B.IA.LEGAL

SCP 1631/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57954-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a vivir una vida libre de violencia; puesto que, dentro del proceso penal, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en la cual es víctima, la autoridad judicial ahora accionada, incurrió en omisiones y actuaciones que la colocaron en situación de indefensión, toda vez que, la tramitación y resolución del procedimiento abreviado y el señalamiento de audiencias posteriores, fueron realizadas sin su participación ni notificación efectiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Trámite del procedimiento abreviado; ii) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; iii)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 33 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por Carla Gabriela Quintana Durán, en los mismo términos dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Trámite del procedimiento abreviado
  2. III.2. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación
  3. III.3. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1631/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57954-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 33 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Gabriela Quintana Durán, contra Yoany Karen Ojeda Gabriel, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 10 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 14, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Pericón Pantoja por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se produjeron actuaciones judiciales que afectaron de manera directa sus derechos fundamentales, en su condición de mujer víctima de violencia; habida cuenta que, el 28 de julio de 2023, la autoridad ahora accionada, instaló una audiencia de procedimiento abreviado dentro del referido proceso penal, pese a que se encontraba en situación de violencia, sin que -según lo manifestado- se hubieran observado las garantías reforzadas que le asistían como víctima.

Posteriormente, el 8 de agosto del mismo año, se apersonó ante el juzgado de la autoridad ahora accionada, oportunidad en la que tomó conocimiento de que el imputado Oscar Pericón Pantoja se había acogido a un procedimiento abreviado, negociando una pena de tres años con el Ministerio Público. Dicho acto se realizó sin que la accionante fuera notificada ni informada oportunamente, impidiéndole participar en dicho trámite procesal.

Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada tramitó y conoció el procedimiento abreviado sin garantizar su derecho a ser oída ni su participación efectiva, a pesar de tratarse de un proceso vinculado a hechos de violencia, lo que –según afirmó– incidió directamente en su derecho a una vida libre de violencia, así como en su derecho a la vida y a la integridad personal. Finalmente, indicó que, el 11 de agosto de 2023, la Jueza hoy accionada señaló una audiencia de “medidas alternativas” a favor del imputado Oscar Pericón Pantoja, circunstancia que –a su entender– la colocó en una situación de riesgo, al no haberse adoptado medidas inmediatas y efectivas de protección, motivo por el cual acudió a la jurisdicción constitucional en busca de tutela urgente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a vivir una vida libre de violencia, citando al efecto los arts. 15.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 3, 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la audiencia de procedimiento abreviado de 28 de julio de 2023; y, b) Se ordene, dejar sin efecto la audiencia señalada de 11 de agosto del mismo año

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Fue víctima de reiterados hechos de violencia ejercidos por el denunciado, los cuales pusieron en riesgo su vida e integridad personal; y, que dichas agresiones le ocasionaron graves afectaciones físicas y un estado permanente de temor, impidiéndole vivir de manera tranquila; 2) Pese a haberse dispuesto varias medidas de protección a su favor, estas fueron vulneradas de manera reiterada por el agresor, quien continuó acosándola, generándole un estado constante de inseguridad y zozobra; 3) No fue notificada ni tuvo conocimiento oportuno de la realización de una audiencia de procedimiento abreviado en favor del agresor, negándosele el acceso a su cuaderno procesal y que recién tomó conocimiento de la sentencia emitida el día previo a la audiencia constitucional, sin que se le hubiera permitido conocer el acta respectiva ni ejercer sus derechos como víctima; 4) El peligro denunciado no solo la afectó a ella, sino también a su hija menor de edad, quien se encontraba bajo su cuidado y dependencia, señalando que el agresor la amenazó reiteradamente con atentar contra ambas en caso de recuperar su libertad; y, 5) Acudió en reiteradas oportunidades a instancias judiciales sin obtener una respuesta efectiva, sintiéndose desprotegida y revictimizada, lo que incrementó su estado de angustia e indefensión.

I.2.2. Informe de la autoridad jurisdiccional accionada

Yoany Karen Ojeda Gabriel, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Cotoca del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 11 de agosto de 2023 cursante de fs. 21 a 22 vta., manifestó que: i) El 28 de junio del igual año se procedió a la radicatoria del expediente penal, una vez que se subsanaron los errores advertidos con anterioridad mediante decreto de 20 de mismo mes y año; ii) Se dispuso mediante providencia la notificación al Ministerio Público, con la finalidad de que remita las pruebas correspondientes dentro del plazo de veinticuatro horas; iii) El Juzgado a su cargo ejerció competencia conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- incorporando diversas materias de conocimiento, y que los juzgados de sentencia en materia penal bajo su responsabilidad extendieron su competencia territorial a varios municipios; y, que, en cumplimiento de circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia, se procedió al señalamiento de audiencias para el tratamiento de posibles salidas alternativas; iv) En el marco del proceso penal, se señaló audiencia para considerar salidas alternativas para el viernes 28 de julio del año 2023, la cual debía celebrarse en el Centro de Rehabilitación Palmasola y una vez instalado el acto procesal, previo informe de secretaría, se verificó el cumplimiento de las formalidades legales y la existencia de notificaciones válidas y se constató la presencia de los sujetos procesales, encontrándose la víctima representada por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), el Fiscal y Defensa Pública; v) La sentencia que resolvió aceptar el procedimiento abreviado y condenar al ciudadano Óscar Pericón Pantoja no se encontraba firme ni ejecutoriada, motivo por el cual era susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación restringida; vi) La parte accionante denunció hechos no demostrados y formuló peticiones que no se adecuaron a los presupuestos establecidos en el art. 125 de la CPE, referido a la procedencia de la acción de libertad; vii) La accionante hizo referencia errónea a diversas Sentencias Constitucionales, particularmente en relación con la no procedencia del principio de subsidiariedad, señalando que dicho argumento no resultó aplicable al caso concreto; viii) Correspondía la aplicación del principio de subsidiariedad, toda vez que no se demostró que la accionante hubiera promovido previamente los recursos ordinarios de impugnación, en especial el recurso de apelación restringida; ix) La accionante sostuvo que su vida se encontraba en peligro; sin embargo, afirmó que dicha situación no fue demostrada mínimamente, precisando que, conforme al lineamiento jurisprudencial, la informalidad de la acción de libertad no implicó la dispensa de la presentación de prueba mínima para acreditar los hechos denunciados; x) Dentro del expediente penal, no cursó ningún mandamiento de libertad ya que, que únicamente existió una providencia de 10 de agosto que dispuso el señalamiento de audiencia para considerar alguna salida alternativa, a celebrarse el 14 de agosto de 2023 a horas 12:30; xi) El proceso penal tuvo carácter especial al tratarse de un hecho de violencia familiar, razón por la cual la aplicación de la Ley 1173 no resultó obligatoria, siendo necesario que la accionante acuda al señalamiento de audiencia dispuesto; y, xii) Solicitó que la acción de libertad sea denegada, señalando que su actuación se realizó en estricto apego a la Norma Suprema, la Ley 1173, el Código Procesal Constitucional (CPCo) y la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, afirmando que no se evidenció vulneración alguna a garantías constitucionales ni se demostró que la vida de la accionante se encontrara en peligro.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 33 a 39 vta., concedió la tutela solicitada, sin costas, daños ni perjuicios disponiendo: a) Dejar sin efecto únicamente el acta y la sentencia de procedimiento abreviado dictadas el 28 de julio de 2023, manteniéndose vigente el acuerdo de procedimiento abreviado para ser considerado nuevamente en audiencia; y, b) Que la Jueza accionada señale nuevo día y hora para la audiencia de salida alternativa, disponiendo que se notifique correctamente a todas las partes procesales y, de manera expresa, a la víctima Carla Gabriela Quintana Durán- ahora accionante- garantizando su derecho a ser escuchada. Decisión que tomo en base a los siguientes fundamentos jurídicos: 1) La acción de libertad no solo protegió a personas privadas de libertad, sino que, conforme a la jurisprudencia constitucional, también resultó procedente para tutelar los derechos de las víctimas de violencia de género, especialmente cuando se encontraron comprometidos derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el derecho a una vida libre de violencia; 2) Se verificó que cursaron en el cuaderno procesal memorial presentado por la víctima, con cargo de recepción de 3 de marzo de 2023, en los cuales se consignó domicilio procesal, medio tecnológico de notificación y correo electrónico, además de la identificación de su patrocinio legal, elementos que evidenciaron que la autoridad judicial contó con información suficiente para disponer su notificación personal en las actuaciones posteriores, lo que no fue observado en la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado; 3) La omisión de notificación vulneró el derecho de la víctima a participar en el procedimiento penal, a ser escuchada y a ejercer oposición fundamentada al procedimiento abreviado, que al tratarse de una persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad –mujer víctima de violencia con un hijo menor de edad–, correspondió aplicar un enfoque de género, interseccionalidad y debida diligencia reforzada, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar decisiones procesales que generaron riesgo para su vida e integridad; y, 4) La autoridad judicial accionada señaló audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado dentro de los días que tenía asignados para descongestionamiento procesal, fijando su realización para el 28 de julio de 2023 a horas 11:50 en las instalaciones de Palmasola, en observancia de instructivos administrativos orientados a la celeridad y descongestión de causas; sin embargo, estableció que dicha actuación procesal se llevó adelante sin que se hubiera cumplido con la notificación personal, válida y efectiva a la víctima Carla Gabriela Quintana Durán, ni a su abogada patrocinante, pese a que se contaba con domicilio procesal y medios tecnológicos consignados en el expediente, limitándose la comunicación procesal únicamente al SLIM, circunstancia que impidió que la víctima estuviera presente, fuera oída y pudiera ejercer su derecho a intervenir en la audiencia de procedimiento abreviado, configurándose una vulneración a su derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, máxime cuando la notificación constituía un presupuesto indispensable para la validez del acto procesal.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 42, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre del citado año, cursante a fs. 45; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 3 de marzo de 2023, dirigido al Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca, mediante el cual la hoy accionante se apersonó al proceso y solicitó fotocopias de todo el cuaderno procesal correspondiente al expediente 036/2022; asimismo, en el otrosí tercero consignó domicilio procesal, número de teléfono celular y correo electrónico (fs. 23); en atención a dicha actuación, la autoridad jurisdiccional, mediante decreto de 6 del mismo mes y año, tuvo por apersonada a la abogada de la ahora accionante y, entre otros aspectos, tuvo por señalado el domicilio procesal, disponiendo que el oficial de diligencias tomara nota de las direcciones electrónicas consignadas (fs. 24). II.2. Consta acuerdo legal para procedimiento abreviado de 28 de julio de 2023, suscrito por el Fiscal de Materia, representante de Defensa Pública, Juez Público Mixto civil y Comercial dela Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Cotoca y el acusado, donde manifestaron su conformidad con la calificación jurídica del hecho como delito de violencia familiar o doméstica, el reconocimiento expreso de los hechos atribuidos y la renuncia a la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio, acordándose la imposición de una pena privativa de libertad de tres años a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” (fs. 27). II.3. Consta acta de audiencia de aplicación de procedimiento abreviado de 28 de julio de 2023, llevada a cabo ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz, instancia en la cual la autoridad judicial verificó la instalación del acto procesal y concedió la palabra al Ministerio Público, quien informó que el imputado había suscrito un acuerdo legal de procedimiento abreviado en el marco del plan de descongestionamiento del sistema penal, aceptando una pena privativa de libertad de tres años y renunciando a la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio (fs. 28 y vta.). II.4. Cursa Sentencia 03/2023 de 28 de julio, mediante el cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Cotoca, dentro de procedimiento abreviado, declarando acreditada la existencia del hecho y la participación del acusado Óscar Pericón Pantoja en el delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272 bis del CP, en mérito al acuerdo de procedimiento abreviado suscrito, la admisión voluntaria del hecho y la renuncia al juicio oral, público y contradictorio, imponiéndose una pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” (fs. 29 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a vivir una vida libre de violencia; puesto que, dentro del proceso penal, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en la cual es víctima, la autoridad judicial ahora accionada, incurrió en omisiones y actuaciones que la colocaron en situación de indefensión, toda vez que, la tramitación y resolución del procedimiento abreviado y el señalamiento de audiencias posteriores, fueron realizadas sin su participación ni notificación efectiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Trámite del procedimiento abreviado; ii) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; iii)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Trámite del procedimiento abreviado

La SCP 0040/2018-S2 de 1 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El Código de Procedimiento Penal establece la procedencia del procedimiento abreviado, así como su trámite y resolución; en ese sentido, el art. 373 del referido cuerpo legal, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, dispone:

Artículo 373º.- (Procedencia).

I. Concluida la investigación, la o el imputado la o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el Juez de Instrucción conforme al Numeral 2 del Artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él. III. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado.

IV. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento, no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

Así, el art. 374 del CPP, dispone que la solicitud de procedimiento abreviado debe ser resuelta en audiencia oral, en la que el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de:

1) La existencia del hecho y la participación del imputado.

2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en la SC 1659/2004-R de 11 de octubre, en la solicitud de procedimiento abreviado, es necesario exhibir todos los elementos probatorios que generen en la autoridad judicial, la plena convicción que los hechos se suscitaron tal y como los presentó la autoridad fiscal encargada de la investigación; por lo que, no basta con solo presentar el acuerdo del imputado y su defensor. Por otra parte, la SC 1075/2005-R de 12 de septiembre, expone que el rechazo a la salida alternativa no es discrecional, sino, que debe estar sometido a la ley, y que en todo caso, tiene que estar expresado en una resolución debidamente fundamentada.

Cabe señalar, que si bien el art. 373.III del CPP antes citado, solo anota dos causales para el rechazo del procedimiento abreviado, como son: la oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos; la jurisprudencia contenida en la SC 1075/2005-R antes glosada, incluye el supuesto de insuficiencia de elementos que le impidan dictar sentencia, sin causar agravio al acusado; supuesto que se presentaría, en los casos en los que no se pudo comprobar la renuncia voluntaria al juicio ordinario o que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario, que son requisitos para la procedencia del procedimiento abreviado.

Ahora bien, por la relevancia del tema en el análisis del caso, es necesario hacer referencia a la causal de rechazo del procedimiento abreviado, referida a la oposición fundada de la víctima a aceptar el procedimiento abreviado; la cual, debe contener los suficientes argumentos que permitan generar en el juzgador duda en su aplicación, en sentido que en el proceso común, se podrá tener un mejor conocimiento de los hechos, ya sea porque existen más partícipes o una inadecuada calificación jurídica o insuficiente fundamentación sobre el quantum -cantidad- de la pena solicitada, entre otros aspectos, que podría alegar la víctima; pues, en todo caso, no corresponde al juez o tribunal censurar las causas de la oposición, las cuales podrán ser o no aceptadas por la autoridad judicial. Entendimiento que está contenido en la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico III.2, señala:

De manera particular, la víctima o el querellante, conforme el tercer parágrafo del art. 373 del CPP, podrá plantear su oposición fundada a la aplicación del procedimiento abreviado, derecho que debe ser respetado y garantizado durante la tramitación del referido mecanismo de descongestionamiento procesal; pues la víctima o querellante puede ejercerlo por todos los medios legales previstos, una vez tenga conocimiento de la pretensión del imputado a la aplicación de la salida alternativa y del contenido del requerimiento conclusivo formulado por parte del Fiscal de Materia; además del derecho de participar en la audiencia a ser señalada por el juez contralor para el trámite y resolución de procedimiento abreviado. De modo que establecer limitaciones a este derecho de oposición, significaría vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión; entendido como la posibilidad a expresar su disconformidad con una petición, la que puede ser aceptada o no por el juzgador. En este contexto, si los fundamentos de la autoridad fiscal y del imputado no convencen al juzgador de la pertinencia del procedimiento abreviado, o si la oposición fundada de la víctima generó duda en la autoridad judicial respecto a su aplicación, la misma podrá rechazar el procedimiento abreviado a través de una resolución debidamente fundamentada, que contenga argumentos razonables; aclarándose, que una decisión de rechazo que se base en el incumplimiento de la reparación del daño causado, no resulta razonable; puesto que, por una parte, ese aspecto no está previsto entre los requisitos del art. 373 del CPP; y por otra, en caso de declararse procedente el procedimiento abreviado, se emitirá la sentencia condenatoria y la víctima tendrá expedita la vía para reclamar la reparación del daño, mediante el procedimiento establecido en los arts. 382 y siguientes del CPP. En el marco de lo citado, si bien el procedimiento abreviado previsto en el art. 373 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 586, es aplicable a los delitos de violencia familiar o doméstica, su tramitación y resolución deben observar de manera estricta las garantías reforzadas que asisten a las víctimas de violencia, particularmente su derecho a ser notificada, escuchada y a participar de forma efectiva en el proceso penal, conforme a la Ley 348 y a la jurisprudencia constitucional, de modo que, la salida alternativa no puede tramitarse a espaldas de la víctima, porque se vacía de contenido su derecho a una vida libre de violencia.

III.2. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación

La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: ʽToda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertadʼ. Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: ʽ…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que disponeʼ. En Consecuencia, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata.” (las negrillas son nuestras).

III.3. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, al respecto establece que: “…La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: ʽ…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…ʼ. Asimismo, señala que esta clase de violencia: …constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre.

Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.

Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…).

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:

i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…).

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…).

iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (ʽCampo Algodoneroʼ) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.

Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.

iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano (…)” (el subrayado y las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a vivir una vida libre de violencia; puesto que, dentro del proceso penal, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en la cual es víctima, la autoridad judicial ahora accionada, incurrió en omisiones y actuaciones que la colocaron en situación de indefensión, toda vez que, la tramitación y resolución del procedimiento abreviado y el señalamiento de audiencias posteriores, fueron realizadas sin su participación ni notificación efectiva. De la revisión de los antecedentes, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra Óscar Pericón Pantoja por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, se advierte que el 3 de marzo de 2023 la víctima Carla Gabriela Quintana Durán, -accionante-, presentó un memorial ante el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca, mediante el cual se apersonó al proceso y solicitó fotocopias simples de todo el cuaderno procesal correspondiente al expediente 036/2022, consignando en el otrosí tercero domicilio procesal, número de teléfono celular y dirección de correo electrónico; dicha actuación, fue atendida mediante decreto de 6 de marzo de 2023, por el cual la autoridad jurisdiccional tuvo por apersonada a la abogada de la víctima, señalado el domicilio procesal disponiendo que el oficial de diligencias tomara nota de las direcciones electrónicas consignadas (Conclusión II.1.). Posteriormente, el 28 de junio de 2023, se procedió a la radicatoria del proceso penal, una vez subsanadas las observaciones advertidas mediante decreto de 20 de junio del mismo año, disponiéndose asimismo la notificación al Ministerio Público para la remisión de pruebas dentro del plazo de veinticuatro horas. En el marco del referido proceso penal, el 28 de julio de 2023 se llevó a cabo una audiencia de aplicación de procedimiento abreviado ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Cotoca, en instalaciones del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, conforme al plan de descongestionamiento del sistema penal; en dicha oportunidad, se suscribió un acuerdo legal de procedimiento abreviado entre el Ministerio Público, la Defensa Pública, la autoridad judicial y el acusado Óscar Pericón Pantoja, en el cual se acordó la calificación jurídica del hecho como delito de violencia familiar o doméstica, el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado, la renuncia al juicio oral, público y contradictorio y la imposición de una pena privativa de libertad de tres años (Conclusión II.2.). En la misma fecha, se levantó el acta de audiencia de procedimiento abreviado, en la cual la autoridad judicial verificó la instalación del acto procesal y concedió la palabra al representante del Ministerio Público, quien informó sobre la existencia del acuerdo legal suscrito y la aceptación voluntaria del procedimiento abreviado por parte del imputado (Conclusión II.3.). Acto seguido, se dictó la Sentencia 03/2023, mediante la cual el Juzgador declaró acreditada la existencia del hecho y la participación del acusado Óscar Pericón Pantoja en el delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272 bis del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” (Conclusión II.4.). Con posterioridad, el 8 de agosto de 2023, la víctima Carla Gabriela Quintana Durán se apersonó ante el juzgado y tomó conocimiento de la tramitación y resolución del procedimiento abreviado, así como de la existencia de la sentencia emitida. El 10 del mismo mes y año, se emitió providencia judicial mediante la cual se señaló audiencia para considerar una salida alternativa, fijándose su realización para el 14 de agosto de 2023 a horas 12:30. Ante estos hechos, el 11 de igual mes y año, la víctima -accionante- interpuso recurso de acción de libertad, que ahora se analiza, cuestionando la tramitación del procedimiento abreviado y el señalamiento de audiencias posteriores dentro del proceso penal. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1., la jurisprudencia constitucional estableció que el procedimiento abreviado, aun siendo un mecanismo legal de simplificación procesal, no puede ser tramitado al margen de los derechos de la víctima, pues su validez se encuentra condicionada al respeto del derecho a participar en la audiencia y a formular oposición fundada; dicho entendimiento, responde a la necesidad de evitar que las salidas alternativas se conviertan en mecanismos que reproduzcan situaciones de impunidad o invisibilicen la posición de la víctima dentro del proceso penal. En el caso concreto, conforme a los datos del proceso, se evidencia que la exclusión de la accionante del trámite del procedimiento abreviado no constituyó una mera irregularidad formal, sino que implicó la privación de un espacio procesal decisivo en el cual la víctima podía expresar su posición respecto a la forma de conclusión del proceso, al quantum de la pena y a las medidas de protección necesarias para resguardar su seguridad. Esta omisión resultó especialmente grave al tratarse de un proceso por violencia familiar o doméstica, en el cual la normativa constitucional y legal exige un estándar reforzado de protección. Por su parte, conforme al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo, la jurisprudencia constitucional precisó que el derecho a la vida, como bien jurídico tutelado por la acción de libertad, no se agota en la prohibición de su privación arbitraria, sino que comprende la obligación estatal de garantizar condiciones reales y efectivas de seguridad, protección y dignidad; en contextos de violencia de género, este entendimiento adquiere una dimensión reforzada, pues la ausencia de protección o la adopción de decisiones procesales sin considerar la situación de la víctima pueden generar escenarios de riesgo estructural, aun cuando no exista una amenaza física inmediata. Aplicando dicho estándar al caso concreto, se advirtió que la tramitación del procedimiento abreviado y el señalamiento de audiencias posteriores sin la intervención de la víctima afectaron directamente las condiciones mínimas que le permitían ejercer una vida digna y libre de violencia, incrementando su sensación de inseguridad, incertidumbre y desprotección frente a su agresor; en ese sentido, la amenaza al derecho a la vida se configuró desde una dimensión material y preventiva, al haberse omitido adoptar medidas que garantizaran su participación y protección efectiva dentro del proceso penal. Conforme al Fundamento Jurídico III.3., de esta Sentencia Constitucional, la jurisprudencia desarrolló el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el correlativo deber del Estado de actuar con debida diligencia reforzada, enfoque de género y sensibilidad judicial, estableciendo que toda omisión estatal que reproduzca esquemas de exclusión, indiferencia o revictimización constituye una forma de violencia institucional; dicho deber se tradujo, en el ámbito judicial, en la obligación de adoptar decisiones informadas, participativas y protectoras, que no profundicen la desigualdad estructural que afecta a las mujeres víctimas de violencia. En el presente caso, la autoridad judicial accionada omitió considerar la situación de vulnerabilidad de la accionante, al resolver una salida alternativa sin su participación; no obstante, a contar con información suficiente para su notificación y pese a la naturaleza del delito investigado. Esta actuación desconoció el mandato constitucional contenido en el art. 15.III de la CPE, que impone al Estado el deber de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, y trasladó a la víctima las consecuencias de una actuación procesal deficitaria.

En consecuencia, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que las actuaciones cuestionadas vulneraron el debido proceso reforzado que asiste a la accionante, comprometieron su derecho a una vida libre de violencia y afectaron el derecho a la vida en su dimensión material, al impedirle acceder a condiciones efectivas de seguridad, protección y dignidad; en ese marco, la acción de libertad resultó procedente, al evidenciarse una amenaza constitucionalmente relevante que habilitó la intervención directa de la jurisdicción constitucional. De modo que la decisión de conceder la tutela se sustentó en que, en procesos penales por violencia familiar o doméstica, la tramitación de salidas alternativas sin notificación ni participación efectiva de la víctima desconoce el deber de debida diligencia reforzada, vulnera el debido proceso desde una perspectiva de género y genera un escenario de riesgo incompatible con el contenido material del derecho a la vida y a una vida digna, en tales supuestos, la jurisdicción constitucional se encuentra obligada a intervenir para restablecer las formalidades legales y reforzar la protección constitucional debida, sin que resulte exigible el principio de subsidiariedad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 33 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por Carla Gabriela Quintana Durán, en los mismo términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Edson Ángel Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1631_2025-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7a5ac13e57b3709b26412f10e328545cfb71ee13e50805b875775fd5e01d08e2

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