B.IA.LEGAL

SCP 1633/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
78885-2025-158-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, a la libertad y al acceso a la justicia; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada, no remitió las muestras colectadas en la necropsia practicada a la víctima el 13 de junio de 2025, al IDIF; a pesar de haber recurrido ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional con dicho reclamo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, la demandada persistió en su omisión, provocando una dilación injustificada en el proceso; por lo que, solicitaron se les conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la remisión de las muestras colectadas mediante Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos de 13 de junio de 2025, en la necropsia practicada a la víctima -su hija de 16 años de edad- ante el IDIF, sea dentro de las veinticuatro horas siguientes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 26/2025 de 31 de octubre, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Decimocuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los entendimientos desarrollados en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y sobre la base de los términos dispuestos por la Jueza de garantías; y,

1° Disponer que, mediante Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita copia de los antecedentes y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado, a efecto del procesamiento disciplinario de Marilu Serrudo, Fiscal de Materia demandada, ante la negligencia advertida en el ejercicio de sus funciones.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  2. III.2. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1633/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 78885-2025-158-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2025 de 31 de octubre, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Chipana Mamani; y, Juan Carlos Oro Ramos en representación sin mandato de Gladys Condori Apaza contra Marilu Serrudo, Fiscal de Materia.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de octubre de 2025, cursante de fs.1 y, 9 a 11, los accionantes a través de su representante, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 202102072500162 se encontraron irregularidades en el avance de la investigación; tal es así que, el 13 de junio de 2025, se desarrolló la necropsia a la víctima del hecho ilícito, conforme se tiene del Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos de igual data, en la que se registró las siguientes muestras: a) M-1foto -debe entenderse feto- único en sal; b) M-2 muestra de sangre de la víctima en papel filtro; c) M-3 muestra de humor vidrio -siendo lo correcto vítreo- en tubo “eppender”; d) M-4 recorte de uñas de mano derecha en sobre; y, e) M-5 recorte de uñas de mano izquierda en sobre; empero, mediante Nota con CITE LBF/REP/IDIF-187/25 de 27 de agosto de 2025, la perito en biología forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), comunicó a la Fiscal ahora demandada, según la División de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE) de La Paz que, los indicios solicitados mediante requerimiento fiscal para pericias en biología forense no fueron depositados hasta esa fecha en dicha división; con base en ello, hasta la interposición de la presente acción de defensa, las muestras de la necropsia no fueron remitidas al IDIF, omisión que generó una dilación indebida en la causa. Respecto al principio de subsidiariedad, José Luis Chipana Mamani -ahora accionante- presentó un memorial el 10 de septiembre de 2025, ante el Juez Público Mixto de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, con el cual se notificó a la autoridad demandada el 17 del mismo mes y año a horas 10:18; sin embargo, pese a tener conocimiento, la autoridad fiscal no ordenó la remisión de las muestras biológicas al IDIF.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, a la libertad y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se les otorgue la tutela, disponiendo se ordene la remisión de las muestras colectadas mediante Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos de 13 de junio de 2025, en la necropsia practicada a la víctima -su hija de 16 años de edad- ante el IDIF, sea dentro de las veinticuatro horas siguientes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante en audiencia tutelar virtual, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestaron que: 1) Hasta la realización de la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, la autoridad demandada no remitió las muestras biológicas al IDIF; y, 2) Se tenga por aplicado el principio iura novid curia; toda vez que, el proceso trata de un delito de feminicidio y violencia familiar o doméstica. A las preguntas de la Jueza de garantías, el abogado de los impetrantes de tutela, respondió estar habilitado para hacer el seguimiento del caso a través del sistema informático Justicia Libre; sin embargo, en dicho sistema no cursa la remisión al IDIF de las pruebas colectadas, precisamente por aquello es que interpuso la presente acción de defensa.