Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad; puesto que, el Funcionario Policial hoy accionado hasta la interposición de esta acción de defensa se niega en dar cumplimiento al Oficio 248/2023 de 9 de agosto, emitido por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que dispuso la “verificación domiciliaria” -registro domiciliario- por el nombrado; ya que, al momento de coordinar dicha diligencia, le exigió dos testigos a pesar que su defensa técnica le explicó que el domicilio señalado era nuevo y no cuenta con los mismos; se resistió en cumplir con el indicado Oficio generándole dilación indebida que se vincula con su derecho a la libertad, porque es el único punto que no puede cumplir para obtener su mandamiento de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Principio de celeridad, acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en los mismos términos y con el mismo alcance expuesto por el Juez de garantías. 2° Exhortar que los funcionarios policiales y las autoridades judiciales dentro del presente caso garanticen el cumplimiento estricto de las medidas sustitutivas impuestas, en resguardo del derecho fundamental a la libertad personal de Orlando Floduardo Calderón Delgado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1627/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57922-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Orlando Floduardo Calderón Delgado contra Agapito Acero Mamani, Funcionario Policial.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 42 a 46, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de David Urgel Orne y Limberg Lujan Senzano contra su persona por la presunta comisión del delito de estafa agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación a la agravante del art. 346 bis. del Código Penal (CP), el 20 de marzo de 2023, se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, en la cual la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva. Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que fue concedida por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, bajo las siguientes medidas de carácter personal: la obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana, fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), arraigo y prohibición -de abandonar- el país, fianza juratoria del imputado; y, “Verificación domiciliaria por policía” (sic).
En cumplimiento de esta última medida, se emitió un oficio que estaba dirigido a la “Policía Nacional”, bajo el texto de verificación domiciliaria; empero, ante la negativa del cumplimiento para dicho verificativo mediante memorial se solicitó otro oficio específico; por lo que, la Jueza Técnica de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a cargo de su proceso penal emitió el Oficio 248/2023 de 9 de agosto, dirigido al Funcionario Policial hoy accionado, disponiendo la realización del registro domiciliario. Sin embargo, al momento de coordinar la diligencia, el citado Funcionario Policial, le exigió dos testigos a pesar que su defensa técnica explicó que el domicilio señalado era nuevo; razón por la cual, no se contaba con los testigos exigidos por la Unidad de Registro Domiciliario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). No obstante, el ahora accionado manifestó que no realizaría la verificación domiciliaria sin la presencia de los dos testigos, anunciando incluso que emitiría un informe negativo. Esa negativa, a pesar de la explicación brindada por su defensa técnica, impidió el cumplimiento de la medida sustitutiva dispuesta por la autoridad judicial, generando un obstáculo indebido para el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad otorgado desde el 23 de junio de 2023, en la audiencia de cesación de su detención preventiva, hasta la interposición de la presente acción tutelar. La actuación del Funcionario Policial hoy accionado, al desconocer la naturaleza de la medida sustitutiva dispuesta y exigirle requisitos no contemplados en la orden judicial, derivó en una vulneración directa a su derecho a la libertad; puesto que, la verificación domiciliaria constituía condición indispensable para mantener vigente la cesación de su detención preventiva; por lo que, la negligencia en la ejecución de la orden judicial motivó la interposición de la presente acción tutelar, en resguardo de sus derechos fundamentales comprometidos.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que en el día se realice el verificativo domiciliario, ordenando que sin la necesidad de solicitar testigos ni mayores formalidades, se pueda dar cumplimiento a dicha disposición para obtener el mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de representante sin mandato en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La Unidad de Registro Domiciliario de la FELCC, les pidió diferentes requisitos para cumplir con la verificación domiciliaria, entre ellos dos testigos, los cuales no pueden efectivizarse porque es un domicilio nuevo que fue adquirido ante la cesación de su detención preventiva otorgada; posteriormente, el Asesor legal de la Policía Boliviana les indicó pedir un oficio específico para ese efecto; b) Su proceso penal después de dicha cesación, mediante una acusación fiscal pasó ante la Jueza Técnica de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien emitió el Oficio 248/2023; sin embargo, el Funcionario Policial ahora accionado se negó en efectuar el referido verificativo, resistiéndose en cumplir con una disposición emanada por una autoridad judicial generando una dilación indebida que se vincula con su derecho a la libertad, ya que es el único punto que no pueden cumplir; y, c) Su persona se encuentra ante una situación de completa indefensión, al capricho del Funcionario Policial hoy accionado que no quiere cumplir ese Oficio, refiriendo además que estuviese mal realizado; el objeto no es que se examine si es correcto o no el verificativo domiciliario, puesto que se le determinó su detención domiciliaria; por ello, plantea esta acción de defensa sin agotar el principio de subsidiariedad, ante la actuación negligente del citado Funcionario Policial.
