B.IA.LEGAL

SCP 1625/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Amalia Laura Villca
Expediente
57912-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -ese último al señalar que no se pronunciaron sobre sus agravios-, a la presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, confirmó en su integridad el Auto Interlocutorio 213/2023 de 31 de julio, manteniendo su detención preventiva de la accionante con la única modificación del tiempo de duración, reducido a treinta días; decisión que, no se encuentra fundamentada y motivada conforme lo establece el art. 124 del CPP y fue asumida sin revisar las actuaciones del Juez de primera instancia ni pronunciarse sobre los agravios expuestos en audiencia del recurso de apelación incidental referidos a la no concurrencia de la probabilidad de autoría del delito de concusión y la errónea interpretación del art. 232.III.4 del citado Código por parte de dicho Juez, demostrando que la accionante se encuentra comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva que establece el art.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22-23 de 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 115 vta. a 117 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia disponiendo;

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir a la brevedad posible y sin espera de turno un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1625/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57912-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22-23 de 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 115 vta. a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Laura Andrea Gil Hinojosa en representación sin mandato de Ana Laura Gil Hinojosa contra Edil Robles Lijerón, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 7 de agosto de 2023, cursante de fs. 92 a 97, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) contra Ana Laura Gil Hinojosa -accionante-, por la presunta comisión del delito de concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del Código Penal (CP); el 21 de diciembre de 2022, se puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional el inició de las investigaciones. Posteriormente, El 26 de mayo de 2023, el Fiscal de Materia presentó imputación formal, dándose por acreditado su arraigo natural, no existiendo la concurrencia de los riesgos procesales de fuga previsto por el art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 31 de julio de igual año, celebrada ante el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Tercero, el Fiscal de Materia a pesar de dar por acreditado que su persona es madre soltera y que tiene bajo su cuidado a un niño de tres años de edad, solicitó su detención preventiva por la sola concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previstos por el art. 235.2 del citado Código. En la audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 31 de julio de 2023, se cuestionó la no concurrencia de la probabilidad de autoría respecto del delito imputado por el Fiscal de Materia; además, se fundamentó y presentó prueba consistente en una declaración notarial voluntaria y en el original de la Cédula de Identidad de su hijo menor de edad, elementos que demostraron que su persona se encontraba comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva prevista por el art. 232.9 del CPP, la cual establece que no procede la detención preventiva: “Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que le impide valerse por sí misma”; así también, solicitó se realice una valoración integral del comportamiento de su persona; ya que, por más de siete meses fue sometido a la investigación sin obstaculizar o darse a la fuga, y se señaló que al no existir el riesgo procesal de fuga que amerite ordenar la detención preventiva, sino solo el riesgo procesal de obstaculización, existían medidas cautelares menos gravosas que se podrían aplicar contra su persona; asimismo, presentó documentación médica que acreditó su delicado de salud y que se encontraba bajo tratamiento médico; por lo que, en definitiva, pidió la apliquen medidas cautelares menos gravosas, a efectos de que pueda defenderse en libertad; sin embargo, el Juez de primera instancia dispuso su detención preventiva, sin valorar sus argumentos expuestos ni la prueba presentada, y de manera subjetiva realizó una errónea interpretación de lo establecido por el art. 232.III.4 del citado Código, señalando que el delito de concusión es un delito de corrupción y no uno de carácter común, en el que se pueda considerar la excepcionalidad de tener a su cargo a una persona “menor de un año” para que no proceda la detención preventiva, pudiendo apartarse de ese criterio solo en delitos de corrupción. Además, se tiene que el Juez de primera instancia no analizó de manera integral los antecedentes que dieron lugar a la apertura de la investigación; puesto que, si bien el delito investigado es uno de corrupción; empero, no tiene como resultado la afectación al patrimonio del estado; es decir, no existe una afectación económica al patrimonio de la UAGRM; en tal sentido, no correspondía la aplicación la excepción prevista por el art. 232.III.4 del CPP. Además, considerando lo manifestado por los denunciantes, de que supuestamente su persona les ofreció gestionar un puesto de trabajo en dicha Universidad, y que con esa finalidad les hubiese sonsacado sumas de dinero, esos hechos demuestran que el patrimonio del estado jamás fue afectado; por lo que, no concurre el requisito para que proceda la aplicación de la detención preventiva en delitos de corrupción o vinculados en caso de personas imputadas que estén comprendidas dentro del