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SCP 1616/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57469-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la defensa, a ser oído por una autoridad competente independiente e imparcial; señalando que la autoridad demandada en audiencia de apelación celebrada el 19 de julio de 2023, negó a su abogado la posibilidad de hacer uso de la palabra y defenderlo, argumentando que no cursaba en antecedentes la apelación formulada por su persona; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que programe día y hora de audiencia de apelación de medias cautelares contra la Resolución 240/2023 de 19 de mayo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela demandada, conforme a los fundamentos precedentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1616/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57469-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 58/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Valda Daza en representación sin mandato de Raúl Heriberto Uria Aguirre contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de julio de 2023, cursante de fs. 11 a 13 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Heriberto Uría Aguirre y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte y portación ilícita de armas, su abogado miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en la audiencia de 19 de mayo de 2023, ante la emisión del Auto Interlocutorio 240/2023, presentó apelación incidental. Sin embargo, el 19 de junio del citado año -día de la celebración de la audiencia de consideración de la apelación- a pesar de que su abogado se conectó con la finalidad de participar y fundamentar el recurso interpuesto, no se le permitió hacer uso de la palabra, ni siquiera para indicar que la APDHB también había interpuesto recurso de apelación, argumentando que en el legajo procesal no cursaba apelación y que el recurso fue planteado únicamente por los denunciados, no permitiéndolo intervenir en esa audiencia. Como consecuencia de la negación del uso de la palabra, pese a su presencia en ese acto procesal, con el argumento de que no existía apelación interpuesta de su parte, se le impidió el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, al no brindarle la oportunidad de exponer los argumentos y fundamentos destinados a sustentar el recurso planteado.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la defensa, a ser oído por una autoridad competente independiente e imparcial, citando al efecto los arts. 14.II, 15, 18, 35, 37, 73, 74, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); I, XXV Y XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos (DADH); y, 4 inc.1, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas señalen día y hora de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares contra la Resolución 240/2023 de 19 de mayo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia el 11 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 44 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción de libertad y ampliándola indicó que: a) Su apelación no fue contra el Auto Interlocutorio 240/2023 por el que se dispuso las medidas sustitutivas a su detención preventiva; y b) Su apelación fue contra la medida la anotación preventiva de un inmueble, por un monto de Bs50 000 (cincuenta mil bolivianos), que para él era de imposible cumplimiento.

I.2.2. Informe de los demandados

Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito A.L.48/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 38 a 42 vta. solicitó se deniegue la tutela, señalando que: 1) El 6 de julio de 2023, el ahora accionante ya interpuso una acción constitucional de defensa por su representado, con los mismos fundamentos que fue sustanciada ante el Juzgado de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del mencionado departamento, existiendo, en consecuencia identidad de sujeto, objeto y causa; 2) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Heriberto Uría Aguirre por el delito de tráfico ilícito de armas y otros, emitió el Auto de Vista 539/2023 de 19 de junio, mediante el cual se declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental, porque lo se interpuso en el acto oralmente conforme seña las norma legales. Consecuentemente, se confirmó el Auto Interlocutorio 240/2023, dictado por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento; 3) De la lectura íntegra del memorial de acción de libertad, se evidencia que el accionante se limita a realizar una relación de hechos, sin precisar en qué momento, mediante qué acto u omisión se habría producido la supuesta vulneración de derechos, ni justificar o explicar adecuadamente su pretensión, por lo que, la misma no se encontraría debidamente fundamentada. Añadió que los extremos denunciados no guardan relación con las actuaciones procesales ni con la emisión de las Resoluciones 539/2023 y 540/2023, ambas de 19 de junio de 2023; 4) El accionante no interpuso solicitud de complementación y enmienda contra el Auto de Vista 539/2023, dando a entender tácitamente su conformidad con dicha Resolución, pretendiendo ahora subsanar su negligencia procesal a través de la acción tutelar, lo cual resulta improcedente; y, 5) En relación con la presunta vulneración de derechos atribuida al Auto de Vista 540/2023, la parte accionante sí interpuso solicitud de explicación, complementación y enmienda, al amparo del art. 125 del Código Procesal Constitucional (CPCo), durante la audiencia de fundamentación de la apelación incidental de medida cautelar desarrollada el 19 de junio de 2023, solicitud que mereció la atención correspondiente por parte del Tribunal de alzada, conforme se encuentra consignado de manera textual en la parte pertinente de dicha Resolución.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 58/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 45 a 47, denegó la tutela impetrada, indicando que: i) Las apelaciones incidentales se rigen por el principio de oralidad, lo que implica que el recurso debe plantearse de manera inmediata, directa y expresa, esto es, interponerse y fundamentarse oralmente en el mismo acto procesal, permitiendo a la autoridad de segunda instancia habilitar su competencia para conocer y considerar los agravios expuestos; ii) En el caso de autos, no se advierte que el abogado del accionante haya activado de forma clara, expresa y oportuna el recurso de apelación incidental por la vía oral, ni que hubiera formulado de manera concreta los agravios que pretendía someter a conocimiento del Tribunal de alzada. En consecuencia, no se habilitó válidamente la competencia de la autoridad de segunda instancia, ni se generó la obligación de escuchar o considerar los supuestos agravios invocados; y, iii) Conforme se desprende del informe emitido por la autoridad accionada, así como de las literales adjuntas, se evidencia que el accionante ya interpuso con anterioridad otra acción de libertad, en la cual existe identidad de sujeto, objeto y causa, puesto que, en ambos casos la pretensión es la misma, consistente en que la autoridad accionada señale audiencia y escuche los supuestos agravios planteados, acción de libertad que fue sorteada y resuelta por el Juzgado de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la capital, en audiencia celebrada el 6 de julio de 2023, extremo que se acredita con la prueba documental presentada por la parte accionada. En consecuencia, la presente acción de libertad reproduce una pretensión ya planteada, lo que resulta contrario a los principios que rigen la jurisdicción constitucional. En vía de aclaración complementación y enmienda, el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó se la aclare y complemente la Resolución emitida por el Juez de garantías. En sustanciación de lo impetrado, el Juez de garantías señaló: a) Los recursos de apelación, si bien se plantean ante la autoridad de la jurisdicción ordinaria, no pueden ser rechazados ni concedidos por dicha autoridad; su función se limita a viabilizar el recurso, a fin de que sea conocido por la instancia superior. En ese entendido, la afirmación del abogado accionante en sentido de que el Juez de control jurisdiccional habría “concedido” el recurso no resulta correcta, toda vez que dicho entendimiento responde a un procedimiento superado hace más de veinte años, cuando efectivamente se concedían o denegaban los recursos; b) En la actualidad, conforme a la evolución del procedimiento penal, las autoridades jurisdiccionales ordinarias no conceden ni deniegan recursos, sino que viabilizan el recurso formulado orientado a garantizar el acceso efectivo a los derechos de las personas; c) El propio abogado accionante, al exponer sus argumentos, no empleó términos ni realizó actos procesales que permitan concluir que hubiera activado de manera clara y expresa el recurso de apelación, extremo que reafirma que no se habilitó válidamente la competencia de la segunda instancia; y, d) En mérito a lo expuesto, y no evidenciándose contradicción, ambigüedad u omisión alguna en la Resolución pronunciada, se ratificó la denegatoria de la acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Heriberto Uría Aguirre -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, tenencias, porte y aportación ilícita de armas, en audiencia de revisión de la situación jurídica del accionante, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 240/2023 de 19 de mayo, determinó rechazar la solicitud de ampliación del término de la detención preventiva incoada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno; en consecuencia, determinó la aplicación del art. 231 bis. del CPP -medidas cautelares personales- a favor del imputado imponiéndole reglas y condiciones específicas (fs. 2 a 10). II.2. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (https://tcpbolivia.bo), se evidencia que el accionante, interpuso anteriormente otra acción de libertad contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que se encuentra signado con el número de expediente 57938-2023-116-AL, acción de libertad en la que el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz denegó la tutela impetrada por Resolución 54/2023 de 6 de julio.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la defensa, a ser oído por una autoridad competente independiente e imparcial; señalando que la autoridad demandada en audiencia de apelación celebrada el 19 de julio de 2023, negó a su abogado la posibilidad de hacer uso de la palabra y defenderlo, argumentando que no cursaba en antecedentes la apelación formulada por su persona; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que programe día y hora de audiencia de apelación de medias cautelares contra la Resolución 240/2023 de 19 de mayo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional

La SCP 0047/2019-S2 de 1 de abril, se ha referido al desarrollo jurisprudencial respecto a la identidad de objeto, sujeto y causa, señalando lo siguiente: «La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos: 1) Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y, 2) La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional. La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo. Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa.

En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional”».

seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa. En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa. (…) En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica”.

2El FJ III.3, establece: “En cuanto a la cosa juzgada constitucional, el art. 203 de la CPE, establece: `Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’, normativa concordante con los arts. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 15 del CPCo, último precepto este que, refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Ahora bien, los preceptos constitucionales y legales precitados, configuran la cosa juzgada constitucional, en el entendido de que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, razonamiento que implica que los fallos emitidos por esta instancia, se halla dotados de un carácter de inmutable y definitivo, que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional, toda vez que ni siquiera el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, mucho menos aún revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional; una actuación contraria lesionaría el principio de seguridad jurídica, a partir del riesgo de emitir fallos contradictorios, lo cual sin duda podría generar caos jurídico e incertidumbre en la labor del Supremo intérprete y guardián de la Constitución” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la defensa y a ser oído por una autoridad competente, independiente e imparcial, señalando que la autoridad demandada, en la audiencia de apelación celebrada el 19 de julio de 2023, negó a su abogado la posibilidad de hacer uso de la palabra y ejercer defensa, bajo el argumento de que no cursaba en antecedentes la apelación interpuesta; en consecuencia, solicita se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada, fije día y hora de audiencia de consideración de apelación de medidas cautelares formulada contra la Resolución 240/2023 de esa misma fecha. Una vez delimitada la problemática sometida a revisión, se advierte que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Heriberto Uría Aguirre, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, tenencias, porte y aportación ilícita de armas (Conclusión II.1), se dispuso en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva, por lo que, planteo recurso de apelación, al igual que el representante del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, empero, el día 19 de junio de 2023, cuando se celebró la audiencia no se le permitió a su abogado ejercer su defensa ni siquiera hablar, argumentado que no presentó su recurso de apelación.

En relación a ello, se verificó en el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional (https://tcpbolivia.bo) que el ahora accionante ya había interpuesto con anterioridad otra acción de libertad contra Nataly Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la misma petición versada en que se ordene que las autoridades demandadas señalen en el día audiencia de apelación de medidas cautelares y se respete su derecho a la vida, a la defensa y a la libertad (Conclusión II.2) Dicha acción fue resuelta por el Juez de garantías mediante la Resolución 54/2023 de 6 de julio, denegando la tutela impetrada. Esta causa consta en el sistema de Gestión Procesal con el expediente 51438-2022-103-AL (Conclusión II.3). En consecuencia, corresponde analizar si entre aquella primera acción tutelar y la presente existe identidad de sujeto, objeto y causa, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional: 1) Con relación a la identidad de sujetos

En cuanto al accionante: En ambas acciones de libertad, el impetrante es la misma persona: Jorge Valda Daza en representación sin mandato de Raúl Heriberto Uria Aguirre. Respecto a la autoridad demandada: En ambas acciones tutelares la autoridad demandada es Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, por lo analizado se advierte identidad de sujetos. 2) En cuanto al objeto o pretensión del accionante

En ambas acciones tutelares, la pretensión consiste que se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada programar en el día audiencia de apelación de medidas cautelares y se respete su derecho a la vida, a la defensa y a la libertad. Consiguientemente, existe identidad de objeto en ambas acciones de defensa. Respecto a la identidad de causa o motivo 3)

En las dos acciones tutelares, el accionante denuncia la presunta vulneración de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la defensa, señalando que se conectó para participar en la audiencia incidental de 19 de junio de 2023; sin embargo, no se le permitió el uso de la palabra, bajo el argumento de que no cursaba apelación interpuesta contra la Resolución 240/2023 de 19 de mayo. Afirma que, en dicha audiencia, se le indicó que no existía apelación incidental interpuesta, pese a la existencia de dicho recurso, extremo que -a su criterio- vulneró sus derechos fundamentales. En ese contexto de la revisión integral efectuada, se evidencia que la presente acción de libertad reproduce exactamente los mismos sujetos, objeto y causa del expediente 57938-2023-116-AL, la cual está en espera de resolución por este Tribunal. En ese marco, y conforme a la doctrina constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no resulta compatible con el ordenamiento jurídico que la parte accionante promueva una nueva acción tutelar sobre la misma problemática, aún más cuando la primera se encuentra en trámite. Permitirlo generaría una disfunción procesal, induciría a error a las autoridades de garantías y podría dar lugar a decisiones contradictorias sobre un mismo conflicto. Por ello, corresponde no ingresar al análisis de fondo y, por razones formales señaladas previamente, debiendo denegarse la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, aunque con distinto fundamento actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 58/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 45 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela demandada, conforme a los fundamentos precedentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, manifiesta: “La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz

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