Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, al debido proceso, al principio de legalidad; al acceso a la justicia, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada, a la igualdad y no discriminación; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor López Huanca por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, el Juez ahora accionado suspendió la audiencia de medidas cautelares de su agresor, que ya se encontraba aprehendido, sin observar plazos, propiciando su posible libertad y colocándola en una situación de mayor vulnerabilidad al omitir convocar a un abogado del SEPDEP para llevar adelante dicha audiencia; habiendo además, cortado el sistema y cerrado la sesión de la Sala virtual cuando su abogada defensora pretendía hacer uso de la palabra para formular el recurso de reposición contra esa decisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad innovativa; 2) De los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género. La debida diligencia; 3) Poder ordenador y disciplinario de las autoridades jurisdiccionales; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos a la vida y a una vida libre de violencia, al debido proceso, por vulneración al principio de legalidad, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada; a la igualdad y no discriminación, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho de acceso a la justicia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Exhortar a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, a que en futuras acciones obre con la debida diligencia y aplique la perspectiva de género y jurisprudencia constitucional para la resolución de las causas puestas en su conocimiento, caso contrario ante la reincidencia en las inobservancias denunciadas en esta acción de libertad, este Tribunal remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efecto del correspondiente procesamiento disciplinario. 4º Exhortar a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de garantías, a que en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional y conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aplicar la normativa y jurisprudencia nacional e internacional con relación a la violencia hacia las mujeres y los mecanismos de protección efectiva en el marco de la debida diligencia y la aplicación de la perspectiva de género, más aun cuando constituye la autoridad que resuelve las problemáticas jurídicas que se presentan respecto de esa materia en el Juzgado que tiene a su cargo.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1623/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57881-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando y Wendy Ximena Condori Navia en representación sin mandato de Maribel Julián Apaza contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
La accionante a través de sus representantes sin mandato, mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 15 a 21, manifestó lo siguiente:
El 9 de abril de 2021, fue agredida físicamente por su ex concubino Néstor López Huanca al resistirse acompañarlo a una reunión de su familia, a pesar de encontrarse en estado gestación de su primer hijo, sufrió golpes de puño en su rostro e intento de ahorcamiento lo que le hizo perder el sentido, tal cual admitió el denunciado; por lo que, al percatarse de su encierro en su vivienda, envió fotografías a sus hermanos para que la ayuden, huyó al día siguiente ante el temor a perder la vida, certificándole el médico forense una incapacidad por seis días. A petición del padre de sus hijos, en “abril” de 2023, fue a la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, para celebrar el cumpleaños de su hijo en una pequeña fiesta; empero, ante la avanzada hora de la noche tuvo que quedarse a dormir en su cuarto en el que tenía dos camas separadas, habiendo intentado su agresor violarla después de ingerir bebidas alcohólicas, resultando golpeada y amenazada de muerte ante su resistencia; por lo que, al conocer que no le permitiría salir con sus dos hijos, aprovechó que fue a comprar pan, escapó con su hijo de tres años de edad; empero, dejó a su hija lactante de diecisiete meses, sin que hubiese logrado su entrega cuando lo llamó horas después, obteniendo un certificado médico forense por tres días de impedimento; fecha desde la cual se encuentra peregrinando su devolución, habiendo sido objeto de un fraudulento proceso de homologación de asistencia familiar que se le inició su agresor, pero fue rechazado. El 21 de agosto de 2023, fue emitida la orden de aprehensión contra el imputado -Néstor López Huanca-; por lo que, acudió a la “Defensoría de la niñez y Adolescencia del Distrito 8” (sic), que se encontraba cerrada y al día siguiente -22 de igual año- a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia de 24 horas” (sic), la acompañaron al domicilio de la madre del demandado a rescatar a su hija menor edad; empero, al no abrirles la puerta, junto a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) se apersonaron “a celdas” para preguntar al aprehendido datos del paradero de la menor de edad, quien refirió que no la entregaría al encontrarse bajo cuidado de su madre, dando la dirección del lugar a donde se apersonaron y nadie les abrió la puerta, generándole preocupación el entorno de su hija al tener a su abuela y tres varones más, uno de los cuales es alcohólico y adicto a la pornografía, constituyendo un peligro constante para la menor de edad que pasó a ser secuestrada con el objetivo de que desista del citado proceso. Presentada la imputación formal por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, el 21 de agosto de 2023, el Juez ahora accionado señaló para el 23 del mismo mes y año; audiencia de medidas cautelares; empero, ante la ausencia del abogado del imputado fue suspendida la misma para el día siguiente, sin considerar los plazos previstos cuando existe un aprehendido, que al notificarse legalmente a su abogado debió convocar a “defensa pública”, por el contrario dio lugar a que se le otorgue su libertad colocándola en una situación de riesgo tanto a su hija como a su persona -accionante-, con peligro inminente para su vida, siendo una conducta ilegal del referido Juez; por otra parte, al momento que su defensora pretendió hacer uso de la palabra para plantear el recurso de reposición y se subsane ese error; empero, se procedió a cerrar la audiencia y el sistema.
