B.IA.LEGAL

SCP 1621/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
57850-2023-116-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, en sus elementos fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia; y, valoración integral de los medios de prueba; puesto que, encontrándose detenido preventivamente por más de once meses y catorce días en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, solicitó la cesación de dicha medida cautelar adjuntando prueba documental para .

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 63 a 69 vta., pronunciada por la Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Octavo del departamento de Cochabamba, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales
  2. III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP
  3. III.3. El principio de congruencia como elemento sustancial del derecho al debido proceso
  4. III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  5. III.5. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  6. III.6. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1621/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57850-2023-116-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 63 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adelio Huaycho Quispe contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Rosmery Torrez Terrazas, Aleyda Giovana Gómez Iporre y David Gamón Nicolás, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 18 a 35, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP). Al encontrarse recluido por más de once meses y catorce días en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, ante la medida cautelar de detención preventiva dispuesta el 19 de agosto de 2022 por el Juez de Instrucción de Violencia Contra la Mujer Primero de Sacaba del referido departamento; no obstante, al haber solicitado la cesación a dicha medida cautelar por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, aparejando la documentación idónea para enervar el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima previsto por los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los Jueces ahora coaccionados rechazaron su pedido con una motivación arbitraria, incongruente y contradictoria, realizando una valoración probatoria sesgada, alegando que se mantenía firme lo previsto por el art.

.

233.1 del CPP al indicar que en la etapa de juicio oral, público y contradictorio, se dilucidaría lo referente a la autoría, concluyendo respecto del art. 234.7 de dicho Código, que no se desvirtuó el riesgo procesal de fuga con relación a la reacción de la menor de edad frente a un hecho de violencia sexual, apreciación totalmente subjetiva y excesivamente formalista que se aparta del límite de la razonabilidad, de la sana critica prevista por el art. 173 del CPP y es contraria a la realidad jurídica, a pesar que acreditó con bastante prueba literal que no constituía un peligro para la víctima, como establecieron los dictámenes periciales psicológicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 26 de diciembre de 2022 y el que elaboró otro perito de 22 de mayo de 2023, el primero que inclusive generó duda sobre el testimonio de la víctima, que no era autor de delito ni constituía un peligro para la misma, aspectos que no fueron considerados. De igual manera, se manifestó que no desvirtuó el peligro de obstaculización por influir negativamente en los partícipes, testigos y peritos conforme el art. 235.2 del CPP, sin que sea suficiente alegar que la etapa investigativa concluyó y que al presentar prueba testifical, documental y pericial ya no podría obstaculizar la investigación; en ese sentido, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la libertad vinculado al debido proceso por falta de fundamentación y motivación en la resolución emitida y errónea valoración de la prueba, ante la negativa a la cesación de su detención preventiva, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto de 25 de mayo de 2023, que fue resuelto el 12 de junio de ese año por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando la Vocal hoy accionada su improcedencia a pesar de precisar los agravios sufridos con el citado con relación con al art. 233.1 -del CPP-, inexistencia de riesgos de fuga y obstaculización, no se valoró de manera correcta ni razonable las pruebas presentadas, por cuanto dicha Vocal obrando con excesiva rigurosidad manifestó que radicado el proceso en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del referido departamento, se encontraba en etapa de realización de los actos preparatorios de juicio oral, público y contradictorio instancia que debía dilucidar la autoría valorando la prueba producida, para concluir de forma contradictoria que no existía falta de motivación y errónea apreciación de la prueba al no exponer cuál era el error jurídico en el que incurrió el inferior en grado, de qué forma debió valorarse la prueba, no identificó la errónea apreciación de los hechos, las razones de hecho y derecho por las cuales consideraba que esa decisión era equivocada a efecto que puedan analizarse y examinarse el caso. Sobre el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP la Vocal hoy accionada refirió que su persona no identificó ni expuso cuál el error jurídico en el que incurrió el a quo, quien se limitó a indicar que existía una valoración errónea de la prueba, sin referir de qué forma debió ser valorada, tampoco identificó en qué consistía la errónea apreciación de los hechos al no exponer de forma clara y precisa las razones de hecho y derecho por las que considera que la decisión asumida respecto de ese riesgo procesal era .

