Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, permaneció con detención preventiva por más de tres meses; que fue dispuesta por el Juez de control jurisdiccional, autoridad que posteriormente fue recusada por falta de imparcialidad; ante dicha situación, acudió al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, quien radicó la causa y le concedió, mediante Autos fundamentados, salidas judiciales para ejercer su cargo de Concejal titular del GAM de El Alto, para el cual fue democráticamente electo; sin embargo, pese a contar con tales autorizaciones, afirmó que el Presidente del Concejo Municipal suspendió reiterada e injustificadamente las sesiones -en especial la Sesión Ordinaria “45”- con el propósito de impedir su participación y promover su expulsión, denunciando además que al intentar ejercer sus funciones fue agredido junto a su familia por grupos de personas desconocidas, sin que se le brinde protección efectiva; motivo por el cual, solicitó nuevas salidas judiciales invocando los arts. 24, 46, 47 y 48 de la CPE, alegando falta de celeridad y diligencia de la autoridad judicial demandada; lo que, configuraría una vulneración actual y permanente de su libertad personal y demás derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1618/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57487-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 65/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Altamirano Hurgado en representación sin mandato de Cristhian David Estevez Villca contra José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de agosto de 2023, cursante de fs. 27 a 30, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el art. 27 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, se encuentra con detención preventiva por más de tres meses; medida que fue dispuesta por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; quien fue recusado por falta de imparcialidad. No obstante, dicha autoridad judicial de forma dolosa y contraria a los principios de legalidad y debido proceso, no remitió el cuaderno de control jurisdiccional, incurriendo en irregularidades como defectos de foliación, falta de piezas procesales, omisión de actas de audiencias y manipulación del sorteo, lo que le habría generado estado de indefensión y la afectación directa a su libertad personal y su derecho al trabajo.
Ante la ausencia de control jurisdiccional, acudió al Juez de Ejecución Penal Primero del citado departamento -ahora demandado-, el cual radicó la causa y, mediante Autos Interlocutorios debidamente fundamentados, le concedió en anteriores oportunidades salidas judiciales para ejercer su función como Concejal titular del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto, cargo para el cual fue democráticamente electo. Sin embargo, pese a contar con dichas autorizaciones, en reiteradas ocasiones el Presidente del Concejo Municipal de El Alto, suspendió abrupta e injustificadamente las sesiones convocadas, con la finalidad de impedir su participación y promover su eventual expulsión del cargo, situación que se materializó particularmente en relación con la Sesión Ordinaria “45”; empero, al acudir a ejercer su función en virtud de las salidas judiciales concedidas, fue agredido junto a su familia por grupos de personas desconocidas, quienes habrían actuado de manera organizada para impedir su ingreso y generar escenarios de violencia, sin que las autoridades competentes adopten medidas efectivas para resguardar su integridad y su vida. Finalmente, sostuvo que solicitó nuevas salidas judiciales para determinados días y lugares institucionales vinculados a su función pública, invocando los arts. 24, 46, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), denunciando la falta de celeridad y diligencia del Juez de Ejecución Penal para garantizar tanto el ejercicio de su cargo como la protección efectiva de su vida, circunstancias que configuran una vulneración actual y permanente a su libertad personal y derechos fundamentales
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia justa y oportuna, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la CPE; y, 8.1 de la “Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se conmine a la autoridad judicial demandada autorizar su salida para el 3 de agosto de 2023 y así poder asistir a la Sesión “45” del Concejo Municipal del GAM de El Alto del departamento de La Paz.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 40 y 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) La autoridad demandada tenía pleno conocimiento de la inexistencia de control jurisdiccional, derivada de una Resolución de Recusación emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, que apartó al Juez recusado del conocimiento de la causa, circunstancia que justificó que el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del citado departamento -ahora demandado-, hubiera autorizado sus salidas judiciales para el ejercicio de su función laboral; b) La salida judicial cuestionada tenía como finalidad viabilizar una “salida constitucional” previamente autorizada, y que no era evidente, como afirmó el Juez demandado, la existencia de una nueva autoridad jurisdiccional desde el 2 de agosto de 2023; toda vez que, se evidenciaba que hasta la “fecha” -se entiende de la interposición de la acción de libertad-, no existía radicatoria alguna por parte del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento; c) Las salidas judiciales otorgadas por la autoridad judicial ahora demandada, obedecían a la urgente necesidad de garantizar el derecho al trabajo del peticionante de tutela en su condición de Concejal electo democráticamente; aclarando que, si bien la libertad personal se encontraba legítimamente restringida, el derecho al trabajo no podía ser anulado; en ese marco, solicitó la concesión de la tutela constitucional para que se autorice no solo una salida puntual, sino la asistencia regular a todas las sesiones del “Concejo Municipal”, como expresión del ejercicio pleno del mandato popular conferido. Por su parte, el ahora accionante, en uso de la palabra, afirmó que; desde el Concejo Municipal del GAM de El Alto, y particularmente desde su Presidencia, se habrían desplegado acciones ilegales orientadas a evadir su responsabilidad política e inhabilitarlo como autoridad electa, incluyendo la suspensión reiterada de audiencias y sesiones, lo que habría afectado su desempeño como Concejal de la segunda ciudad más grande del país; indicó que, dichas actuaciones tenían un carácter doloso y que, pese a su obligación de asistir a las sesiones legislativas municipales, se veía impedido de hacerlo, con el riesgo de ser apartado de su cargo.