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Marilu Serrudo, Fiscal de Materia en audiencia manifestó: i) Los impetrantes de tutela interpusieron la presente acción de defensa alegando que no se habría remitido al IDIF elementos colectados por Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos; sin embargo, no señalaron cuál era su solicitud de forma concreta; toda vez que, si bien en dicha Acta se tiene colectados las muestras: M1, M2, M3, M4 y M5, mas no señalaron cual la pertinencia y utilidad de éstos, a los efectos de realizar pericias; ii) Los impetrantes de tutela manifestaron que las pruebas estarían perdidas; sin embargo, las mismas nunca desaparecieron, lo que se corroboró en el informe elaborado por el investigador asignado al caso; iii) A momento de presentar las muestras al IDIF, estas fueron observadas; toda vez que, no se consignó el nombre al que pertenecen las mismas, extremo que fue subsanado, y es de conocimiento de los solicitantes de tutela; iv) El Acta de cadena de custodia de 12 de septiembre de 2025 fue remitido al IDIF, el cual cuenta con respuesta; en la que la perito el 13 de octubre del mismo año, estableció que la colección y recepción de M4 y M5, no son aptos para análisis de carácter biológico, con dicha documentación se demostró la falsedad de lo aseverado por el solicitante de tutela; v) Al tener el peticionante de tutela acceso al sistema de Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones (ROMA) del Ministerio Público, tenía la obligación de hacer seguimiento al caso; vi) Respecto a M1 (feto único en sal) se colectó sangre del ahora accionante -José Luis Chipana Mamani-, el cual fue observado por el IDIF, quienes solicitaron liberación del producto, observación que fue subsanada; vii) Se encontraba en trámite la pericia genética destinada a determinar la paternidad del embrión; asimismo, el caso fue ampliado por el delito de violación en perjuicio de otra persona y el demandante de tutela estaba siendo investigado por el delito de feminicidio, encontrándose dicho proceso en etapa investigativa.; viii) En relación a M2 y M3 señaló que el impetrante debió demostrar su pretensión conforme a lo establecido en el art. 306 del Código Procesal Penal (CPP); empero, no existe ningún memorial al respecto; por lo que no se vulneró ningún derecho o garantía; y, ix) Por lo antes manifestado solicitó se deniegue la tutela impetrada, y se oficie al Ministerio de Justicia por la actitud intimidatoria de la parte accionante hacia la fiscalía.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimocuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 26/2025 de 31 de octubre, cursante de fs. 26 a 29 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el día la autoridad demandada remita las muestras colectadas correspondientes a la Codificación M2 y M3, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La acción tutelar se presentó el 30 de octubre de 2025, el agravio planteado se basó en la afirmación que las muestras de la necropsia del 13 de junio del citado año, no fueron remitidas al IDIF; b) La autoridad demandada señaló que, asumió conocimiento reciente del caso; sin embargo, de acuerdo al Informe 458/2025 indicó que existió un requerimiento para el traslado de muestras, destacándose que el 26 de septiembre del referido año, se remitieron al IDIF, bajo cadena de custodia, únicamente las muestras M4 y M5; c) La documentación contrastada confirmó el envío de M4 y M5 el 26 del mencionado mes y año, mismas que merecieron una observación respecto al rotulado -por no consignarse el nombre completo-, lo que se consideró relevante para evitar perjuicios; d) De los actuados revisados, sólo se evidenció gestión y pronunciamiento respecto de M4 y M5, no se acreditó actuación equivalente para las muestras M1, M2 y M3, observándose falta de referencia a la sangre en papel filtro M2 y al humor vítreo M3; e) La parte accionante presentó memoriales ante la autoridad judicial que ejercía el control jurisdiccional; asimismo, se evidenció la existencia de providencias y actuaciones en septiembre de 2025; por lo que, se consideró incoherente afirmar que la Fiscal demandada tomó conocimiento de manera reciente, dadas las literales firmadas y notificadas; f) Pese a evidenciarse la remisión parcial de evidencias -M4 y M5-, se advirtió negligencia o falta de diligencia respecto a la remisión de M2 y M3; asimismo, no se demostró el envío completo de todas las muestras colectadas el 13 de junio del mencionado año; g) Por la naturaleza de los delitos -feminicidio y violencia- y en aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348-, el Ministerio Público debió actuar con la debida diligencia en cuanto a la recolección de prueba, así como cuidar los plazos, siendo la Fiscal de Materia la directora funcional de la investigación dentro del proceso penal, quien estaba obligada a impulsar los actos investigativos; y, h) Ante la vulneración de los derechos invocados por los solicitantes de tutela, exhortó a la autoridad fiscal cumplir estrictamente la normativa y actuar con debida diligencia en razón de los hechos, máxime porque las partes pertenecen a un sector vulnerable.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 32 a 37); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

