023, cursante de fs. 52 vta., a 54, pronunciada por el Tribunal de Sentencia en lo Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1634/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56927-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 52 vta. a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Frank Herrera Bassta en representación sin mandato de Ediverto Peralta Guzmán contra Cristian Kiyoshi Kamiunten Salas, Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 4 a 5 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de contrabando agravado, causa signada con el Número de Registro Judicial (NUREJ): 701102012201218, el Ministerio Público presentó imputación formal sin ningún tipo de fundamentación, al no existir elementos e indicios de prueba de su participación en el delito sindicado, habiendo siendo presentado dicho requerimiento fiscal, únicamente para impedir que recobre su libertad, al encontrarse detenida preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -se entiende por otro hecho-, máxime si se considera que, el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal -del mismo departamento-, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares, donde la autoridad fiscal asignada -ahora demandado- solicitó su detención preventiva, considerándose por ello indebidamente perseguido y procesado.
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la libertad de circulación, a la seguridad personal y al debido proceso; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 34.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene “…EL RECHAZO DE LA IMPUTACIÓN FORMAL…” (sic) en su contra.
Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 52 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su represente sin mandato, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Cristian Kiyoshi Kamiunten Salas, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías informó que: a) Es una segunda acción de libertad que versa sobre los mismos hechos, por el mismo proceso, el mismo imputado; y, b) El presente caso cuenta con control jurisdiccional, por lo que, si el accionante creyere que se está vulnerando su derecho, bien puede acudir al control, jurisdiccional y no saltar etapas y plantear directamente una acción constitucional.
El Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal Séptimo de la Capital del Departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 19/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 52 vta. a 54, denegó la tutela solicitada; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a lo manifestado por el Ministerio Público, ya se habría presentado otra acción de libertad, prácticamente con los mismos fundamentos, mismos actores, mismos hechos; siendo evidente, según el cuaderno procesal; ii) De antecedentes se tiene que el caso fue remitido por el Juzgado de Instrucción en lo Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por lo que al radicarse el cuaderno procesal en un determinado juzgado, ya se encuentra con control jurisdiccional; iii) Al contar con abogado, no se encuentra en indefensión; iv) La acción presentada no reúne lo establecido por el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque el abogado no fundamentó como corresponde ni presentó ninguna documentación sobre que su vida está en peligro, tampoco que esté ilegalmente perseguido porque hay control jurisdiccional, fue notificado legalmente para las actuaciones dentro del proceso, no se encuentra indebidamente procesado ni está indebidamente privado de su libertad; y v) La jurisprudencia constitucional ha establecido un trámite que se basa en el informalismo y sumariedad; sin embargo, al tratarse de una acción de tutela que protege los derechos fundamentales mencionados, debe evitarse su uso abusivo, en especial cuando se acude reiteradamente por los propios recurrentes contra las mismas autoridades y con iguales fundamentos, desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Memorial de 6 de junio de 2023, por el que Cristian Kiyoshi Kamiunten Salas, Fiscal de Materia Especializado en delitos Aduaneros de Santa Cruz -autoridad demandada-, presentó ante el Juez de Instrucción en lo Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, Imputación Formal contra Ediverto Peralta Guzmán, por la presunta comisión del delito de contrabando agravado (fs. 11 a 19).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y la seguridad personal; toda vez que la resolución de imputación en su contra por el delito de contrabando agravado, no contiene ningún tipo de fundamento, ante la inexistencia de elementos e indicios que prueben su participación en el ilícito sindicado, siendo presentado con la única finalidad de que no recobre su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero[1], sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo[2], señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril[3], ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo[4].
Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto[5], pronunciada en una acción de 2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3 El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4 El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5 El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo[6], la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R.
Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre[7], señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril[8], puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo[9] sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de liberta”. 6 El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7 El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 8 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 9El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo[10], mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre[11], señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal.
Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, lesivos a derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, deben ser Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 10 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (…) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”. 11 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad
La sistematización realizada fue extraída de las Sentencia Constitucionales Plurinacionales 0077/2018-S2 de 23 de marzo, 0078/2018-S2 de 23 de marzo y SCP 0101/2018-S2 de 11 de abril, entre otras.
El accionante, denuncia lesión al derecho a la libertad y la seguridad personal; por cuanto, la resolución de imputación emitida en su contra por la presunta comisión del ilícito de contrabando agravado, carece de fundamentos, habiéndose presentado con el único propósito de que no recobre su libertad.
Identificada la problemática planteada, cabe recordar que la acción de libertad, se constituye en un mecanismo procesal constitucional idóneo para la defensa de los derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso por conexitud; en ese entendido, ante la presunta lesión de dichos derechos fundamentales dentro de un proceso ordinario, la autoridad de control jurisdiccional, es la primera a quien el justiciable debe acudir con la finalidad de evitar restricciones o vulneraciones de sus derechos fundamentales.
En ese contexto, concierne reparar que la jurisprudencia constitucional sostiene que, ante la existencia de una norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad física o personal, en forma inmediata, estos deben ser utilizados previamente antes de activar la jurisdicción constitucional; bajo ese entendimiento, en consideración a que con el aviso de investigaciones se tiene identificada la autoridad jurisdiccional que asumirá y tramitará la causa, será ésta a quien deba acudirse en procura de la reparación y/o protección de los derechos presuntamente conculcados; al ser dicha autoridad, quien ejerce el control de la preservación de derechos y garantías en la sustanciación de la causa penal en su primera fase procesal.
A partir del entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional, contrastado con los antecedentes del caso y los argumentos vertidos por el representante sin mandato del accionante, referidos a que la resolución de imputación emitida en su contra carece de fundamentos, puesto que no existirían elementos que acrediten su intervención en la comisión del delito atribuido y que la única finalidad es que no acceda a la libertad; corresponde señalar que, tal afirmación que generó la presentación de esta acción de defensa, deviene de la presunta comisión de un hecho delictivo tipificado como contrabando agravado, mismo que contaría con Resolución de Imputación Formal, conforme se advierte del memorial presentado por Cristian Kiyoshi Kamiunten Salas, en su condición de Fiscal de Materia Especializado en Delitos Aduaneros, ante el Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 6 de junio de 2023 (Conclusión II.1), lo cual demuestra que, el caso del que deviene la presente acción de defensa, se encontraba bajo control jurisdiccional, de modo tal que, las lesiones endilgadas al Fiscal de Materia demandado, debieron ser denunciadas ante la autoridad judicial antes mencionada, al tener plena potestad para conocer y resolver las vulneraciones de los derechos supuestamente transgredidos, en mérito a lo establecido por los arts. 54 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que reconocen la competencia de los jueces de instrucción para ejercer el control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional.
En este marco, al no haber denunciado la presunta ilegalidad referida precedentemente ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz que asumió conocimiento del inicio de investigaciones dentro de la causa penal seguida en su contra, el accionante incurrió en inobservancia de subsidiariedad excepcional que rige las acciones de libertad, toda vez que le correspondía acudir ante esta autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso penal, a través del mecanismo procesal idóneo en la vía incidental, cuestionando la fundamentación de la imputación formal de 6 de junio de 2023, lo cual no ocurrió en el caso analizado, desconociendo lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dado que la acción de libertad, no puede constituirse en un medio supletorio cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/23 de 28 de junio de 2023, cursante de fs. 52 vta., a 54, pronunciada por el Tribunal de Sentencia en lo Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1634_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 29d5e23dac42a24ba38cdc8a8fa4a25f9f2e850f1b48f501242cdf50f3a44cb5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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