Agapito Acero Mamani, Funcionario Policial, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: 1) Es evidente que se efectuó una audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, donde se dispuso entre las medidas que se realice el registro domiciliario; empero, hay que entender dos parámetros, una es que se efectué una verificación policial; y, otra es el registro domiciliario; ya que, ambas son diferentes, está ultima se la realiza en la Unidad de Registro Domiciliario de la FELCC, con una serie de requisitos conforme al protocolo con el que cuentan; no obstante, el Oficio 248/2023 requiere ese registro; 2) Su autoridad como investigador asignado a ese proceso penal no puede efectuar ni un acto investigativo más conforme a los arts. 297 y 295 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque el mismo se encuentra con una acusación fiscal; demás, el indicado Oficio debió ser dirigido ante la autoridad competente y no así pretender incurrir en error a su persona, obligándole a realizar un registro domiciliario, sujeto a un proceso penal y administrativo, porque para ese actuado existe la referida Unidad; y, 3) Mediante WhatsApp se representó ante la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que ordene y oficie a la Unidad de Registro Domiciliario de la FELCC, con la finalidad de no perjudicarla o perjudicar al accionante; ya que, no se vulneraron sus derechos, ni el principios de celeridad y probidad del nombrado; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 56 a 58, denegó la tutela solicita; bajo los siguientes fundamentos: i) La defensa técnica del accionante pretende tutelar esta acción de libertad con la vertiente de traslativa o de pronto despacho conforme al art 23 de la CPE; asimismo, observó que en el trámite administrativo en primera instancia se ofició a la “Policía Nacional” y en segunda instancia se ofició al Funcionario Policial ahora accionado como investigador asignado al caso mediante el Oficio 248/2023, ordenando que realice el registro domiciliario del accionante; ii) Se le está poniendo una traba al accionante; empero, el mismo cuenta con el control jurisdiccional; además, que en el acta de audiencia de la cesación de la detención preventiva del nombrado, señala verificación domiciliaria por el policía; sin embargo, el mencionado Oficio emitido por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiere registro domiciliario. La verificación domiciliaria habilitara al accionante a que obtenga su libertad y para el registro domiciliario requiere un trámite distinto, con diferentes requisitos que exige el reglamento de la Unidad de Registro Domiciliario de la FELCC; en esta acción tutelar no están siendo accionadas las autoridades judiciales que emitieron el dicho Oficio; iii) El error advertido debe ser legalmente reparado por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del indicado departamento, quien ordenó la verificación domiciliaria; no obstante, si se oficia la verificación domiciliaria deberá ser cumplida por la Policía Boliviana o el Funcionario Policial hoy accionado, sin requisito alguno; empero, si se oficia el registro domiciliario el trámite que requiere es distinto; y, vi) Existe el control jurisdiccional que está a cargo de la indicada autoridad judicial, que imposibilita pronunciarse al respecto, ya que se debe oficiar de manera correcta; así también, el Funcionario Policial al que se dirige ese oficio tiene la obligación de dar cumplimiento sin poner más trabas procesales.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 61 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de diciembre de igual año, cursante a fs. 65; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 23 de junio de 2023, emitida por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; en el que, resolvió aceptar la cesación de la detención preventiva efectuado por Orlando Floduardo Calderón Delgado -hoy accionante-, señalando que una vez cumplidas las siguientes medidas de carácter personal: Obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana, fianza económica de Bs20 000.-; arraigo y prohibición -de abandonar- el país, fianza juratoria del imputado; y, “Verificación domiciliaria por policía” (sic), se disponga el respectivo mandamiento de libertad. Asimismo, conforme establece el art. 251 del CPP, las partes procesales presentaron de manera oral su recurso de apelación (fs. 2 a 6 vta.). II.2. Mediante Oficio 248/2023 de 9 de agosto, dirigido a Agapito Acero Mamani, Funcionario Policial -ahora accionado-; la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, le comunicó que mediante decreto de 3 de igual mes de 2023, se dispuso que por intermedio de su autoridad que está asignado al caso signado con Número de Registro Judicial (NUREJ): 701102022001583, realice el registro domiciliario del acusado -hoy accionante-, sea con las formalidades de ley (fs. 41).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad; puesto que, el Funcionario Policial hoy accionado hasta la interposición de esta acción de defensa se niega en dar cumplimiento al Oficio 248/2023 de 9 de agosto, emitido por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que dispuso la “verificación domiciliaria” -registro domiciliario- por el nombrado; ya que, al momento de coordinar dicha diligencia, le exigió dos testigos a pesar que su defensa técnica le explicó que el domicilio señalado era nuevo y no cuenta con los mismos; se resistió en cumplir con el indicado Oficio generándole dilación indebida que se vincula con su derecho a la libertad, porque es el único punto que no puede cumplir para obtener su mandamiento de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Principio de celeridad, acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señala que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual, exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…”’ (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad; puesto que, el Funcionario Policial hoy accionado hasta la interposición de esta acción de defensa se niega en dar cumplimiento al Oficio 248/2023 de 9 de agosto, emitido por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que dispuso la “verificación domiciliaria” -registro domiciliario-; dicho requisito que le fue otorgado por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del indicado departamento, ante la cesación de su detención preventiva de 23 de junio de 2023; sin embargo, el citado Funcionario Policial le exigió dos testigos para dicho efecto, a pesar que explicó que es un domicilio nuevo y no cuenta con los mismos, se resiste en cumplir con la disposición emanada por una autoridad judicial, generándole una dilación indebida que se vincula con su derecho a la libertad; ya que, es el único punto que no puede cumplir para obtener su mandamiento de libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 23 de junio de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; en el que, resolvió aceptar la cesación de la detención preventiva efectuado por el accionante, señalando que una vez cumplidas las siguientes medidas de carácter personal: Obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana, fianza económica de Bs20 000.-; arraigo y prohibición -de abandonar- el país, fianza juratoria del imputado; y, “Verificación domiciliaria por policía” (sic); se disponga el respectivo mandamiento de libertad. Asimismo, conforme establece el art. 251 del CPP, las partes procesales presentaron de manera oral su recurso de apelación (Conclusión II.1.); por lo que, la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Oficio 248/2023, dirigido al Funcionario Policial ahora accionado, en mérito al decreto de 3 de igual mes de 2023, realice el registro domiciliario del acusado -accionante-, sea con las formalidades de ley (Conclusión II.2.). Bajo ese marco, se advierte que el accionante denuncia que desde el 23 de junio de 2023, que se llevó a cabo su audiencia de cesación de la detención preventiva por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien le otorgó la misma previo cumplimiento de varios requisitos entre ellos la “Verificación domiciliaria por policía” (sic); empero, hasta la interposición de la acción de defensa no puede obtener su mandamiento de libertad y hacer uso de las medidas sustitutivas que le fueron otorgados; ya que, el Funcionario Policial hoy accionado se niega en dar cumplimiento al Oficio 248/2023, que dispuso de manera específica que el nombrado realice el registro domiciliario del accionante; sin embargo, al momento de coordinar dicha diligencia, el citado Funcionario Policial le exigió dos testigos, a pesar que su defensa técnica le explicó que el domicilio señalado era nuevo y no contaba con los mismos, obstaculizando indebidamente el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad, vulnerando el principio de celeridad al desconocer la naturaleza de la medida sustitutiva dispuesta y exigirle requisitos no contemplados en esa orden judicial; negligencia que motivo la interposición de la acción tutelar. En ese entendido, en audiencia de consideración de la acción de defensa el Funcionario Policial hoy accionado a través de su abogado, hizo una diferenciación entre una verificación policial y el registro domiciliario, señalando que ambas son diferentes, y que está ultima “…tiene protocolo y se tiene que presentar una serie de requisitos que le pide la unidad y la división registro de la FELCC…” (sic); sin embargo, el Oficio 248/2023, requiere ese registro que no puede realizarlo porque “…no cuentan con ese servicio…” (sic); además, que esos aspectos puso en conocimiento de la autoridad judicial mediante WhatsApp con la finalidad de no perjudicar al accionante; motivo por el cual, no vulneró sus derechos, ni los principios de celeridad y probidad. En ese marco, y conforme al acta de audiencia de garantías el Juez alegó que se le puso una traba al accionante; ya que, en el acta de la audiencia de cesación de la detención preventiva del nombrado, se señaló verificación domiciliaria por el policía; sin embargo, el Oficio 248/2023 emitido por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiere registro domiciliario, dos figuras diferentes con diferentes requisitos y procedimientos. No obstante, refirió también que dicho Oficio debe ser legalmente reparado por la indicada autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional, ante quien debe acudir el accionante previamente agotando la vía subsidiaria para posteriormente acudir a la vía constitucional, está claro que ante la incongruencia entre lo decidido en audiencia y lo referido en ese Oficio, sobreviene en una posibilidad de efectuar la verificación del domicilio del accionante dispuesto por la autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como finalidad acelerar los trámites judiciales ante una dilación indebida en el proceso penal, siendo un mecanismo idóneo para operar en caso de existir vulneración al principio de celeridad cuando esté relacionada a la libertad de la persona; no obstante, de lo precedentemente expuesto se advierte que no existió vulneración al citado principio, debido a que existió -se reitera- un error en la disposición del Oficio 248/2023, efectuado por la Jueza Técnica del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que dispuso al Funcionario Policial hoy accionado realizar el “REGISTRO DOMICILIARIO” (sic) del accionante; cuando para dicho actuado existe la Unidad de Registro Domiciliario de la FELCC, que conforme a su manual y reglamento, exigen un protocolo con una serie de requisitos; además, que el nombrado no pertenece a dicha Unidad, lo cual imposibilitaba su cumplimiento. Finalmente, al no haberse expuesto la vulneración de sus derechos a la libertad y acceso a la justicia; puesto que, no refiere cómo el Funcionario Policial ahora accionado vulneró los mismos, limitándose en consignarlos, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los mismos, debiendo denegarse la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros términos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en los mismos términos y con el mismo alcance expuesto por el Juez de garantías. 2° Exhortar que los funcionarios policiales y las autoridades judiciales dentro del presente caso garanticen el cumplimiento estricto de las medidas sustitutivas impuestas, en resguardo del derecho fundamental a la libertad personal de Orlando Floduardo Calderón Delgado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1627_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c028fefe7ac6b85039f14507faa4ad24726805087633fbb7bb02bcbd4a7e924a
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