art. 232.9 del CPP, al no afectarse daño económico al patrimonio de la referida Universidad. En ese sentido, el requisito para la aplicación del art. 232.III.4, del citado Código, relativo al daño económico al Estado no se encuentra presente en el hecho que se investiga; por lo tanto, no procede su detención preventiva, quien a la fecha de interposición de la presente acción de libertad se encontraba ilegalmente privada de su libertad; ya que, a raíz de los hechos que se investigan, si hubiese afectación al patrimonio sería de particulares; por consiguiente, la interpretación realizada por el Juez de la causa en el Auto Interlocutorio 213/2023 de 1 de agosto -siendo lo correcto 31 de julio-, se aparta de lo establecido por el art. 23.1 de la Constitución Política Estado (CPE) y del principio de legalidad, vulnerando la presunción de inocencia prevista por el art. 116.I de la Norma Suprema, así como su derecho a la libertad, entre otros derechos constitucionales. Contra el Auto Interlocutorio 213/2023, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue confirmada en su integridad mediante Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, emitido por el Vocal hoy accionado, manteniendo su detención preventiva, con la única modificación del tiempo de duración, que se redujo a treinta días. En la audiencia del referido recurso de apelación celebrada en la señalada fecha, se expuso como primer agravio, la no concurrencia de la probabilidad de autoría del delito imputado y se fundamentó sobre la errónea interpretación y aplicación del art. 232.III.4 del CPP por el Juez de la causa, demostrando que su persona se encontraba comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva que establece el art. 232.9 del citado Código. Como segundo agravio, se demostró que el Juez de primera instancia de manera subjetiva dejó concurriendo el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del indicado Código, condicionándolo a efectuar dos actos procesales que el Fiscal de Materia debe realizar en el futuro, consistentes en la ampliación de la investigación contra Alberto Soto Paz y se realice una inspección ocular; asimismo, en el mencionado Auto Interlocutorio, dicho Juez de manera subjetiva indicó que se obstaculizaría “sobre” el nombrado, sin indicar cómo lo haría; más aun, teniendo en cuenta que el art. 235 del CPP en su última parte, establece de manera expresa que el peligro de obstaculización no se puede fundarse en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada aportada por el fiscal o el querellante en la audiencia y den razonabilidad suficiente para concluir que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, los argumentos del Juez de primera instancia aparte de ser subjetivos fueron impuestos de manera ultrapetita; puesto que, ni el Fiscal de Materia ni la parte denunciante fundamentaron esos extremos en audiencia; empero, el Juez de la causa incumpliendo lo previsto en la segunda parte del art. 279 del referido Código, incorporó argumentos no expuestos en audiencia y sin fundamentar los motivos, de manera subjetiva dejó concurriendo el riesgo procesal de obstaculización. A pesar de la fundamentación de los agravios expuestos, el Vocal hoy accionado no se pronunció sobre esos extremos y se limitó simplemente a confirmar el Auto Interlocutorio 213/2023, sin cumplir con su deber de revisar las actuaciones del Juez de primera instancia, valorar los agravios planteados y emitir una resolución fundamentada y motivada conforme lo establece el Art. 124 del CPP. Así también, se expuso como agravio que el Juez de primera instancia no realizó un análisis y valoración integral de todos los antecedentes del proceso, así como del comportamiento de su persona antes del proceso, quien no registra antecedentes judiciales ni policiales y se sometió voluntariamente a la investigación preliminar sin ser declarada rebelde; por lo que, existen medidas cautelares personales previstas por el art. 231.1 al 9 del CPP, que pueden cumplir la misma finalidad de la detención preventiva. Además, en la audiencia de sustanciación del recurso de apelación incidental se adjuntó un informe médico forense que demuestra que su persona se encuentra delicada de salud, aspecto que es de conocimiento de las partes procesales; ya que, sufrió una descompensación severa en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, hecho que fue presenciado por el Fiscal de Materia y el abogado de la UAGRM. Ante esos hechos que se constituyen en una verdad material, el Fiscal de Materia y el Abogado de UAGRM solicitaron ante el Vocal hoy accionado la imposición de medidas cautelares personales menos gravosas; sin embargo, dicha solicitud, así como los argumentos expuestos por su persona como apelante no fueron resueltos ni tomados en cuenta por el referido Vocal, quien simplemente se limitó a confirmar el Auto Interlocutorio 213/2023, alegando que se encontraba fundamentado y motivado, sin pronunciarse sobre sus agravios expuestos, apartándose del procedimiento y concediendo el pedido de los “…supuestos compradores de cargos públicos…” (sic) quienes pidieron su detención preventiva con fines extorsivos, siendo que no adquieren la calidad de víctima frente al delito de concusión; puesto que, no se deben considerar sus exposiciones; razón por la cual, manifestaron en todo momento ser víctimas de estafa que no es el delito en cuestión; ya que, la imputación formal y posterior detención preventiva, se constituye en un procesamiento indebido.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -ese último al señalar que no se pronunciaron sobre sus agravios-, a la presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad; citando al efecto los arts. 23.1, 116.I y 180.