Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de diciembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de derechos a la libertad de circulación, dignidad, libertad personal, “no privación de libertad”, dilación indebida, protección oportuna, libertad personal y al principio de celeridad; puesto que a pesar de que se sometieron voluntariamente a un procedimiento abreviado en “marzo” de 2023, la Jueza como la Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -accionadas-, omitieron durante más de cinco meses la elaboración del acta de audiencia y la remisión de los antecedentes ante el juez de sentencia correspondiente. Esta omisión generó un estado de indefensión y una prolongación ilegal de la detención preventiva en el Centro Penitenciario CERPROM de Montero. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 17 de agosto pronunciada por el Juzgado de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, cursante de fs. 48 a 52 vta. y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos y alcance dispuestos por el Juez de garantías, sin disponer la libertad de los accionantes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1616/2025-S1 Sucre, 29 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57817-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 48 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcos Ramírez Lima, Dayanara Gutiérrez Sánchez y Luis Fernando Ecos Condori contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza y Marleny Colque Pérez, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Los accionantes mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2023, cursante de fs. 33 a 36, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP) se produjo una dilación indebida y la vulneración de sus derechos a la libertad y celeridad procesal, debido a que, tras más de ciento ochenta días de detención preventiva, el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes no formalizó el acta de la audiencia cautelar realizada el 28 de marzo de 2023. Añaden que, a pesar de haber suscrito acuerdos voluntarios de procedimiento abreviado con el Ministerio Público, permanecen privados de libertad sin que se remita su expediente al superior jerárquico, alegando una negligencia administrativa por parte de la Jueza y la Oficial de Diligencias -ahora accionadas-. En tal sentido, fundan su pretensión en que la falta de documentación procesal y la renuncia del Secretario del juzgado generaron un estado de indefensión que prolonga ilegalmente su detención en el centro penitenciario Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, dignidad, libertad personal, “no privación de libertad”, dilación indebida, protección oportuna, libertad personal y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I, 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que se facilite el oficio de certificación del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia hacia la Mujer (CENVI) en su favor, para que se verifique la inexistencia de antecedentes, además de su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 47 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Llevan aproximadamente seis meses en detención preventiva debido a una demora injustificada en el juzgado de origen; b) Desde la audiencia de medidas cautelares del 28 de marzo de 2023, no se ha labrado el acta correspondiente, responsabilidad que recae en la Oficial de Diligencias (en suplencia de la Secretaria); c) La Jueza hoy accionada, no conminó ni supervisó adecuadamente a su personal subalterno para garantizar la elaboración del acta citada y la remisión del expediente al superior jerárquico; d) Los ahora accionantes suscribieron voluntariamente acuerdos de procedimiento abreviado con el Ministerio Público en marzo de 2023, los cuales fueron rechazados por la Jueza en la audiencia cautelar; e)Su abogado tuvo dificultades para obtener información y copias del expediente, habiendo recibido respuestas evasivas por parte del personal del juzgado durante el mes de agosto; f) Fueron vulnerados los principios de eficacia, eficiencia y celeridad establecidos en la Constitución Política del Estado, así como el derecho a la libertad y la dignidad personal; g) Sostienen su recurso en la jurisprudencia constitucional, arguyendo que la tutela procede incluso si la situación de dilación hubiera cesado recientemente, para restablecer el derecho vulnerado; y, h) Su situación se agrava por la falta de personal, específicamente por la renuncia de Secretarios en el Juzgado de Warnes, lo que retrasa aún más el trámite de libertad.
Mary Ruth Guerra Martinez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 44, precisó que: 1) El proceso seguido contra los accionantes por robo agravado ya fue remitido con acusación formal al respectivo Juez de Sentencia el día 16 de agosto de 2023, por ende, carece de legitimación pasiva, para ser demandada en la presente acción de defensa, fundamentando que no ostenta el control jurisdiccional de la causa al haberla derivado -se reitera- a la autoridad competente; 2) Solicita que se deniegue la tutela pretendida, bajo el argumento de que su autoridad no ha incurrido en vulneraciones al derecho a la libertad ni ha afectado de forma indebida el principio de celeridad; 3) Explica que no puede cumplir con la remisión del cuaderno de investigaciones solicitado por el juzgado de garantías, debido a que el mismo ya no se encuentra físicamente en las oficinas de su juzgado; y, 4) Adjunta al informe el oficio de remisión como prueba documental que corrobora que el expediente fue enviado al juzgado de sentencia antes de la celebración de la audiencia de acción de libertad. Marleny Colque Pérez, Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 39.