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, al debido proceso, al principio de legalidad; al acceso a la justicia, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada, a la igualdad y no discriminación, citando al efecto los arts. 15.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 incs. h) y j) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que: a) El Juez ahora accionado de manera inmediata fije día y hora de audiencia de imputación y medidas cautelares; b) Se asegure la participación de la víctima y su defensa, permita el uso de los recursos que la ley le franquea, sin sacarla a ella ni a su defensa de la audiencia y apagando el equipo; c) Se notifique a la defensa de la víctima en tiempo oportuno, al estar legalmente apersonada; y, d) Se disponga la responsabilidad administrativa y penal al Juez hoy accionado, quien debe reparar el daño moral a la víctima, disponiendo se remitan antecedentes a la Dirección de Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante sin mandato y abogada, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Asumieron conocimiento que la audiencia extrañada fue fijada para el mismo día en el que se estaba desarrollando la presente audiencia de consideración de la acción de libertad, “…a las 3 de la tarde con lo cual podríamos suponer que el objeto de tutela ha desaparecido…” (sic); empero, en tema de mujeres debe aplicarse la perspectiva de género; y, 2) Trataron de hacerle firmar un acuerdo de desistimiento bajo la condición de devolverle a la niña; por lo que, acudieron ante la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, entregándole a la menor “…a horas 7 de la noche…” (sic).
Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 24 de agosto de 2032, cursante a fs. 24 y vta., manifestó que: i) De acuerdo con el art. 125 de la CPE, esta acción de libertad procede cuando una persona este indebidamente procesada o privada de su libertad, lo que no sucede en el caso; ii) Extrañó que al encontrarse presente la abogada defensora de la accionante en la audiencia de 23 del citado mes y año, asumió conocimiento de la notificación al abogado del imputado, disponiéndose que en caso de inasistencia se efectúe el oficio correspondiente ante el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), tal cual se advierte de la grabación de la “audiencia” y transcripción del acta de audiencia suspendida -de medidas cautelares-; y, iii) La víctima y su defensa estuvieron presentes en dicha audiencia. Pidió se declare la “no procedencia” de esta acción de libertad.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Se señaló la realización de la audiencia extrañada para el mismo día -24 de agosto de 2023- encontrándose la víctima -accionante- y su abogada defensora, debidamente notificadas al igual que el abogado del SEPDEP; por lo que, ante la existencia de una imputación formal en la que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del agresor, la víctima tendrá la respuesta que la norma prevé con la finalidad de proteger sus derechos dentro de un ciclo de violencia que de acuerdo con los hechos expuestos, donde prácticamente se retiene a una menor de edad con la finalidad de intimar y hacer que desista del proceso, lo que demuestra una actitud machista del imputado, aspecto que será dilucidado en la audiencia de medidas cautelares; b) Esa audiencia no fue suspendida simple y llanamente, o que excedió superabundantemente el tiempo y se puso en libertad al acusado, ya que, el mismo se encuentra privado de su libertad, debiéndose definirse en la audiencia señalada su situación jurídica; y, c) No se restringió su derecho a interponer los recursos que la ley prevé, expulsándose a la víctima -accionante- y su abogada de la audiencia virtual; por cuanto, esos hechos se generan por falta de señal, cuando no existe capacitación en los operadores de justicia y personal de apoyo jurisdiccional, siendo esa la razón por la que recomendó al Juez ahora accionado a no señalar audiencias de medidas cautelares virtuales; ya que, debe decidirse la situación jurídica de la víctima e imputado con quienes debe tener contacto directo para ver su situación y las circunstancias en las que se encuentran, a efecto de dar una respuesta efectiva.