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental presentado por su persona, confirmando el Auto Interlocutorio de 231/2023 31 de julio, con la sola modificación del tiempo de detención preventiva de treinta días; y, b) Se ordene al Vocal hoy accionado, que en el plazo de veinticuatro horas, convoque a una nueva audiencia del recurso de apelación incidental y emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, respondiendo de manera clara y concreta a cada uno de los agravios expuestos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 115 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó el contenido de la acción tutelar, y ampliándola señaló que: 1) Tiene la guarda absoluta de su hija menor de tres años de edad, circunstancia que no fue respetada; ya que, como madre tiene la obligación de protegerla y darle alimentación; además, al no ser funcionaria pública y considerando los hechos denunciados, no procede la detención preventiva, aspectos que no fueron valorados por el Vocal hoy accionado; 2) No se consideró su estado de salud, ni el hecho de que las demás partes procesales no solicitaron su detención por su condición de madre; y, 3) El citado Vocal ratificó la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP sin emitir fundamentación suficiente.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Edil Robles Lijerón, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 8 de agosto de 2023, cursante a fs. 114 y vta., manifestó que: i) En el memorial de acción de libertad interpuesta no se menciona con claridad que derecho fundamental fue vulnerado, simplemente se hizo un relato genérico de los hechos, sin una fundamentación adecuada; ii) El Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, explicándose claramente las razones de la determinación asumida; iii) Los requisitos establecidos en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que conllevan respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia que debe contener una resolución, fueron cabalmente cumplidos en el referido Auto de Vista; iv) Tampoco se expone de qué manera se vulneraron los derechos a la libertad y a la defensa, ni el principio de legalidad; ya que, se explicaron de manera clara los motivos por los cuales se declaró admisible y procedente parcialmente el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, tomando en cuenta que evidentemente el delito investigado es por concusión inmersa en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz" ; v) Además, se estableció claramente la probabilidad de autoría, sustentada por los elementos de convicción colectados por el Fiscal de Materia; por lo que, no es aplicable lo referido respecto a la improcedencia de la detención preventiva conforme a lo previsto por el art. 232 III.4 del CPP; y, vi) Se indica que no se tomó en cuenta su delicado estado de salud; sin embargo, el Tribunal -de alzada- actuó conforme a las atribuciones establecidas por el art. 398 del citado Código, con relación al art. 235 ter del mismo Código, valorando de manera integral los elementos probatorios ofrecidos por las partes procesales; en ese sentido, con ese razonamiento, se dispuso reducir el tiempo de la detención preventiva del accionante, tomando en cuenta su estado de salud y los actos investigativos pendientes, los cuales fueron debidamente fundamentados tanto por su autoridad, como por el Juez de primera instancia; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 22-23 de 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 115 vta. a 117 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 392 de 4 de igual mes y año, ordenando que, dentro del plazo de veinticuatro horas, el Vocal ahora accionado emita un nuevo auto de vista y sea convocando a las partes procesales a una nueva audiencia o en su defecto pueda emitir un nuevo auto de vista debidamente fundamentada sobre los puntos objeto del recurso de apelación incidental debiendo tomar en cuenta lo establecido por el art. 239.9 del CPP, “…sobre la base de que en este momento existe una duda sobre el tipo penal ya que el mismo estaría en investigación y debe ser más coherente esa resolución en el sentido de que tipo de delito se está aplicando en esta etapa, ya que se estarían vulnerando los derechos y garantías de la parte accionante al existir dudas en el Fiscal, la parte civil, el Juez de Instrucción y el mismo Vocal, se debe tomar en cuenta que la imputada es madre soltera y que tiene a su cargo un hijo menor de edad y el tema de la salud siendo vulnerable” (sic); bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de actuados se tiene que el Vocal hoy accionado no respondió a los puntos objeto de apelación, según lo establecido por el art. 398 del CPP y solo se limitó a señalar que es un delito de corrupción sobre la base de la concusión. En este caso, se estaba cometiendo el delito; empero, no en función de su cargo; por lo que, había denuncia de estafa y no de concusión al ser personas particulares “de la facultad”; asimismo, se evidencia que el hecho fue puesto en conocimiento del responsable de la UAGRM y el Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, formalizo imputación formal por el delito de concusión; b) Se debe observar que el Fiscal de Materia, en audiencia de medidas cautelares mencionó que la accionante tiene un hijo menor de tres años de edad y que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio; aspecto que, tampoco fue tomado en cuenta por el Vocal ahora accionado; además, la accionante estaba por un solo riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del citado Código; c) Al existir duda con relación a la tipificación