El Juzgado de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 13/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 48 a 52 vta., denegó la tutela solicitada respecto a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz y concedió la misma, en cuanto a Marleny Colque Pérez, Oficial de Diligencias del mismo Juzgado, disponiendo que la solicitud de mandamiento de libertad sea dirigida al Tribunal de Sentencia de Warnes a efectos de que se resuelva la situación jurídica de los accionantes, sin costas, daños ni perjuicios; conforme a los siguientes fundamentos: i) Esta acción de defensa procede incluso cuando el acto lesivo ha cesado, con el fin de determinar responsabilidades y evitar que la conducta ilegal se repita en el futuro; ii) Se constata que desde la audiencia del 28 de marzo de 2023, hasta la interposición del recurso en agosto, transcurrieron más de cuatro meses sin que se elaborara el acta ni se remitiera el expediente, vulnerando el principio de celeridad; iii) La Jueza ahora accionada no ejerció el control debido sobre su personal, específicamente sobre la Secretaria, permitiendo una parálisis administrativa que afectó directamente la situación jurídica de los detenidos -hoy accionantes-; iv) Estableció que la falta de documentación procesal oportuna impidió que los accionantes pudieran impugnar decisiones o que su caso fuera radicado ante un juez de sentencia, situación que operó como causa directa de la prolongación de su detención; y, v) Aclaró que las deficiencias administrativas o la falta de personal no justifican el incumplimiento de los plazos procesales cuando está de por medio el derecho a la libertad personal. En la vía de la aclaración, complementación y enmienda los accionantes mediante su abogado manifestaron si el Juez de Sentencia debe emitir el mandamiento de libertad o si deben esperar a que la Jueza ahora accionada fije una fecha de audiencia, aclarando que dicha autoridad jurisdiccional no tiene Secretaria sino solo Oficial de Diligencias. La Juez de garantías señaló que se debe proceder conforme al procedimiento penal, en cuanto a los requerimientos conclusivos de la investigación, pero además que la autoridad judicial debe prever ante la falta de funcionarios correspondientes, mediante habilitaciones temporales, tal el caso del cargo de Secretaria de su despacho judicial.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Decreto Constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 56 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de diciembre de igual año, cursante a fs. 62; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Requerimiento conclusivo de acusación formal, de 24 de marzo de 2023, presentado por Juan Pablo Álvarez Orellana, Fiscal de Materia, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido a denuncia de Herlan Moye Maza contra Luis Fernando Eco Condori, Marcos Ramírez Limay Dayanara Gutiérrez Sánchez por la presunta comisión de delito de robo agravado (fs. 22 a 25). II.2 Consta el memorial de 10 de julio de 2023, presentado por Luis Fernando Ecos Condori, Marcos Ramírez Lima y Dayanara Gutiérrez Sánchez, dirigido a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, solicitando la remisión del expediente del proceso penal, seguido en contra; señalando que el requerimiento conclusivo ya fue presentado por el Ministerio Público y que los antecedentes de la causa deben ser remitidos en el plazo de veinticuatro horas y previo sorteo, ante el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad (fs. 27 y vta.). II.3. Mediante el decreto de 12 de julio de 2023, la Jueza Mary Ruth Guerra Martínez -hoy accionada-, estableció que cursa el Auto definitivo de acusación formal de 1 de junio de 2023, mismo que hasta esa fecha no fue remitido por falta del acta de audiencia de medidas cautelares de 28 de marzo de 2023, que debió ser labrada por la Oficial de Diligencias, en suplencia legal, Marleny Colque Pérez, generando perjuicio y retardación de justicia, por ende, llamó la atención con copia al Consejo de la Magistratura y conminó a que en el día adjunte el acta y remita la causa al juez de sentencia de dicha provincia (fs. 28). II.4. A través del Auto de 1 de junio de 2023, la Jueza hoy accionada llamó severamente la atención a la Oficial de Diligencias ahora accionada, quien se encontraba en suplencia legal, por incumplir sus obligaciones en el plazo de ley, conminándola a elaborar y adjuntar en el plazo de veinticuatro horas el acta de la audiencia de medida cautelares de 28 de marzo de 2023 (fs. 30). II.5. Cursa el Oficio 677/2023 de 12 de julio emitido por la Jueza ahora accionada, a través del cual se remitió la acusación formal y el cuaderno procesal dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los hoy accionantes, por la presunta comisión del delito de robo agravado, con constancia de recepción en el Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz el 16 de agosto de 2023 (fs. 42 a 43).
