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SCP 1625/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57636-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció su derecho a la libertad y al interés superior del niño; en razón que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto de departamento de La Paz -ahora demandada-, en audiencia virtual de medidas cautelares de 15 de agosto de 2023, sin valorar la prueba que acreditaba su estado de embarazo de ocho semanas, dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la prohibición de la activación simultanea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1625/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57636-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Alanoca Alcón en representación sin mandato de Carla Estefanía Chile Huayhua contra Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Cautelar Primera de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 a 12, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, mediante Resolución 303/2023 de 15 de agosto, emitida en audiencia virtual de medidas cautelares, la autoridad judicial demandada, dispuso su detención preventiva por seis meses, sin considerar que se encontraba con ocho semanas de embarazo; dicha medida fue adoptada bajo el único argumento que la prueba presentada en la audiencia virtual no era legible, extremo que no resultaba evidente; toda vez que, la producción de la prueba se realizó conforme al protocolo establecido para audiencias.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al interés superior del niño, citando al efecto el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se revoque la Resolución 303/2023 de 15 de agosto, disponiendo su libertad y las medidas que el Juez de garantías disponga.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 16 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 36 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La autoridad demandada no consideró el estado de gestación de la accionante, pese a la presentación de las ecografías que daban fe de lo señalado, vulnerando lo establecido en el art. 232.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación a la improcedencia de la detención preventiva de las mujeres embarazadas, quienes gozan de asistencia y protección por parte del Estado conforme lo establece la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; y, b) Se encuentra ilegalmente privada de libertad; por lo que, no se aplica el principio de subsidiariedad excepcional, ya que la detención preventiva dispuesta pone en peligro la libertad de la accionante y la vida del ser en gestación, ambos pertenecientes a un sector vulnerable.

I.2.2. Informe de los demandados

Dina Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 16 de agosto de 2023, cursante de fs. 33 a 34 vta., señaló que: 1) Conforme se desprende de la grabación de la audiencia virtual de medida cautelar de 15 de mismo mes y año, se advierte que la accionante socializó una prueba que fue calificada como ilegible; en ese sentido, no correspondía considerarla a efectos de enervar los riesgos procesales; 2) La solicitante de tutela afirmó tener ocho semanas de embarazo; sin embargo, -hasta el presente- no adjuntó prueba documental idónea que demuestre aquella circunstancia; por cuanto fue la misma accionante quien se puso en indefensión, al no presentar los elementos probatorios idóneos conforme su pretensión; 3) Por otra parte, la solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 303/2023, que dispuso la medida cautelar en su contra, la cual se encontraba radicada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz desde el 15 de agosto del mismo año, encontrándose dicho recurso pendiente de resolución, lo que implica que dentro del presente caso se activó de manera paralela esta acción tutelar, sin haber agotado la subsidiariedad que inviste a la acción de libertad, cuando lo que resta es esperar la determinación de la apelación presentada; y, 4) No se demostró que la vida de la accionante se encontraba en riesgo, ni que la misma se encontraba indebidamente procesada; toda vez que, su detención preventiva devino de su imputación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa; y, por no haber presentado prueba idónea para desvirtuar los riegos procesales.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 32/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme la prueba adjunta se estableció que la accionante interpuso recurso de apelación incidental, conforme al art. 251 del CPP, contra la Resolución 303/2023 que determinó su detención preventiva, misma que fue remitida al Tribunal de alzada dentro de término legalmente establecido por ley; ii) El derecho de impugnación de la accionante contra la Resolución 303/2023, no fue restringido o limitado; pues el mismo fue interpuesto y se encuentra en curso y pendiente de resolución ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; situación que le impedía accionar de forma alternativa contra la misma Resolución en la jurisdicción constitucional, ya que no puede existir un doble pronunciamiento al respecto; y, iii) La jurisprudencia constitucional estableció que en los supuestos en los que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad, éstos deben ser utilizados previamente, como ocurrió en el presente caso, circunstancia por la que opera la subsidiariedad excepcional, debiendo estar a la espera de las resultas del recurso de apelación incidental formulado por la accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, en audiencia virtual de medidas cautelares, por Resolución 303/2023 de 15 de agosto, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia virtual de medidas cautelares dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses (fs. 22 a 30 vta.).