equivocada; lo que determina que la resolución de la Vocal ahora accionada es arbitraria, infundada e inmotivada al sustentar su decisión en una supuesta carencia de no identificación ni exposición del error lógico jurídico en el que se incurrió, cuando en los hechos su abogado defensor expuso en el recurso de apelación que las razones de su interposición radicaban en la falta de valoración probatoria con relación a los arts. 233.1, 234.7, 235.2 del CPP, resultando arbitrario exigir más allá del límite de la razón y la lógica una explicación sobre el error lógico jurídico en el que incurrió el Juez de primera instancia, de qué forma debió valorar la prueba, como apreció de forma errónea los hechos, las razones de hecho y derecho por las que consideraba que se trataba de una decisión equivocada para que el Tribunal de alzada pueda ingresar analizar el caso.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, en sus elementos fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia; y, valoración integral de los medios de prueba; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) El restablecimiento de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad; y, b) La anulación del Auto de Vista de 12 de junio de 2023, disponiendo que la Vocal ahora accionada emita una nueva resolución en el término de cuarenta y ocho horas de su legal notificación conforme los fundamentos expuestos, en cumplimiento de los principios constitucionales y jurisprudencia citada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 62, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 10 de agosto de 2023, cursante de fs. 56 a 60 vta., manifestó que: 1) El Juez de garantías está impedido de efectuar una interpretación de la legalidad ordinaria .

que es realizada con plena jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales ordinarios; por lo que la acción de libertad no constituye una instancia procesal más de revisión de las resoluciones cuestiones, pretendiendo que la jurisdicción constitucional asuma atribuciones que no le competen; 2) El accionante omite explicar a partir de qué acciones o fundamentos se violentaron sus derechos, no explicó por qué esa argumentación no es correcta o resulta irracional, por qué se aparta de los marcos legales de la sana crítica y equidad previsibles para decidir, además debe considerarse que la competencia de un Tribunal de alzada, limitándose su labor a verificar si el Juez de primera instancia cumplió o no con las reglas establecidas en el art. 173 del CPP; 3) En el Auto de 12 de junio de 2023 se consideraron los preceptos legales pertinentes, se realizó una valoración pertinente para establecer la procedencia o improcedencia del recurso formulado, observando un debido proceso, el derecho a la libertad y principios rectores, siendo pronunciado en estricta observancia de los art. 234, 235 y 398 del CPP, además de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, estableciendo que los fundamentos del Juez de la causa son acertados con relación a la probabilidad de autoría; 4) El accionante manifestó que existen suficientes elementos probatorios que desvirtúan la probabilidad de autoría, refiriéndose los dos informes psicológicos de la víctima y su persona, los que no se valoraron en la etapa procesal oportunamente; empero, como el proceso se encuentra en etapa de juicio oral, público y contradictorio, y la construcción de este presupuesto procesal fue establecido ante la presentación de diferentes medios probatorios con los cuales el Ministerio Público fundamentó la concurrencia de la probable autoría del accionante, no se dio curso al recurso de apelación, efectuando una adecuada fundamentación y motivación sin vulnerar el derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante; 5) Con relación al peligro de fuga previsto por el art. 235.2 del CPP, el accionante no efectuó mayor fundamentación sobre ese agravio, limitándose a realizar un reclamo general, aspecto que no puede ser suplido por el Tribunal de alzada, ya que de acuerdo con el art. 398 del CPP, los mismos se limitan a los aspectos cuestionados en el fallo impugnado, debido a lo cual no es evidente que se hubieren privilegiado formalismos ante este presunto agravio alegado; y, 6) Respecto a que no aplicó los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona, al haberse declarado la improcedencia del recurso de apelación, existe una imposibilidad de aplicarlos, careciendo de mérito lo reclamado. Solicitó se deniegue la tutela pretendida. Rosmery Torrez Terrazas, Aleyda Giovana Gómez Iporre y David Gamón Nicolás, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe de 10 de agosto de 2023 cursante de fs. 49 a 50 vta. manifestaron que: i) Se tienen sentencias constitucionales referidas a la garantía del debido proceso en su elemento juez natural, competente, independiente e imparcial, que tanto los derechos del imputado como la víctima deben encontrar equilibrio respetando los lineamientos del Código de Procedimiento Penal, al ser importante para el sistema procesal penal la libertad del ciudadano y la seguridad de la sociedad, y los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva; y, ii) Del confuso .