II.1. Dentro del proceso penal seguido contra José Luis Chipana Mamani y Gladys Condori Apaza -ahora accionantes- por la presunta comisión de los delitos de feminicidio y violación de infante, niña, niño o adolescente, cursa Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos, que refiere las muestras colectadas al cuerpo de AA, M-1 Feto único en sal; M-2 muestra de sangre de la víctima en papel filtro; M-3 muestra de humor vítreo en tubo eppendorf; M-4 recorte de uñas de mano derecha en sobre; y, M-5 recorte de uñas de mano izquierda en sobre, realizado el 13 de junio de 2025 en el Hospital Juan Uriona de Achacachi del departamento de La Paz (fs. 2). II.2. Por nota CITE: LBF/REP/IDIF-187/25 de 27 de agosto de 2025, Fátima Lissette Palenque Avilés Perito en Biología Forense del IDIF, dio a conocer a la fiscal de materia, que en atención a su requerimiento para la realización del análisis pericial de carácter biológico dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra los solicitantes de tutela, según información de la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE) La Paz, los indicios en los que requiere se realicen las pericias en biología forense, no fueron depositados en dicha división (fs. 3). II.3. Cursa memorial presentado el 10 de septiembre de 2025, donde el impetrante de tutela solicitó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, haga prevalecer su poder ordenador y ejerza el control jurisdiccional respecto a los indicios colectados en necropsia a su hija AA que son de vital importancia dentro de la causa penal y que los mismos de acuerdo a la nota CITE: LBF/REP/IDIF-187/25, no fueron remitidos para realizar las pericias en biología forense; solicitud que mereció decreto de 11 de igual mes y año, a través del cual la mencionada autoridad jurisdiccional solicitó que la representante del Ministerio Público informe sobre la falta de remisión de las muestras biológicas colectadas y cual la causa por las que no se remitieron dentro del plazo legal (fs. 4 a 6). II.4. La Fiscal de Materia ahora demandada por memorial presentado el 19 de septiembre de 2025, dirigido al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, en respuesta a la providencia de 11 de igual mes y año, informó que el memorial virtual de 9 del citado mes y año, presentado al Ministerio Público y el memorial presentado el 10 del mencionado mes y año, al citado Juzgado, tienen el mismo contenido, con el mismo fundamento jurídico y la misma solicitud; y que el memorial presentado a la Fiscalía ya cuenta con providencia de 9 de igual mes y año (fs. 8). II.5. Mediante Informe 458/2025 de 26 de septiembre, Erika Callizaya Mamani Encargada de Custodia de Evidencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó a la Fiscal demandada que, en la fecha antes mencionada se remitió al IDIF, bajo acta de cadena de custodia, las evidencias M-4 y M-5, entregando en constancia el acta de recepción de evidencias y/o muestras emitido por dicha institución (fs. 18). II.6. La Perito en Biología Forense del IDIF, mediante nota CITE: LBF/REP/IDIF-211/25 de 13 de octubre de 2025, dirigida a la ahora demandada, respecto de las evidencias M-4 y M-5, informó que según acta de colección y recepción de indicios biológicos, las muestras remitidas para las pericias que fueron colectadas en necropsia -exhumación- no son aptas para análisis de carácter biológico, dado que las mismas por la degradación natural y putrefacción que sufren podrían haber dado resultados falsos negativos; sin embargo, si la autoridad fiscal así lo requeriría y ordenaba la realización de dicha pericia, la misma sería efectuada, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto (fs. 23 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, a la libertad y al acceso a la justicia; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada, no remitió las muestras colectadas en la necropsia practicada a la víctima el 13 de junio de 2025, al IDIF; a pesar de haber recurrido ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional con dicho reclamo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, la demandada persistió en su omisión, provocando una dilación injustificada en el proceso; por lo que, solicitaron se les conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la remisión de las muestras colectadas mediante Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos de 13 de junio de 2025, en la necropsia practicada a la víctima -su hija de 16 años de edad- ante el IDIF, sea dentro de las veinticuatro horas siguientes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

En los casos de violencia en razón de género, el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; b) El derecho de las mujeres que tienen a vivir libres de violencia y discriminación; y, c) Un enfoque integral del problema jurídico, como así se desarrolló y manifestó en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que es una sistematizadora de línea y a continuación se pasa hacer la mención correspondiente. La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

En ese marco, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional se refirió al equilibrio entre los derechos del imputado señalando lo siguiente: Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. (…)

A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”.

En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:

…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.