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 34, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de igual mes y año, cursante a fs. 38; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Imputación Formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares, además, de remisión de aprehendido, formulada por el Fiscal de Materia, presentada ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Maribel Julián Apaza -ahora accionante- contra Néstor López Huanca por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Consta decreto de 22 de agosto de 2023, a través del cual fue fijado como fecha de realización de la audiencia virtual de medidas cautelares para el día 23 se similar mes y año (fs. 6); habiendo requerido la accionante se apliquen medidas de protección urgente en su favor (fs. 11 a 12 vta.). II.3. Por memorial presentado el 23 de agosto de 2023, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de la Paz, la accionante amplió los riesgos procesales y pidió la detención preventiva del imputado -Néstor López Huanca- en el Centro Penitenciario San Pedro de La paz (fs. 7 a 10)
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, al debido proceso, al principio de legalidad; al acceso a la justicia, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada, a la igualdad y no discriminación; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor López Huanca por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, el Juez ahora accionado suspendió la audiencia de medidas cautelares de su agresor, que ya se encontraba aprehendido, sin observar plazos, propiciando su posible libertad y colocándola en una situación de mayor vulnerabilidad al omitir convocar a un abogado del SEPDEP para llevar adelante dicha audiencia; habiendo además, cortado el sistema y cerrado la sesión de la Sala virtual cuando su abogada defensora pretendía hacer uso de la palabra para formular el recurso de reposición contra esa decisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad innovativa; 2) De los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género. La debida diligencia; 3) Poder ordenador y disciplinario de las autoridades jurisdiccionales; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0466/2021-S1 de 20 de septiembre, señala que: “El derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, fue precisado en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, cuando indicó: …la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no sólo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no sólo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.
Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: ‘3) El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas’. Por otra parte, en el Título V, Legislación penal, en el Capítulo III, la citada Ley 348 establece los principios procesales (art. 86) que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: ‘2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento’. De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia” (las negrillas nos corresponden).
El art. 13 de la La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificatoria del Código de Procedimiento Penal, estableció la reforma siguiente: “Artículo 339. (PODER ORDENADOR Y DISCIPLINARIO). La jueza, el juez o el presidente del tribunal, en ejercicio de su poder ordenador y disciplinario, deberá: 1. Adoptar las providencias necesarias para mantener el orden y adecuado desarrollo de la audiencia, imponiendo en su caso, las medidas disciplinarias que correspondan a las partes, abogados, defensores, funcionarios, testigos, peritos y personas ajenas al proceso. Tratándose de abogados intervinientes en la audiencia, podrá de forma gradual amonestar, imponer sanción pecuniaria de hasta el 20% de un salario mínimo o disponer su arresto por hasta ocho (8) horas, con la debida fundamentación, conforme a Reglamento; 2. Delimitar con precisión el objeto y finalidad de la audiencia, conforme el Artículo 113 del presente Código;
3. Limitar la intervención a dos (2) abogados cuando exista pluralidad de éstos de cada parte interviniente y establecer el tiempo a ser utilizado por cada uno de ellos en la audiencia, bajo el principio de igualdad;
4. Requerir el auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus decisiones y suspender el debate cuando no sea posible restablecer el orden alterado o se produzca un incidente que impida su continuación;
5. Verificada la inasistencia del fiscal, solicitar su reemplazo al Fiscal Departamental, debiendo reanudar la audiencia en el día, pudiendo habilitar horas inhábiles; y,
6. Ante la inasistencia del abogado defensor, convocar a un defensor de oficio o estatal. La audiencia deberá reanudarse en el día, salvo solicitud expresa del abogado de diferir la audiencia por el plazo máximo de tres (3) días, pudiendo la jueza o el juez habilitar horas inhábiles”.
La accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, al debido proceso, al principio de legalidad; al acceso a la justicia, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada, a la igualdad y no discriminación; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Néstor López Huanca por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, el Juez ahora accionado suspendió la audiencia de medidas cautelares de su agresor, que ya se encontraba aprehendido, sin observar plazos, propiciando su posible libertad y colocándola en una situación de mayor vulnerabilidad al omitir convocar a un abogado del SEPDEP para llevar adelante dicha audiencia; habiendo además, cortado el sistema y cerrado la sesión de la Sala virtual cuando su abogada defensora pretendía hacer uso de la palabra para formular el recurso de reposición contra esa decisión. De los antecedentes aparejados al cuaderno procesal se advierte que, presentada la imputación formal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica contra Néstor López Huanca, el Fiscal de Materia asignado al caso, pidió se aplique al imputado la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de tres meses, ante la existencia de actos investigativos pendientes de realizar, a cuyo efecto solicitó se señale día y hora de audiencia de medidas cautelares, haciendo constar en el Otrosí 1ro. que adjuntaba la declaración del imputado y en el Otrosí 2do., que el imputado se encontraba en celdas de la FELCV en calidad de aprehendido, pretendiendo además la homologación de las medidas de protección (Conclusión II.1.); a ese efecto, el Juez ahora accionado emitió el decreto de 22 de agosto de 2023, fijando la audiencia de consideración de las indicadas medidas cautelares mediante la “Plataforma Virtual (…) CISCO WEBEX”, a las 10:00 horas, del 23 de igual mes y año, solicitando a las partes considerar y dar cumplimiento al Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, decretando a los Otrosíes 1ro. y 2do., que se tenía presente y se esté a lo principal (Conclusión II.2.). Conforme refiere la accionante en su memorial de demanda de esta acción tutelar, elemento fáctico no desmentido en su informe por el Juez ahora accionado: “…instalada la audiencia se evidencia que el abogado de la defensa del imputado no se encuentra en audiencia y de la manera más irrisoria suspende audiencia para el día 24 de agosto, sin considerar los plazos que la ley franquea cuando se tiene un aprehendido, es decir propicia un escenario para otorgarle la libertad siendo que lo lógico es que habiendo sido legalmente notificado su abogado convoque a defensa pública. Dado lugar a que posiblemente el imputado logre su libertad, colocándome en niveles de riesgo no solo a mi persona sino también a mi hija (…) de 17 meses por lo que se tienen un peligro inminente de mi vida por la conducta ilegal del juzgador” (sic [fs. 16 y vta.]); en ese sentido, en observancia de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, de acuerdo con el art. 339.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ante la ausencia del abogado defensor del imputado, quien fue notificado y conocía del señalamiento del día y hora de celebración de la audiencia de medidas cautelares del agresor de la accionante, quien además, de acuerdo con la imputación formal presentada se encontraba en celdas de la FELCV al ser sido aprehendido por el Fiscal de Materia y fue puesto a disposición del Juez de la causa en el plazo de veinticuatro horas, a objeto que en el mismo término se determine la aplicación o no de alguna de las medidas cautelares previstas o por el contrario se disponga su libertad ante la inexistencia de indicios conforme prevé el art. 226 del citado Código, correspondía al Juez ahora accionado convocar a un defensor de oficio y reanudar la audiencia de medidas cautelares en el día, salvo petición expresa, se entiende de quien fue designado abogado de oficio, de diferir la audiencia por tres días. Sin embargo, a pesar del indicado poder ordenador asignado al Juez hoy accionado, quien inclusive podía imponer una multa por inasistencia al abogado defensor de confianza del imputado y sobretodo asignarle un abogado del Estado garantizando el ejercicio de su derecho a la defensa, no ejercitó esas facultades con la finalidad de desarrollar la audiencia de medidas cautelares, asumiendo un rol pasivo y totalmente indiferente, más aun cuando la denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, incluía a una menor de edad de diecisiete meses, cuya madre -accionante- pretendía rescatarla, al encontrarse con su padre -aprehendido,- quien la tenía en su poder; por lo que, todas las autoridades judiciales incluido los sujetos procesales tenían la obligación de actuar dentro del marco de la debida diligencia en todas las etapas del proceso tal cual se indicó en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que no sucedió en el presente caso, olvidando que la obligación adquirida por el Estado boliviano en el marco de la debida diligencia no solo está vinculado al acceso a la justicia y la posibilidad que tiene toda mujer en situación de violencia acudir ante las autoridades judiciales o administrativas para denunciar el hecho de violencia sino también recibir una respuesta efectiva tanto en la investigación, sanción y reparación de sus derechos. Por consiguiente, la