Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de defensa pronta, oportuna y sin dilaciones; por cuanto, dentro del proceso penal instaurado contra de Emilse Roca Vaca por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación, en la audiencia de consideración de medidas cautelares efectuada el 11 de abril de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- no valoró adecuadamente la probabilidad de autoría; en razón de ello, interpuso oralmente recurso de apelación incidental, el cual -según refiere- fue ratificado de manera escrita; sin embargo, la autoridad judicial demandada, desde la audiencia de medidas cautelares hasta la presentación de la presente acción tutelar, no procedió a efectuar la transcripción del verificativo ni remitió los antecedentes al Tribunal de alzada, pese a haber trascurrido ciento diecinueve días; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: Que la autoridad judicial demandada, remita el expediente al Tribunal de alzada en el plazo máximo de veinticuatro horas conforme indica la norma, bajo pena de sanciones de rigor en caso de incumplir la Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/23 de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1626/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57661-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/23 de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ider Fernando Balanta González en representación sin mandato de Juan Carlos Coronel contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación -seguido por el impetrante de tutela contra Emilse Roca Vaca-, el 11 de abril de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- sustanció la audiencia de aplicación de medidas cautelares; -a criterio del accionante- en dicho verificativo la prenombrada autoridad no valoró adecuadamente la probabilidad de autoría; razón por la cual, interpuso oralmente en audiencia recurso de apelación incidental, conforme a lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); indicando que dicho recurso fue posteriormente ratificado de manera escrita dentro del plazo de las setenta y dos horas. Señaló que, desde la realización de la audiencia de medidas cautelares trascurrieron ciento diecinueve días sin que se efectuara la trascripción del verificativo ni se remitieran los antecedentes al Tribunal de alzada, pese a cubrir con los recaudos correspondientes; afirmando que dicha omisión vulneró el debido proceso, tomando en cuenta que la normativa establece el plazo de veinticuatro horas para remitir antecedentes ante la autoridad superior en grado; sin embargo, hasta el momento de haber interpuesto la acción tutelar habían trascurrido más de tres meses sin que se elaborara el acta de la audiencia ni se remitieran los antecedentes, aspecto que -a su entender- denota una clara discriminación.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de defensa pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115.II, 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: Que la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, remita el expediente al Tribunal de alzada en el plazo máximo de veinticuatro horas conforme indica la norma, bajo pena de sanciones de rigor en caso de incumplir la Sentencia Constitucional Plurinacional.
Celebrada la audiencia virtual, el 9 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliandola señaló que: a) Mediante el informe presentado por la autoridad judicial demandada estableció que el Secretario del Juzgado renunció un día después de la audiencia; sin embargo, faltaban dos días para que se cumpla cuatro meses en los cuales no se ha remitido los actuados procesales al Tribunal de alzada; b) Se aportó todos los elementos necesarios para acreditar que la Jueza demandada desbordó todos los términos procesales; y, c) La autoridad judicial demandada hizo caso omiso a las diferentes solicitudes para que remita antecedentes a la autoridad de alzada.
Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 9 de agosto de 2023 cursante de fs. 16 a 17 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en base a los siguientes argumentos: 1) Los hechos que son denunciados por el accionante no guardan coherencia con la naturaleza ni el espíritu de la acción de libertad tomando en cuenta que fue diseñado para la protección de la vida, resguardo de la integridad física, la libertad personal y las personas que crean estar indebida o ilegalmente perseguidas, o consideren que su vida o integridad física se encuentre en peligro; y, 2) El impetrante de tutela carece de legitimación activa para interponer la acción de libertad toda vez que al tener la calidad de víctima y denunciante no ha podido comprobar que su vida o su integridad física se encuentra en peligro con la falta de remisión de la apelación al Tribunal de alzada, ni tampoco ha podido demostrar que se encuentra indebidamente perseguido e ilegalmente procesado, preso o privado de libertad.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 12/23 de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: i) El accionante no ha demostrado que su vida se encontraba en peligro o que este indebidamente procesado o perseguido; y, ii) De acuerdo a las pruebas presentadas por el impetrante de tutela y el informe presentado por la Jueza demandada refirió que tenía la calidad de denunciante razón por la cual carece de legitimación activa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal instaurado por el solicitante de tutela, contra Emilse Roca Vaca por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación el 14 de abril de 2023, presentó recurso de apelación incidental ante la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz –ahora demandada- (fs. 3 a 5 vta.). II.2. Mediante decreto de 17 de abril de 2023 la autoridad judicial demandada establece que el recurso de apelación que antecede ya fue presentado de manera oral en audiencia de 11 del mismo mes y año (fs. 6).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de defensa pronta, oportuna y sin dilaciones; por cuanto, dentro del proceso penal instaurado contra de Emilse Roca Vaca por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación, en la audiencia de consideración de medidas cautelares efectuada el 11 de abril de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- no valoró adecuadamente la probabilidad de autoría; en razón de ello, interpuso oralmente recurso de apelación incidental, el cual -según refiere- fue ratificado de manera escrita; sin embargo, la autoridad judicial demandada, desde la audiencia de medidas cautelares hasta la presentación de la presente acción tutelar, no procedió a efectuar la transcripción del verificativo ni remitió los antecedentes al Tribunal de alzada, pese a haber trascurrido ciento diecinueve días; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: Que la autoridad judicial demandada, remita el expediente al Tribunal de alzada en el plazo máximo de veinticuatro horas conforme indica la norma, bajo pena de sanciones de rigor en caso de incumplir la Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente:
De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
De la revisión de antecedentes del presente fallo constitucional, se advierte que el impetrante de tutela denuncia que, dentro del proceso penal instaurado contra Emilse Roca Vaca por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación, el 11 de abril de 2023 se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares, en dicho acto procesal, la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- no valoró adecuadamente la probabilidad de autoría; en razón de ello interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, la Jueza demandada no efectuó la trascripción del verificativo ni remitió los antecedentes al Tribunal de alzada, pese a haber trascurrido ciento diecinueve días de la audiencia de medidas cautelares. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita; al contrario, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentra comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión denunciado no incida directa o indirectamente con su libertad de locomoción. En ese contexto, del análisis del expediente constitucional y lo manifestado en la audiencia de garantías de esta acción tutelar, se tiene que, Juan Carlos Coronel -ahora accionante- presentó denuncia contra Emilse Roca Vaca por la presunta comisión del delito de racismo y discriminación; en razón de ello, el 11 de abril de 2023, se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares; durante dicho acto procesal, la autoridad judicial demandada concluyo que no se acreditó la probabilidad de autoría; en consecuencia, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental en audiencia de manera verbal en la misma audiencia, ratificándolo posteriormente en forma escrita; sin embargo, la Jueza demandada no remitió los antecedentes ante el Tribunal superior en grado pese al transcurso de ciento diecinueve días (Conclusiones II.1 y 2). En ese marco, aun cuando el accionante solicita la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, debido a la dilación en la remisión del legajo de apelación incidental al Tribunal de alzada, del contenido de la apelación incidental y de los antecedentes del proceso, se advierte que el peticionante de tutela no se encuentra privado de libertad; asimismo ostenta la calidad de denunciante y no existe amenaza actual, real o inminente de restricción a su derecho a la libertad de locomoción. Debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sido constante al señalar que la acción de libertad no es un medio de control general de trámites procesales ni un mecanismo destinado a corregir irregularidades administrativas que no tengan incidencia directa sobre la libertad física; su ámbito de protección es restringido y de aplicación excepcional, y exige la verificación de un vínculo inmediato entre la dilación denunciada y una afectación real o potencial al derecho a la libertad personal; circunstancia que no se configura en el presente caso, pues la impugnación no está orientada a restituir su libertad, sino a obtener un pronunciamiento expedito sobre una apelación. Circunstancia por la cual, en el caso en revisión, al no configurarse el presupuesto esencial para la procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; cual es, que la demora denunciada afecte la libertad personal del solicitante de tutela, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por dilación indebida; máxime cuando la eventual remisión de antecedentes al Tribunal de alzada no tiene la virtualidad de afectar su libertad, elemento indispensable para la activación del mecanismo constitucional; en razón de ello, corresponde denegar la tutela impetrada, al no adecuarse el presente caso a los alcances de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/23 de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1626_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 490291e799304edce2c46220b0085aec7af6a80bba6b0c4e0ff7cd758554f35f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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