En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento. Asimismo, la SCP 0017/2019-S2 refiriéndose al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género, determinó: La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. (…) Finalmente, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional abordó un conjunto de razonamientos respecto al análisis integral en aquellos casos en los que se identifiquen víctimas de violencia, señalando al efecto, el deber de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las víctimas de violencia y del deber de aplicar un enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa, estableciendo lo siguiente: Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales (…)

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. Siguiendo dicha línea de entendimiento más tarde la exigencia del análisis del problema jurídico integral en las acciones de defensa, ha sido extendido a los diferentes procesos. Así, se tiene expresado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, que estableció lo siguiente: De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, éstas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al Bloque de Constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes

La SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.3, realizó una sistematización integral de los estándares nacionales e internacionales relacionados con la debida diligencia reforzada y la protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; siendo que, en su Fundamento Jurídico III.3.3, este Tribunal se vinculó a los mismos, estableciendo sus componentes y elementos que configuran la debida diligencia reforzada, sobre la base del interés superior y la obligación internacional asumida por el Estado boliviano de proteger con carácter prioritario los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; en ese sentido, con relación a la tutela judicial efectiva y a la celeridad que deben imprimir las autoridades judiciales en las tramitaciones donde de por medio se encuentren dilucidándose derechos de este sector poblacional, víctima de violencia sexual; señaló lo siguiente:

La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g)

La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional. La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: (…)

ii.1) El acceso a una administración de justicia gratuita, material, directa, pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, flexible y con asistencia de personal especializado; donde no se exija el cumplimiento de requisitos formales o materiales que limiten el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; y más bien, se apliquen criterios diferenciados que aseguren el ejercicio de sus derechos; (…) ii.3) Los jueces, Ministerio Público y Policía Nacional y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en materia penal, de niñez y adolescencia así como de violencia contra la mujer, que conozcan e investiguen delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos mediante procedimientos accesibles, con las debidas garantías, oportunos, efectivos y especializados, sin dilaciones, desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; tomando en cuenta, el deber de desformalización para flexibilizar los procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades en el acceso a la justicia; (…) ii.5) Todos los casos relacionados con violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben ser analizados desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez -edad-, discapacidad, condición económica -según el caso-, asumiendo la situación de doble vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a ser una persona menor de 18 años, no solo frente a su perpetrador, sino, ante todo un proceso judicial; a efectos de aplicar la protección especial y reforzada; ii.6) Las jurisdicciones ordinaria y constitucional, tienen la obligación de adoptar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes, pues al tiempo de observarse la garantía del debido proceso, deben aplicarse componentes diferenciados, tomando en cuenta que su participación dentro del proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; que implique un acceso a la justicia accesible y apropiado a cada uno de ellos, por su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, capacidades en evolución y sin discriminación de ninguna índole, prevaleciendo el interés superior de este sector poblacional; (…) ii.11) Es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual a una niña, niño o adolescente; y, de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de los casos. (…) ii.15) Ninguna de las instancias estatales administrativas ni judiciales deben cometer actos revictimizantes; de lo contrario, se convertiría en un segundo agresor, generando violencia institucional, que implica en un trato, cruel, inhumano, degradante y de revictimización contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual; lo cual, genera responsabilidad internacional. De donde se entiende que, la debida diligencia reforzada es un deber compartido entre todos los organismos internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y todas las autoridades, profesionales y funcionarios públicos que forman parte de las instituciones administrativas y judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia, a efectos de adoptar medidas razonables, necesarias e indispensables para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia sexual perpetrada contra este sector vulnerable de la población; lo cual, engloba varios presupuestos que fueron sistematizados en la referida SCP 0351/2025-S3; siendo el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como la aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales, medidas de carácter obligatorio que deben ser asumidas por las autoridades administrativas, judiciales y por las que conforman la propia jurisdicción constitucional. En ese entendido, la materialización del acceso a la justicia ordinaria y constitucional de forma pronta, oportuna, sin restricciones y dilaciones; y, de la celeridad reforzada en las tramitaciones administrativas y judiciales, como componentes de la debida diligencia reforzada aplicada a favor de las niñas, niños y adolescentes, se sustentan en los principios de: interés superior, prioridad absoluta, corresponsabilidad, especialidad y respeto a su derecho a la vida en su componente de integridad personal -entre otros-; lo cual implica; una protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia, la adopción de un enfoque interseccional y la perspectiva de género y niñez, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad a la violencia en razón a su minoridad, la aplicación de medidas diferenciadas, asumiendo que estas víctimas no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, la atención prioritaria e inmediata en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales, la garantía de la eficacia y el ejercicio pleno de sus derechos, evitando tanto la revictimización como la violencia institucional -entre otras implicancias. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que las autoridades judiciales tanto de la jurisdicción ordinaria como de la constitucional, tienen la obligación nacional e internacional de garantizar a las niñas, niños y adolescentes, la materialización de su derecho a la tutela judicial efectiva, a partir del acceso a una administración de justicia pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, directa e incluso flexible y con la asistencia de personal especializado; lo cual implica, que no debe exigirse a este sector el cumplimiento de requisitos formales o materiales innecesarios, que limiten el restablecimiento de sus derechos; siendo que más bien, se tiene la responsabilidad de aplicar criterios diferenciados a su favor; es decir, el deber de la desformalización para la flexibilización de procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades que impidan el acceso a la justicia de este sector poblacional. Por otra parte, en cuanto a la aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales y/o procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual de niñas, niños y adolescentes; las autoridades administrativas, judiciales y el Ministerio Público, tienen la obligación de priorizar y agilizar procesos y procedimientos sin dilación alguna desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; toda vez que, se encuentran frente a un sector de la población muy vulnerable que requiere de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de sus casos; pues no solo se enfrenta ante su perpetrador sino ante todo un proceso judicial, y de lo que se trata es que, después de haber sufrido este tipo de violencia, el Estado le otorgue las garantías necesarias para lograr la tutela judicial efectiva de sus derechos; por ello, están obligados a imprimir celeridad reforzada en el conocimiento y resolución de sus causas, aplicando la protección especial y reforzada dentro de un debido procedimiento, asumiendo empatía y sensibilidad por su minoridad, tomando en cuenta que, su participación dentro del mismo, no se da en las mismas condiciones que un adulto. Finalmente, en caso de no cumplirse con los presupuestos de la debida diligencia reforzada y protección especial a favor de las niñas, niños y adolescentes, se estaría incurriendo en su revictimización, incluso de acuerdo al grado de lesión de sus derechos y omisión de los componentes de la misma, en violencia institucional; lo cual, genera responsabilidad internacional.