Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 252/2023 de 11 de agosto, declaró improcedente su recurso de apelación y ratificó su ilegal detención preventiva, impuesta en su contra a través del Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023 de 26 de julio, por la Jueza de la causa, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, sin establecer el plazo, ni justificar su necesidad ni proporcionalidad, lo que devino en su privación de libertad que considera ilegal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital de ese departamento; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Llamar la atención a William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital de ese departamento a que en posteriores remisiones de los antecedentes de las acciones tutelares ante este Tribunal, verifique que los mismos sean en su totalidad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1622/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57864-2023-116-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani y Benjamín German López Cortez en representación sin mandato de Paolo Denilson Contreras Mollinedo contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 11 de agosto de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Paolo Denilson Contreras Mollinedo por la presunta comisión del delito de hurto de minerales, previsto y sancionado por el art. 326 bis del Código Penal (CP), el 26 de julio de 2023, mediante Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023 de 26 de julio, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro dispuso su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, a pesar de existir causal de improcedencia de la citada detención. Al respecto, el art. 232.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señala que no procede la detención preventiva “En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años”; en consecuencia, el delito por el cual fue imputado tiene una pena privativa de libertad de dos a cuatro años, siendo necesario aclarar que si bien solicitó el procedimiento inmediato es posible aplicar el art. 393.5 ter del mencionado Código; señalando que no se dispondrá la detención preventiva en casos de su improcedencia. Añadió que, el Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023, que dispuso su detención preventiva, no estableció el plazo de la misma, “menos su necesidad” sino que, de manera directa ordenó su detención preventiva, estableciendo que no concurre el art. 233.3 de CPP. El 11 de agosto de 2023, el Vocal ahora accionado celebró la audiencia contra el referido Auto Interlocutorio, emitiéndose el Auto de Vista 252/2023 de 11 de agosto, el cual declaró improcedente su recurso de apelación incidental y ratificó su detención ilegal, sin ninguna motivación. Finalmente, precisó que se encuentra privado de libertad por un delito que tiene causal de improcedencia de detención.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su elemento de motivación; citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) Se deje sin efecto el Auto Vista 252/2023 de 11 de agosto, emitido por el Vocal ahora accionado; y, b) El citado Vocal en el plazo de veinticuatro horas emita nuevo auto de vista.
Celebrada la audiencia pública el 12 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 30, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes sin mandato ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Los jueces y vocal deben aplicar el principio de la sana critica para valorar aun de oficio, los derechos, principios y garantías de los imputados, que hubieran sido vulnerados; 2) El Vocal ahora accionado refirió que hubo una afectación al Estado, y por consiguiente, se tendría que tomar el “numeral” del art. 232 del CPP que hace mención a los delitos patrimoniales con penas privativas cuyo máximo legal son inferiores o igual a seis años siempre que no afecte a otro bien jurídico, por cuanto consideró que la ley es clara, ya que el legislador estipula una pena privativa de libertad con un máximo de cuatro años y el art. 232.5 -se entiende del CPP- señala que no procede la detención preventiva; 3) Se suscitó un presunto hecho de hurto de mineral, pues de acuerdo a la imputación formal y acusación fiscal se estuviera tratando de hurtar 20 kg de sustancia rocosa arenosa; por lo que, debemos entender que ni en la acusación, imputación formal y menos en los actos investigativos se demostró que el Estado haya perdido ni 1 kg, ni 1 gramo a instancias de la empresa minera Huanuni, “…no ha salido ni un solo gramo sigue ahí…” (sic), no habiendo afectación al Estado; 4) No existe un informe que cuantifique la pérdida del Estado, es por ello que no se encuentra vinculada la Procuraduría General del Estado en el citado proceso penal, tampoco hay prueba alguna que demuestre la pérdida del Estado, por el supuesto hecho en el cual se lo vincula -se infiere al accionante-; y, 5) Se debe valorar tomando los criterios de favorabilidad, juzgando de acuerdo a lo establecido en la ley, no se puede acomodar la ley para perjudicar a su persona, tratando de sobreponer en cuanto al art. 232.III.4 del CPP, que haya una afectación al Estado. El Vocal ahora accionado mencionó en cuanto a la excepción sobre el art. 232.III.6 del citado Código, está fuera de la norma, no existe norma que refiera que se estipula en ese tipo de delitos.
Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 11 de agosto de 2023, cursante de fs. 16 a 17 vta., y en audiencia señaló que: i) Se desarrollaran dos aspectos. Primer aspecto de la lectura del memorial de la acción de defensa se establece que la misma pretende constituirse en un recurso de tercera instancia en favor del accionante, pretendiendo demostrar la existencia de vulneración al debido proceso, siendo que la protección que otorga la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado sino que queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, de lo contrario debe ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional; ii) La jurisdicción constitucional no puede constituirse de ninguna manera como tribunal de tercera instancia, conforme al art. 125 de la CPE la finalidad de la acción de libertad es resguardar el derecho a la vida puesta en peligro, se constituye en un mecanismo extraordinario de defensa cuya característica en su tramitación es sumario, el accionante pretende que se analicen aspectos que conciernen estrictamente a la jurisdicción ordinaria; ii) Segundo aspecto respecto al fondo del caso, de los antecedentes que fueron remitidos ante el Tribunal de alzada, se tiene el acta de audiencia y del testimonio de apelación, no se advirtió que la defensa técnica del accionante hubiera hecho mención al art. 232.5 del CPP, dicho artículo no fue objeto de debate en el juzgado de origen y menos fue analizado por la Jueza de primera instancia; por lo que, no correspondía exponer como agravio cuestiones que no fueron analizados ante la Jueza de la causa; sin embargo, se dio una respuesta a lo argumentado como agravio en alzada; iii) A lo argumentado por el accionante sobre el art. 232.5 del citado Código de que no procede la detención preventiva en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años, al respecto se debe considerar que este caso se trata de un delito de hurto de minerales por un guardia de seguridad -accionante-; iv) La víctima en ese caso es la empresa minera de Huanuni, siendo afectado el patrimonio del Estado; por lo que, se enmarcaría dentro de la excepción establecido por el art. “232.III. núm. 4 del CPP, que señala: ‘…no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: 4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados’’’ (sic), si bien no se encuentra inmerso en esta excepción el “núm. 5”; empero, se debe tomar en cuenta que en los delitos de contenido patrimonial es aplicable el “núm. 6”, de manera que, el agravio denunciado carece de sustento, se debe tener presente el principio de especificidad normativa, es decir “‘la norma específica será aplicada con preferencia a la norma general’’’ (sic); v) El art. 232.I.6 del CPP, establece que los delitos patrimoniales con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado, esta norma se refiere a los delitos patrimoniales como lo es el delito de hurto de mineral que fue efectuado por un guardia de seguridad privada de la empresa minera de Huanuni comprometiendo el patrimonio del Estado; vi) En cuanto al plazo de la detención preventiva del accionante, se debe tener presente que conforme al Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023, se admitió el procedimiento inmediato, ya que el Fiscal de Materia presentó junto a la imputación formal la acusación formal, por lo que, se entiende que ya se hubiera concluido la etapa de investigación así lo establece el art. 233 del citado Código “…en etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 (…) es decir la existencia de fuga y peligro de obstaculización” (sic) de lo cual se entiende sobre la finalidad del plazo de la detención preventiva que en fase de juicio oral ya no opera el tercer presupuesto del art. 233 del CPP, ya que en esa etapa ya no existen actos investigativos; vii) El Auto Vista 252/2023 se emitió en el marco de la legalidad, respeto a la presunción de inocencia y a la seguridad, no existiendo exposición de vulneración a algún derecho, principio o garantía constitucional; y, viii) La SCP 0413/2023-S3 de 11 de mayo, resuelve un similar caso que es de la empresa minera de Huanuni, respecto al art. 232.5 del CPP, que refiere si es procedente o no es procedente la detención preventiva es el planteamiento que se hizo en ese caso y establecer la procedencia de la detención preventiva en un procedimiento inmediato ante la comisión de delitos de flagrancia, sin requerirse establecer la duración de la detención preventiva por existir acusación fiscal presentada junto con la imputación formal. Por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del citado departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 31 a 34 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Se