B.IA.LEGAL

SCP 1627/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57690-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes de tutela, denuncian la lesión, del principio de celeridad vinculado a su derecho a la libertad, y el debido proceso, por cuanto, dentro del proceso penal que se les sigue y que cuenta con sentencia en su contra por la comisión del delito de robo agravado, se tiene que la acusación particular presentó recurso de apelación en contra de dicha sentencia, misma que fue respondida por su defensa técnica, habiéndose ordenado, mediante decreto de 19 de junio de 2023, emitido por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, la remisión de la apelación restringida al superior en grado, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, tanto la Secretaria como la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, ahora demandadas, omitiendo cumplir son sus funciones, no remitieron los antecedentes del expediente, generando una dilación excesiva e indebida en la tramitación de su causa; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene la remisión de la apelación restringida interpuesta y su respuesta correspondiente a la Sala Penal que corresponda a efectos de su resolución en lo que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al Principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad y el debido proceso, en relación a Carola Grisel Ayaviri Mamani y Danitza Rebeca Apaza Copa, Secretaria y Auxiliar respectivamente del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que en el día se dé cumplimiento a lo dispuesto por providencia de 19 de junio de 2023, salvo que la misma haya sido cumplida por el transcurso del tiempo, así como la remisión de antecedentes a la instancia administrativa para su procesamiento, es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 2º REVOCAR las sanciones económicas de Bs1 500.-, para la Secretaria y los Bs1 000.-, para la Auxiliar, y llamarse la atención al Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, debiendo abstenerse en futuras actuaciones de determinar el pago de sanciones económicas, conforme lo establecido en el apartado III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1627/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57690-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 27/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sofía Colque Mamani y Adela Quispe Casaza contra Carola Grisel Ayaviri Mamani y Danitza Rebeca Apaza Copa, Secretaria y Auxiliar respectivamente del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de agosto de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., las accionantes de tutela manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes, por la comisión del delito de robo agravado, se emitió la sentencia condenatoria a una sanción de tres años y ocho meses de privación de libertad, sentencia que fue apelada por la acusación particular y que su defensa técnica respondió. En base a lo señalado, se dispuso la remisión del recurso de apelación restringida, por providencia de 19 de junio de 2023, y en coordinación con la auxiliar del juzgado, esta última se negó a remitir el expediente, situación que se configura en una dilación indebida y un perjuicio innecesario, ya que en Salas se demoraría otra cantidad de tiempo para su resolución y las impetrantes de tutela se encuentran detenidas en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina (COF) Obrajes del departamento de La Paz, desde el 11 de marzo de 2022, transcurriendo un año y cinco meses, motivo por el que podrían acceder a algún beneficio penitenciario, pero que se ven afectados sus derechos por falta de ejecutoria de la sentencia. Por tal motivo manifiestan que las demandadas incumplen lo establecido en el art. 135 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no remitir los antecedentes al superior en grado, causando una dilación indebida con su actuación negligente, a sabiendas de la condición que ellas pasan, motivo por el cual considera que se están vulnerando su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de celeridad procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso y principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto de San José de Costa Rica-.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene la remisión de la apelación restringida interpuesta y su respuesta a la Sala Penal que corresponda a efectos de su resolución en lo que en derecho corresponda.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 11, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Las accionantes a través de su abogado se ratificaron íntegramente en la acción de libertad interpuesta y en audiencia manifestaron lo siguiente: a) El 28 de noviembre de 2022 las demandantes de tutela fueron sometidas a un procedimiento abreviado, que cuentan con una sentencia condenatoria de tres años y que se tardó en proceder a las notificaciones, lo cual dio lugar a la interposición de un recurso de apelación restringida, por la acusación particular que fue interpuesta el 16 de mayo de 2023 y que fue respondida por ellas; b) Por providencia de 19 de junio de 2023 se ordenó la remisión de los antecedentes al superior en grado, en el plazo de tres días, en concordancia con lo establecido por el art. 409 del CPP, sin que hasta la fecha la Secretaria y Auxiliar del Juzgado hayan remitido el legajo correspondiente; c) Las peticionantes de tutela son mujeres madres de familia, estando a la fecha de interposición de la acción de libertad, un año y cinco meses privadas de libertad, en el COF Obrajes del departamento de La Paz; por lo que la omisión denunciada por esta acción de libertad ha provocado una dilación grave, al no poder acceder a un beneficio que la ley les franquea, si la sentencia ya estuviera ejecutoriada y el recurso de apelación restringida ya hubiera sido confirmada o denegada; y, d) El art. 135 del CPP señala que el incumplimiento de plazos procesales dará lugar a la responsabilidad disciplinaria del funcionario, que en el caso específico recae en la Secretaria y Auxiliar del Juzgado Octavo de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, quienes incumplieron con el principio de celeridad y el debido proceso, el derecho a la defensa, y a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones, ante la dilación indebida por falta de remisión del expediente a más de tres meses de haberse dispuesto la misma, indicándoles las demandadas que debe presentar un memorial para solicitar la remisión del expediente.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Carola Grisel Ayaviri Mamani, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 18 de agosto de 2023, cursante a fs. 9, señaló que: 1) Por providencia del 19 de junio de 2023 se ordenó la remisión del recurso de apelación restringida la sala de turno, “misma que no se pudo remitir, siendo que en fecha 10 de julio ingreso con memorial, así también en fecha 10 de agosto ingreso memorial 09 de agosto ingreso medial de apersonamiento” (sic); 2) El 14 y 15 de agosto no se pudo remitir el expediente por los conflictos sociales suscitados en El Alto; y, 3) El 17 de agosto de 2023, se bajó el cuaderno, sin embargo, las Salas solo recepcionan expedientes hasta las 12:00, motivo por el cual no se pudo realizar la remisión. Danitza Rebeca Apaza Copa, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 18 de agosto de 2023, cursante a fs. 8, reitera en los mismos términos el informe de la Secretaria del referido Juzgado de Sentencia Penal, desarrollado en el párrafo anterior.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 27/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 12 a 14, concedió la tutela solicitada, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Juez Disciplinario para su respectivo procesamiento; asimismo, al haber generado un perjuicio a las accionantes que son mujeres privadas de libertad, se impuso la sanción económica de Bs1 500.-(mil quinientos bolivianos), para la Secretaria con la finalidad de reparar los daños a las accionantes, y Bs1 000.-(mil bolivianos) para la Auxiliar, que una vez ejecutoriada, se deba hacer el empoce a favor a las accionantes; tal determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Las funcionarias demandadas con criterios similares informaron la existencia del Decreto que ordenó la remisión del recurso planteado el 19 de junio de 2023 y que no se pudo lograr la notificación, además de la interposición de memoriales que han impedido la remisión del indicado expediente; ii) El plazo para la remisión del recurso de apelación está determinada en el plazo de tres días, concordante con lo determinado por el art. 409 del CPP, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se haya realizado dicha remisión; y, iii) la Secretaria al manifestar que la remisión le corresponde a la Auxiliar del Juzgado y esta última al indicar que se realice la presentación de un memorial solicitando la referida remisión, es una situación no se encuentra comprendida en la normativa legal vigente, generando desinformación y un mal trato a las impetrantes de tutela, denegando el acceso a la justicia, incurriendo en retardación de justicia, además que verificado el sistema, no se evidencia sorteo alguno de alguna Sala para conocer la apelación restringida, constituyéndose tales extremos en una falsedad y mofa de la administración de justicia, siendo esta actitud reiterativa por parte de la Secretaria ahora demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa providencia de 19 de junio de 2023 emitido por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, que dispone la remisión de todos los antecedentes ante el superior en grado en el término de tres días, emplazándolos a las partes en comparecer en el plazo de diez días desde su remisión ante dicha instancia (fs. 2). II.2. Por informes escritos de la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, se evidencia la falta de remisión del expediente, corroborada por confesión espontanea de las mismas en el plazo determinado por el art. 409 del CPP. (Fs. 8 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes de tutela, denuncian la lesión, del principio de celeridad vinculado a su derecho a la libertad, y el debido proceso, por cuanto, dentro del proceso penal que se les sigue y que cuenta con sentencia en su contra por la comisión del delito de robo agravado, se tiene que la acusación particular presentó recurso de apelación en contra de dicha sentencia, misma que fue respondida por su defensa técnica, habiéndose ordenado, mediante decreto de 19 de junio de 2023, emitido por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, la remisión de la apelación restringida al superior en grado, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, tanto la Secretaria como la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, ahora demandadas, omitiendo cumplir son sus funciones, no remitieron los antecedentes del expediente, generando una dilación excesiva e indebida en la tramitación de su causa; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene la remisión de la apelación restringida interpuesta y su respuesta correspondiente a la Sala Penal que corresponda a efectos de su resolución en lo que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Ahora bien, resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia.

Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada vs. Bolivia, en el que realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del artículo 19 de la citada CADH.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial en cuanto a la legitimación pasiva, realizando una especial referencia a la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad traslativa, conforme lo siguiente:

«Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades 5El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar a l análisis de fondo de los hechos denunciados”. 8El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derecho fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, 9El FJ III.2, expresa: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constituc ional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado...»[las negrillas son añadidas]

III.3. Análisis del caso concreto

Las impetrantes de tutela en esta acción de libertad denuncian que, la autoridad jurisdiccional dispuso la remisión de los antecedentes del expediente al superior en grado ante la interposición de un recurso de apelación restringida, hasta la fecha de interposición de esta acción, la Secretaria y Auxiliar demandadas no remitieron el expediente a la Sala Penal de turno, generando una dilación excesiva e indebida en la tramitación de su proceso.

En el caso de análisis, las demandantes de tutela han manifestado que, por providencia de 19 de junio de 2023, el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la remisión del expediente al superior en grado ante la interposición de una apelación restringida en el plazo de tres días, como establece el art. 409 del CPP, situación que debía ser cumplida por el personal de apoyo jurisdiccional de dicho juzgado.

Ahora bien y del análisis de los informes de las demandadas, cursante de fs. 8 a 9 se hace evidente que la remisión señalada no fue cumplida por diversas situaciones alegadas por las demandadas, entre ellas la interposición de memoriales el 10 de julio y otro posterior referente a un apersonamiento el 10 de agosto, ambos de 2023, conflictos sociales suscitados el 14 y 15 de agosto de 2023 y la situación de que solo se recepcionan expedientes hasta las 12:00 para su remisión a Salas de turno.

En ese orden de ideas es evidente que se configura una dilación indebida en una situación meramente administrativa, que ha sido ordenada por el Juez titular de dicho juzgado, por lo cual se configura la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, esto en relación a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Resolución, ya que su ámbito de protección radica en la búsqueda de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad traslativa no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida. Es importante señalar que en relación a la legitimación pasiva de servidores de apoyo jurisdiccional, la Jurisprudencia constitucional manifiesta que el personal subalterno del Órgano Judicial no posee está en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derecho fundamentales de las personas, la presente acción de defensa ha sido interpuesta por la falta de remisión del expediente al superior en grado ante la interposición del recurso de apelación restringida por parte de la acusación particular dentro del proceso seguido en contra de las demandantes de tutela al haberse sometido a un procedimiento abreviado y que se ven impedidas de poder acceder a una medida menos gravosa a la detención preventiva al no tener una resolución del recurso planteado, esto por la actitud dilatoria de parte de las funcionarias demandadas, es decir la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, que a pesar de la disposición emitida por el Juez titular del Juzgado, no han cumplido con dicha determinación a casi dos meses de haberse determinado, constituyéndose en una omisión de sus deberes y que lesionan derechos fundamentales de las peticionantes de tutela al encontrarse privadas de libertad en el COF Obrajes del departamento de La Paz y siendo mujeres madres de familia. De la misma manera, constituye un exceso que a pesar que el abogado de las demandantes haya solicitado que, se dé cumplimiento a lo determinado por el Juez en cuanto a la remisión, las mismas hayan indicado que para dicha finalidad deben presentar un memorial solicitando la misma, peor aún si ya se encontraba dispuesta, lo cual afecta de manera evidente la imagen misma de la administración de justicia con dicha actitud renuente en el cumplimiento de sus funciones determinadas. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad traslativa y de pronto despacho respecto a la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, ante la falta de remisión del expediente al superior en grado para la consideración del recurso de apelación restringida, por la demora injustificada en la que incurrieron en la tramitación y tratamiento de la remisión presentada por las accionantes.

III.4. Otras consideraciones

En la presente acción defensa, el Juez de garantías ha determinado en la parte dispositiva de su resolución la remisión de antecedentes ante el Juez disciplinario para su respectivo procesamiento, y el empoce de una suma económica, para la Secretaria Bs1 500.-, y para la Auxiliar Bs1 000.-, situación por demás observable, ya que al haberse remitido antecedentes para su procesamiento ante la instancia disciplinaria, será dicha instancia la que determine la sanción correspondiente, referente a suspensión de funciones o descuento que este determinada por las acciones realizadas, previo procesamiento, motivo por el cual se llama la atención, al Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, al constituirse en un exceso la determinación del pago de montos de dinero, quien en futuras situaciones similares, debe abstenerse de determinar el pago de montos de dinero, al no ser esta la instancia correspondiente para dicha finalidad, y de continuar con esa actitud, se deberán remitir antecedes al ente disciplinario del Consejo de la Magistratura para su consideración. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto al Principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad y el debido proceso, en relación a Carola Grisel Ayaviri Mamani y Danitza Rebeca Apaza Copa, Secretaria y Auxiliar respectivamente del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que en el día se dé cumplimiento a lo dispuesto por providencia de 19 de junio de 2023, salvo que la misma haya sido cumplida por el transcurso del tiempo, así como la remisión de antecedentes a la instancia administrativa para su procesamiento, es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 2º REVOCAR las sanciones económicas de Bs1 500.-, para la Secretaria y los Bs1 000.-, para la Auxiliar, y llamarse la atención al Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, debiendo abstenerse en futuras actuaciones de determinar el pago de sanciones económicas, conforme lo establecido en el apartado III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

4 Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 127.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1627_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 91b4a3318ac44e7171bdb0cc100edc640bece4c045e12fe6bf85aeadf47e19ef

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