memorial de acción de libertad se advierte que la pretensión del accionante es crear una tercera instancia de apelación, encontrándose el Auto de 25 de mayo de 2023, debidamente ejecutoriada, al ser confirmado en apelación, observando el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal. Pidieron se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Octavo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 06/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 63 a 69 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) La víctima es una adolescente mujer que por su situación de vulnerabilidad goza de toda la protección que la normativa de internacional y nacional otorga, por lo que merece un trato preferente, lo que determina que la fundamentación efectuada por las autoridades hoy accionadas sea el correcto y coherente con los datos del proceso, sin que el nuevo elemento que acompaña la parte accionante en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, relacionado con las pericias psicológicas, sea suficiente para asumir dicha medida; puesto que se requiere considerar la situación de la víctima y su estado de vulnerabilidad; y, b) Se respondió de manera coherente a los fundamentos de la defensa, sin que sea evidente la falta de fundamentación y motivación en esa decisión, al aplicarse el enfoque interseccional autorizado por la normativa interna e internacional, cuya aplicación es obligatoria, ante la vulnerabilidad de la víctima, pues asumir su protección resulta ser correcto, encontrándose la resolución emitida debidamente fundamentada sin ningún sesgo ni prejuicio.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 80 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre de igual año, cursante a fs. 84; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

.

II.1. Consta el Acta de Audiencia de Aplicación de Medidas Cautelares y Resolución de 19 de agosto de 2022 dentro de la etapa preparatoria de juicio seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contra Adelio Huaycho Quispe -ahora accionante- por la presunta comisión del delito previsto en el art. 308 Bis del CP, por la que el Juez de Instrucción de Violencia Contra la Mujer Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva del accionante por el periodo de seis meses en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, a cuyo efecto se ordenó la extensión del mandamiento de detención preventiva contra del accionante; se procedió a ratificar y homologar las medidas de protección asumidas en aplicación del art. 389 ter del CP modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 2 a 9). II.2. Cursa Acta de Consideración de Solicitud de Cesación a la Detención Preventiva y el Auto de 25 de mayo de 2023, pronunciado por el Rosmery Torrez Terrazas, Aleyda Giovana Gómez Iporre y David Gamón Nicolás, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, rechazando la petición efectuada y manteniendo la detención preventiva; ante dicho Auto el abogado de la víctima pidió aclaración respecto del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP referido a la valoración del punto 5 de la pericia psicológica a la víctima, cuando plantea dudas sobre su propio testimonio, por lo que “deniega” la solicitud al no constituir un medio idóneo que permita cambiar el fondo de la decisión asumida. Por su parte, el abogado de la defensa, con el uso de la palabra, al amparo del art. 251 del CPP, ante la advertencia del Tribunal de que las partes puede impugnar lo dispuesto, formuló recurso de apelación incidental, el cual fue concedido ante el Tribunal de alzada (fs. 10 a 12 vta.). II.3. Acta de Audiencia Virtual y Auto de Vista de 12 de junio de 2023, pronunciada por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada- que declaró improcedente el recurso formulado por el accionante contra el Auto de 25 de mayo de 2023; en consecuencia, confirma el citado Auto en todas sus partes (fs. 51 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, en sus elementos fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia; y, valoración integral de los medios de prueba; puesto que, encontrándose detenido preventivamente por más de once meses y catorce días en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, solicitó la cesación de dicha medida cautelar adjuntando prueba documental para .