tiene Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023, mediante el cual el accionante fue imputado quien fungía como guardia de seguridad privada asignado a resguardar los predios de la empresa minera de Huanuni y en cumplimiento de sus funciones habría sido sorprendido por el propio personal de seguridad de dicha empresa sustrayendo mineral de interiores del predio de Santa Elena de la mencionada empresa tras requisarlo se encontró en su poder un saco de color blanco que en su interior se encontraba tres bolsas nylon de color negro cada uno contenía sustancia arenosa con características a mineral con 20 kg; por lo que, se procedió a su aprehensión; b) El referido Auto Interlocutorio señaló que el Ministerio Público solicitó que la detención preventiva sea por el plazo de cinco meses, mencionando que se determinará conforme al procedimiento inmediato, manifestó que resultaría innecesario fijar un plazo; toda vez que, ya se tendría una acusación, dando a entender que el Fiscal de Materia ya contaría con todas las evidencias; por lo que, no correspondería señalar un plazo; c) El Vocal ahora accionado se pronunció al respecto señalando que el Ministerio Público habría presentado conjuntamente a la imputación formal la acusación formal concluyéndose la investigación y en la etapa de juicio oral no existen actos investigativos y que la Jueza de la causa al no disponer el tiempo de la detención preventiva obró conforme a derecho. El accionante en su memorial de acción de defensa alegó que no se estableció el plazo de su detención preventiva, sino fue dispuesto de forma directa y el Vocal hoy accionado mencionó en el Auto de Vista 252/2023, que no sería necesario en concordancia del art. 233 del CPP; d) En cuanto a la detención ilegal el accionante refiere que no se tomó en cuenta el art. 232.5 del indicado Código que establece que no procede la detención preventiva en delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años y el delito por el que fue inculpado tiene una pena de dos a cuatro años, si bien la citada Jueza en el señalado Auto Interlocutorio no se refirió sobre la improcedencia de la detención; sin embargo, en el citado Auto de Vista el Vocal ahora accionado manifestó que el accionante no advirtió en el Juzgado de origen con respecto al art. 232.5 de dicho Código, no fue objeto de debate por lo que no correspondía exponer como agravio en alzada, al respecto el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista 252/2023 fundamentó refiriendo que es un delito que afecta al patrimonio del Estado, que el mismo se enmarcaría dentro de la excepción establecida por el art. 232.III.4 del CPP; y, e) Sobre el plazo de detención preventiva establecido por el art. 233.3 del mencionado Código que refiere a la temporalidad de la medida cautelar y en ese caso el Fiscal de Materia al momento de presentar la imputación formal también presentó la acusación formal en el entendido de que ya no hay necesidad de realizar actos de investigación; puesto que, al accionante se le encontró en flagrancia y al existir acusación se entendió que ya estaría en etapa de juicio oral, público y contradictorio; por lo que, no operaria el tercer presupuesto del art. 233 del CPP en esa fase de juicio; por consiguiente el Vocal ahora accionado en el -Auto Vista 252/2023- cumplió con la debida fundamentación y motivación correspondiente sin advertirse el agravio. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, señaló al Juez de garantías, primero, con respecto al hurto agravado que calificó su autoridad; puesto que la norma refiere que el Fiscal de Materia es el único director de la investigación y el mismo no se puede “meter” en actuados de control jurisdiccional, y su autoridad -Juez de garantías- se puede “meter” en actuados de investigación; segundo, se indicó de que hubo una afectación económica al Estado, se aclare que numeral del art. 233.3 se utilizó para que se mantenga la detención preventiva, ya que simplemente existen los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del CPP. En cuanto a lo mencionado por la Jueza de la causa que el accionante sería un trabajador de la empresa minera de Huanuni, ese aspecto no fue denunciado por el Fiscal de Materia sino se estuviera ingresando al acápite del “326” en cuanto al hecho cometido por socios, trabajadores o empleados dependientes de dicha empresa, de la prueba ofrecida ante la Jueza de primera instancia emitida por la señalada empresa donde se evidencia que el accionante no es trabajador, no tenía un contrato como refiere, fueron palabras vertidas por la citada Jueza y el Vocal ahora accionado. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, indicó en cuanto al plazo, que al presentar el Fiscal de Materia la imputación formal también acompaño la acusación formal debido a que ya no existen actos investigativos que efectuar, al estar en etapa de juicio y para pedir su libertad el accionante debe ser a través de la cesación de la detención preventiva desvirtuando riesgos procesales. Asimismo se tiene claro que el nombrado no es trabajador de la empresa minera de Huanuni, sino que la citada empresa contrató los servicios de seguridad privada para resguardar y cuidar sus predios; empero, el accionante se dedicó a hurtar mineral de propiedad de la indicada empresa que es propiedad del Estado, siendo aprehendido en flagrancia y no está protegido por el art. 232.5 del -CPP-, sino que en ese caso hay excepciones cuando se refiere a patrimonio del Estado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 39 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de ese año, cursante a fs. 43; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación pertinente adjuntada a la acción de libertad;
siendo que la resolución cuestionada por Paolo Denilson Contreras Mollinedo -ahora accionante- es el Auto de Vista 252/2023 de 11 de agosto, emitido por Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionado-; sin embargo, dicho Auto de Vista, no cursa en los antecedentes del cuaderno procesal elevado en revisión; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por la parte accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 2 a 3 vta.) y conforme al Informe presentado por el Vocal ahora accionado (fs. 16 a 17 vta.) y lo manifestado en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa por el referido Vocal (fs. 27 a 28 vta.).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 252/2023 de 11 de agosto, declaró improcedente su recurso de apelación y ratificó su ilegal detención preventiva, impuesta en su contra a través del Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023 de 26 de julio, por la Jueza de la causa, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, sin establecer el plazo, ni justificar su necesidad ni proporcionalidad, lo que devino en su privación de libertad que considera ilegal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0851/2025-S1 de 24 de julio, reiterando el entendimiento asumido por la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señala que: ‘“El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”’ (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 252/2023 de 11 de agosto, declaró improcedente su recurso de apelación y ratificó su ilegal detención preventiva, impuesta en su contra a través del Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023 de 26 de julio, por la Jueza de la causa, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, sin establecer el plazo, ni justificar su necesidad ni proporcionalidad, lo que devino en su privación de libertad que considera ilegal. Siendo establecido el problema jurídico planteado objeto de análisis y de acuerdo al contexto de la presente causa, corresponde resolver de acuerdo a los antecedentes imprecisos señalados por el accionante en su memorial de acción de libertad, del informe y de lo manifestado en la audiencia de consideración de la citada acción tutelar por el Vocal ahora accionado. De la lectura del memorial de acción de libertad del accionante se puede colegir los siguientes agravios en los que habría incurrido el Vocal hoy accionado al emitir el citado Auto de Vista 252/2023:
i) En cuanto a la improcedencia de la detención preventiva (primer agravio)
El accionante al respecto hace referencia al art. 232.5 del CPP que establece “En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años”, sobre la improcedencia de la detención preventiva, alega que el art. 232. III del citado Código señala “Los numerales 4, 6, 7, 8, y 9 del Parágrafo I del presente Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia…”; “ES DECIR QUE EL NUM. 5 DEL ART. 232 DEL C.P.P. NO SE HALLA COMPRENDIDO COMO UNA CUSAL DE NO APLICACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN, SIN REALIZAR EXCEPCION ALGUNA DEL TIPO SINO UNICAMENTE SEÑALA NO PROCEDE LA DETENCION PREVENTIVA Num. 5…” (sic) en los delitos que son sancionados con una pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años, con relación a ello el delito por el que fue imputado por el Ministerio Público tiene una sanción de privación de libertad de dos a cuatro años. ii) Sobre el plazo de la detención (segundo agravio)
El accionante señala que en el Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023 de 26 de julio, la Jueza de la causa al disponer su detención preventiva, “NO SE ESTABLECIO EL PLAZO DE LA DETENCION, MENOS SU NECESIDAD SINO DE FORMA DIRECTA SE DISPUSO MI DETENCION ESTABLECIENDO NO CONCURRENTE EL NUM. 3 DEL ART. 233 DEL C.P.P.” (sic).
