Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia, dignidad, igualdad, garantía de presunción de inocencia, así como los principios de favorabilidad y celeridad; puesto que: 1) El Fiscal de Materia ahora accionado emitió de manera errada la imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento incumpliendo lo previsto en la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013 -Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras-; y, 2) El Juez ahora accionado usurpando funciones de la jurisdicción agroambiental dispuso la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la detención preventiva de Alcides Ferrufino Quispe. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad; ii) De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1617/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57819-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lily Medina Padilla y Alcides Ferrufino Quispe contra Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia.
Los accionantes mediante memorial presentado el 31 de julio de 2023, cursante de fs. 63 a 66 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Salustio Flores Franco contra los accionantes por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, avasallamiento y tentativa de homicidio, previstos y sancionados por los arts. 132, 332, 351 Bis y 251 con relación al art. 8 del Código Penal (CP); se dio inicio de investigación en la vía ordinaria sin agotar la jurisdicción constitucional. En ese contexto, el 25 de julio de 2023, fueron arrestados con “grandes signos extorsivos”; posteriormente, el 28 de igual mes y año, se celebró una audiencia de medidas cautelares, en la que se determinó la detención preventiva –de Alcides Ferrufino Quispe– por ciento veinte días, con señalamiento de audiencia de control jurisdiccional para el 9 de enero de “2023” -se entiende 2024-, todo ello en evidente usurpación de funciones a la jurisdicción agroambiental.
El proceso penal de referencia, surge debido a que se encontraban en posesión del terreno con Título Ejecutorial PPD-NAL-616865 a nombre de Ana Villarroel Castro, el cual ocupan desde el 2013 con la venia y autorización de la propietaria; sin embargo, un falso denunciante logró sacar los alambres que dividen los límites y colindancias y provocó un avasallamiento. No obstante a lo mencionado, y a la mala calificación de los hechos, correspondía conocer el presente conflicto al tratarse de un avasallamiento a la jurisdicción agroambiental, conforme a lo previsto por los arts. 1 y 4 de la “Ley 447” (sic); asimismo, no se puede considerar que se produjo un hecho de robo; ya que, todo sucedió en una parcela distinta a la del denunciante y respecto a la presunta comisión del delito de homicidio culposo se debe entender que fue una vaca quien agredió al denunciante; por lo tanto, se inventó y fabricó lo denunciado.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia, dignidad, igualdad, garantía de presunción de inocencia, así como los principios de favorabilidad y celeridad; citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115, 109.I, 116, 119, 120, 178, 256.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.6, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se suspenda la audiencia de medida cautelar programada para el “28 de julio de 2023”; b) Se deje sin efecto la Resolución de medidas cautelares y “…defendernos hasta agotar la jurisdicción agroambiental CONFORME AL DEBIDO PROCESO…” (sic); c) Se deje sin efecto la detención preventiva; y, d) Se determine la existencia de responsabilidad civil y penal de las autoridades ahora accionadas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de agosto de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 73 a 74, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido de memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestaron que: 1) El 26 de julio de 2023, el Fiscal de Materia ahora accionado presentó imputación formal en su contra, teniendo como resultado la detención preventiva de Alcides Ferrufino Quispe –accionante–; sin embargo, no se observaron las reglas y competencias, ya que respecto a la presunta comisión del delito de avasallamiento se debió acudir a la jurisdicción agroambiental conforme a la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 –Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), de esta manera la autoridad judicial ahora accionada usurpó funciones que no se le encuentran establecidas en la Ley del Órgano Judicial ni en la Ley “447”; 2) Se activó la acción de libertad, debido a que se vulneraron los derechos a la libertad y a la salud del nombrado; y, 3) El Fiscal de Materia ahora accionado recepcionó de manera errada la denuncia efectuada contra sus personas por la presunta comisión del delito de avasallamiento a sabiendas que previamente se debió acudir a la jurisdicción agroambiental.
Diego Vladimir Campero García, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 71 y vta., manifestó que: i) Su autoridad recibió a los accionantes en calidad de aprehendidos por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y avasallamiento, señalándose audiencia a objeto de resolver la situación de los nombrados; ii) En la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares la defensa de los accionantes planteó excepción de incompetencia, que fue resuelta y se dispuso proseguir con dicho verificativo, determinando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal para Lily Medina Padilla y para Alcides Ferrufino Quispe, detención preventiva, que fue objeto de apelación en audiencia, estando pendiente de resolución la misma; iii) El 31 de julio de 2023, los accionantes formularon por escrito excepción de incompetencia; por lo que, su autoridad tiene veinticuatro horas para decretar ese memorial, encontrándose pendiente de resolución; ya que, el expediente fue remitido para la consideración de la presente acción de libertad; y, iv) Su autoridad no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, es más, obró en apego estricto a la objetividad e imparcialidad, lo que quiere ser desconocido por el abogado de los accionantes; por lo tanto, pidió que se deniegue la tutela solicitada. José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 70.
La Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 74 a 75 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De conformidad con la SCP 1135/2014 de 10 de julio, se estableció que para la presentación de la acción de libertad se requiere el agotamiento de vías idóneas, eficientes y oportunas que puedan restituir el derecho a la libertad física o personal y éstos deben ser utilizados previamente a acudir a la jurisdicción constitucional; b) En el presente caso se advierte la existencia de un recurso de apelación incidental contra la detención preventiva que se le impuso; asimismo, el 31 de julio de ese año, formuló una excepción de incompetencia que se encuentra pendiente de resolución y contra la cual igualmente podrá formular impugnación; c) De la revisión del expediente advirtió la existencia del acta de medidas cautelares en la que se señala que se ordenó la detención preventiva del accionante, Alcides Ferrufino Quispe en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y no solo únicamente por el delito de avasallamiento como mencionan los accionantes; d) No se vulneraron los derechos del nombrado ya que, la detención preventiva fue dispuesta por autoridad jurisdiccional; y, e) El accionante no agotó la vía ordinaria previamente a acudir a la jurisdicción constitucional y el hecho de que no hubiese activado los mecanismos de defensa en el plazo previsto por ley, esa negligencia no puede ser reparada por una acción de libertad y si se interpuso el recurso de apelación será el Tribunal de alzada quien resuelva con relación a lo señalado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 78, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre del citado año, cursante a fs. 82; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación pertinente adjunta a la acción de libertad; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por la parte accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 63 a 66 vta.) lo manifestado en la respectiva audiencia de consideración de la presente acción de defensa (fs. 73 a 74) y la Resolución de 1 de agosto de 2023, emitida por la Jueza de garantías (fs. 74 a 75 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia, dignidad, igualdad, garantía de presunción de inocencia, así como los principios de favorabilidad y celeridad; puesto que: 1) El Fiscal de Materia ahora accionado emitió de manera errada la imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento incumpliendo lo previsto en la Ley 477 de 30 de diciembre de 2013 -Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras-; y, 2) El Juez ahora accionado usurpando funciones de la jurisdicción agroambiental dispuso la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la detención preventiva de Alcides Ferrufino Quispe. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad; ii) De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 1335/2022-S1 de 15 de noviembre, establece que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional ” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0063/2025-S1 de 10 de marzo, señala que: “Con relación a la inviabilidad de este mecanismo tutelar de defensa, ante la activación de dos jurisdicciones con el mismo reclamo e igual pretensión, la SCP 0490/2018-S1 de 10 de septiembre, en el marco del entendimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, asumido por la reiterada jurisprudencia constitucional, señaló que: `...la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, citando la jurisprudencia constitucional sobre la activación paralela de mecanismos de defensa, concluyó: «En ese sentido, la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre citando a la SC 0080/2010 de 3 de mayo, sostuvo que: `…Asimismo, esta Sentencia, respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: «…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…»; de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico´. En ese mismo sentido, sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en impugnaciones de medidas cautelares y la imposibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea, la SCP 0401/2020-S3 de 5 de agosto, estableció que: `En cuanto a la impugnación de resoluciones dentro del régimen de medidas cautelares, la SCP 001/2018-S1 de 14 de febrero, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, precisó «La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, ampliamente ratificada, estableció las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, bajo los siguientes entendimientos: ‘…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria;
por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
(…) Por su parte, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en cuanto a la viabilidad de la acción de libertad -en ese entonces hábeas corpus- estableció que: `...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico‴ (las negrillas nos corresponden). Concretamente, respecto a la actividad procesal defectuosa en el proceso penal la SCP 0168/2024-S3 de 20 de mayo, establece que la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad: “…fue sentada por la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que determina que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Posteriormente, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la jurisdicción constitucional.
El referido entendimiento fue ratificado en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en la que se señaló que, en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional; dicho entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Más adelante la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto del recurso de apelación incidental” (las negrillas nos pertenecen).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia, dignidad, igualdad, garantía de presunción de inocencia, así como los principios de favorabilidad y celeridad; puesto que: a) El Fiscal de Materia ahora accionado emitió de manera errada la imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento incumpliendo lo previsto en la Ley 477; y, b) El Juez ahora accionado usurpando funciones de la jurisdicción agroambiental dispuso la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la detención preventiva de Alcides Ferrufino Quispe. Ahora bien, a efecto de resolver la problemática planteada, a continuación, se analizarán las denuncias realizadas por la accionante: Respecto al acto lesivo expuesto en el inc. a) Los accionantes denunciaron que el Fiscal de Materia ahora accionado hubiese vulnerado sus derechos al emitir de manera errada la imputación formal por la presunta comisión del delito de avasallamiento, cuando lo correcto era acudir a la jurisdicción agroambiental de conformidad con lo previsto en la Ley 477. En ese marco, es preciso remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; la cual refiere que, la legitimación pasiva es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos denunciados como vulnerados y aquella contra quien se dirige la acción, situación que no sucedió en el presente caso; puesto que, en la relación de hechos no se advierte de qué manera el Fiscal de Materia ahora accionado con la emisión de la imputación formal hubiese vulnerado los derechos de los accionantes; y si bien como afirmó la parte accionante que el indicado representante del Ministerio Público debió acudir a la jurisdicción agroambiental y no así emitir la imputación formal que derivó en la aplicación de medidas cautelares; no obstante, tales actuaciones no constituyen, por sí mismas, actos de privación de libertad, ni implican la emisión, ejecución o mantenimiento de una orden de detención preventiva, más aun considerando que la decisión final sobre la restricción del derecho a la libertad personal corresponde de manera exclusiva a la autoridad jurisdiccional. En consecuencia, al no evidenciarse una relación causal directa entre la actuación del Fiscal de Materia hoy accionado y la restricción concreta del derecho a la libertad personal que se denuncia, se concluye que no concurre el presupuesto procesal de la legitimación pasiva respecto de dicha autoridad fiscal; correspondiendo, denegar la tutela solicitada al respecto. Respecto al acto lesivo expuesto en el inc. b) Los accionantes denunciaron que dentro del proceso que inició el Ministerio Público a denuncia de Salustio Flores Franco por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, avasallamiento y tentativa de homicidio, como consecuencia de la emisión de la imputación formal, el Juez ahora accionado en audiencia de 28 de julio de 2023 usurpando funciones de la jurisdicción agroambiental dispuso la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la detención preventiva de Alcides Ferrufino Quispe. En ese contexto, es preciso remitirnos a lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad excepcional; por lo que, resulta inviable cuando el accionante activa de manera paralela la jurisdicción ordinaria y la constitucional respecto de una misma problemática y con idéntica pretensión, especialmente si los recursos ordinarios interpuestos se encuentran pendientes de resolución; pues, ello genera una disfunción procesal contraria al orden jurídico; en ese entendido, la acción de libertad no puede desnaturalizarse convirtiéndose en un mecanismo alternativo o sustitutivo de los recursos ordinarios, y en materia penal, frente a actuaciones judiciales o actividad procesal defectuosa, los incidentes y recursos previstos por ley, incluido el recurso de apelación incidental, constituyen medios idóneos, efectivos y oportunos que deben ser agotados previamente, reservándose la tutela constitucional únicamente para supuestos excepcionales en los que no existan tales mecanismos o estos resulten ineficaces para restituir de forma inmediata el derecho a la libertad personal. Ahora bien, bajo ese entendimiento jurisprudencial, de antecedentes se tiene que el Juez ahora accionado en esta acción de defensa informó que la parte accionante en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 28 de julio de 2023, interpuso Recurso de apelación incidental contra la determinación de su detención preventiva; el cual, se encuentra pendiente de resolución; asimismo, el 31 de igual mes y año, la parte accionante interpuso excepción por incompetencia, que se encuentra de igual manera pendiente de resolución; aspectos que fueron constatados por la Jueza de garantías y no fueron negados por la parte accionante; por lo que, se evidencia que ésta activó de manera simultánea los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico penal y la jurisdicción constitucional respecto de una misma problemática y con idéntica pretensión, circunstancia que, conforme al principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, impide su viabilidad constitucional; toda vez que, los recursos e incidentes interpuestos constituyen medios idóneos, eficaces y oportunos para la restitución del derecho a la libertad personal, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción ordinaria, no siendo posible habilitar de forma paralela la tutela constitucional sin generar una disfunción procesal contraria al orden jurídico, reservándose la intervención de esta jurisdicción únicamente para supuestos excepcionales que en el caso de autos no se configuran; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la solicitud de que se determine la existencia de responsabilidad civil y penal de las autoridades ahora accionadas, ésta no puede ser acogida de acuerdo a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo); razón por la cual, corresponde también denegar lo solicitado en este punto. Otras consideraciones Estando resuelta la problemática planteada, corresponde referirnos a la actuación de la Jueza de garantías, que a efectos de la resolución del caso concreto consideró actuados que no fueron remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, como ser el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 28 de julio de 2023, así como el memorial de formulación de excepción de incompetencia que se encontraban cursando en el cuaderno jurisdiccional; ya que, al ser estos documentos en los cuales fundó su razonamiento en la Resolución de 1 de agosto de 2023, correspondía que los mismos sean remitidos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 38 del CPCo; por lo que, se exhorta a la Jueza de garantías, que para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante ésta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de La Guardia del departamento de Santa Cruz, que en futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión, conforme con los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1617_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9df9a550cac75bfd63ad0f4cb83a3e3cdae7c0f183f55a718d7581d86380571c
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