enervar los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, petición que fue rechazada por los Jueces ahora coaccionados mediante Auto de 25 de mayo de 2023, al mantenerse el requisito exigido en el art. 233.1 del CPP y encontrarse el proceso penal en la etapa de juicio oral, público y contradictorio a efecto de dilucidar la autoría del delito, al no desvirtuar el imputado los riesgos procesales exigidos por los arts. 234.7 y 235.2 de dicho Código, a pesar que los dictámenes periciales psicológicos de 26 de diciembre de 2022 y de 22 de mayo de 2023, demostraron que no constituía un peligro para la víctima y que no era autor de delito, generando el primero además duda respecto del testimonio de la víctima; fallo que cuestionado mediante recurso de apelación incidental fue declarado improcedente por Auto de Vista de 12 de junio de 2023, manteniéndose subsistente la medida cautelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales; 2) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; 3) El principio de congruencia como elemento sustancial del derecho al debido proceso; 4) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 5) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, 6) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales

La SCP 0394/2021-S1 de 6 de septiembre, estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho .

a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la .

valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Entendimiento que fue asumido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 014/2018 de 28 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.1”.

III.2. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

La SCP 186/2021-S1 de 22 de junio, estableció que: «Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la .

procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (…). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que: “…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (…). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: “…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente .

su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (…).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (…). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

.

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (…). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que: “En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, .

modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (…). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que: “…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (…). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado» (las negrillas son nuestras).

III.3. El principio de congruencia como elemento sustancial del derecho al debido proceso

La SCP 0186/2021-S1, estableció que: “El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso;

.

asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en .

incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal”.

III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La SCP 0394/2021-S1, refirió que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio , en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, .

la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre , resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la .

prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

III.5. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, estableció que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debe proteger, para impedir que en su contra se consuma el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género. (…) El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; Pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indicada SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea .

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellas, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia ya una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración también señala que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptar medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas]. A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ‘…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza .

suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…’. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el 'equilibrio' y 'el bienestar común' reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto 'buen vivir' y del modelo boliviano de 'Estado de Derecho del vivir bien', asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas).

En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos…” (las negrillas son nuestras).

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, en sus elementos fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia; y, valoración integral de los medios de prueba; puesto que, encontrándose detenido preventivamente por más de once meses y catorce días en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, solicitó la cesación de dicha medida cautelar adjuntando prueba documental para enervar los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, petición que fue rechazada por los Jueces ahora coaccionados mediante .

Auto de 25 de mayo de 2023, al mantenerse el requisito exigido en el art. 233.1 del CPP y encontrarse el proceso penal en la etapa de juicio oral, público y contradictorio a efecto de dilucidar la autoría del delito, al no desvirtuar el imputado los riesgos procesales exigidos por los arts. 234.7 y 235.2 de dicho Código, a pesar que los dictámenes periciales psicológicos de 26 de diciembre de 2022 y de 22 de mayo de 2023, demostraron que no constituía un peligro para la víctima y que no era autor de delito, generando el primero además duda respecto del testimonio de la víctima; fallo que cuestionado mediante recurso de apelación incidental fue declarado improcedente por Auto de Vista de 12 de junio de 2023, manteniéndose subsistente la medida cautelar.

Antes de ingresar al análisis de la problemática expuesta, es necesario aclarar que el accionante interpuso esta acción de defensa pretendiendo: “Se anule la Resolución o el Auto de Vista de 12 de junio de 2023, disponiendo que la Sala Penal Cuarta el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita nueva resolución en el término de cuarenta y ocho horas de su legal notificación…” (sic); por lo que el análisis que efectuará esta Sala Constitucional se circunscribirá al contenido de esta última determinación pronunciada como consecuencia del recurso de apelación incidental que formuló el abogado patrocinante del accionante en la audiencia de consideración a la solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.2.), que la indicada Sala Penal resolvió, por cuanto esta tuvo la posibilitad de corregir, enmendar y/o anular la determinación asumida por el Tribunal de Sentencia de Sacaba del departamento de Cochabamba, por cuanto “…es necesario precisar que la justicia constitucional no puede ingresar a invadir la competencia de la justicia ordinaria o administrativa, atribuyéndose así la revisión de todo lo obrado en esas instancias cual si fuera una instancia más dentro de estos procesos, ello bajo el intelecto de que cada una de estas vías tiene sus propios medios de impugnación, y es que las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…” (SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo).

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, se tiene que toda autoridad sea de primera o de segunda instancia que dicte una resolución, debe expresar los motivos de hecho como de derecho en que basan sus decisiones, lo que no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, que en el caso específico de las resoluciones .

judiciales que resuelven medidas cautelares es esencial, para que el imputado conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la ratificación de la medida de detención preventiva impuesta. En ese sentido, de la lectura del Auto de Vista de 12 de junio de 2023, esta Sala Constitucional evidencia que la defensa del accionante formuló el recurso de apelación incidental manifestando como agravios, que el cuestionado Auto de 25 de mayo del mismo año, vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación arbitraria, errónea valoración de la prueba en relación con los arts. 233.1, 234.5 y 7, y 235.2 del CPP, por lo que: i) Para desvirtuar el presupuesto material establecido en el art. 233.1 de dicho Código acompañó una pericia psicológica del IDIF, que indica que la víctima “ya no tendría el daño psicológico y que la misma también generaría duda en su testimonio”, por lo que alegando que no podía ser valorada en esta etapa sino dentro del juicio, mantuvo la detención preventiva. ii) Respecto al art. 234.5 del CPP, adjuntó una certificación del Penal que refiere su buen comportamiento desde su ingreso hasta la fecha, elemento que el Juez a quo no consideró al carecer de valor, por lo que la resolución impugnada carecería de fundamentación y una errónea valoración de la prueba, correspondiendo se declare procedente el recurso de apelación. iii) Sobre el riesgo de fuga descrito en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal, manifestó que se acompañó un dictamen pericial y una pericia psicológica, los cuales indican que “la víctima no tiene daño psicológico ni secuelas”, además que su testimonio generaría una duda, aspecto sobre el cual el Juez a quo señaló que ese riesgo se construyó sobre la vulnerabilidad de género, por ser la victima una mujer menor de edad y “por la simetría”; no obstante, las pericias presentadas destruían ese riesgo procesal, existiendo una errónea valoración de la prueba y una fundamentación arbitraria que lesiona el debido proceso al haber enervado dicho riesgo procesal. iv) Con relación al riesgo de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, aparejaron un certificado de permanencia y la acusación que no se consideraron por el Juez alegando que la etapa preparatoria había concluido, manteniendo la medida de detención preventiva efectuando una errónea valoración de la prueba y una fundamentación arbitraria que vulnera el debido proceso, pidiendo se declare procedente el recurso de apelación. Por Auto de Vista de 12 de junio de 2023, la Vocal ahora accionada en .

relación a los argumentos expuestos por el accionante manifestó: a) Con referencia al art. 233.1 del CPP, sobre los elementos probatorios consistentes en una pericia psicológica del IDIF, que refiere que la víctima no tendría daño psicológico, generando duda su testimonio; el Tribunal de primera instancia expresó que el dictamen pericial de 26 de septiembre de 2022, si bien posee un valor e indica que “en la victima no se denota afectación psicológica, respecto al hecho acusado” (sic), así como lo indicado respecto a la personalidad del acusado y los resultados de las conclusiones de la pericia, no es suficiente para enervar este presupuesto que versa sobre la probabilidad de autoría del imputado, ya que de los antecedentes se advierte que el Ministerio Público presentó su acusación el 22 de febrero del 2023 por la comisión del delito previsto por el art. 308 Bis. del CP, efectuando una relación fáctica y ofreciendo dieciséis medios probatorios documentales, entre ellos las pericias, nueve testigos, incluyendo a la menor víctima y sus progenitores, con la intención de producir esa prueba en etapa de juicio para sostener su acusación y la determinación de adoptar la medida cautelar personal, razones por las que dispuso mantener dicha medida asumida en este proceso que se encuentra “en actos preparatorios de juicio oral, consecuentemente será en el juicio oral que se dilucide el tema de la autoría, valorando toda la prueba producida” (sic [fs. 54]). Razonamiento que la Vocal hoy accionada corroboró, aclarando que la probabilidad de autoría del accionante se construyó sobre el testimonio de la víctima el que de acuerdo con el art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) junto al Certificado Médico Forense, la valoración psicológica preliminar, abordaje psicológico e informe social entre otros elementos probatorios, deben ser valorados en etapa de juicio oral, público y contradictorio, bajo el principio de verdad material, con la finalidad de determinar la responsabilidad del imputado, careciendo de mérito el recurso de apelación formulado. b) Sobre el riesgo de fuga descrito en el art. 234.5 del CPP, al indicar el accionante que acompañó pruebas que desvirtuaban ese riesgo procesal, como el certificado de buen comportamiento desde su ingreso al Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba “hasta la fecha”, un certificado de trabajo de 19 de mayo de 2023 y un Diploma de Honor también del mismo año, el Tribunal de primera instancia indicó que esa documental solo acreditó que el accionante trabajaba en el rubro de cerrajería dentro del citado Cetro Penitenciario y que participó de un campeonato interno; por lo que al constituir prueba documental que no desvirtuaba el riesgo procesal construido por otros hechos delictivos, carecían de .