Los accionantes denuncian la vulneración de derechos a la libertad de circulación, dignidad, libertad personal, “no privación de libertad”, dilación indebida, protección oportuna, libertad personal y al principio de celeridad; puesto que a pesar de que se sometieron voluntariamente a un procedimiento abreviado en “marzo” de 2023, la Jueza como la Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -accionadas-, omitieron durante más de cinco meses la elaboración del acta de audiencia y la remisión de los antecedentes ante el juez de sentencia correspondiente. Esta omisión generó un estado de indefensión y una prolongación ilegal de la detención preventiva en el Centro Penitenciario CERPROM de Montero. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas son nuestras).
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: “Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluye que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…)
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes denuncian la vulneración de derechos a la libertad de circulación, dignidad, libertad personal, “no privación de libertad”, dilación indebida, protección oportuna, libertad personal y al principio de celeridad; puesto que a pesar de que se sometieron voluntariamente a un procedimiento abreviado en marzo de 2023, la Jueza como la Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -accionadas-, omitieron durante más de cinco meses la elaboración del acta de audiencia y la remisión de los antecedentes ante el juez de sentencia correspondiente. Esta omisión generó un estado de indefensión y una prolongación ilegal de la detención preventiva en el Centro Penitenciario CERPROM de Montero. Conforme a los antecedentes de la presente causa se tiene el requerimiento conclusivo de acusación formal, presentado por Juan Pablo Alvarez Orellana, Fiscal de Materia, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido a denuncia de Herlan Moye Maza contra Marcos Ramírez Lima, Dayanara Gutiérrez Sánchez y Luis Fernando Eco Castro por la presunta comisión de delito de robo agravado (Conclusión II.1.); posteriormente y mediante el memorial de 10 de julio de 2023, los accionantes solicitaron a la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes -ahora accionada-, la remisión del expediente del proceso penal por la presunta comisión de delito de robo agravado, seguido en contra, señalando que el requerimiento conclusivo ya fue presentado por el Ministerio Público y que los antecedentes de la causa penal deben ser remitidos en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo, ante el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad (Conclusión II.2.); en consecuencia, mediante el decreto de 12 de julio de 2023, la Jueza ahora accionada, estableció que cursa Auto definitivo de acusación formal de 1 de junio de 2023, mismo que hasta esa fecha no fue remitido por falta del acta de audiencia de medidas cautelares de 28 de marzo de 2023, que debió ser labrada por la Oficial de Diligencias en suplencia legal Marleny Colque Pérez, generando perjuicio y retardación de justicia, por ende, llamando la atención con copia al Consejo de la Magistratura y conminó a que en el día adjunte el acta y remita la causa al Juez de Sentencia de dicha provincia (Conclusión II.3.); determinación que fue seguida del Auto de 1 de junio de 2023, por el que la misma autoridad jurisdiccional accionada, llamó severamente la atención a la oficial de diligencias Marleny Colque Pérez, quien se encontraba en suplencia legal, por incumplir sus obligaciones en el plazo de ley, conminándola a elaborar y adjuntar en el plazo de veinticuatro horas el acta de la audiencia de medida cautelares de 28 de marzo de 2023 (Conclusión II.4.). Finalmente, cursa la Oficio 677/2023 de 12 de julio emitida por la jueza accionada, dirigida al Juez de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, remitiendo la acusación formal y el cuaderno procesal dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de robo agravado, con constancia de recepción en el Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz el 16 de agosto de 2023 (Conclusión II.5.).