José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 38 a 39 vta., señaló que: 1) No existió detención ilegal ni indebida; ya que, la privación de libertad del ahora impetrante de tutela se encontraba amparada en una decisión judicial legítima, concretamente en el Auto Interlocutorio 220/2023 de 10 de abril, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la citada jurisdicción -recusado-, quien dispuso su detención preventiva conforme a ley; 2) La SCP 1161/2015-S2 de 10 de noviembre, establece la distinción entre la detención preventiva y la privación de libertad derivada de una sentencia condenatoria, enfatizando que ambas responden a resoluciones judiciales válidas y fundamentadas, precisando que la detención solo deviene ilegal cuando no es dispuesta por autoridad competente, se prolonga indebidamente o se mantiene sin sustento legal; 3) En ese contexto, la solicitud de salida judicial formulada por el demandante de tutela no guarda relación directa con los derechos a la libertad personal ni a la vida, sino que constituye una petición orientada a acudir a su fuente laboral; lo cual no implica, por sí mismo, una restricción indebida de su libertad, dado que esta ya se encontraba válidamente limitada por mandato judicial; 4) Asimismo, las solicitudes de salida judicial presentadas el 1 y 2 de agosto de 2023, fueron atendidas dentro del plazo procesal correspondiente, aclarando que el cómputo de dicho término se inició recién cuando la Gestora de Procesos puso en conocimiento de su despacho el memorial respectivo el 2 de agosto de 2023 a horas 08:50; razón por la cual, negó haber incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarias; y, 5) Finalmente, solicitó que la acción de libertad sea denegada por improcedente y temeraria, con imposición de costas, ofreciendo como prueba los antecedentes del cuaderno de ejecución penal remitidos al juzgador, y pidió que se respete la igualdad procesal, requiriendo que el ahora solicitante de tutela se circunscriba a los hechos previamente expuestos y a la prueba oportunamente notificada
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 65/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: i) Del planteamiento efectuado por el ahora peticionante de tutela evidenció que el fondo de la pretensión no se encontraba directamente vinculada a una restricción ilegal de la libertad, sino a la solicitud de salidas judiciales para asistir a sesiones del Concejo Municipal de El Alto; ii) Conforme a la línea jurisprudencial y al art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -modificado por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, los permisos de salida deben ser dispuestos por el Juez o Tribunal del proceso, con conocimiento del Juez de Ejecución Penal, precisando que, de manera excepcional, este último puede otorgarlos bajo responsabilidad cuando no exista control jurisdiccional definido, situación que en el caso concreto ya no se presentaba; iii) Se constató que inicialmente el Juez ahora demandado asumió el control jurisdiccional y otorgó salidas judiciales debido a la existencia de una recusación contra el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de esa jurisdicción; sin embargo, dicha recusación fue resuelta parcialmente por la Sala Penal Tercera, todos del departamento de La Paz, mediante Auto 40/2023 de 26 de junio, disponiéndose el apartamiento de dicha autoridad y la remisión de antecedentes; iv) Existió incumplimiento en la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, el reclamo debió ser formulado ante la autoridad competente o bien a través de los mecanismos ordinarios correspondientes, incluso respecto de los funcionarios responsables. Asimismo, evidenció que el proceso, fue sorteado al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento; autoridad que asumiría plenamente el control jurisdiccional y que, conforme al art. 238.III del CPP, era la competente para autorizar o negar las salidas judiciales solicitadas; y, v) De antecedentes se estableció que la solicitud de salida judicial fue ingresada a la Oficina Gestora el 2 de agosto de 2023, y que la autoridad demandada emitió providencia el 3 de igual mes y año, dentro de un plazo razonable, determinando que ya existía Juez de control jurisdiccional competente para conocer el pedido. Añadió que contra dicha determinación no se interpuso recurso alguno en la vía ordinaria, configurándose el principio de subsidiariedad, conforme establece la SCP 1888/2013 de 29 de octubre; toda vez que, el ahora accionante acudió directamente a la vía constitucional sin agotar los mecanismos legales previos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva de 10 de abril de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, disponiendo la detención preventiva de Cristhian David Estevez Villca, ello en virtud del Auto Interlocutorio 220/2023 de esa misma fecha (fs. 16). II.2. Consta Auto 40/2023 de 26 de junio; por el cual, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvieron aceptar en parte la recusación presentada por el ahora impetrante de tutela, consecuentemente dispusieron el apartamiento de Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de igual departamento (fs. 20 a 24), dicha determinación fue notificada a la parte recurrente el 4 de julio de 2023 a horas 15:20 (fs. 26 y vta.). II.3. Por decreto de 3 de agosto de 2023; José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- dio respuesta al memorial que acusa el ahora impetrante de tutela hubiera presentado el 2 de igual mes y año; en el que, hubiese solicitado salida judicial; determinando que, al advertir de los datos registrados en el sistema, que desde el 1 de agosto, el proceso referido, estaba asignado a un Juzgado de control jurisdiccional de acuerdo al art. 238.II del CPP, le correspondía a dicha autoridad considerar el tratamiento de salida judicial (fs. 34). II.4. Consta memorial presentado el 2 de agosto de 2023, por el cual el ahora demandante de tutela solicitó se conceda salida judicial en su favor para el 3 de agosto de 2023, ante el Juez ahora demandado, quien en la indicada fecha, providenció que se esté a lo dispuesto en el decreto que antecede (fs. 36 a 37 vta.)
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, permaneció con detención preventiva por más de tres meses; que fue dispuesta por el Juez de control jurisdiccional, autoridad que posteriormente fue recusada por falta de imparcialidad; ante dicha situación, acudió al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, quien radicó la causa y le concedió, mediante Autos fundamentados, salidas judiciales para ejercer su cargo de Concejal titular del GAM de El Alto, para el cual fue democráticamente electo; sin embargo, pese a contar con tales autorizaciones, afirmó que el Presidente del Concejo Municipal suspendió reiterada e injustificadamente las sesiones -en especial la Sesión Ordinaria “45”- con el propósito de impedir su participación y promover su expulsión, denunciando además que al intentar ejercer sus funciones fue agredido junto a su familia por grupos de personas desconocidas, sin que se le brinde protección efectiva; motivo por el cual, solicitó nuevas salidas judiciales invocando los arts. 24, 46, 47 y 48 de la CPE, alegando falta de celeridad y diligencia de la autoridad judicial demandada; lo que, configuraría una vulneración actual y permanente de su libertad personal y demás derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder. El precedente constitucional citado ha sido glosado en la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, aplicado en otros casos similares.
En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El precedente constitucional fue desarrollado en la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre.
El impetrante de tutela denuncia dilación indebida, aduciendo que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, permaneció detenido preventivamente por más de tres meses por decisión de una autoridad judicial posteriormente recusada por falta de imparcialidad; y si bien el Juez de Ejecución Penal ahora demandado le concedió salidas judiciales para ejercer su cargo de Concejal electo; sin embargo, en nuevas solicitudes de salida judicial, dicha autoridad judicial, incurrió en dilación indebida; asimismo, el Presidente del Concejo Municipal del GAM de El Alto del departamento de La Paz, suspendió de forma reiterada e injustificada las sesiones convocadas, particularmente la Sesión Ordinaria “45”, con el fin de impedir su participación y propiciar su exclusión, ocasionando además agresiones contra su persona y su familia por terceros, sin que se le otorgue protección efectiva; hechos que vulneraron de manera actual y permanente su libertad personal y derechos fundamentales. Inicialmente, cabe indicar que de la revisión de la documental adjunta a la presente acción tutelar detallada en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que mediante Mandamiento de Detención Preventiva de 10 de abril de 2023, emitido en ejecución del Auto Interlocutorio 220/2023 de 10 de abril, por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Cristhian David Estevez Villca -ahora accionante- por el lapso de tres meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Patacamaya del citado departamento, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Posteriormente, dentro del incidente de recusación promovido por el impetrante de tutela contra la nombrada autoridad judicial, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto 40/2023 de 26 de junio, resolvió aceptar parcialmente la recusación interpuesta, determinando su apartamiento inmediato, por concurrir la causal prevista en el art. 316 inc. 9) del CPP, disponiendo que se imprima el trámite correspondiente conforme a ley; Resolución que fue legalmente notificada al ahora demandante de tutela el 4 de julio del citado año. Pese a dicha determinación, de los antecedentes se advierte que el Juez recusado fue conminado a dar cumplimiento inmediato al Auto 40/2023, en atención a que el imputado se encontraba privado de libertad, correspondiendo que el desarrollo de la investigación fuese sometido a control jurisdiccional efectivo, conforme al art. 279 del citado Código, emitiéndose para tal efecto el Auto de 20 de julio del señalado año, del cual se desprende que el Juzgado de origen, no había remitido oportunamente los antecedentes ni permitido la reasignación del control jurisdiccional; situación que motivó la consideración excepcional de solicitudes de salidas judiciales. Así también, consta que el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, ante la ausencia de control jurisdiccional, procedió a radicar el proceso penal contra el ahora solicitante de tutela y conceder tres salidas judiciales consecutivas en su favor, mediante las Resoluciones 91/2023, 95/2023 y, 97/2023 de 20, 21 y 24 de julio, extremo que se halla debidamente acreditado en antecedentes. Con posterioridad, el 1 de agosto de 2023, el peticionante de tutela presentó nueva solicitud de salida judicial; la cual, el 2 de igual mes y año, a horas 08:50, fue puesta en conocimiento del Juez de Ejecución Penal demandado, por intermedio de la Gestora de Procesos, momento a partir del cual comenzó a computarse el plazo para el pronunciamiento correspondiente, conforme a lo previsto por el art. 132 del Código Adjetivo Penal. En la misma línea, el 2 de agosto de 2023, el accionante reiteró la solicitud de salida judicial, memorial que fue igualmente puesto en conocimiento de la autoridad de ejecución penal el mismo día a horas 14:40, manteniéndose vigente el plazo legal para resolver ambas peticiones hasta el 3 del referido mes y año. No obstante a ello, consta en antecedentes que mediante decreto de 3 de agosto de 2023, la autoridad judicial demandada, determinó que, desde el 1 del citado mes y año, el proceso penal ya contaba con autoridad competente de control jurisdiccional, específicamente el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto, conforme se verificó en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ), razón por la cual, estableció que -en aplicación del art. 238 párrafo III del CPP- correspondía a dicha autoridad conocer y resolver cualquier solicitud vinculada a permisos o salidas judiciales, declinando su competencia para pronunciarse sobre la petición formulada En ese marco se puede establecer que la situación procesal del ahora accionante transitó por un periodo de ausencia e indefinición de control jurisdiccional, derivado de la recusación aceptada contra el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, situación que dio lugar a la intervención excepcional del Juez de Ejecución Penal ahora demandado; no obstante, a partir del 1 de agosto de 2023, el control jurisdiccional fue formalmente asignado al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto, todos del departamento de La Paz. En el caso bajo análisis, la parte impetrante de tutela denuncia que la autoridad demandada no habría actuado de manera rápida y oportuna frente a su solicitud de salida judicial presentada el 1 de agosto de 2023 y reiterada el 2 de agosto del mismo año, a efectos de asistir a una sesión del Concejo Municipal, circunstancia que vulneraría su derecho a la libertad personal en la vertiente de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, siguiendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad personal, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca la solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos procesales. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida, pues la misma solo opera en situaciones donde existió dilación injustificada y no así sobre la solicitud a la que se pretenda acceder. Bajo ese entendimiento, del examen de los antecedentes fácticos se advierte que el objeto concreto de la presente acción constitucional se circunscribe a la falta de respuesta -según se alega- a la solicitud de salida judicial formulada el 1 y 2 de agosto de 2023; no obstante, la valoración integral del contexto procesal resulta imprescindible para determinar si efectivamente se configuró una omisión judicial reprochable desde la óptica constitucional. En ese marco, consta que el Juez de Ejecución Penal ahora demandado, con anterioridad a dichas solicitudes, sí ejerció control excepcional y concedió salidas judiciales en favor del accionante, en atención a la ausencia transitoria de una autoridad de control jurisdiccional claramente definida, actuando dentro de las previsiones del art. 238 del CPP, norma que permite al juez de ejecución penal autorizar permisos de salida únicamente en casos de extrema urgencia, con comunicación inmediata al juez del proceso. Sin embargo, de la notificación practicada el 4 de julio de 2023 a horas 15:20, con la Resolución 40/2023 de 26 de junio, mediante la cual se aceptó parcialmente la recusación contra el Juez de primera instancia, se evidencia que el impetrante de tutela tenía conocimiento expreso de que se procedería a la designación de una nueva autoridad de control jurisdiccional. Esta circunstancia se concretó el 1 de agosto de 2023, conforme a la información oficial del Sistema SIREJ, que determinó la asignación al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital de ese departamento, como autoridad competente. En tal contexto, correspondía que las solicitudes relacionadas con