relevancia al no desvirtuar ni enervan el riesgo procesal, sin dar curso sobre este aspecto al recurso de apelación formulado. c) Con relación al art. 234.7 del indicado CPP, en el que aparejando el dictamen pericial de 26 de septiembre de 2022 y la pericia psicológica de 22 de mayo del 2023, el accionante expresó que la víctima no tenía daño psicológico ni secuelas y que el testimonio planteaba dudas, por lo que como ese riesgo procesal se había construido por la vulnerabilidad de su género -mujer- y que era menor de edad, se valoró erróneamente la prueba y efectuó una fundamentación arbitraria; el Tribunal de primera instancia señalando la SC “394/2018” estableció que, consideraron la situación de vulnerabilidad de la víctima respecto al imputado -accionante-, las características del delito cuya autoría se le atribuía, si su conducta antes y después del delito generaba un peligro efectivo para la víctima, el dictamen pericial psicológico de 26 de septiembre del 2022 emitido por el IDIF, ya que la vulnerabilidad de la menor de edad mujer y la simetría respecto al accionante, no desaparecían con prueba pericial alguna, al margen de la condición del agresor frente a la víctima y viceversa; por lo cual observaron el mandato constitucional y el deber de protección reforzada de carácter obligatorio de todas las autoridades jurisdiccionales en todas las instancias, en virtud de lo cual no tenía mérito dar curso al recurso de apelación planteado. d) Del riesgo de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, referido a la permanencia del imputado -accionante- en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba al tener un buen comportamiento; se manifestó que el proceso penal ya no se encontraba en etapa preparatoria, que no existía una errónea valoración ni fundamentación arbitraria, que el accionante podría influenciar negativamente en los testigos; puesto que de la declaración del “padrino”, se advirtió que luego de los hechos, en “diciembre”, la víctima fue amenazada con la muerte de sus padres si daba a conocer lo sucedido; por lo que se concluyó que no era suficiente los elementos probatorios que el recurrente adjuntó.

Para finalizar manifestó que si bien el accionante señaló la existencia de una errónea valoración probatoria y una fundamentación arbitraria, no expuso cuál el error lógico jurídico en el que incurrió el Tribunal de primera inctancia, no refirió de qué forma debió valorarse la prueba presentada, cuál la errónea apreciación de los hechos en que incidió, ni expuso las razones de hecho y de derecho por las que consideraba que la decisión asumida resultaba equivocada, con el objetivo que sean analizadas, lo que determinó la declaratoria de improcedencia del recurso de .

apelación del Auto de 25 de mayo de 2023, el cual fue confirmado en todas sus partes. Examinado el cuestionado Auto de Vista de 12 de junio de 2023, se evidencia que la Vocal ahora accionada conforme los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional, en el entendido que las resoluciones judiciales sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas y motivadas, diferenciando que la fundamentación implica la cita e interpretación de las normas aplicables, mientras que la motivación se refiere a la exposición lógica y razonada de los hechos y pruebas que sustentan la decisión, que la obligación de fundamentar y motivar recae tanto en jueces de instrucción penal como en Tribunales de segunda instancia, quienes no pueden limitarse a formalidades ni a presunciones legales, sino que deben justificar expresamente la concurrencia de los requisitos previstos por los arts. 233, 234 y 235 del CPP con relación al art. 398 de la misma norma legal, se señaló que no debe interpretarse de manera literal sino integral, obligando a los tribunales de alzada a realizar un análisis completo de los agravios y a motivar sus resoluciones con base en elementos de convicción claros y razonables, por cuanto la falta de fundamentación y motivación convierte la detención preventiva en arbitraria y vulnera derechos constitucionales.

De igual manera, respecto a la congruencia que debe contener toda resolución, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que constituye un principio esencial del derecho al debido proceso, que garantiza la coherencia y correspondencia de las decisiones judiciales que se manifiesta en dos dimensiones: congruencia externa, que obliga a los jueces a resolver únicamente sobre lo pedido por las partes procesales, evitando pronunciamientos ajenos (ultra petita), diferentes (extra petita) u omisiones (citra petita); y, la congruencia interna, que exige que la resolución mantenga unidad y coherencia entre sus consideraciones y su parte dispositiva, sin contradicciones internas. En este marco, la jurisprudencia constitucional destacó que la congruencia asegura decisiones racionales, claras y respetuosas del derecho a la defensa, siendo requisito indispensable en toda resolución judicial, incluidas las que disponen medidas cautelares.

De lo referido, conforme los antecedentes descritos precedentemente y del contenido del Auto de Vista de 12 de junio de 2023, se constata que la Vocal ahora accionada, en cuanto a la fundamentación, consideró las exigencias del art. 233.1 del CPP; puesto que, pese a la documental que presentó el accionante, razonó indicando que la misma no generó la convicción suficiente para sostener que no era con probabilidad el autor o participe del delito por el que se lo imputó; tampoco desvirtuó el peligro de fuga previsto por el art. 234.5 y 7 de dicho Cosijo, .

referidos a la aplicación de alguna salida alternativa por delito doloso y la acreditación de que no constituía un peligro efectivo para la víctima, por cuanto si bien el informe pericial de 26 de diciembre de 2022, refiere que: “…que en la victima no se denota afectación psicológica, respecto al hecho acusado, asimismo respecto a la personalidad del acusado y los resultados de las conclusiones de la pericia” (sic), dicha información no era suficiente para enervar la presunta probabilidad sobre la autoría del imputado, por cuanto como se indicó: “…el Ministerio Público ha presentado una acusación fiscal de fecha 22 de febrero del 2023 por la comisión del delito previsto en el Art. 308 Bis. del CP, haciendo una relación fáctica que a entender del Ministerio Público configuraría el ilícito en cuestión, además de ofrecer y presentar medios probatorios documentales en número de 16 elementos entre ellos las pericias, 9 testigos entre ellas la menor víctima y los progenitores con la pretensión de ser producidos en etapa de juicio, es decir, el Ministerio Público pretende sostener la acusación con un conjunto de pruebas en la antedicha acusación (…) por dichas razones este presupuesto se mantiene en la medida que se tiene radicado en el presente proceso, en este Tribunal estando en actos preparatorios de juicio oral..” (sic [fs. 54]). De igual forma, como explicó la Vocal ahora accionada, tampoco se desvirtuó el riesgo procesal referido al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP referido a que el accionante amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, para que informen falsamente o asuman un comportamiento reticente; habiendo explicado de manera clara que “…el imputado podría influenciar negativamente respecto a los testigos más se pudo corroborar con la declaración de la víctima en la entrevista, cuando firma además de la declaración del padrino, el Sr. Rubén, la victima afirma que el imputado luego de realizar el acto sexual, en el mes de diciembre habría realizado amenazas, cuando esta pretendía pedir auxilio, indicado que si da conocimiento de lo acontecido iba a matar a sus padres…” (sic [fs. 55]), lo que le permitió concluir que la documentación presentada no era un elemento probatorio suficiente, limitándose simplemente a adjuntar dicha prueba, pero no argumentar ni respaldar legalmente que este riesgo procesal había cesado o no existía. En cuanto a la motivación, la Vocal ahora accionada al momento de pronunciar el Auto de Vista de 12 de junio de 2023, respondió todos los agravios expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental, aclarando que, pese a que para enervar este riesgo procesal contendido en el art. 234.5 del CPP presentó “…un certificado de trabajo de 19 de mayo de 2023, un Diploma de Honor también del 2023, a decir del A quo esta documentales tienen un valor para acreditar que el imputado trabaja dentro del penal en el rubro de .