Conforme a lo antes señalado, corresponde establecer que el ordenamiento boliviano configura la acción de libertad traslativa o de pronto despacho como el mecanismo procesal idóneo para combatir dilaciones indebidas que retardan la resolución de la situación jurídica de un privado de libertad (Fundamento Jurídico III.2), operando incluso bajo la modalidad de acción de libertad innovativa cuando, a pesar de haber cesado la vulneración, el acto ilegal ya ha sido consumado y requiere un pronunciamiento de fondo para establecer las responsabilidades correspondientes y evitar que tales conductas se repitan en el futuro (Fundamento Jurídico III.3). En este marco, se reconoce plenamente la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional cuando la lesión a los derechos fundamentales emerge del incumplimiento o inobservancia de sus funciones específicas, tales como la falta o inoportuna elaboración de actas o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, sin que esto exima de responsabilidad al Juez, quien mantiene la obligación de ejercer la dirección y el seguimiento constante de su juzgado (Fundamento Jurídico III.1). De la revisión de los antecedentes de la presente causa constitucional, corresponde establecer que los accionante denuncian una parálisis procesal de más de cinco meses en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, dado que tras una audiencia de medidas cautelares celebrada en marzo de 2023, el juzgado omitió incluso hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa la elaboración del acta respectiva y la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia, a pesar de existir una acusación formal y acuerdos de procedimiento abreviado. Los accionantes sostienen que esta negligencia administrativa, atribuible tanto a la Jueza Mary Ruth Guerra Martínez como a la Oficial de Diligencias Marleny Colque Pérez, vulneró sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad, manteniéndolos en una detención preventiva prolongada injustificadamente por deficiencias internas del órgano judicial. Sobre el particular, los accionantes reforzaron su pretensión de tutela, advirtiendo la falta de supervisión jurisdiccional y las respuestas evasivas del personal subalterno, mismas que agravaron su estado de indefensión, invocando jurisprudencia constitucional que permite la tutela incluso si el acto lesivo hubiera cesado recientemente. Por su parte, la Jueza accionada presentó un informe de descargo alegando falta de legitimación pasiva, argumentando que el expediente fue finalmente remitido al respectivo Juez de Sentencia el 16 de agosto de 2023, apenas un día antes de la audiencia de esta acción constitucional (Conclusión II.5). La autoridad judicial pretende la denegación de la tutela bajo la premisa de que ya no ostenta el control jurisdiccional de la causa, intentando deslindar responsabilidad sobre la dilación previa mediante la acreditación del envío físico de los actuados procesales, omitiendo considerar que si bien ya se cumplió con el propósito de la presente acción de defensa, es incontrastable que se produjo una dilación indebida desde la presentación, por el Ministerio Público, del requerimiento de conclusión y acusación formal contra los accionantes de 31 de marzo de 2023 (Conclusión II.1.), hasta la efectiva remisión de los antecedentes correspondientes realizada el16 de agosto de igual año (Conclusión II.5.). Al efecto, se debe tener presente que la Jueza ahora accionada emitió el Auto de 1 de junio y el decreto 12 de julio -a solicitud de parte-, ambos de 2023 (Conclusiones II.3. y II.4.), llamando severamente la atención a Marleny Colque Pérez, Oficial de Diligencias, en suplencia legal de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, por no haber elaborado el acta de la audiencia de medidas cautelares de 28 de marzo de 2023, lo que impidió la remisión de los antecedentes ante la presentación del referido requerimiento conclusivo con acusación formal contra los accionantes; por los motivos antes expuestos, corresponde conceder la tutela por haberse generado una dilación indebida en la remisión del expediente ante al juzgado de sentencia correspondiente, lo que generó incertidumbre en los accionantes y en el resguardo de su situación jurídica.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada en cuanto a la Jueza hoy accionada y conceder la tutela respecto a la Oficial de Diligencias ahora accionada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 17 de agosto pronunciada por el Juzgado de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, cursante de fs. 48 a 52 vta. y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos y alcance dispuestos por el Juez de garantías, sin disponer la libertad de los accionantes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1616_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ff70125094de488a045cf5d578d8fc9fdda5c8bd0ae2f2736e4ffee856139c6
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