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, a la libertad y al acceso a la justicia; debido a que, la Fiscal de Materia demandada, no remitió las muestras colectadas en la necropsia practicada a la víctima el 13 de junio de 2025, al IDIF; a pesar de haber recurrido ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional con dicho reclamo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, la demandada persistió en su omisión, provocando una dilación injustificada en el proceso. Es necesario precisar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional, no debe limitarse al planteamiento de la parte impetrante de tutela sino que debe revisar el problema jurídico de manera integral; como ocurre en este caso, considerando que la presente acción de defensa emerge de un proceso penal donde se encuentran involucrados los derechos de la víctima mujer adolescente de los delitos de feminicidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. Por esa razón, si bien la parte accionante denunció la falta de remisión de las muestras colectadas en la necropsia practicada a la víctima el 13 de junio de 2025, al IDIF; omisión que provocó una dilación injustificada en el proceso; también, se verificará el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales y de la debida diligencia reforzada en el mismo, que engloba -entre otros- la garantía de la tutela judicial efectiva, a través de la cual, se les debe otorgar el acceso a una justicia pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, directa, sin restricciones e incluso flexible; que exime al cumplimiento u observancia de requisitos formales o materiales innecesarios que limiten el restablecimiento de sus derechos; más bien, se tiene la responsabilidad de aplicar criterios desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez a su favor; es decir, el deber de la desformalización para la flexibilización de procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades que impidan el acceso a la justicia de las niñas, niños o adolescentes. Efectuada dicha aclaración, conforme a los antecedentes del expediente, se puede advertir que, en la necropsia realizada en la víctima el 13 de junio de 2025 en el Hospital Juan Uriona de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Acta de Colección y Recepción de Indicios Biológicos, se colectaron: M-1 Feto único en sal; M-2 muestra de sangre de la víctima en papel filtro; M-3 muestra de humor vítreo en tubo eppendorf; M-4 recorte de uñas de mano derecha en sobre; y, M-5 recorte de uñas de mano izquierda en sobre. Al respecto, un aspecto que llama la atención es que la Perito en Biología Forense del IDIF, mediante nota CITE LBF/REP/IDIF-187/25 de 27 de agosto del citado año, comunicó a la Fiscal de Materia demandada que, en atención al requerimiento fiscal para la realización del análisis pericial de carácter biológico, según información de la división RCE del citado departamento, hasta la fecha los indicios en los que requiere se realicen las pericias en biología forense, no fueron depositados en dicha división. El impetrante de tutela por memorial presentado el 10 de septiembre de 2025, solicitó al Juez Público Mixto de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, haga prevalecer su poder ordenador y ejerza el control jurisdiccional respecto a la omisión incurrida por la representante el Ministerio Público de la no remisión de las muestras colectadas referidas para realizar las pericias en biología forense; autoridad a cargo del control jurisdiccional de la causa, que a través de decreto de 11 de igual mes y año, solicitó que la demandada informe sobre la falta de remisión de las muestras biológicas colectadas y cual la causa por las que no se remitieron dentro del plazo legal. En respuesta la Fiscal de Materia aludida por memorial presentado el 19 de igual mes y año, informó que los memoriales de 9 y 10 del citado mes y año, presentados ante el Ministerio Público y al referido Juzgado respectivamente, tienen el mismo contenido, con el mismo fundamento jurídico y la misma solicitud; y, que el memorial presentado a la Fiscalía ya cuenta con providencia de 9 de igual mes y año. Consecuentemente, se advierte que la Fiscal demandada, conforme corroboró la Jueza de garantías, al no remitir las muestras M-2 y M-3 al IDIF, no actuó con la debida diligencia reforzada en la etapa preparatoria, que de acuerdo a lo que establece el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, constituye una vulneración efectiva al interés superior de la víctima mujer adolescente, en el cual la autoridad demandada no sólo ejerce la titularidad de la acción penal pública, sino que asume una posición de garante de un deber cualificado de debida diligencia; en el cual es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad, por tratarse de un proceso penal de violencia y violación sexual a una adolescente; que merece atención prioritaria y absoluta en todos los actos investigativos, para el esclarecimiento de los hechos. En ese marco, la omisión de ordenar la remisión de las muestras biológicas colectadas referidas al IDIF para su análisis especializado, y persistir en dicha inacción incluso hasta la interposición de la acción de libertad, ocurrida el 30 de octubre de 2025, revela una dilación indebida, injustificada y contraria al estándar de la debida diligencia reforzada y protección especial a favor de las niñas, niños y adolescentes; además, se estaría incurriendo en su revictimización. La remisión oportuna de dichas muestras no constituía un acto accesorio o discrecional, sino una actuación esencial dentro de la estrategia investigativa, pues su análisis técnico-científico podía aportar elementos objetivos determinantes para el esclarecimiento de los hechos y la eventual sanción de los responsables. La inactividad prolongada en este punto específico no solo afectó la eficacia de la investigación, sino que generó un riesgo cierto de pérdida, contaminación o degradación de la prueba, comprometiendo el derecho de la víctima a la verdad, a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Ante este incumplimiento de las labores de investigación, en cuanto a las muestras biológicas sin procesamiento técnico por el IDIF, que no sólo torna ineficaz la etapa preparatoria y posterga la resolución del proceso penal y de la situación jurídica de los imputados, la justicia constitucional no puede ser indiferente; la conducta omisiva y la falta de criterio reforzado de celeridad atribuida a la demandada resulta contraria a los entendimientos asumidos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, pues el retardo injustificado advertido implicó, en este caso, en la protección judicial, a la tutela judicial efectiva y a la debida diligencia que merece la víctima mujer adolescente de violencia de género, tal como exige el art. 60 de la CPE, que dispone la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente. De acuerdo a lo corroborado precedentemente, se advierte una ausencia de oficiosidad en la actuación fiscal que se traduce en negligencia frente al deber de debida diligencia reforzada; esta falta de impulso procesal no solo resulta injustificada, sino que contraviene los estándares nacionales e internacionales que obligan a investigar, prevenir y atender adecuadamente la violencia contra las mujeres, más aun en casos que involucran a niñas, niños o adolescentes, como trata el presente. En ese contexto, la omisión y dilación advertidas en el presente caso, evidencia no sólo la lesión en los derechos de los accionantes de tutela, sino también en los derechos de la víctima mujer adolescente relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia reforzada, como se dijo anteriormente, deber que tampoco fue observado; no obstante, de tratarse de un caso de violencia de género, que exige que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; en consecuencia, la conducta omisiva de la Fiscal de Materia demandada no puede considerarse una simple irregularidad formal, sino una vulneración sustancial del deber de debida diligencia reforzada que rige en estos casos; por lo cual, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 26/2025 de 31 de octubre, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Decimocuarta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los entendimientos desarrollados en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y sobre la base de los términos dispuestos por la Jueza de garantías; y,

1° Disponer que, mediante Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita copia de los antecedentes y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado, a efecto del procesamiento disciplinario de Marilu Serrudo, Fiscal de Materia demandada, ante la negligencia advertida en el ejercicio de sus funciones.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1633_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3e65544ac2d34de2f2b31563f7451cd30fc970e61e10f0670e669a77bc01138c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →