Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el 28 de junio de 2023, solicitó audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239.1 del CPP; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad de 5 de julio de igual año, el Juez ahora accionado, ni el Secretario hoy coaccionado señalaron día y hora para dicho verificativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; ii) La acción de libertad innovativa; iii) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, iv)
Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, respecto al Juez ahora accionado conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
2º Exhortar a Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, a efectos de que en futuras actuaciones evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que amerita la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º DENEGAR la tutela solicitada con relación a José Luis Mamani Flores, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1628/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57935-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Basilio Condo Gutiérrez contra Ricardo Zegarra Coca, Juez y José Luis Mamani Flores, Secretario ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.
El accionante por memorial presentado el 5 de julio de 2023, cursante de fs. 7 a 10, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el 26 de mayo de 2023, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM) de Santa Cruz; posteriormente, el 28 de junio de igual año, de conformidad con el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad, el Juez ahora accionado no señaló día y hora para dicha audiencia. Asimismo, en cuanto al Secretario hoy coaccionado, tampoco emitió el decreto correspondiente a efectos de que se señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva; siendo que, su abogado se apersonó ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, oportunidad en la que “los auxiliares” le indicaron que su solicitud se encontraba en despacho y que, posiblemente la audiencia solicitada sería señalada para el “20 de julio”.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene que el Juez y el Secretario ahora accionados señalen día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva por la concurrencia de nuevos elementos, conforme con lo previsto por el art. 239.1 del CPP.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de julio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 49, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Respecto al informe presentado por el Juez y el Secretario ahora accionados, no es cierto que el decreto de señalamiento de día y hora de audiencia hubiese sido emitido dentro del plazo; puesto que, se hizo seguimiento hasta un día antes a la interposición de esta acción de libertad y revisando el cuaderno de control jurisdiccional dicho decreto no figuraba en ese cuaderno; b) Se señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para el 25 de julio -de 2023-; no obstante, que el art. 239.1 del CPP, establece que dicho verificativo debió realizarse en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin que exista modificación alguna respecto del delito objeto de investigación; y, c) La solicitud de cesación de su detención preventiva fue presentada el 28 de junio de igual año; ya que, el señalamiento de audiencia se fijó prácticamente para un mes después; asimismo, su persona junto a sus abogados se encontraban proporcionando actos investigativos, que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional; ya que, son los principales interesados en que se celebre la audiencia en Cámara Gessel, la cual fue suspendida en dos oportunidades.
Ricardo Zegarra Coca, Juez y José Luis Mamani Flores, Secretario ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 7 de julio de 2023, cursante a fs. 25, manifestaron que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, el nombrado solicitó la cesación de su detención preventiva a través de memorial presentado el 28 de junio de igual año, memorial que mereció en respuesta el decreto emitido dentro de plazo de ley; por el cual, conforme al rol de audiencias se señaló audiencia para el 25 de julio de igual año, a las 15:00 horas.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 50 a 52, concedió -en parte- la tutela solicitada con relación a Ricardo Zegarra Coca, Juez ahora accionado; y, denegó respecto a José Luis Mamani Flores, Secretario hoy coaccionado, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se pudo advertir la existencia de una dilación, debido a que el memorial de solicitud -de cesación de la detención preventiva- fue presentado el 28 de junio de 2023 y si bien se encuentra decretado; sin embargo, se señaló audiencia para el 25 de julio de igual año; es decir, casi un mes después de la presentación de dicho memorial, lo cual no se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el art. 239.1 del CPP, que da un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, en el que todas las autoridades jurisdiccionales tienen para señalar audiencia de cesación de la detención preventiva; ya que, de por medio se encuentra el derecho a la libertad de una persona; 2) Cuando una autoridad -judicial o administrativa- conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad debe ser tramitado con la mayor celeridad o dentro de un plazo razonable; situación que, no sucedió en el presente caso; por lo que, hasta la interposición de la acción de libertad transcurrieron más de seis días a objeto de que el Juez ahora accionado hubiese emitido un decreto; no obstante, tampoco se señaló una audiencia en un plazo razonable dentro de lo previsto por el art. 239.1 del citado Código; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas; por lo tanto, ante la existencia de una dilación en el trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva, impide que se pueda resolver la situación jurídica del accionante que se encuentra privado de libertad, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al Juez ahora accionado; y, 3) Con relación al Secretario hoy coaccionado, se consideró la falta de legitimación pasiva; ya que, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, amplía competencia para que los Secretarios decreten providencias de mero trámite, lo cual no sucede con el señalamiento de una audiencia que debe ser emitida por una autoridad competente; por consiguiente, denegó la tutela solicitada respecto al nombrado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 56 se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de 2025, cursante a fs. 60; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 28 de junio de 2023, ante Ricardo Zegarra Coca Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, mediante el cual Basilio Condo Gutiérrez -hoy accionante-solicitó la cesación de su detención preventiva conforme a lo dispuesto por el art. 239 del CPP (fs. 6 y vta.). II.2. Cursa decreto de 30 de junio de 2023, emitido por el Juez ahora accionado; por el que, se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva en el proceso penal iniciado contra el accionante, para el 25 de julio de 2023, a las 15:00 horas, a llevarse a cabo de manera virtual, indicando que el señalamiento de audiencia se efectuó de acuerdo al rol de audiencias y la carga procesal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz (fs. 41).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el 28 de junio de 2023, solicitó audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239.1 del CPP; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad de 5 de julio de igual año, el Juez ahora accionado, ni el Secretario hoy coaccionado señalaron día y hora para dicho verificativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; ii) La acción de libertad innovativa; iii) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, iv)
Análisis del caso concreto.
La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva. La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reiterando el criterio señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, al respecto establece que: “…la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ʽ…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tuteladosʼ. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ʽ…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemploʼ. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ʽ…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicialʼ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ʽampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completoʼ. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ʽ…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalʼ. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el 28 de junio de 2023, solicitó audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239.1 del CPP; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad de 5 de julio de igual año, el Juez ahora accionado, ni el Secretario hoy coaccionado señalaron día y hora para dicho verificativo. De antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por memorial presentado el 28 de junio de 2023, ante el Juez ahora accionado, mediante el cual el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva conforme a lo dispuesto por el art. 239 del CPP (Conclusión II.1.); Cursa decreto de 30 de igual mes y año, emitido por el referido Juez; por el que, se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva en el proceso penal iniciado contra el accionante, para el 25 de julio del mismo año, a las 15:00 horas, a llevarse a cabo de manera virtual, indicando que el señalamiento de audiencia se efectuó de acuerdo al rol de audiencias y la carga procesal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2.).
En ese contexto, a continuación, se analizará la actuación del Juez y del Secretario ahora accionados a efectos de determinar si vulneraron o no los derechos del accionante. Con relación al Juez ahora accionado Descritos como se encuentran los antecedentes, es preciso remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho opera ante dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad, siendo una de estas que se fije audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; por lo que, de conformidad con el art. 239.1 del CPP, el Juez ahora accionado tenía cuarenta y ocho horas, para señalar audiencia de consideración de la detención preventiva del accionante; sin embargo, fijó ese verificativo aproximadamente un mes posterior a la solicitud realizada, aludiendo la carga procesal y el rol de audiencias, incurriendo de esa manera en una dilación indebida en la atención a la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante. No obstante lo señalado, corresponde señalar que el accionante mediante esta acción de libertad denunció que el Juez ahora accionado no señaló día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva; en ese sentido, conforme a lo mencionado precedentemente, se constata la existencia del decreto de 30 de junio de 2023; por el que, el referido Juez programó ese verificativo para el 25 de julio de igual año, a las 15:00 horas, a llevarse a cabo de manera virtual; asimismo, se aclaró que la citada audiencia fue fijada de acuerdo al rol de audiencias y la carga procesal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, el señalamiento de audiencia reclamado por el accionante fue cumplido, lo cual conllevaría a entender que el objeto de la presente acción de libertad desapareció; sin embargo, dicha presentación no desvirtúa que existió una excesiva dilación en la fecha en la que fue programada la mencionada audiencia; en consecuencia, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada también en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro, se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad.
Respecto al Secretario hoy coaccionado Ahora bien, en cuanto al Secretario ahora coaccionado, el accionante denunció que dicho funcionario de apoyo jurisdiccional vulneró sus derechos; ya que, de conformidad con la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños,
Adolescentes y Mujeres, tenía la facultad de emitir el decreto señalando día y hora de audiencia para la consideración de cesación de la detención preventiva del nombrado; en ese sentido, es necesario precisar que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva en tres supuestos: a) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) Emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En ese sentido y de conformidad con el entendimiento jurisprudencial mencionado; además, de la documental adjunta, de lo informado por el Secretario ahora coaccionado y lo manifestado por el accionante en esta acción de libertad, se advierte que la solicitud del accionante de cesación de la detención preventiva se encontraba en el despacho del Juez hoy accionado, por otro lado, si bien la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres faculta a los Secretarios a emitir decretos de mero trámite, el señalamiento de día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva no resulta ser un decreto de esa característica; en consecuencia, no se encontraba en las funciones y obligaciones que le fueron conferidas por ley, finalmente, tampoco incumplió instrucción alguna por parte del Juez ahora accionado; por lo tanto, y conforme a lo mencionado se concluye que el Secretario hoy coaccionado no cuenta con legitimación pasiva en esta acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela solicitada con relación al nombrado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 50 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, respecto al Juez ahora accionado conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
2º Exhortar a Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, a efectos de que en futuras actuaciones evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que amerita la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º DENEGAR la tutela solicitada con relación a José Luis Mamani Flores, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1628_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): df57c0b89b2e147c3b73dc7443e6e0eb89df338c19469dc20c1764cb428a5122
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