del delito, tanto en el Fiscal de Materia, la UAGRM, el Juez de primera instancia y el Vocal hoy accionado, cuando mencionan que -el proceso penal- se encuentra en etapa de investigación, en la cual se tienen indicios de responsabilidad o de probable autoría; ella -la accionante- ya no fue funcionaria pública y tampoco se encontraba cometiendo el delito en función de la referida Universidad, y en caso de que el delito fuera por concusión, la misma debe responder y reparar la situación reclamada por la Universidad como víctima, la suma de Bs12 000 (doce mil bolivianos) que deben ser devueltos a la dicha Universidad y no a las víctimas de estafa, quienes entregaron el dinero, por eso existe la duda de cuál sería el delito; en ese sentido, la duda favorece al “imputado” y se tendría que establecer el principio de favorabilidad en favor de la accionante, tomando en cuenta que ninguna de las demás partes procesales, solicitaron la detención preventiva; sin embargo, el Vocal ahora accionado aplicó la letra muerta de la prohibición de la aplicación de esa medida en los delitos de corrupción y confirmó el Auto Interlocutorio 213/2023; empero, se tiene que considerar y verificar el sentido correcto de la etapa de la investigación; por lo que, corresponde conceder la tutela por cuanto el mencionado Vocal no aplicó correctamente y no respondió a los puntos objeto de apelación; d) De la acción de libertad interpuesta y del análisis de los antecedentes, se estableció la existencia de una denuncia por el delito de estafa, presentada por las presuntas víctimas quienes tienen interés legítimo en la tramitación de la causa, la cual dio lugar al inicio de las investigaciones. Esa denuncia al momento de la imputación formal, fue recalificada por el Fiscal de Materia; posteriormente, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez de primera instancia sin que de manera fundada se solicite la medida extrema, dispuso la detención preventiva de la accionante mediante Auto Interlocutorio 213/2013, en el entendido de tratarse de un delito de corrupción, a pesar de justificar que la nombrada se encontraba a cargo de un menor de tres años de edad y que no que tenía a quien más dejar a su pequeño; asimismo, de manera clara se tiene también que la accionante justificó su estado de salud; aspecto que, fue puesto en conocimiento del Vocal hoy accionado, quien sin fundamentar el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, confirmó dicho Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva; a pesar de que el Fiscal de materia realizó la aclaración de que se trataba de un delito denunciado por Estafa; y, e) Si bien la calificación contenida en la imputación formal tiene carácter provisional, debió considerarse que el Fiscal de materia en sus fundamentos no solicitó de manera expresa se disponga la detención preventiva, quien indicó que se trataría de un delito de estafa y que existía la posibilidad de arribar a un acuerdo satisfactorio; argumentos que, no fueron analizados por el Vocal ahora accionado, ni mucho menos respondió a los puntos objeto del recurso de apelación incidental, siendo viable la concesión de la tutela solicitada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 121 se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de 2025, cursante a fs. 125; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 31 de julio de 2023, en la que el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar tercero, mediante Auto Interlocutorio 213/2023 de 31 de julio, dispuso la detención preventiva de Ana Laura Gil Hinojosa -ahora accionante-, en el Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento, por el lapso de sesenta días corridos; posteriormente, ante la solicitud de complementación y enmienda, se emitió el Auto 214/2023 de 31 de julio. Contra el citado Auto Interlocutorio, la accionante a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental (fs. 69 a 78). II.2. Consta Acta de audiencia del recurso de apelación incidental formulada contra la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 4 de agosto de 2023, en la cual Edil Robles Lijerón, Vocal de la Sal Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionado-, emitió el Auto de Vista 392 de igual fecha, mediante el cual declaró admisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio 213/2023; modificando el tiempo de la detención preventiva reduciéndolo a treinta días, disponiendo que el Juez de primera instancia señale audiencia para considerar su situación jurídica para el 31 del mismo mes y año. Asimismo, ante la solicitud de aclaración y complementación realizada por la accionante, dicho Vocal precisó que la mencionada audiencia sea para la referida fecha, a las 9:00 horas (fs. 101 a 112).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -ese último al señalar que no se pronunciaron sobre sus agravios-, a la presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, confirmó en su integridad el Auto Interlocutorio 213/2023 de 31 de julio, manteniendo su detención preventiva de la accionante con la única modificación del tiempo de duración, reducido a treinta días; decisión que, no se encuentra fundamentada y motivada conforme lo establece el art. 124 del CPP y fue asumida sin revisar las actuaciones del Juez de primera instancia ni pronunciarse sobre los agravios expuestos en audiencia del recurso de apelación incidental referidos a la no concurrencia de la probabilidad de autoría del delito de concusión y la errónea interpretación del art. 232.III.4 del citado Código por parte de dicho Juez, demostrando que la accionante se encuentra comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva que establece el art.