conducta omisiva del Juez ahora accionado, vulneró los derechos a la vida y a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada, que son impuestos por los arts. 4.4 y 13 de la Ley 348, como principios rectores al establecer el deber de todos los funcionarios públicos de actuar con prontitud, eficacia y sin dilaciones indebidas en la tramitación de causas vinculadas a violencia de género, inobservancia que obstaculizó el ejercicio de los derechos de la víctima y contravino la obligación de garantizar su protección integral mediante una actuación judicial efectiva y diligente, ante el riesgo de sobrepasar el tiempo que el imputado podía permanecer aprehendido por orden Fiscal, autoridad que seguramente evaluó todas las circunstancias del caso, para disponer proceder con esa medida; y si bien como indica en su informe que le: “…extraña de sobremanera (…) los extremos referidos en la presente acción de libertad, cuando la misma abogada estuvo presente en audiencia de fecha 23 de agosto a horas 10:00 am., siendo que tiene conocimiento de la audiencia reprogramada, así como lo dispuesto en la misma notificación al abogado del imputado y en caso de inasistencia se dispuso los oficios correspondientes por ante defensa pública, conforme cursa la grabación de la audiencia así como la transcripción del acta suspendida” (sic [fs. 24 y vta.]). Lo informado por el Juez ahora accionado, ratifica que su actuación fue omisiva y arbitraria, sin que la justificación brindada deba ser considerada, debiendo adecuar su accionar como autoridad jurisdiccional a lo que las normas legales nacionales, internacionales y el estándar jurisprudencial más alto establecido sobre esta temática por ese Tribunal Constitucional Plurinacional, al formar la accionante y su hija menor de edad parte de la población vulnerable por ser víctima de violencia, mereciendo la protección reforzada que brinda el Estado; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa; puesto que, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad innovativa se activa, aún hubiese cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; ya que, lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también desde una dimensión objetiva, con la finalidad de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. En consecuencia, si bien la audiencia de medidas cautelares fue señalada para el 24 de agosto de 2023, fecha en la que se desarrolló también la presente acción tutelar, aspecto que no fue desmentido ni contradicho, sino por el contrario admitido por la propia accionante a través de sus representantes sin mandato, como ya se explicó, no se observaron los arts. 226 y 339.6 del CPP, en el entendido que el principio de legalidad “…supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma” (SC 0982/2010-R de 17 de agosto), vulnerándose por consiguiente el derecho de la víctima -accionante-, al debido proceso en su elemento principio de legalidad, el mismo que también debe ser reparado. Para finalizar, con relación a la vulneración del derecho de acceso a la justicia, ante la denuncia referida a que el Juez hoy accionado en complicidad con su Secretaria no permitieron que la abogada defensora de la víctima -accionante- formule el recurso de reposición a la decisión asumida de reprogramar la audiencia de consideración de medidas cautelares para el día 24 de agosto de 2023, al cortar el sistema y cerrar la Sala virtual; no se presentó prueba que evidencie dicho aspecto; por cuanto, dicho accionar pudo deberse a una falla en el sistema informático de la Plataforma Virtual “CISCO WEBEX”, tal como mencionó el Juez hoy accionado, lo que determina que respecto a ese derecho deba denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos a la vida y a una vida libre de violencia, al debido proceso, por vulneración al principio de legalidad, a la falta de perspectiva de género y protección reforzada; a la igualdad y no discriminación, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho de acceso a la justicia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Exhortar a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, a que en futuras acciones obre con la debida diligencia y aplique la perspectiva de género y jurisprudencia constitucional para la resolución de las causas puestas en su conocimiento, caso contrario ante la reincidencia en las inobservancias denunciadas en esta acción de libertad, este Tribunal remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efecto del correspondiente procesamiento disciplinario. 4º Exhortar a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de garantías, a que en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional y conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aplicar la normativa y jurisprudencia nacional e internacional con relación a la violencia hacia las mujeres y los mecanismos de protección efectiva en el marco de la debida diligencia y la aplicación de la perspectiva de género, más aun cuando constituye la autoridad que resuelve las problemáticas jurídicas que se presentan respecto de esa materia en el Juzgado que tiene a su cargo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1623_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d93fbe0f1bbf423e13c863c1b34cbd83b6e6ac40ec52d8d0db468d2bf78d330
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →