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SCP 1619/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57511-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, vinculados con al derecho a la libertad, en razón a que, la autoridad judicial demandada ante su apersonamiento y el planteamiento del incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos no susceptibles de convalidación y declaratoria de rebeldía ilegal, por providencias de 23 de mayo y 10 de julio ambos de 2023, determinó que previo a dar lugar al trámite incidental tenga que purgar la multa de su rebeldía, ante esa desviación del procedimiento y que consiente las ilegalidades a las que se encuentra sometido, interpuso recurso de reposición, que fue rechazado, con el argumento de que la única posibilidad para continuar el proceso penal y sus incidencias es que comparezca ante dicha autoridad y purgue la multa por la rebeldía en el marco de lo previsto en el art. 91 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 139 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; Disponiendo: a) Dejar sin efecto las providencias de 23 de mayo de 2023 y 10 de julio de igual año, así como en el Auto de 25 de similar mes y año; y, b) Ordenar a la Jueza ahora demandada, observando el procedimiento correspondiente, deje sin efecto las medidas dispuestas como consecuencia de la declaratoria de rebeldía; y, emita pronunciamiento respecto al apersonamiento y comparecencia, y el incidente interpuesto por memorial de 22 de mayo de 2023, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiere efectuado, o la situación jurídica del accionante hubiere cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación de resolver la revocatoria de la declaratoria de rebeldía sin exigir se purgue la rebeldía
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1619/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57511-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 139 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maritza Antonieta Montero Alvis en representación sin mandato de Carlos Emilio Lobo Calzadilla contra Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de agosto de 2023, cursante de fs. 13 a 15, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De manera extraoficial tuvo conocimiento que en la gestión 2007, en el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, se estaba sustanciando un proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de contrabando y asociación delictuosa a denuncia de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en el cual fue imputado formalmente el 2011; y el 2015 acusado, sin iniciar la etapa preparatoria, posteriormente el 2023, se le declaró rebelde sin previa verificación de las notificaciones, infringiendo sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad. Ante estas irregularidades, el 22 de mayo de 2023, planteó incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos no susceptibles de convalidación y la declaratoria de rebeldía ilegal, pidiendo en el Otrosí Segundo del referido memorial, la suspensión del mandamiento de aprehensión emitido en su contra, con el propósito de que pueda tramitarse el incidente en igualdad de condiciones que los demás sujetos procesales, no obstante, Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, mediante providencias de 23 de mayo y 10 de julio de 2026, determinó que previo a dar lugar al trámite incidental debía pagar la multa para purgar su rebeldía; decisión que constituye una desviación del “procedimiento” y consiente las ilegalidades a las que se encontraba sometido. El 24 de julio de 2023, planteó recurso de reposición contra las referidas providencias, a cuyo efecto, la autoridad demandada, emitió Auto de 25 de julio, declarando no ha lugar a la reposición planteada, con el argumento que la única posibilidad para continuar con el proceso penal y sus incidencias, es que el acusado comparezca ante dicha autoridad y purgue la multa por rebeldía en el marco de lo previsto en el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, vinculados con el derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se dejen sin efecto el Auto de 25 de julio y las providencias emitidas el 13 de mayo y 10 de julio todos del año 2023, ordenando a la Jueza demandada imprima el trámite correspondiente al incidente de actividad procesal defectuosa sin necesidad de purgar la multa por declaratoria de rebeldía.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 4 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 25, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 20 a 21, manifestó que: a) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, se inició en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde se presentó la imputación formal y el 28 de septiembre de 2011, el ahora accionante fue declarado rebelde mediante Auto 97/2015 de 2 de febrero, posteriormente el 9 de octubre del citado año, el Ministerio Público presentó acusación formal y como consecuencia se remitieron los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mismo departamento; sin embargo, por aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, la causa fue remitida a su despacho el 8 de enero de 2020; b) En el marco de lo previsto en el art. 374 del CPP, señaló audiencia para considerar salidas alternativas y al no existir domicilio "exacto", se notificó al ahora accionante, mediante edictos de prensa y posteriormente se lo declaró rebelde mediante Auto 47/23 de 24 de marzo de 2023; c) El 22 de mayo del citado año, el impetrante de tutela presentó un memorial bajo la suma de "Solicita se Apersona y Formaliza Incidente por Actividad Procesal Defectuosa e Impetra Nulidad Absoluta de Actuados Procesales" (sic), solicitud que mereció el decreto de 23 de mayo de 2023, donde se estableció que previo a considerar lo impetrado y a efectos de disponer lo establecido en el art. 91 del CPP, el solicitante deberá hacerse presente en el estrado judicial de manera física a efectos de realizar su acta de presentación por secretaría y purgar su rebeldía por Bs300.- (trescientos bolivianos), a cancelarse en Depósitos Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; d) El 10 de julio de 2023, el ahora accionante presentó un memorial solicitando se tramite el incidente de nulidad, reiterando su solicitud de suspensión de mandamiento de aprehensión, que mereció el decreto de 24 del indicado mes, remitiendo este, a la Resolución de 23 de mayo de 2023; posteriormente, por escrito de 24 de julio del mismo año, el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso de reposición contra el referido decreto, el cual mereció el Auto de 25 de julio del mismo año, que dispuso no ha lugar el recurso; toda vez que, el accionante se encontraba rebelde y se reiteró que el acusado debía hacerse presente en estrados judiciales de manera física a objeto de realizar el acta de presentación y además hacer efectivo el pago de la multa dispuesta conforme el art. 91 del CPP; y, e) El accionante fue declarado rebelde y contumaz por dos veces consecutivas y al no haber purgado la rebeldía no se encontraba a derecho para solicitar la tramitación de ningún incidente. Con base a estos fundamentos, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 139 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 25 a 26, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de rebeldía y que la autoridad demandada señale nueva audiencia para considerar la solicitud de salidas alternativas; y, en su caso la aplicación de una medida cautelar. Determinación asumida, con base en los siguientes fundamentos: i) Las normas procesales establecieron la declaratoria de rebeldía como un mecanismo para garantizar la presencia del imputado en los actos del proceso, y una vez que éste compareciera, ya sea a través del auxilio de la fuerza pública o por su propia voluntad, corresponderá a la autoridad llamada por ley, señalar audiencia y disponer las medidas cautelares que correspondan; y, ii) El ahora accionante compareció ante la Autoridad judicial; y, manifestó su voluntad de sometimiento al mismo; por lo que, la autoridad debió tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del proceso y que el impetrante de tutela comparezca en forma libre al mismo. En vía de complementación y enmienda, mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2023, cursante a fs. 39 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, indicó que, en el petitorio de la acción de libertad interpuesta solicitaron se deje sin efecto las providencias de 13 de mayo y 10 de julio, ambos de 2023, y en su lugar se ordene a la Jueza ahora demandada imprima el trámite de ley respecto al incidente de actividad procesal defectuosa sin necesidad de purgar rebeldía y pagar multa; en ese sentido, si bien, concedieron la tutela en su totalidad; sin embargo, alejándose del petitorio, dispusieron se señale nueva audiencia de salidas alternativas. La Sala Constitucional, mediante Auto de 10 de agosto de 2023, cursante a fs. 40 y vta., señaló que la audiencia de la acción tutelar solicitada fue llevada adelante el 4 de agosto de 2023 y dictada la Resolución, se hizo conocer a las partes que quedaban legalmente notificadas con la misma, en ese sentido, el memorial de aclaración y enmienda fue presentado el 8 de agosto de 2023; lo que, evidencia que habría sido presentado fuera del plazo señalado en la norma procesal; por lo que, rechazaron la solicitud de complementación y enmienda impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Emilio Lobo Calzadilla -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de contrabando y asociación delictuosa, el accionante, mediante memorial presentado el 22 de mayo de 2023, se apersonó al proceso y planteó incidente por actividad procesal defectuosa e impetró nulidad absoluta de actuados procesales, alegando la existencia de vicios de procedimiento en los actos de citación con la imputación, acusación formal y la declaratoria de una ilegal declaración de rebeldía, solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión (fs. 3 a 5).

II.2. Por providencia de 23 de mayo de 2023, Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, señaló que, a los fines de disponer lo correspondiente en el art. 91 del CPP, el impetrante debió hacerse presente ante ese estrado judicial de manera física, a efectos de realizar el acta de presentación por secretaría, disponiendo se purgue la rebeldía en la suma de Bs300.-, a cancelarse en Depósitos Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de citado departamento (fs. 6). II.3. A través de memorial presentado el 10 de julio de 2023, el impetrante de tutela, pidió se tramite el incidente de nulidad y reiteró solicitud de suspensión de mandamiento de aprehensión (fs. 7 y vta.). II.4. Cursa providencia de 10 de julio de 2023, mediante la cual, la autoridad judicial demandada, reiteró que previo a considerar lo impetrado, el acusado debía purgar la rebeldía establecida en la "resolución cursante a fs. 309" y a efecto de la prosecución de la causa en su favor corresponde lo establecido en el art. 91 del CPP (fs. 8). II.5. Mediante memorial presentado el 24 de julio de 2023, el accionante planteó recurso de reposición contra las Resoluciones de 23 de mayo y 10 de julio, ambos de 2023, solicitando su revocatoria y se disponga la sustanciación del incidente de nulidad planteado (fs. 9 y vta.). II.6. Por Auto de 25 de julio de 2023, la autoridad judicial demandada, declaró no ha lugar a la reposición solicitada, debido a que la única previsión legal para dar continuidad al proceso penal y sus incidencias era que el acusado comparezca ante la precitada autoridad y purgue la multa por rebeldía conforme lo establecido por el art. 91 del CPP (fs. 10 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, vinculados con al derecho a la libertad, en razón a que, la autoridad judicial demandada ante su apersonamiento y el planteamiento del incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos no susceptibles de convalidación y declaratoria de rebeldía ilegal, por providencias de 23 de mayo y 10 de julio ambos de 2023, determinó que previo a dar lugar al trámite incidental tenga que purgar la multa de su rebeldía, ante esa desviación del procedimiento y que consiente las ilegalidades a las que se encuentra sometido, interpuso recurso de reposición, que fue rechazado, con el argumento de que la única posibilidad para continuar el proceso penal y sus incidencias es que comparezca ante dicha autoridad y purgue la multa por la rebeldía en el marco de lo previsto en el art. 91 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación de resolver la revocatoria de la declaratoria de rebeldía sin exigir se purgue la rebeldía

El art. 23.I de la CPE, prescribe respecto del derecho a la libertad, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”.

En el ámbito del proceso penal y la posibilidad de aprehender a la o el imputado, que no concurre a una audiencia debidamente notificado, las normas contenidas en los arts. 89, 90 y 91 del CPP, regulan el procedimiento destinado al efecto: Así, es importante hacer mención específicamente al art. 91 del CPP, que determina:

Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. Esta norma tiene dos contenidos normativos; el primero, hace referencia a la continuidad del proceso ante la comparecencia voluntaria del declarado rebelde o que el mismo una vez aprehendido, sea puesto a disposición del juez o tribunal correspondiente; y el segundo, relativo a la justificación de su inconcurrencia y al pago de costas de la rebeldía, caso en el cual, si se demuestra un grave y legítimo impedimento, la rebeldía debe ser revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. En esta última situación, el juez o tribunal, en el caso concreto, debe analizar el justificativo que presente el declarado rebelde sin exigir que previamente purgue su rebeldía. Al efecto, debe entenderse que el pago de las costas de la rebeldía, opera cuando ésta es indiscutible; es decir, cuando el imputado no compareció al llamado del juez o tribunal por su propia voluntad o no justificó una situación de fuerza mayor. En ese entendido, cuando el imputado declarado rebelde se presenta en forma posterior ante la autoridad judicial, solicitando la revocatoria de la declaratoria de rebeldía justificando su inasistencia, el juez o tribunal tiene la obligación de resolver esa petición de manera inmediata, sin exigir que previamente se paguen las costas de la rebeldía, pues ese pago solo es exigible cuando la inasistencia que ocasionó la declaratoria de rebeldía no se justificó de ninguna manera. En similar sentido, cabe señalar que la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, estableció que la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado ante la autoridad que emitió el llamamiento o que convocó a la persona declarada rebelde, sea voluntariamente o en mérito al cumplimiento de una orden de aprehensión, momento en el que dejarán sin efecto las medidas dispuestas para garantizar su presencia en el proceso. Entendimiento que se complementa con lo desarrollado en la SCP 1203/2012 de 6 de septiembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, señala que el pago de las costas de rebeldía:

…no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico. Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP 2029/2013 de 13 de noviembre, que a partir del principio de verdad material previsto 1El FJ III.5, sostiene: “Conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, la declaratoria de rebeldía basada en el art. 87 inc. 1) del CPP y la expedición del mandamiento de aprehensión dispuesto por el art. 89 del mismo cuerpo legal, tienen como objetivo principal, lograr la comparecencia del imputado a fin de que la investigación o el proceso penal continúen en su tramitación. Estos preceptos legales de orden procesal, persiguen la materialización de los principios que rigen la administración de justicia y que se encuentran establecidos en el art. 178.I de la CPE, que prescribe que la potestad de administrar justicia se encuentra sustentada -entre otros- en el principio de celeridad, garantizando en todo momento que el imputado declarado rebelde, pueda ejercitar todos sus derechos, y en su caso, previa justificación de su incomparecencia, mantener incólume su estado de libertad, ya que de mediar justificación legítima, quedan sin efecto todas las disposiciones judiciales que pudieran haber alterado temporalmente el ejercicio de este derecho.

Asimismo, en los casos de comparecencia del declarado rebelde, el art. 91 del adjetivo penal, indica que: ‘Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza’.

Consecuentemente, la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado, ante la autoridad que emitió el llamamiento o que lo convocó y ante la cual está siendo procesado, sea voluntariamente o en mérito al cumplimiento de una orden de aprehensión, momento en el que se dejarán sin efecto las medidas dispuestas para garantizar su presencia en el proceso; claro está, la autoridad jurisdiccional es quien tiene que decidir esta situación, según las circunstancias, las pruebas y su sana crítica”. 2El FJ III.2, sostiene: “Así, en atención al derecho a la libertad personal y a efectos de no interrumpir la tramitación de la causa corresponde cuando el declarado rebelde en juicio y presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso aunque en el mismo no se señale expresamente su apersonamiento será reconducida al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), si así se desprende de su contenido. Otro entendimiento no sólo implicaría revestir de rigorismos a la tramitación de solicitudes de las cuales dependa la libertad personal sino una importante afectación al principio de celeridad procesal, que: ‘Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia’ (art. 30.3 de la LOJ)”.

en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene que cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no se señale expresamente su apersonamiento, será reconducido al art. 91 del CPP. Entendimiento extraído de la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, vinculados con al derecho a la libertad, en razón a que, la autoridad judicial demandada ante su apersonamiento y el planteamiento del incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos no susceptibles de convalidación y declaratoria de rebeldía ilegal, por providencias de 23 de mayo y 10 de julio ambos de 2023, determinó que previo a dar lugar al trámite incidental tenga que purgar la multa de su rebeldía, ante esa desviación del procedimiento y que consiente las ilegalidades a las que se encuentra sometido, interpuso recurso de reposición, que fue rechazado, con el argumento de que la única posibilidad para continuar el proceso penal y sus incidencias es que comparezca ante dicha autoridad y purgue la multa por la rebeldía en el marco de lo previsto en el art. 91 del CPP. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, por memorial presentado el 22 de mayo de 2023, el impetrante de tutela se apersonó ante la Jueza demandada y planteó incidente por actividad procesal defectuosa e impetró nulidad absoluta de actuados procesales, alegando la existencia de vicios de procedimiento en los actos de citación con la denuncia, imputación; y, acusación y la declaratoria de una ilegal declaración de rebeldía, solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido en su contra (Conclusión II.1.). Como efecto de la solicitud, la nombrada autoridad judicial, por Providencia de 23 de mayo de 2023, señaló que, a los fines de disponer lo correspondiente al art. 91 del CPP, el impetrante debía hacerse presente ante el estrado judicial de manera física, a efectos de realizar el acta de presentación por secretaría, disponiendo purgue la rebeldía en Bs300.- (Conclusión II.2.).

Posteriormente, a través del memorial presentado el 10 de julio de 2023, el ahora accionante, pidió se tramite el incidente de nulidad y reiteró solicitud de suspensión de mandamiento de aprehensión (Conclusión II.3.). Solicitud que mereció la providencia de 10 de julio de 2023, mediante la cual, la Jueza demandada, reiteró que, previo a considerar lo impetrado el acusado debía purgar la rebeldía establecida a efecto de la prosecución de la causa (Conclusión II.4.). Decisión que fue cuestionada por el ahora impetrante de tutela mediante el recurso de reposición, pidiendo su revocatoria y se sustancie el incidente de nulidad (Conclusión II.5.). Finalmente, mediante Auto de 25 de julio de 2023, la nombrada autoridad judicial, declaró no ha lugar a la reposición interpuesta por el accionante, argumentando que la única previsión legal para dar continuidad al proceso penal y sus incidencias era que el acusado comparezca ante dicha autoridad y purgue la multa por rebeldía conforme lo establecido en el art. 91 del CPP (Conclusión 11.6.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el art. 91 del CPP, tiene dos contenidos, uno que trata sobre la continuidad del proceso, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas como efecto de la declaratoria de rebeldía; lo que, se da ante la comparecencia del declarado rebelde o cuando el mismo es aprehendido; y, el otro que tiene que ver con la justificación de su inconcurrencia y al pago de costas de la rebeldía, justificación que debe ser analizada y resuelta obligatoriamente de manera inmediata por el Juez de la causa sin exigir que previamente purgue su rebeldía, siendo que aún no se determinó si su inconcurrencia se debió a un grave o legítimo impedimento, situación en la que no se ejecutará la fianza; por lo que, el rebelde puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se hubiese cubierto las costas de rebeldía, oportunidad en la que el Juez otorgará un plazo prudente para que cumpla con dicha obligación pecuniaria, al encontrarse su libertad en peligro; procedimiento similar que se aplica cuando el rebelde se presenta en juicio. En ese antecedente, se evidencia que el accionante el 24 de marzo de 2023, fue declarado rebelde por su incomparecencia a la audiencia de salidas alternativas; debido a ello, a través del memorial presentado el 22 de mayo de 2023, se apersonó al proceso y formalizó incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos no susceptibles de convalidación y por la declaratoria de rebeldía ilegal; el cual por providencias de 23 de mayo de 2023 y 10 de julio de igual año, la Jueza demandada determinó que previo a dar lugar al trámite incidental tenga que pagar la multa por la rebeldía; decisión que fue reiterada por dicha autoridad en el Auto de 25 de julio de 2023, declarando no ha lugar a la reposición, con el argumento de que la única posibilidad para continuar el proceso penal y sus incidencia era que el acusado comparezca ante dicha autoridad y purgue la multa por la rebeldía en el marco de lo previsto en el art. 91 del CPP; lo que, considera una desviación del procedimiento y consiente las ilegalidades a las que sometió.

En ese sentido, del memorial presentado por el ahora accionante el 22 de mayo de 2023, se puede corroborar que el mismo se apersona al proceso y plantea incidente de nulidad de obrados porque considera la existencia de vicios de procedimiento en el proceso; en ese contexto, correspondía a la autoridad demandada considerar el memorial de apersonamiento como una presentación o comparecencia voluntaria al proceso para intervenir como acusado en el juicio legal y se resuelva su situación jurídica mediante una resolución debidamente fundamentada, pero además, se imprima el trámite pertinente respecto al incidente de nulidad de obrados planteado, extremo que la Jueza ahora demandada, no observó, incumpliendo la normativa procesal penal y la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal Constitucional Plurinacional. En el contexto referido, ante la presentación del memorial de 22 de mayo de 2023, la autoridad judicial demandada en las providencias de 23 de mayo y 10 de julio de igual año, así como en el Auto de 25 de similar mes y año, determinó que previo a dar lugar al trámite incidental tenga que pagar la multa por la rebeldía; es decir, ordenó que antes de analizar la explicación de su inasistencia a la audiencia de salidas alternativas debía cumplir con la obligación pecuniaria impuesta en la declaratoria de rebeldía, cuando no definió si la justificación sobre la inasistencia era válida o no, para exigir el cumplimiento de dicha multa económica dispuesta en la mencionada declaratoria de rebeldía, puesto que en el marco del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional, el impetrante de tutela, declarado rebelde podía comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente cubra las costas de la declaratoria de rebeldía, cuando lo que correspondía era aceptar el apersonamiento y otorgar un plazo prudente para que cumpla con la mencionada obligación pecuniaria, al encontrarse su libertad en peligro; ese condicionamiento previo, además impidió resolver el incidente de actividad procesal defectuosa La Jueza ahora demandada, al no haber obrado de ese modo, produjo la indefensión del impetrante de tutela, dejándolo en incertidumbre, al dejar subsistente una orden para que se libre mandamiento de aprehensión contra el nombrado, a pesar de su comparecencia voluntaria; lo que, afecta los derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa del accionante, al generarse una persecución indebida; correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 139 de 4 de agosto de 2023, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; Disponiendo: a) Dejar sin efecto las providencias de 23 de mayo de 2023 y 10 de julio de igual año, así como en el Auto de 25 de similar mes y año; y, b) Ordenar a la Jueza ahora demandada, observando el procedimiento correspondiente, deje sin efecto las medidas dispuestas como consecuencia de la declaratoria de rebeldía; y, emita pronunciamiento respecto al apersonamiento y comparecencia, y el incidente interpuesto por memorial de 22 de mayo de 2023, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiere efectuado, o la situación jurídica del accionante hubiere cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1619_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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