232.9 del citado Código; además, el referido Juez de manera subjetiva dejó concurriendo el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del señalado Código y no realizó un análisis ni una valoración integral de todos los antecedentes del proceso penal, del comportamiento de la accionante antes del proceso y que se sometió a la investigación preliminar sin ser declarada rebelde. Finalmente, el Vocal hoy accionado no tomó en cuenta la solicitud de imposición de medidas cautelares personales menos gravosas realizada por el Fiscal de Materia y el representante legal de la UAGRM. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes puntos: 1) La fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, haciendo referencia a jurisprudencia anterior, establece que: “ʽ…el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandadosʼ. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: ʽ…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”ʼ (las negrillas son nuestras). En coherencia con esos entendimientos jurisprudenciales, respecto a de medidas cautelares de carácter personal, se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o las mantenga; en ese sentido, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, mencionando jurisprudencia anterior, indicó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden). La SCP 1083/2014 de 10 de junio, establece que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos pertenecen). La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción; al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -ese último al señalar que no se pronunciaron sobre sus agravios-, a la presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, confirmó en su integridad el Auto Interlocutorio 213/2023 de 31 de julio, manteniendo su detención preventiva de la accionante con la única modificación del tiempo de duración, reducido a treinta días; decisión que, no se encuentra fundamentada y motivada conforme lo establece el art. 124 del CPP y fue asumida sin revisar las actuaciones del Juez de primera instancia ni pronunciarse sobre los agravios expuestos en audiencia del recurso de apelación incidental referidos a la no concurrencia de la probabilidad de autoría del delito de concusión y la errónea interpretación del art. 232.III.4 del citado Código por parte de dicho Juez, demostrando que la accionante se encuentra comprendida dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva que establece el art. 232.9 del citado Código; además, el referido Juez de manera subjetiva dejó concurriendo el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del señalado Código y no realizó un análisis ni una valoración integral de todos los antecedentes del proceso penal, del comportamiento de la accionante antes del proceso y que se sometió a la investigación preliminar sin ser declarada rebelde. Finalmente, el Vocal hoy accionado no tomó en cuenta la solicitud de imposición de medidas cautelares personales menos gravosas realizada por el Fiscal de Materia y el representante legal de la UAGRM. De la revisión de antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público -a denuncia del representante de la UAGRM- contra la accionante por la presunta comisión del delito de concusión, audiencia de aplicación de medidas cautelares de 31 de julio de 2023, en la que el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar tercero, mediante Auto Interlocutorio 213/2023, dispuso la detención preventiva de la accionante, en el Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento, por el lapso de sesenta días corridos; posteriormente, ante la solicitud de complementación y enmienda, se emitió el Auto 214/2023. Contra el Auto Interlocutorio 213/2023, la accionante a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.), consta acta de audiencia del recurso de apelación incidental formulada contra la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 4 de agosto de 2023, en la cual el Vocal hoy accionado, emitió el Auto de Vista 392 de igual fecha, mediante el cual declaró admisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio 213/2023; modificando el tiempo de la detención preventiva reduciéndolo a treinta días, disponiendo que el Juez de primera instancia señale audiencia para considerar su situación jurídica para el 31 del mismo mes y año. Asimismo, ante la solicitud de aclaración y complementación realizada por la accionante, dicho Vocal precisó que la mencionada audiencia sea para la referida fecha, a las 9:00 horas (Conclusión II.2.