Los agravios resueltos por el Vocal hoy accionado en el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023 a) En cuanto a la improcedencia de la detención preventiva (primer agravio)
El Vocal ahora accionado respecto a lo argumentado por el accionante sobre el art. 232.5 del CPP de que no procede la detención preventiva; señaló que se debe tener presente que el caso se trata de un delito de hurto de minerales por un guardia de seguridad, donde la víctima es la empresa minera de Huanuni y al tratarse de una afectación al patrimonio del Estado, este se enmarcaría dentro de la excepción establecida en el art. 232.III.4 del CPP que indica: ‘‘…no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: 4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados.’’ (sic); pues si bien no se encuentra inmerso en esa excepción el “núm. 5”; empero, debe tenerse presente el hecho de que cuando se trata de delitos de contenido patrimonial es aplicable el “núm. 6”; puesto que se afecta el patrimonio de la víctima como es la empresa minera de Huanuni que es de propiedad del Estado; por lo que el agravio denunciado carece de sustento debiendo tenerse presente el principio de especificidad normativa, es decir: ‘‘‘la norma específica será aplicada con preferencia a la norma general’’’ (sic), debido a que el art. 232.I.6 del Citado Código indica que los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado. Esta norma se aplica con relación a los delitos patrimoniales como es el delito de hurto, que deviene del bien jurídico protegido respecto al patrimonio. Esta es la norma específica con relación a los delitos patrimoniales ha sido regulada por el art. 232.III.4 del mencionado Código, como una excepción cuando sean de contenido patrimonial con afectación al Estado. De la referencia del hecho investigado en la presente causa se tiene el hurto de minerales efectuado por un guardia de seguridad privada de la empresa minera de Huanuni; por lo que, a “todas luces” se produjo el daño, comprometiendo el patrimonio del Estado. En ese sentido, el núm. 5 del art. 232.I del CPP, no es aplicable al caso concreto por ser una norma general y la norma específica es el núm. 6 del citado art. 232.I, tratándose de contenido patrimonial que tiene su excepción para aplicar la detención preventiva establecido por el art. 232.III.4 del CPP.
b) Sobre el plazo de la detención (segundo agravio)
El Vocal ahora accionado, en cuanto a lo argumentado por el accionante respecto al plazo de la detención preventiva, se debe tener presente que conforme el Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023, se admite el procedimiento inmediato; asimismo, el Fiscal de Materia habiendo presentado junto a la imputación formal, la acusación formal, se entiende que ya se habría concluido la fase de la investigación y conforme establece el art. 233 del CPP en el último párrafo que ‘“…en etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva deberá acreditar riesgos procesales establecidos en el numeral 2 es decir la existencia de fuga y peligro de obstaculización”’ (sic); de cuya interpretación se entiende, con relación a la finalidad del plazo de la detención preventiva, que en la fase del juicio oral, público y contradictorio ya no opera el tercer presupuesto del art. 233 del citado Código, porque lógicamente en esa fase no existen actos investigativos, por eso el legislador incorporó la penúltima parte; toda vez que, el plazo de la detención preventiva está vinculado esencialmente a la finalidad de los actos de investigación, por lo que la Jueza de la causa al no disponer el tiempo de la detención preventiva obro conforme a derecho, reiterando que al existir una acusación fiscal, se entiende que se ingresó a la etapa de juicio oral, público y contradictorio; debido a lo cual ya no es necesario aplicar el plazo de la detención preventiva como tercer presupuesto del art. 233 del CPP.
Ahora bien, corresponde considerar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que: “…el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; (…) la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar” . Bajo ese contexto jurisprudencial que permite ingresar al análisis de la problemática expuesta, corresponde señalar que en el presente caso, se advierte que el accionante denuncia que planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal 293/2023, emitida por la Jueza de primera instancia; que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; sin embargo, no habría señalado el plazo de su detención; asimismo, alegó que el delito por el cual fue imputado por el Ministerio Público, no procedía su detención preventiva al tener una pena privativa de libertad de dos a cuatro años. Al respecto, el Vocal ahora accionado a través de la emisión del Auto Vista 252/2023, declaró improcedente; por consiguiente, el accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su elemento de motivación; en mérito a ello, del informe del referido Vocal se puede advertir que el razonamiento del Auto de Vista 252/2023 se enmarca dentro de lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional; esto debido a que el Vocal hoy accionado justificó la medida cautelar argumentando que, en virtud del principio de especificidad normativa, el límite de pena de cuatro años (art.
232.I.5 CPP) cede ante la regulación de delitos patrimoniales (art. 232.I.6 CPP), y especialmente ante la excepción de improcedencia prevista en el art. 232.III.4 del mismo cuerpo legal; lo anterior obedece a que el hurto de minerales, al ser cometido contra la empresa minera Huanuni, constituye un delito de contenido patrimonial con afectación directa al Estado, lo cual habilita legalmente la detención preventiva a pesar de la cuantía mínima de la pena; y, porque la misma autoridad jurisdiccional de apelación, estableció que la omisión de fijar un plazo de duración para la detención preventiva no constituye un agravio, debido a que, al haberse presentado la acusación fiscal bajo el marco de un procedimiento inmediato, el proceso se encuentra formalmente en etapa de juicio oral, público y contradictorio; en ese escenario, la finalidad de los actos investigativos feneció; por lo que, conforme al último párrafo del art. 233 del CPP, el presupuesto del plazo determinado ya no es aplicable, debiendo subsistir la medida basada únicamente en los riesgos de fuga y obstaculización propios de la fase de juzgamiento. En ese entendido, corresponde denegar la tutela solicitada. Otras consideraciones
Del análisis del cuaderno procesal remitido en revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del citado departamento, constituido en Juez de garantías, omitió su deber de remitir el Auto Vista 252/2023, documentación que debió ser analizada por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, incumpliendo con lo previsto por el art. 29.4 inc. e) del Código Procesal Constitucional (CPCo). Ante esa irregularidad, corresponde llamar la atención al Juez de garantías a que en posteriores remisiones ante este Tribunal, verifique que sea del total de los antecedentes que correspondan, considerando que ese actuado constituye una pieza procesal importante para la emisión de la correspondiente Sentencia Constitucional Plurinacional, apartándose de la obligación de derivar todos los antecedentes de la presente acción tutelar planteada; sin embargo, por celeridad y economía procesal y con la finalidad de no dilatar se emite el presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital de ese departamento; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Llamar la atención a William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital de ese departamento a que en posteriores remisiones de los antecedentes de las acciones tutelares ante este Tribunal, verifique que los mismos sean en su totalidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1622_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31940f63737b8420600b15c6b4e065553064a60306bc3578816c1cf4c27968b1
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