permisos o salidas judiciales sean canalizadas ante la autoridad de control jurisdiccional competente, extremo que no puede ser trasladado como una carga exclusiva al Juez de Ejecución Penal, quien únicamente actúa de manera supletoria y excepcional en situaciones de urgencia manifiesta y ausencia de juez natural. Ahora bien, independientemente de dicha precisión competencial, de los actuados adjuntos y de lo informado por la autoridad demandada se establece que los memoriales presentados el 1 y 2 de agosto de 2023, fueron atendidos dentro del plazo legal previsto en el art. 132 de la normativa adjetiva penal, habiéndose emitido pronunciamiento el 3 de agosto de 2023; es decir, dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes, plazo que la normativa procesal reconoce como razonable y suficiente para el ejercicio de la función jurisdiccional. En consecuencia, no se advierte que la autoridad demandada haya incurrido en inactividad, retardo injustificado o dilación excesiva que permita concluir la vulneración del principio de celeridad ni del derecho al plazo razonable. Por el contrario, la actuación judicial se enmarca en los límites temporales legalmente establecidos, con una motivación razonable vinculada a la determinación de competencia, elemento que constituye una justificación objetiva y legítima para el pronunciamiento emitido. Por lo expuesto, se concluye que en el presente caso no se configuran los presupuestos materiales de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, al no haberse demostrado el incumplimiento de plazos procesales ni una dilación indebida atribuible a la autoridad demandada, razón por la cual la denuncia planteada no resulta atendible desde la perspectiva constitucional. Sobre las otras denuncias referidas a que se buscaría su inhabilitación como Concejal y que sufriría agresiones físicas junto a sus familiares como consecuencia de sus salidas judiciales, cabe indicar que, esta acción de defensa, tiene por objeto la tutela rápida y sumaria de derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la libertad personal cuando exista una afectación inminente o una privación ilegítima de éstos; empero, dicha vía constitucional es instrumento de protección inmediata y subsidiaria, orientada a corregir omisiones, dilaciones o actos que directamente pongan en riesgo la vida o la libertad personal, y no constituye un mecanismo idóneo para ventilar conflictos de naturaleza eminentemente administrativa o política que deben dirimirse mediante los procedimientos propios previstos por el ordenamiento (recursos administrativos, medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria o acciones de impugnación administrativa). Por tanto, las actuaciones internas del Concejo Municipal (convocatorias, decisiones de suspensión de sesiones, procedimientos disciplinarios o de inhabilitación de concejales, y otras decisiones de carácter estrictamente administrativo o político) forman parte del ámbito material y competencial del órgano municipal y de la vía administrativa o contencioso-administrativa respectiva; en consecuencia, las alegaciones sobre la conducta de los miembros del Concejo y las controversias derivadas de éstas no integran, el ámbito de protección de la acción de libertad, salvo que se demuestre de manera fehaciente y suficiente que dichas conductas configuran una amenaza real, inminente y efectiva a la vida o a la integridad física de la persona, que ameriten la intervención constitucional. Así también, en relación a la denuncia de agresiones o amenazas sufridas por el ahora impetrante de tutela y su familia al intentar acudir a sesiones del Concejo Municipal, debe precisarse que la sola enunciación de riesgo, resulta insuficiente para provocar la tutela constitucional en materia de vida o integridad física; por cuanto, corresponde a la parte que invoca la protección acreditar mínimamente -con hechos concretos y prueba inicial-la existencia de un peligro cierto y actualizado que justifique la adopción de medidas en resguardo de sus integridad física o vida. En este sentido, la exigencia probatoria no pretende instituir una carga imposible en la parte afectada, sino asegurar que la intervención judicial se fundamente en indicios objetivos susceptibles de tutelarse de inmediato. En consecuencia, conforme antecedentes procesales y en ausencia en la presentación del solicitante de tutela de pruebas mínimas que acrediten de manera verosímil la existencia de una amenaza real, actual e inminente contra su vida o integridad en las instalaciones del Concejo Municipal, no resulta procedente tutelar por la vía directa de acción de libertad las pretensiones relacionadas con las conductas administrativas del Concejo ni las alegaciones de riesgo que no han sido debidamente acreditadas. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
4 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…” 5“La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1618_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3ade923ff8cdd78f4b7b8dcbe51217c899fb3f404615dcf57c78eaa78131340b
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