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática planteada en la presente acción de libertad, se advierte que la accionante precisa como el acto vulneratorio de sus derechos, a las determinaciones asumidas por el Vocal hoy accionado en el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, denunciando que el mismo vulneró entre otros, su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y congruencia, el último por no pronunciarse sobre sus agravios; en ese sentido, con la finalidad de resolver los aspectos denunciados, corresponde contrastar los argumentos expuestos por la accionante en la audiencia del recurso de apelación incidental -que guardan relación con los aspectos hoy denunciados- y lo resuelto en el citado Auto de Vista, a fin de determinar si existe la debida fundamentación, motivación y congruencia. Así se tiene que la accionante señaló como agravios los siguientes: i) El Juez de primera instancia no realizó un control de tipicidad; ya que, la imputación formal realizada por el Fiscal de Materia constituye un agravio directo con relación a la tipicidad por el delito de concusión, al señalar que en las fechas en que -su persona- solicitó dinero ofreciendo cargos, ya no tenía un contrato dentro de la UAGRM y que estaba trabajando de manera voluntaria esperando un contrato al igual que las mal llamadas víctimas. El Fiscal de Materia de manera muy subjetiva presumió que su persona mantuvo y mantiene contacto con el área administrativa de dicha Universidad; por lo que, el señalado Juez hizo una valoración muy sesgada sobre los indicios probatorios, tratando de forzar el tipo penal con relación a la concusión, alegando que en las fechas que cumplía funciones se dieron los hechos, lo que resulta contradictorio con lo expresado por el citado Fiscal de Materia; ii) En el trámite del proceso, se le da el tratamiento -del delito- de estafa, al señalar que todas las víctimas indican que lo único que quieren es que se les devuelva el dinero -entregado a la accionante-; aspecto que, también fue referido por los abogados de la UAGRM en audiencia de medidas cautelares, quienes persiguen la devolución del dinero, situación relativa a un contenido netamente económico; iii) Se reclamó en audiencia de medidas cautelares que no se procesó a las personas que compran ítems o a quienes pudiesen intervenido, como Alberto Soto Paz, a quien estaban destinados los dineros por la compra de los cargos como señalaron los abogados de la UAGRM y de las víctimas, a sabiendas de que el nombrado hubiese participado en el hecho; empero, no se le inició ningún tipo de proceso penal;

iv) Debe ser juzgada con perspectiva de género, por su condición de mujer, estar desempleada y al tener un hijo menor de edad a su cargo, siendo sometida a cirugías por el desgaste que tuvo que sufrir en el proceso, y que al ser ese aspecto de conocimiento de las demás partes procesales pudieron solicitar otra medida que no sea la más extrema como la detención preventiva; v) No se encuentran concurrentes todos los elementos constitutivos del tipo penal de concusión; puesto que, -su persona- no fue funcionaria en el momento en que se suscitaron los hechos, no fungía como dirigente ni simulaba otra función; situación que fue mencionado inclusive por el Fiscal de Materia que haciendo un control de tipicidad, indicó que su conducta no se acomodaría al tipo penal imputado; por lo que, solicita se revoque -el fallo apelado- con relación a la probabilidad de autoría; vi) El Juez de primera instancia dejó concurrente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP; sin embargo, al activar el mismo se aparta de esa norma procesal y aplica otro criterio, actuando de manera ultrapetita. Además, al instruir que el Fiscal de Materia apertura la investigación, lo hace de manera totalmente subjetiva, incumpliendo la última parte de dicho artículo; vii) Se hizo conocer al Juez de primera instancia, que la accionante se encuentra dentro de una de las causales de improcedencia de la detención preventiva, prevista por el art. 232.6 del CPP, para lo cual se adjuntó documentación idónea que demuestra que es madre soltera, tiene un niño de tres años de edad, que está a su cargo y que cursan en el cuaderno procesal una declaración voluntaria; a pesar de ello, dicho Juez se apartó de los principios establecidos en el referido Código, relativo a la excepcionalidad de la detención preventiva, existiendo además otras medidas cautelares que se pueden aplicar y que pueden cumplir la misma finalidad de la detención preventiva; y, viii) No existe el daño económico al Estado, para que se indique que se encontraba dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva. Por su parte, el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023 señaló que: a) Con relación al art. 233.1 del CPP, se tiene que el Juez de primera instancia emitió el Auto Interlocutorio 213/2023 con la debida fundamentación y motivación, señalando que dos personas se apersonaron al Ministerio Público indicando ser víctimas; por lo que, dicho Juez subsumió la conducta -de la accionante- al tipo penal de concusión que se encuentra debidamente acreditado; teniendo en cuenta además, el apersonamiento de dos víctimas de la accionante, quien trabajaría en la Dirección de Carrera de Ingeniería de Alimentos de la UAGRM y les prometió hacerles ingresar a dicha Universidad en calidad de funcionarios administrativos indefinidos, y a cada una les realizó el cobro de la suma de Bs6 000.- (seis mil bolivianos) a cambio de un contrato; así también, se tiene entre otros documentos, al Informe 139/2023 de 11 de abril, emitido por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM, que indica que la accionante tuvo un contrato de consultoría por producto 626/2022 de 25 de abril al 30 de agosto de ese año, como Coordinadora de las actividades de capacitación para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Alimentos; en ese sentido, el indicado Juez argumentó que dicha accionante si fue trabajadora de la UAGRM; por lo que, existiría la probabilidad de autoría y la existencia del hecho vinculado a ella; estando bien fundamentada el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023; ya que, la Ley de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" tiene su rango de aplicación para funcionario público y para ex servidores públicos; habiéndose cumplido a cabalidad lo establecido por el art. 233.1 del CPP al existir elementos suficientes que permiten sostener que la accionante es con probabilidad autora o partícipe del hecho punible; b) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, el Juez de primera instancia señaló que se encontraba latente debido a que la accionante conocía a Alberto Soto Paz, quien hubiese recibido ciertas cantidades de dinero o depósitos en su cuenta que se hubiesen entregado a la nombrada, la cual exigió que las víctimas realicen los depósitos a esa cuenta; en ese sentido, señaló que el nombrado debe responder por su participación y debe estar dentro de las investigaciones; indicando además, que la accionante en libertad podría influenciar sobre dicho ciudadano; ya que, el mismo tendría que prestar su declaración; encontrándose por lo expuesto debidamente fundamentado el citado riesgo procesal; y, c) El plazo de sesenta días porque faltarían dos actos de investigación es bastante tiempo; ya que, la inspección ocular se lo podría realizar en un solo día, así como la ampliación de la investigación contra Alberto Soto Paz; por lo que, se reducirá ese tiempo a treinta días. Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de congruencia, corresponde señalar que el razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional señaló que ese elemento del derecho al debido proceso es entendido como la estricta correspondencia que debe existir entre los aspectos reclamados y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. En ese sentido, considerando los cuestionamientos expuestos por la accionante en la audiencia del recurso de apelación incidental y lo resuelto por el Vocal hoy accionado mediante el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, es evidente la inobservancia de esa correspondencia; ya que, dicho Vocal no se manifestó puntualmente sobre el primer agravio relativo a la falta de control de tipicidad por parte del Juez de primera instancia, debido a que el Fiscal de Materia señaló que en las fechas en que la accionante aparentemente solicitó los dineros a las víctimas ofreciendo cargos, ya no tenía un contrato suscrito con la UAGRM y solo estaba trabajando de manera voluntaria -sin ser funcionaria pública-; por lo que, dicho Juez, hizo una valoración muy sesgada sobre los indicios probatorios, tratando de forzar el tipo penal de concusión alegando que en esas fechas si cumplía funciones en dicha Universidad, lo que resulta contradictorio con lo expresado por el Fiscal de Materia. Al respecto, el Vocal hoy accionado, refiriéndose al art. 233.1 del CPP y para sustentar la probabilidad de autoría, señaló, entre otros aspectos, que dos personas se apersonaron al Ministerio Público indicando ser víctimas; así también, indicó que se apersonaron -se entiende otras- dos víctimas de la accionante a quienes les prometió que hacerles ingresar a la UAGRM en calidad de funcionarios administrativos indefinidos, cobrándoles a cada una la suma de Bs6 000.- a cambio de un contrato; además, manifestó que la nombrada tuvo un contrato de consultoría por producto, vigente del 25 de abril de 2022 al 30 de agosto de ese año, desempeñándose como Coordinadora de las actividades de capacitación para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Alimentos de la referida Universidad; por lo que, si fue trabajadora de la citada Universidad, existiendo la probabilidad de autoría y la existencia del hecho vinculado a la accionante. De la respuesta brindada por el Vocal ahora accionado, no se advierte que la misma se refiera puntualmente sobre lo efectivamente cuestionado por la accionante; ya que, no se cuenta con un dato preciso que indique o demuestre si en las fechas en las que aparentemente ocurrieron los hechos denunciados, la accionante cumplía funciones como funcionaria pública de la UAGRM; en tal sentido, esa falta de correspondencia evidenciada entre los aspectos reclamados y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, conlleva la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; consiguientemente, debe quedar sin efecto el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, correspondiendo al Vocal hoy accionado, emitir un nuevo auto de vista que responda a los verdaderos cuestionamientos expuestos como agravios. Con relación al segundo agravio, en el que la accionante denunció que el delito denunciado en su contra se le dio el tratamiento del delito de estafa -y no de concusión-, a través del cual las víctimas lo único que pretendían fue la devolución del dinero entregado; el Vocal hoy accionado no emitió pronunciamiento alguno; inacción que de igual manera vulnera el derecho al debido proceso, correspondiendo por ese motivo conceder la tutela solicitada con la finalidad de que dicho Vocal emita un criterio puntual al respecto, con la debida fundamentación y motivación. Sobre el tercer y sexto agravio, en los cuales la accionante hizo referencia que no se procesó a las personas que hubiesen intervenido en los hechos como Alberto Soto Paz, a quien se identificó como la persona a la que estaban destinados los dineros por la compra de los cargos, y a pesar de conocer que el nombrado participó en el hecho no se le inició ningún tipo de proceso penal; asimismo, señaló que el Juez de primera instancia dejó concurrente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, apartándose del contenido de esa norma procesal, aplicando otro criterio y actuando de manera ultrapetita; además, al instruir que el Ministerio Público aperture la investigación, lo hizo de manera totalmente subjetiva, incumpliendo la última parte de dicho artículo. Sobre ese reclamo, el Vocal hoy accionado, refiriéndose al contenido normativo del art. 235.2 del CPP, señaló entre otros aspectos, que de acuerdo a lo manifestado por el Juez de primera instancia, ese riesgo procesal se encontraba latente debido a que la accionante conocía a Alberto Soto Paz, quien hubiese recibido ciertas cantidades de dinero o depósitos en su cuenta y que la nombrada exigió que las víctimas realicen los depósitos a esa cuenta; por lo que, el nombrado podría ser influenciado por la accionante debido a que tendría que prestar sus declaraciones. De esa respuesta, se advierte que el Vocal ahora accionado, si bien expuso sus propios razonamientos sobre el riesgo procesal citado; sin embargo, los mismos no guarda la debida compatibilidad con lo verdaderamente reclamado por la accionante en audiencia del recurso de apelación incidental, situación que en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional configura la falta de congruencia del Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, así como la vulneración del derecho al debido proceso, debiendo quedar sin efecto ese fallo con la finalidad de que el Vocal hora accionado responda a lo efectivamente cuestionado en los agravios analizados. Con relación a los demás agravios; el cuarto referido a que debe ser juzgada con perspectiva de género su condición de mujer y tener a cargo un hijo menor de edad, y que podía solicitarse la aplicación de una medida menos gravosa que la detención preventiva; el quinto, en el que se cuestionó que no se encontraban concurrentes todos los elementos constitutivos del tipo penal de concusión, al no ser funcionaria en el momento en que se suscitaron los hechos y que su conducta no se acomodaría al tipo penal de concusión; el séptimo, relativo que pesar de los reclamos expuestos por la accionante de que se encontraba dentro de una de las causales de improcedencia de la detención preventiva, al demostrar que es madre soltera, tiene un niño de tres años de edad, que está a su cargo y que cursan en el expediente una declaración voluntaria sobre esa situación, el Juez de primera instancia se apartó de los principios establecidos en el referido Código, relativo a la excepcionalidad de la detención preventiva, pudiendo aplicarse otras medidas cautelares que cumplían la misma finalidad que la detención preventiva; y, el octavo, referido a que no existía daño económico al Estado, para que se indique que se encontraba dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva.

El Vocal hoy accionado no se manifestó sobre los agravios, quedando los mismos irresueltos y sin ninguna respuesta que los resuelva, situación que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; en ese sentido, se debe conceder la tutela solicitada a través de este medio de defensa constitucional de carácter tutelar, dejando sin efecto el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, con la finalidad de que se emita uno nuevo auto de vista que corrija las omisiones antes advertidas. Debido a la falta de congruencia advertida, no corresponde realizar el examen de la falta de fundamentación y motivación también denunciada, al no encontrarse argumentos sobre los cuales desplegar su análisis; en ese sentido, se debe denegar la tutela solicitada sobre los elementos del derecho al debido proceso. Finalmente, al no fundamentarse adecuadamente la aparente vulneración de los derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad, como efecto de las determinaciones asumidas por el Vocal hoy accionado, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto, debiendo denegarse la tutela sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22-23 de 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 115 vta. a 117 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia disponiendo;

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 392 de 4 de agosto de 2023, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir a la brevedad posible y sin espera de turno un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, igualdad y valoración razonable de la prueba, así como el principio de legalidad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1625_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 79fbf655fa71d29ab2db2c445404b3a6615ae8a2977d89298e47782399734303

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