II.2. Cursa disco compacto, con la grabación de la audiencia virtual de medidas cautelares de 15 de agosto de 2023; en la que, por informe de secretaría -minuto 00:03:07-, se evidencia que la accionante estaba asistida por el abogado Sergio Vicente Alanoca Alcón (fs. 32). II.3. Por acta de audiencia virtual de medidas cautelares de 15 de agosto de 2023 y grabación de la misma, se establece que la accionante por medio de su abogado Sergio Vicente Alanoca Alcón, en la misma fecha, interpuso recurso apelación incidental contra la Resolución 303/2023 de 15 de agosto conforme lo previsto en el art. 251 del CPP (fs. 22 a 30 vta.). II.4. El 16 de agosto de 2023, por oficio 512/2023, el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remitió al Tribunal de alzada los antecedentes del proceso en fotocopias legalizadas (fs. 31 y vta.). II.5. La presente acción de libertad, fue presentada el 15 de agosto de 2023 a horas 16:18 (fs. 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció su derecho a la libertad y al interés superior del niño; en razón que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto de departamento de La Paz -ahora demandada-, en audiencia virtual de medidas cautelares de 15 de agosto de 2023, sin valorar la prueba que acreditaba su estado de embarazo de ocho semanas, dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la prohibición de la activación simultanea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional

La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado respecto a los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige en la acción de libertad, de acuerdo al siguiente desarrollo:

«El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional». En la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, precisó que:

[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.

Fundamento Jurídico reiterado en la SCP 0983/2025-S3 de 26 de agosto.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, la accionante, denuncia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto de departamento de La Paz -ahora demandada-, en audiencia virtual de medidas cautelares de 15 de agosto de 2023, sin valorar la prueba que acreditaba su estado de embarazo de ocho semanas -por considerarla ilegible-, dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses. Tal determinación, a criterio de la impetrante de tutela, vulnera lo establecido en el art. 232.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación a la improcedencia de la detención preventiva de las mujeres embarazadas, quienes gozan de asistencia y protección por parte del Estado conforme lo establece la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En sentido, conforme la prueba constante en obrados se evidencia que, dentro del proceso penal de referencia, la Jueza demandada, en audiencia de verificación de medidas cautelares, mediante Resolución 303/2023 de 15 de agosto, calificó como ilegible la prueba presentada por la acciónate destinada a acreditar su estado de gravidez, disponiendo en consecuencia la medida extrema de detención preventiva por el plazo de seis meses. Ahora, conforme lo informado por la autoridad jurisdiccional demandada, y que no fue refutado por la accionante, contra dicha resolución, la defensa de la solicitante de tutela, en el mismo acto procesal se interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.2 y II.3); el cual fue remitido a la Sala Penal de turno para su consideración, el 16 de agosto de 2023, es decir, que ello se dio en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.4), conforme a lo dispuesto por el art. 251 del CPP. Consiguientemente, se concluye que la accionante, de manera simultánea activó recurso de apelación en la vía ordinaria, por la misma causa y objeto por la cual fue activada la presente acción de libertad; es decir, cuestionando la Resolución 303/2023, que le impuso la medida cautelar personal de detención preventiva, sin haber valorado la prueba presentada para acreditar su embarazo, pretendiendo se revoque la misma por considerar que es atentatoria a su derecho a la libertad como mujer en estado de gestación y al interés superior de su hijo; activando de manera simultánea la jurisdicción constitucional y ordinaria, en la misma fecha -15 de agosto de 2023 (Conclusiones II.3 y II.5)-. El recurso de apelación presentado de su parte no fue aun resuelto por el Tribunal de apelación, conforme constató el Juez de garantías dentro de su informe y que no fue desvirtuado por la accionante, situación que imposibilita realizar un análisis de fondo de la problemática planteada, esto con el fin de evitar que la activación de la jurisdicción constitucional se convierta en un medio paralelo que genere disfunción procesal, con la emisión de dos resoluciones sobre la misma temática que podrían resultar contradictorias, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1, de esta decisión constitucional, dado que no está permitido la apertura simultánea de ambas jurisdicciones, pues corresponde que la denuncia del accionante sea dilucidada previamente en la vía ordinaria. En relación con la solicitud de flexibilización de la subsidiariedad, si bien se denunció la existencia de un peligro para la vida de la accionante y del nasciturus, no corresponde ingresar a su consideración, toda vez que la propia accionante optó por activar los mecanismos de impugnación en la vía ordinaria, interponiendo el recurso de apelación correspondiente. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las

forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1625_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 99bd8c680e208d2771a70b79cc8e638ff9816532efef230503646c728f15b0bf

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