cerrajería, asimismo que ha participado en un campeonato dentro el penal, en este aspecto la construcción del riesgo procesal tiene como base en la existencia de un delito resuelto a través de una salida alternativa, consecuentemente la documentación presentada no tiene la eficacia para derribar la construcción de este riesgo, razonamiento que es acorde a la forma cómo se ha construido este riesgo procesal; por lo que tomando en cuenta que los elementos acompañados son referentes a una actividad deportiva, a una actividad laboral que se dedica el imputado, aspecto obviamente que no tiene relevancia con relación a la forma de cómo se ha construido este riesgo procesal…” (sic); constatándose que motivó de manera clara las razones de su determinación, sin vulnerar el derecho al debido proceso del accionante respecto de ese elemento. De igual manera se advierte que el Auto de Vista de 12 de junio de 2023 resulta ser congruente conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, al advertirse que la Vocal hoy accionada respondió de manera íntegra a lo solicitado e impugnado, al argumentar de manera adecuada y existir correlación entre los agravios expuestos y lo resuelto, manteniéndose la unidad y coherencia entre sus consideraciones y la parte dispositiva, sin evidenciarse contradicciones. Para finalizar, de conformidad con los Fundamentos Jurídicos III.4. y III.5. de este fallo constitucional, se tiene que si bien toda autoridad judicial o administrativa tiene la obligación de realizar una valoración de todos los actuados a partir de una perspectiva de género en razón del delito denunciado, considerando la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado, lo que significa que dichas autoridades judiciales deberán lograr un justo equilibrio entre los derechos de la víctima y las garantías procesales del imputado, se evidencia que la Vocal hoy accionada no se apartó de los marcos de razonabilidad, por cuanto consideró que la víctima era mujer, menor de edad y que fue objeto de amenazas, sin que la documental generada para solicitar la cesación de la medida cautelar de detención preventiva hubiese sido desvirtuada, al no demostrarse que los riesgos procesales contenidos en los arts. 233.1, , 234.5 y 7, y 235.2 del CPP efectivamente se hubiesen desvirtuado, aspecto al que se suma además, conforme manifestó la referida Vocal, toda vez que si bien el accionante hizo referencia a la existencia de informes psicológicos de la víctima y su persona, ello no era suficiente para enervar la probabilidad de autoría, por cuanto el proceso penal se encontraba en etapa de juicio oral, público y contradictorio, debiendo ser esta la instancia que analice estos aspectos de manera adecuada y con la competencia que le asigna la ley; extremo al que se suma además, que el accionante se limitó a indicar que existió una errónea y arbitraria valoración de la prueba, sin explicar en qué consistió ese .

error, de qué manera debió valorarse la documental presentada, cuál la relación de dichos documentos con los riesgos procesales que pretendía desvirtuar y cómo efectivamente los mismos demostraban que no era con probabilidad autor o participe del hecho punible. De lo referido precedentemente se concluye que, el Auto de Vista de 12 de junio de 2023, se encuentra debidamente fundamentado, motivado, es congruente; puesto que dicho Auto de Vista expuso una correcta labor argumentativa que contienen una debida lógica-jurídica, que justifica la decisión asumida, habiéndose realizado un examen integral y valorado objetivamente las pruebas y argumentos expuestos, conforme determina el art. 398 del CPP; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 63 a 69 vta., pronunciada por la Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Octavo del departamento de Cochabamba, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1621_2025-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): deb64a3a2922a352bb8a97e0895660c65c0c32b25a914a84594261c9c7c0bb21

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →